A los camiones. La ofensiva burguesa contra los cartoneros, después del Argentinazo

El inicio de la ofensiva burguesa

Los trenes blancos de las ex líneas Sarmiento y Mitre concesionadas por la empresa TBA fueron clausurados el 4 de julio y el 27 de diciembre de 2007, respectivamente. En su reemplazo, el gobierno porteño creó un servicio de camiones en los cuales los recuperadores trasladan sus carros, mientras que ellos viajan en los ferrocarriles de pasajeros. Esta sustitución no fue un hecho aislado. Se enmarcó en una tendencia a la contraofensiva de la burguesía hacia el conjunto de los cartoneros. A partir del año 2003, el gobierno porteño había dispuesto una serie de controles en los puentes que unen la ciudad de Buenos Aires con las localidades de la zona sur del conurbano bonaerense, con el objetivo de evitar el ingreso de cartoneros en caballos y en camiones particulares. Esta tendencia tuvo su expresión en la ley 1.854, sancionada en el año 2005. Si bien se dictaminaba que los cartoneros podrían ser los encargados de transportar el material reciclable, la norma establecía una serie de cláusulas para los vehículos que de ningún modo estaban al alcance de aquéllos. Por ejemplo, la tenencia de una póliza de seguros que cubriera daños, sistemas de comunicación y garantía de tratamiento de los efluentes generados por la actividad. En consecuencia, se secuestraron varios transportes sin ninguna intención de reemplazarlos de manera inmediata.

Por otra parte, la ofensiva tuvo su expresión en la criminalización de la protesta. En el año 2004, la empresa TBA inició un juicio contra dos dirigentes cartoneras que habían motorizado un corte de vía en reclamo de mejoras en el servicio del Tren Blanco. Si bien se logró evitar la reclusión, las imputadas tuvieron que reparar el daño mediante tareas comunitarias no remuneradas por 6 meses y el pago de una suma mensual de 160 y 300 pesos, respectivamente, durante los años 2009 y 2010¹. Gavina Argañaraz, una de las delegadas imputadas, nos dijo que por esa época vivía enferma: tenía que hacer las cosas de las casa, cuidar y mandar sus hijos a la escuela, realizar las tareas comunitarias y salir luego a cartonerar. “Llegabas a la tarde para agarrar el carro y ya estabas destruida. (…). En ese tiempo el kilo [de cartón] estaba 30 centavos, por eso teníamos que cargar dos o tres veces más”². Para que el lector se dé una idea de lo que le implicaba a esta mujer el pago de la suma mensual fijada por el juzgado, tenga en cuenta que para juntar los 160 pesos, debía recolectar en el mes 533 kilos de cartón adicionales, solo para pagar esa multa.

No es casual que la reprimenda haya sido perpetrada contra las dirigentes, es decir, contra quienes expresaban una voluntad colectiva. Con el juicio se buscaba disciplinar al resto del movimiento. Este hecho tuvo sus efectos durante el cierre de los trenes. Por ejemplo, Gavina Argañaraz no intervino de manera directa en el conflicto por temor a una nueva denuncia en su contra, circunstancia que hubiera perjudicado su situación procesal³.

Ruptura del movimiento

La represión contra los cartoneros fue paralela a la fragmentación del movimiento. Algunas dirigentes históricas perdieron influencia luego de obtener la gestión de las plantas de reciclado creadas en el predio del CEAMSE. La clausura de los trenes blancos sucedió en este contexto. Específicamente, se trata de un grupo de la fracción más combativa de recuperadores provenientes de José León Suárez.

Los antecedentes de este hecho se remontan al año 2002. En ese entonces, los cartoneros del ex tren blanco de aquella localidad, en conjunto con las asambleas populares porteñas, motorizaron una serie de reclamos para poder ingresar en el relleno sanitario y recolectar materiales sin que los reprimieran. Se trata de una reivindicación sentida: en marzo de 2004, un niño de 15 años, oculto entre la basura para no ser visto por el personal de seguridad del predio, desapareció en el basural luego de caerle encima toneladas de desechos que transportaba una máquina retroexcavadora. Era Diego Duarte, un cartonero que ingresó por la noche para obtener productos reciclables con el objetivo de comprarse una par de zapatillas.

Luego del conflicto desatado por la muerte de Duarte, el gobierno provincial optó por permitir el ingreso de cirujas durante una hora diaria y crear plantas de reciclado para ser operadas por cartoneros. Fue una concesión en el marco de un problema más general y un intento de contener la protesta. A raíz de esa política, se beneficiaron unos 500 recuperadores que utilizan 9 centros de clasificación. Por su parte, Lidia Quinteros, una de las dirigentes del tren blanco, logró la posibilidad de gestionar una planta. La baja en los precios de los productos reciclables en los años 2008 y 2009 motivó a los cartoneros a reclamar un subsidio para recomponer sus ingresos. En diciembre de 2009, los cirujas realizaron cortes de ruta a la altura del relleno y exigieron ser beneficiarios del Plan Argentina Trabaja, lo que obtuvieron unos meses después. De esta forma, estos cartoneros entre los que se encuentran dirigentes históricos del movimiento dejaron de trasladarse a la capital y comenzaron a trabajar cerca de su lugar de residencia y no participaron de la lucha contra el cierre del tren blanco. En consecuencia, la gestión de las plantas en el CEAMSE fue una victoria para un grupo de cartoneros, pero paralelamente tuvo efectos contrapuestos para el movimiento.

Acampes y represión

La substitución de camiones por los trenes blancos fue aceptada sin mayores objeciones por algunos grupos de cartoneros (como por ejemplo aquellos provenientes de la zona oeste) y fuertemente rechazada por otros. Unos días después del cierre del ferrocarril Mitre, varios grupos de recuperadores ocuparon predios en el barrio de Belgrano. Se asentaron en Plaza Noruega, Barrancas de Belgrano, debajo de General Paz (unos a la altura de Cabildo y otros, de Libertador), y cerca de la estación de Núñez. No tenían el objetivo de crear una vivienda, sino de efectuar una medida de fuerza en reclamo de la vuelta del Tren Blanco. Las cooperativas del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), El Ceibo y El Álamo intervinieron en el conflicto, a pesar de que la clausura del ferrocarril no las perjudicaba de manera directa. Ellas se opusieron a las ocupaciones de predios y al contenido de la protesta. En lugar de exigir la vuelta del tren blanco, se movilizaron y presentaron un recurso de amparo por la permanencia de los servicios por dos meses más y la creación de una mesa de diálogo con el gobierno porteño para buscar una alternativa⁴. Luego, abandonaron por completo el reclamo del retorno del tren blanco y se limitaron a pedir que el gobierno incrementara la cantidad de camiones que había dispuesto para remplazarlo.

El asentamiento de Barrancas fue el más organizado y duró 42 días. A diferencia de los demás, tuvo el apoyo del Partido Obrero, de miembros de asambleas barriales ya disueltas en ese entonces, como la de Saavedra y un sector de la Asamblea del Bajo Belgrano. Dentro de este último, se encontraban miembros de un comedor de la zona, respaldado por otras instituciones vinculadas con la iglesia y el barrio. Incluso, ellos realizaron una especie de carpa blanca como sitio de resistencia cultural. En cambio, otros asambleístas y vecinos se opusieron al acampe. Finalmente, el 22 de febrero se produjo la represión y el desalojo ejecutados por la Policía Federal, policía de civil y personal de seguridad de la empresa ferroviaria. En total sumaron 100 efectivos. En ese momento, el predio estaba habitado por 60 personas adultas y 30 menores. Luego del enfrentamiento, la policía comenzó a tirar las pertenencias de los cartoneros en los camiones compactadores y se destruyeron los carros. El saldo fue de 4 personas heridas y 9 detenidas, de las cuales dos eran vecinos y siete, cartoneros. De estos últimos, dos eran menores.

Como vemos, el rechazo al reemplazo de los trenes no fue homogéneo. En el marco de las acciones hubo dos consignas contrapuestas: una por la vuelta del Tren Blanco, corporizada por los cartoneros más radicalizados, y otra por la obtención de más camiones, hilvanada por las cooperativas. La represión terminó por liquidar la posibilidad de la primera.

Peores condiciones laborales

La oposición a los camiones tenía una base material pues estos ofrecían peores condiciones laborales. En primer lugar, la escasa frecuencia y lentitud de los camiones sumado al largo trayecto desde y hacia los lugares de residencia prolongaba la ya muy extensa jornada laboral de los recuperadores. En algunos casos, esta última comienza desde muy temprano y dura hasta la noche. Por ejemplo, una cartonera residente de Gral. Pacheco y ocupante del predio ubicado debajo de Gral. Paz a la altura de Cabildo señaló que, por su horario de trabajo, no le convenía viajar en camión. Este vehículo partía desde su barrio a las 15:00 hs y regresaba a las 21:00. Incluso mencionó que prefería pagar 70 pesos por semana a un flete para trasladar los materiales y venderlos en su zona de residencia⁵. A su vez, el ferrocarril es un transporte más rápido que los camiones. El tiempo de recorrido en los trenes cartoneros desde Suárez hasta Retiro era de 47 minutos, mientras que, los camiones tardan, desde la misma localidad hasta la estación Gral. Urquiza, 1:30 hs.

Además, subir los carros a los camiones requiere un mayor esfuerzo. Según los recuperadores, el tren no ofrecía mayores inconvenientes debido a que el traslado del carro se realizaba a ras del suelo. De este modo, se podía maniobrar individualmente. En caso de mucha carga, la carreta era empujada por dos personas hasta el interior del vagón. En cambio, el ingreso de los carros en los camiones requiere, según su peso y tamaño, de 4 a 7 personas, de las cuales dos tiran del mismo y las demás lo empujan. A pesar de la existencia de una rampa, la pendiente entre el acoplado del transporte y la calle resulta elevada, situación que incrementa el desgaste físico de los cartoneros. Por último, la incorporación de camiones resultó una limitación al ingreso en la actividad: en la medida en que los cupos para transportar carros en los camiones están ya cubiertos y son de hecho insuficientes, las personas que ingresan en la actividad -salvo excepciones- no cuentan de manera inmediata con un transporte. En cambio, los trenes ofrecían una alternativa más abarcadora.

Después del retiro

Con posterioridad al cierre de los trenes, las manifestaciones de los cartoneros mermaron. La evolución de las acciones muestra esta tendencia. Entre los años 2001 y 2011 hemos contabilizado 78 acciones directas efectuadas por cartoneros que recolectan en la ciudad porteña (ver Cantidad de acciones…). El año 2008, el de mayor nivel de conflictividad, condensa dos reclamos: por un lado, el repudio al cierre del Tren Blanco y, por otro, el pedido de suba de lo que perciben por la venta del cartón o un precio sostén, debido a que éste había caído drásticamente en medio de la crisis. Sobre este último aspecto, los cartoneros llegaron a efectuar cortes de calle en la puerta de la empresa Papelera del Plata y de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel. Se trata de acciones en las cuales se reclamó frente al sector de la burguesía que los explota. Este no fue un hecho aislado. Con la misma consigna, las cooperativas se concentraron en la cámara empresaria el 23 de febrero de este año.

Paralelamente, el reemplazo de ferrocarriles por camiones dio nuevo impulso al desarrollo del cooperativismo en el seno de esta fracción de la población sobrante, a través de mecanismos de cooptación por parte del gobierno porteño. En julio del 2008, las cooperativas y dos grupos de cartoneros del ex tren blanco firmaron un acuerdo con el gobierno que comprometía camiones para trasladar los carros (sin los cartoneros)⁶. Por su parte, las cooperativas, específicamente el MTE, exigieron colectivos para trasladar a sus asociados, un plan de reconversión de sus camiones y servicio de logística para transportar materiales reciclables a los centros verdes.

La organización obtuvo esto y además progresivamente consiguió una suma en concepto de incentivo por “capacitación relativa a la recolección y reciclado”, un subsidio que comenzó con la suma de 200 pesos y hoy tiene un monto de 800 pesos, vestimenta, guarderías y el pago de monotributo a cargo del gobierno desde enero de 2009. No obstante, sólo fueron destinados a miembros de cooperativas, según lo dictaminó el decreto n° 424. Esta fue la razón por la cual se incrementó la cantidad de asociados a las mismas (de 1.840 en 2008 a 3.156 en 2011). Sin embargo, no todas las entidades reciben estos subsidios, y algunas de las que sí, no lo perciben en su totalidad. Las menos favorecidas enarbolaron una consigna que reclama que no haya cartoneros “de primera” y “de segunda”. Además, el total de perceptores es menor a la mitad de los cartoneros registrados. En diciembre del mismo año, un grupo de cooperativas se movilizó y exigió que el programa de subsidios se convirtiera en ley. Pero no se logró satisfacer la demanda. Con posterioridad, los reclamos terminaron en una negociación de carácter individual entre las cooperativas y el Estado, donde se relegaron las reivindicaciones para el conjunto de la población cartonera.

El MTE es la única agrupación que percibe todos los beneficios. Además, le fueron asignadas las zonas más rentables de recolección, como por ejemplo, el Macrocentro y parte de los barrios del Microcentro, Palermo, Almagro y la zona comercial de Flores. Se trata de una organización que, por un lado, tiene una mayor capacidad de presión que el resto de las cooperativas por su elevada cantidad de asociados (más de 2 mil integrantes). En cada manifestación, moviliza cerca de mil personas. Por otro lado, actuó como factor divisionista en la lucha por el tren blanco con una postura más afín al gobierno. Estos dos elementos pueden explicar gran parte de sus prerrogativas actuales.

A nivel general, las acciones del período entre 2009 y 2011 se caracterizan fundamentalmente por la obtención de más subsidios, su renovación, incremento de los cupos y aumento de su monto. En su abrumadora mayoría, las manifestaciones fueron convocadas por las cooperativas cartoneras, aunque de manera fragmentada. En tres acciones la cantidad de asistentes superó las mil personas, situación que sólo se asemeja a algunas marchas del año 2002.
La base material de la entrega de subsidios se vincula con el fracaso de la política de recolección diferenciada iniciada por el gobierno porteño mediante la ley 1.854⁷. A partir de un balance efectuado en el año 2008, el gobierno porteño concluyó que sólo en el 2007 se habían destinado 53 millones de pesos por la recogida y traslado de materiales reciclables a los centros de reciclado gestionados por cooperativas. La cantidad anual de productos fue sólo de 280 toneladas. Mientras que, según los funcionarios macristas, en un solo día los cartoneros juntaban de la calle 600 toneladas. Por este motivo, una parte de ese presupuesto fue reasignada a subsidiar la actividad de los cartoneros lo que abarató el costo del reciclado. En los años 2009 y 2010, el actual gobierno porteño destinó a los cartoneros poco más del 60% (36.519.363 de pesos) de lo que gastaba en un solo año por el servicio de recolección diferenciada. Es decir, a pesar de toda la batería de subsidios que se ha implementado, los cartoneros realizan la recolección diferenciada por solo la tercera parte de lo que cobraban las empresas del rubro. Esto significa que los cartoneros no constituyen mano de obra barata de las papeleras: el Estado también actúa como un patrón al utilizarlos en el servicio de recolección diferenciada de basura. Esto explica que haya movilizaciones ante los sectores empresariales, pero que en su mayoría se reclame al Estado.

La situación actual

La clausura de los trenes fue una derrota para el conjunto de los cartoneros y sus consecuencias fueron políticas y económicas. Por un lado, la represión a la fracción más radicalizada desarticuló definitivamente al movimiento independiente. Por el otro, empeoró las condiciones laborales de los cartoneros prolongando su jornada laboral. Por su parte, el fin de la contienda dio impulso al desarrollo del cooperativismo en el seno de los recuperadores. De este modo, la implementación de camiones tuvo relación con mecanismos de cooptación por parte del gobierno. Las cooperativas que más tempranamente recibieron transportes, también obtuvieron otros beneficios. A su vez, sus demandas se constituyeron en negociaciones individuales con el Estado. Ninguna de estas reivindicaciones se asemeja al carácter masivo que tuvo la conquista de los trenes blancos.

El análisis de la lucha de los cartoneros con posterioridad al Argentinazo es un ejemplo del proceso de reconstitución del régimen político. A diferencia del período 2001-2002, los recuperadores se encuentran integrados dentro de los canales institucionales. No sólo por intermedio de su inserción en las cooperativas, sino también, como consecuencia de la represión del Estado.

Si bien no han desaparecido, las manifestaciones posteriores al cierre de los ramales cartoneros se efectuaron de manera fragmentada. A su vez, las asociaciones han consolidado vínculos con estructuras políticas más amplias pertenecientes al campo reformista. El MTE y El Álamo conforman la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la que también participan el Movimiento Evita, el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas y La Alameda. Todas ellas han estrechado relaciones con la CGT. Otras cooperativas, como la de Recuperadores Urbanos del Oeste y Madreselvas, se encuentran asociadas con ATE-CTA. El Ceibo forma parte de la Central de Movimientos Populares, presidida por el piquetero oficialista Luis D´Elía. La cooperativa Baires com, con base en Villa Soldati, es hija del macrismo. El rol económico que cumplen los cartoneros, al garantizar la recolección diferenciada a un bajo costo, constituye uno de los elementos de su capacidad de presión, que podría ser la base de conquistas más significativas, si se desarrollara una política unificada e independiente de los lazos políticos con la burguesía. Si el reflujo se ocupó de reconstituir esos lazos, la crisis bien podría ayudar a romperlos.

Notas

¹ Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, Pcia. De Buenos Aires: Causa n° 315/08, “Somosa, Facundo José S/DCIA. INF. ART. 191 del CP”; 2004 (Mimeo).
² Entrevista a Gabina Argañaraz el 15/09/2011.
³ Ídem.
⁴ Infobae, 2/1/2008.
⁵ Véase www.youtube.com/watch?v=TQYV64aA_XM&NR=1.
⁶ Véase www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ObservaRSU/file/acuerdo.pdf.
⁷ Villanova, Nicolás: “Hongos kirchneristas”; en El Aromo, n° 44, 2008.