La cantidad de propietarios de viviendas y terrenos bajó en los últimos años a la par que aumentó el número de inquilinos. El porcentaje de las casas y departamentos con déficit estructural y de servicios también va en aumento. Los datos surgen de un trabajo realizado por el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, en el que además se da cuenta de la falta de implementación de políticas públicas reales que ayuden a revertir este escenario. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Argentina – Según datos del Censo Nacional de Población, entre 2001 y 2010 el porcentaje de viviendas cuyos habitantes son propietarios bajó del 71 al 69%, mientras que la cantidad de inquilinos pasó del 11 al 16%, teniendo en cuenta para ambos casos que la población se incrementa de manera permanente. Estos movimientos en los números se replican especialmente en los grandes núcleos poblacionales, en especial la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
Estas cifras forman parte de un informe realizado por el Taller de Estudios Sociales del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales (CEICS), en el que también se trabajó con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). “En el censo se entrevistan a todos los hogares del país, mientras que en la EPH se ve solamente una muestra, no todo el universo; si nosotros proyectamos los datos de la EPH, el número estimativo que tenemos es que para 2015 sigue cayendo en todo el país el porcentaje de propietarios de vivienda y terreno, que estaría en un 65%, mientras que el de los inquilinos aumentaría un 18% y las ocupaciones se encontrarían en un 9%”, explicó la socióloga Julia Egan, integrante del Taller, en diálogo con Red Eco.
Esta investigación del CIECS comenzó a tomar forma a partir de la toma iniciada en noviembre de 2015 en los terrenos de Merlo, que hace pocos días fue desalojada: “ese fue el alerta por el que decidimos ver qué es lo que estaba pasando con el tema de la vivienda. Tomamos datos censales, además de algunas entrevistas que ya teníamos en la base de los archivos orales del CEICS y otras entrevistas que hicimos durante la toma”, detalló Egan.
Al dar cuenta de la situación habitacional, la socióloga se refirió también a la degradación que se viene registrando en distintos servicios: “mientras en 2001 el 65% de los hogares tenía acceso a gas de red, en 2010 solo lo hace el 57%. Después hay otros servicios que descienden en menor medida, como el transporte público y la pavimentación. La presencia de desagüe de inodoro a red pública desciende del 55% al 53%, en el Gran Buenos Aires crece pero solo cubre el 50% de los hogares, y el gas de red desciende en un punto a nivel nacional y en el Gran Buenos Aires desciende 2 (del 70 al 68%)”.
Otro punto grave del relevamiento efectuado por el CIECS es el lugar donde se asientan las viviendas: “en base a un informe del Taller, vemos que entre los años 2003 y 2015 el promedio de personas cuyas viviendas se ubican en zonas inundables, es decir que no son aptas para viviendas, constituyó entre un 12 y un 16% en todo el país; esto implica alrededor de 6 millones de personas. A esta cifra llegamos a través de una encuesta donde simplemente se le preguntó a la persona si entendía que el lugar donde está su vivienda era una zona inundable, con lo cual creemos que este número está sub-representado, probablemente sean más si esto se pudiera definir objetivamente. También vemos que esta gente que vive en zonas inundables es justamente la población más pauperizada. Los funcionarios tratan de justificar estas cuestiones a partir de fenómenos naturales, pero si uno analiza la composición social de la gente que vive en estos lugares encontramos que el problema tiene una raíz económica de diferencia de clase social, y esto se manifiesta en cosas muy concretas como que en cada inundación la gente pierde todo inclusive se pierden vidas”, expresó Egan.
Durante el trabajo realizado por el Taller en las tomas de Merlo y del Parque Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires, se analizó la condición social de los ocupantes: “en Merlo concretamente entrevistamos a muchos ocupantes –afirmó Egan– y casi en su totalidad se trata de obreros desocupados u ocupados en negro, en actividades como construcción, herrería, servicio doméstico o que reciben planes sociales o son cooperativistas, es decir que acá también encontramos que se trata de las capas más pauperizadas de la clase obrera. Cuando indagamos acerca de dónde venían, la mayoría dijo que vivía de prestado en casas compartidas, en general con alguna de las familias de la pareja, o una madre soltera con sus padres o también en habitaciones alquiladas que en general tienen un alto costo. Esto también lo comprobamos durante la toma del Indoamericano, que las habitaciones que se alquilan en las villas donde en general viven familias enteras tienen un costo que hoy está rondando al menos los 3.000 pesos. Es decir que en Merlo y en el Indoamericano encontramos que comparten el hecho de vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad habitacional. Cuando comenzó la toma de Merlo, los ocupantes que se habían organizado plantearon que querían que se loteara el terreno y pagar una cuota accesible a sus ingresos, planteaban que tenía que ser de 500 pesos, lo que habla de que estas familias apenas rozan la supervivencia”.
La realidad del Plan Procrear
Una de las medidas en materia habitacional que tomó el kirchnerismo durante su gestión fue la puesta en marcha del Plan Procrear, en el que se impulsaba la construcción de 400.000 viviendas. Julia Egan advirtió que nunca se blanqueó en cuánto tiempo se iban a hacer, pero sobre todo señaló que el programa no cubría desde su propia postulación el déficit de vivienda de aproximadamente 3.500.000 unidades, según lo planteado en el último censo: “esta cifra se deduce de la cantidad de viviendas que son habitadas por población que no es propietaria, y ya desde el inicio hay 1.350.000 familias que se anotan en el Procrear que necesita acceder a una vivienda propia, pero de esa cifra se sortearon solo 570.000 viviendas, según datos del último informe público que sacó la ANSES a mediados del año pasado. De esas 570.000 viviendas sorteadas, solo se pusieron en marcha 200.000 y el problema es que al día de hoy no se sabe cuántas fueron finalizadas y cuántas se entregaron de forma efectiva”.
Desde el CEICS realizaron un relevamiento de varios medios para ver cómo se desarrolló la implementación del Procrear: “encontramos que la gente denunció problemas con esta línea de crédito, sobre todo lo que es la línea de construcción que fue la que más se abrió desde el propio programa. Veíamos que inclusive con los créditos más grandes que otorgaban alrededor de 125.000 pesos, la gente denunciaba que no alcanzaban para cubrir los costos necesarios para comprar un terreno que cumpla con los requisitos que pedía el programa. Para los créditos de compra a estrenar la mejor línea de crédito cubría de alrededor de 650.000 pesos y nosotros encontramos que un departamento usado de 45 metros cuadrados en Parque Patricios, que es uno de los barrios más económicos dentro de Capital Federal, costaba alrededor de 955.000 pesos, es decir que el crédito no llegaba a cubrir el costo. Además, para poder acceder al crédito se necesitaba demostrar ingresos de hasta 8.000 pesos mensuales, cuando el propio Indec reconocía que la mitad de los trabajadores ganaba 6.000 pesos mensuales, que hay un alto porcentaje de empleo no registrado (que estimamos en alrededor del 30%) que no puede demostrar ingresos y que gana menos que un trabajador en blanco. Con lo cual inclusive estructuralmente es muy complicado que una familia se pueda presentar y cumplir los requisitos que son bastante elementales”.
Durante la entrevista con Red Eco, Egan remarcó otras deficiencias de este plan: “en lugar de realizarse estudios socioeconómicos que determinaran los casos prioritarios, el acceso a la vivienda se sorteó por Lotería Nacional, es decir que se dejó totalmente al azar. Esto plantea un problema en términos de qué posibilidad hay de hacer un uso no discrecional de los fondos destinados a beneficios sociales. Acá tendría que haber una cuestión planificada que determinara cuáles son los casos de emergencia, como por ejemplo la gente que vive en tomas y en lugar inhabitables, y que se trace un plan realmente sistematizado y justificado en términos de la necesidad de la gente”.
Perspectivas
“Así como anteriormente vimos que no se hizo nada para mejorar la situación, inclusive contando con fondos estatales muy importantes provenientes de los precios record de las commodities, creemos que este problema va a tender a agravarse sin duda”, afirmó Egan ante la consulta de Red Eco sobre posibles cambios en esta temática frente a la llegada de Cambiemos al gobierno nacional. Para explicar esta postura, la socióloga recurrió a cómo el PRO trató el tema habitacional durante sus años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires: “midiéndolo por el censo, los propietarios de vivienda y terreno pasan de 68% en 2001 al 57% en 2010, es una baja del 11%, y los inquilinos pasan del 22% al 29%. Lo que estimamos para 2015, según la EPH, es que los propietarios continúan bajando al 53% y los inquilinos aumentando al 32%, es decir que en la Capital Federal tampoco se han encontrado soluciones y se ha retrocedido de una forma muy fuerte en el tema de vivienda. En este sentido, claramente no evaluamos que el gobierno de Macri a nivel nacional vaya a hacer algo distinto que lo que ya no hizo en materia de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires”.
En este punto, se le preguntó a Egan acerca de cuáles son las medidas que se deberían tomar para revertir la situación habitacional: “entendemos que se tendrían que formar comisiones de trabajadores donde se pueda decidir entre ellos qué se va a hacer con los fondos públicos en materia de vivienda, que se establezca a partir de las necesidades que allí se evalúen un plan que de forma consciente y sistemática se desarrolle en función de sus propias necesidades, sobre todo en este cuadro donde en la actualidad nos encontramos con una evidente crisis de caja estatal, donde claramente ya no se va a seguir destinando la misma plata a vivienda, con lo cual creemos que los que tienen que decidir cómo solucionar el problema son los afectados. Si bien sabemos que hoy en día es muy difícil solucionar la falta de acceso a la vivienda porque es imposible acceder a un crédito bancario, no solo para la parte más pauperizada de la clase obrera, sino para aquellas fracciones que se ven en mejores condiciones salariales. Según un estudio que se hizo el año pasado, se calcula que para poder sacar un crédito bancario hay que demostrar ingresos por 40.000 pesos mensuales, así que ya no estamos hablando de los trabajadores más pobres sino de una fracción importante de trabajadores que ya ni siquiera puede pensar en la casa propia. Nosotros creemos que son los afectados quienes tienen que tomar en sus manos la resolución del problema y decidir qué se hace con la plata del Estado para solucionar el tema de la vivienda y trazar un plan que se destine a solucionarlo”.
