Las movilizaciones de la clase obrera brasileña realizadas en el mes de junio y las huelgas sindicales de julio, ocasionaron reformas y resquebrajamientos en las alianzas del gobierno de Rousseff. A continuación, describiremos la situación actual y las perspectivas que deja el maracanazo a su paso.
Nicolás Grimaldi
LAP-CEICS
El estallido social en Brasil se encarnó en diversos reclamos. Además de la movilización de la sobrepoblación relativa contra el aumento del costo del transporte, los sindicatos pararon contra el proyecto de ley de regularización de la tercerización, impulsado por el diputado Sandro Mabel del Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), principal aliado del PT. Según las entidades sindicales, este proyecto busca regularizar la tercerización e incluso ampliarla hacia el sector público. Asimismo, elimina la “responsabilidad solidaria”, que permite al trabajador exigir el cumplimiento del contrato, tanto a la empresa tomadora del servicio como a la contratista. En su lugar, se impone la “solidaridad subsidiaria”, por la cual únicamente la contratista puede ser plausible de reclamos. Es decir, se elimina la responsabilidad de la empresa principal (y del Estado, en caso de los empleados públicos) y sólo subsiste una responsabilidad simple, ocultando así la relación de tercerización y abaratando las sanciones judiciales. Para el 11 de julio pasado, varios sindicatos convocaron, en más de 20 estados, a un “Día Nacional de Lucha”. Se congregaron todas las centrales obreras. Los sindicatos oficialistas no sólo intervinieron para disputar la dirección de la revolta do vinagre, sino que fueron presionados por los propios reclamos obreros.
A la huelga general, se sumaron los Trabajadores Sin Tierra (MST) y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE). Además del reclamo principal (contra la “solidaridad subsidiaria”), también se manifestó el rechazo a la reforma política, se exigió la reducción de la jornada laboral (de 44 a 40 horas semanales, sin disminución del salario) y se pidió que se anule la reducción de los aranceles de los jubilados. Es decir, en Brasil se está gestando un ajuste y estas movilizaciones son la expresión de esa crisis.
El conflicto se hizo sentir en los puertos de Santos, Itaguaí (Río de Janeiro) y Suape (Pernambuco). São Paulo fue la ciudad que más notó la movilización, con bloqueos para impedir el paso de vehículos. En otras ciudades como Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte y Manaos el transporte público fue paralizado. Varias escuelas cerraron sus puertas y algunos hospitales del país sólo atendían urgencias. En Río, el paro de transporte fue estipulado para después de las 15 hs. También participó de la protesta el Sindicato de Petroleros, uno de los más fuertes del país. La ley de tercerización iba a ser votada el 14 de agosto, pero a raíz de las diferentes protestas de los sindicatos, entre las que se encontraban las movilizaciones del 6 de agosto y la convocatoria a una huelga general para el 30, se postergó la discusión para el 3 de septiembre.
Cabe señalar que estos enfrentamientos se dan en el marco de un movimiento sindical sumamente escindido, que contiene cinco organismos, a saber: la Central Única de Trabajadores (CUT), la central oficialista fundada por Lula en el año 1980; la Unión General de Trabajadores (UGT), fundada en el 2007 y dirigida por el Sindicato de Comercio de São Paulo; Conlutas, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU/LIT-CI); la Central General de Trabajadores Brasileños (CGTB) y, por último, Fuerza Sindical, del centroizquierdista Partido Democrático Laborista, que fue uno de los aliados del PT en el Congreso. No obstante, Paulo Pereira da Silva -presidente de esta última central- fue opositor al gobierno en la elección a alcalde de São Paulo del año 2012, donde obtuvo el 3% de los votos. En el balotaje, apoyó al derrotado José Serra del Partido (opositor) de la Social Democracia Brasileña (PSDB) lo que lo alejó más del PT.
El mapa político
La vida política de Brasil se centra en tres grandes partidos: el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialista Democrático de Brasil (PSDB) -del ex presidente Fernando Henrique Cardoso- y el centrista PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), una formación política considerada “comodín” que suele gobernar con el vencedor. El PDMB tiene sus orígenes en el Movimiento Democrático Brasileño, que funcionaba como oposición autorizada a la oficialista Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y representaba a 13 partidos reformistas que se encontraban proscriptos, lo que le permitió generar una base social propia. En la actualidad, se trata de una organización conformada por “caudillos locales”, con muchos enfrentamientos en su interior, como sucede con los municipios de Rio de Janeiro, que negocian su apoyo a los gobiernos nacionales a cambio del control de ministerios. Este partido es, históricamente, el que ha logrado el mayor control a nivel municipal. Las últimas elecciones municipales, celebradas en octubre del 2012, mostraron que, si bien sufrió una reducción del 14% en el número de alcaldías (de 1.193, en 2008, pasó a 1.025 en el 2012) sigue manteniendo su hegemonía por sobre el PT (que, de 550 municipios, pasó a 628), el PSDB (de 787 pasó a 693), el Partido Social Demócrata (con 494) y el PSB (de 310, pasó a 416). Ese dominio municipal, que ejerce el PMDB, le permite disponer del Fondo de Participación de los Municipios (FPM), que actualmente se nutre del 23,5% de lo recaudado por el gobierno nacional en concepto de renta e Impuesto al Producto Industrial (IPI). Por lo tanto, nadie puede gobernar sin el apoyo de esta agrupación. Este partido ejerce la vicepresidencia a través de Michel Temer, quien es apuntado por el sindicalismo de la CUT como el responsable de truncar los intentos anteriores de reforma política. Es, además, la segunda fuerza en la Cámara Baja y es la primera en el Senado.
En cuanto a los gobiernos estaduales, ocho de ellos concentran el 77,8% del PBI, a saber: São Paulo con 33,1% y más de 11 millones de habitantes, Río de Janeiro con 10,8% y 6.323 millones de habitantes, Minas Gerais con 9,3% y 20.5 millones de habitantes, Río Grande do Sul con 6,7% y 10.7 millones de habitantes, Paraná con 5,8% y 10.44 millones de habitantes, Bahía con 4,1% y 14.02 millones de habitantes, Santa Catarina con 4,0% y 6.25 millones y el Distrito Federal con 4,0% y 2.563 millones. El PMDB controla las gobernaciones de Rio de Janeiro y Santa Catarina, mientras que el PT controla las de Distrito Federal, Río Grande do Sul, Bahía y Paraná. Entre el PT y sus aliados controlan 16 de las 27 gobernaciones. Sin embargo, los Estados con mayor relación entre PBI y habitantes como São Paulo y Mina Gerais, son manejados por el PSDB, lo que demuestra la fortaleza que aún mantiene el partido de Serra y Cardoso. Es decir, que, a diferencia de lo puede suponerse, en estos momentos la fortaleza del PT no está en los distritos obreros fabriles, que se encuentran en manos de la oposición o de aliados muy circunstanciales.
En este marco, sólo un gobierno de coalición, con participación del PMDB, puede garantizar la gobernabilidad de Brasil caracterizado además, por un sistema multipartidista y de segmentación electoral [1]. Para las elecciones de 2010, se conformó una coalición entre el PT, el PMDB, partidos menores como el PSB, el PDT, el PCdoB (Partido Comunista) y otras nueve agrupaciones menores. En el transcurso de estos últimos dos años, se fueron sumando partidos a la coalición, que ya reúne a diecisiete.
A principios de 2012, un grupo de diputados del PMDB, elaboraron un manifiesto en el que se quejaban de que el PT mantenía una relación “desigual e injusta”. Acusaban al gobierno de no permitirle al PMDB participar en las principales decisiones del Estado y de realizar un “visible” esfuerzo para fortalecer al PT frente a los municipios. Llegando a la mitad de su mandato, en un intento de poner paños fríos a la confrontación, la presidenta realizó un cambio de gabinete con un guiño hacia su principal aliado, designando a hombres fuertes del PMDB en ministerios claves como Wellington Moreira Franco, referente del estado de Río de Janeiro, en el ministerio de Aviación Civil y a Anthony Andrade en la cartera de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. En la ceremonia de embestidura de estos nuevos cargos, Dilma señaló que era imposible gobernar Brasil sin una coalición [2]. Es decir, Brasil carece de un mando político fuerte y concentrado, lo que puede resultar una debilidad a la hora de enfrentar una crisis.
¿Qué reforma?
La popularidad de Dilma Rousseff venía en caída desde fines de mayo y, con las protestas de junio y julio, el apoyo bajó del 57% al 30%. Frente a esta situación, tanto Dilma y Lula decidieron desempolvar una vieja propuesta: la realización de una “reforma política” con el objetivo de subir su popularidad y conseguir la relección. El ex presidente señaló que para no perder el poder, el PT debería reafirmar su contacto con el pueblo, mientras que Dilma afirmaba haber “escuchado” el pedido de las calles.
La propuesta comenzó con una convocatoria a una Asamblea Constituyente, pero no concitó acuerdo en los constitucionalistas, en parlamentarios e incluso en los ministros. Para todos ellos, de acuerdo al carácter tan pequeño del cambio, solo bastaba con una enmienda constitucional. Para levantar la apuesta, se propuso entonces convocar a un plebiscito donde se preguntaría sobre cinco puntos, a saber: la definición del sistema electoral por listas de partido, el mantenimiento de las coaliciones electorales, la continuidad del voto secreto en el Congreso, la eliminación del cargo de suplente parlamentario y el financiamiento de campañas electorales, hoy mixto (dinero público y contribuciones privadas). Según Dilma, restringiendo el aporte de dinero empresarial para las campañas, se combatiría la corrupción, ya que los partidos políticos no deberían favores a los empresarios. En realidad, esta medida favorece a quien está en el gobierno, ya que le otorga una mayor influencia en la propaganda política. Estos planteos se condicen con el proyecto presentado por Dilma, que fuera aprobado por la Cámara de Diputados, pero vetado por el Supremo Tribunal Federal. El mismo, buscaba restringir el acceso al financiamiento electoral y publicidad gratuita durante la campaña.
Otra de las cuestiones que intenta solucionar la reforma es el éxodo de aliados, que pueden conformar nuevos partidos opositores. Un ejemplo de ello es el caso del partido que intenta crear la principal opositora, ex ministra de medioambiente -Marina Silva- o bien, el caso de Eduardo Campos (PSB), gobernador de Pernambuco, actual aliado del PT, pero que deslizó sus deseos de ser candidato en el 2014 por fuera del partido gobernante. Por eso, el mayor control estatal de las campañas permitiría una mayor disciplina en las propias filas.
De todos modos, el intento de Dilma no prosperó. El plebiscito fue cuestionado desde el congreso y por su propio partido. El presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, del PMDM, indicó que no había tiempo para debatir y que la reforma debía regir para las próximas elecciones. El líder del PT en diputados, José Guimarães, sostuvo que existen posibilidades de consultar la reforma este año, pero no podría aplicarse para las elecciones presidenciales, por lo que estaría lista recién para las elecciones municipales del 2016. En la Cámara Baja es donde más puede apreciarse la ruptura del PT con el PMDB ya que, Eduardo Cunha, líder de éste último, sostuvo que la posición del PMDB es muy clara: no votar un plebiscito que no sea realizado junto con las elecciones de 2014 [3], coincidiendo con el conservador, Ronaldo Caiado. Para aumentar los males del gobierno petista, el PMDB tiene entre sus planes, comenzar a dar la batalla por una reforma política que incluya la prohibición de la relección a partir de las elecciones del 2018 [4]. Cardoso, referente del PSDB, sostuvo que ya era tarde para discutir una reforma, debido a las protestas desatadas y que su partido no apoyaría la realización del plebiscito.
Finalmente y con el apoyo del Socialismo (PSB), el Comunismo (PCdoB) y el laborismo (PDT), se resolvió enviar al congreso la discusión del plebiscito para consultar sobre financiación de campañas (pública o privada), presentación de proyectos de leyes por iniciativa popular y coincidencia de fecha para celebrar las elecciones presidenciales, de Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Senadores y Concejales. Si la reforma prospera, aumentará el control estatal de la política, lo que significará un retroceso para la clase obrera y para la izquierda en particular.
A pesar de los resquebrajamientos políticos, esta jugada le otorgó a Dilma un poco de aire en la consideración popular. Según las encuestas, más de un 80% de la población de Brasil está a favor de una reforma política (sin especificar que está a favor de esta puntualmente) y casi un 75% apoya la iniciativa de retirar los fondos privados del financiamiento de los partidos. En concreto, toda esta escenografía detuvo la caída en el apoyo y produjo un módico aumento de cinco puntos en el mismo.
Dilma cuenta, por el momento, con un apoyo fundamental: una buena parte del empresariado le ha dado el visto bueno. Por un lado, la Confederación de las Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil, que representa a más de dos millones de empresarios en 27 Estados, compuesta en un 89% por micro y pequeñas empresas, produjo una carta favorable a la reforma política y se la entregó a la propia Rousseff. La entidad, también envió comunicados a las Federaciones afiliadas en 26 Estados y en el Distrito Federal, para que todos entren en sintonía con los pedidos de las manifestaciones. La CACEB cree que las manifestaciones que se esparcieron por todo Brasil, durante los meses de junio y julio, acentuaron la tendencia al empeoramiento de la confianza de los consumidores brasileños sobre la situación económica. En esta sintonía, la reforma política es un viejo anhelo de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la entidad empresarial más importante de Brasil, que comenzó a dar la discusión sobre la reforma al comienzo del mandato de Dilma en el 2010. Para la entidad, Brasil necesita de “reformas estructurales” y ya comenzó a dar batalla por otra reforma, es decir una reforma tributaria y la salida de Brasil del Bloque del Mercosur.
La reforma fue criticada por la izquierda brasileña. El PSTU la cuestionó, argumentando que brinda falsas soluciones a los problemas de los brasileños y que deberían consultarse temas como el salario de un diputado o la renacionalización de empresas privadas. El PSOL propuso la votación abierta de todas las decisiones del Parlamento, la revocación de los mandatos y privilegios económicos y jurídicos de los políticos. Por su parte, el PCB, sostuvo que la reforma política era una “mentira” en detrimento de los indicadores verdaderamente importantes como reforma agraria, subcontratación, salud, educación y subasta del excedente de recursos primarios. Nadie explicó que la reforma habilita al Estado a entrometerse en el financiamiento partidario, lo que para la izquierda será sumamente perjudicial. Con respecto al debate constitucional, manteniéndose en el campo del reformismo, ninguno de estos partidos se animó a plantear una crítica al sistema capitalista y un horizonte socialista. Con ese pliego de reivindicaciones, que no disputa la dirección política, las organizaciones participaron de la huelga del 30 de agosto.
Los alcaldes sean desunidos
Dilma intentó jugar otra carta para recomponer el apoyo perdido. Así fue como, al mismo tiempo que presentaba su propuesta de plebiscito, planteó a 27 gobernadores y a 26 alcaldes la realización de un “Pacto Nacional” para conseguir apoyo a la propuesta de reforma, a cambio de la transferencia de 7.500 millones de dólares a los municipios. Uno de los puntos del pacto, indicaba la necesidad de “responsabilidad fiscal” para estabilizar la economía y controlar la inflación. Los demás, proponían la utilización del dinero para mejorar la salud mediante el plan “Más Médicos”, que consiste en la contratación de médicos extranjeros, sobre todo de Cuba, y el destino del 8% de la renta petrolera obtenida por el recurso off shore para el presupuesto educativo. A diferencia del plan “Mi Casa, Mi Vida”, donde era el ejecutivo el que repartía los subsidios para la construcción de casas, en estos planes serán los propios municipios los que administrarán el dinero. Para el transporte, propuso el “Plan de Movilidad Urbana” que consiste en un recorte de impuestos y la construcción de más medios de transporte mediante el aporte de 50 mil millones de reales. Esta última medida fue saludada por los alcaldes nucleados en el “Frente Nacional de Alcaldes” (liderado por José Fortunati de Puerto Alegre), que tienen como propuesta conceder exenciones fiscales a las empresas de transporte público para permitir una mayor reducción en el precio de los pasajes. Este frente también se comprometió a realizar foros para difundir la reforma política impulsada, el primero de los mismos contó con la participación del vicepresidente Temer.
No obstante, este intento de Dilma comenzó bastante mal. Intendentes y gobernadores se pronunciaron, en principio, en contra de las medidas. Lo que el 10 de julio debía ser una reunión para implementar el plan, terminó con una silbatina general a la presidenta. Esta reunión se dio en el marco de la “Marcha a Brasilia”, una movilización anual de los intendentes por un reclamo histórico de mayor financiamiento. La Confederación Nacional de Municipios (CNM) se mostró insatisfecha con lo propuesto por la mandataria y reclamó un aumento del 2% en el Fondo de Participación de los Municipios (FPM). “Nuestra marcha (hacia Brasilia) es por el desequilibrio financiero que viene desde hace décadas”, declaró el titular de la confederación, Paulo Ziulkoski, quien es Jefe del municipio Mariana Pimentel, de Río Grande do Sul, y dirigente del PMDB. Para la CNM, muchas de las medidas tomadas por el congreso, no contemplan su fuente de financiamiento, lo que genera severos trastornos. Por eso, la “Marcha a Brasilia” entre los días 8 y 11 de julio tuvo como principal reclamo, el aumento del FPM, tal como quedó plasmado en una carta divulgada por la Confederación, que cuenta con la firma de otras 28 asociaciones estaduales. Por su parte, el alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), sostuvo que la reforma política era una “bastardeada” y que ese no era el principal problema de Brasil.
El Movimiento Pase Libre también cuestionó el “Pacto Nacional”, al que trató como una maniobra conciliadora con los intereses de las corporaciones empresarias y las posiciones de derecha, por lo que reclamaron a Dilma la mejora del transporte (gratuidad y estatización), la reducción de la jornada de trabajo a 40 hs semanales y el control estatal sobre el precio de los alquileres. Este movimiento volvió a las calles el pasado 14 de agosto. Esta vez, en vez de responsabilizar al Estado, dirigió su reclamo a la Cámara Municipal de São Paulo, contra los transportistas miembros de las “mafias de los transportes”. Fue una marcha reducida en la que participó la izquierda, quien exigió la salida de Alckmin, Haddad y el PT de Sao Paulo. La protesta finalizó en una represión. Es decir que, por el momento, la movilización por fuera de las instituciones dominadas por el régimen ha decrecido y ha retrocedido, aunque este tipo de reflujos sea un fenómeno lógico luego de una movilización tan grande. Es decir, no está dicha la última palabra.
Conclusión
La aparición de una alianza que manifiesta una tendencia a enfrentarse al régimen, en el contexto de una dispersión del sistema político y sindical, provocó un serio desafío a un gobierno que estaba pergeñando un ajuste que dé salida a la crisis. Ante este problema, Dilma decidió lanzar una ofensiva. Si bien logró el apoyo de las corporaciones patronales (el núcleo duro de la burguesía brasileña), abrió un complejo frente político interno, que incluye a los intendentes, al partido aliado y a la dirigencia sindical. Un escenario similar al de Cristina, solo que, en el caso de Brasil, el proceso es aún incipiente y las espaldas del PT son mucho más anchas.
Esta crisis de conciencia de la clase obrera brasileña debería servir para que la izquierda revolucionaria comience a hacer pie en la disputa política real y a darse una base de masas. La sobrepoblación relativa ha dado muestras de su disposición a romper su alianza con la burguesía y a movilizarse por fuera de las instituciones dominadas por el régimen. Habría que dejar de insistir con una mirada que sólo contempla a los “grandes batallones” fabriles y empezar un trabajo en toda esa población obrera desinstitucionalizada, que espera por una dirección.
NOTAS:
1 Véase http://goo.gl/i0t73L.
2 Véase http://goo.gl/7tLPpB.
3 Véase http://goo.gl/lRVciR.
4 Véase http://goo.gl/bbuAAU.
