El gobierno anuncia con bombos y platillos el fin de la violencia escolar, gracias a la iniciativa legislativa del FPV. Sin embargo, se trata de otra mentira. La ley no sólo no aporta ninguna medida concreta, sino que reafirma las políticas miserables que se desarrollan desde hace más de una década y que no han generado ninguna respuesta.
Natalia Alvarez Prieto
Grupo de Investigación de Educación Argentina – CEICS
En el transcurso del último año, fueron presentados en la Cámara de Diputados de la Nación cinco proyectos de ley orientados a dar una respuesta ante la progresión de casos de violencia en las escuelas, cuatro del Frente para la Victoria y uno del PRO. Una de las propuestas del FPV fue aprobada -con modificaciones- en el Senado, y se transformó en ley. Resulta llamativo que el mismo personal que niega o relativiza desde hace años la importancia del fenómeno -todo el arco intelectual y político K- se haya visto forzado a tomar cartas en el asunto. Una muestra de que la realidad se impone, más allá de los esfuerzos que hagan por hacernos creer que la violencia es un fantasma -o una “sensación”- creado por los medios de comunicación. Ahora bien, ¿propone la ley una solución real al problema? Como veremos, la iniciativa no aporta ninguna herramienta concreta para que las escuelas enfrenten la violencia. Su sanción es, más bien, una formalidad que le permite al gobierno liberarse de culpa y cargo frente al avance del problema.
¿Un mundo de sensaciones?
Un chico de 12 años se suicida al advertírsele que iba a repetir de año si seguía faltando a educación física. Su familia asegura que allí era constantemente burlado y golpeado por sus compañeros, debido a apariencia física [1]. Un nene de 7º grado pierde un testículo al ser golpeado en una escuela rosarina. Desde hacía dos años sufría acoso escolar [2]. En Entre Ríos, un alumno de 15 años lleva un revólver a la escuela para defenderse tras ser amenazado por sus compañeros [3]. Un nene de 11 años termina en terapia intensiva por los golpes recibidos por parte de uno de sus compañeros durante su viaje de egresados [4]. Un chico de 14 años se quita la vida tirándose de un noveno piso en Posadas. Explica sus motivos en una serie de cartas que deja: era sistemáticamente acosado en la escuela [5]. Paro docente en la provincia de La Pampa por una serie de agresiones a docentes y alumnos: una madre golpea a una maestra, un padre ataca a un director y a dos preceptoras y una pareja agrede a una compañera de su hijo [6]. Golpean a un joven con retraso madurativo en una escuela de Wilde. Lo filman y suben el video a internet [7].
Este es el contexto que apura una sanción por parte de gente que cree que todo esto es un invento de los medios. La nueva ley, en sus fundamentos mismos, niega su necesidad: “la cobertura de casos de violencia en las escuelas, por parte de los medios masivos de comunicación, lo ha constituido en un fenómeno altamente visible”. Es decir, estaríamos frente a un tema instalado por los medios. ¿Por qué sancionan entonces esta ley? ¿Se someten a la presión de los medios? Eso parece, porque las propuestas que sancionan son anticuadas, ya debieran estar en marcha según normativas anteriores o constituyen expresiones de deseo. Han sancionado esta ley sólo para que los medios no molesten más, pero en realidad, o no creen en la existencia del fenómeno, o no tienen idea de cómo resolverlo y lo consideran, más bien, irresoluble.
¿Qué hay de nuevo?
Es cierto que casos como los mencionados más arriba probablemente no formen parte de lo cotidiano o, de lo contrario, las escuelas habrían estallado. Sin embargo, también es cierto que existe un sinnúmero de formas de violencia que no son parte de los titulares periodísticos y que afectan la vida diaria de todas y cada una de las escuelas. De hecho, la emergencia de aquellos casos de carácter “extraordinario” habla de una situación mucho más sistemática. Da cuenta de las múltiples formas larvadas en las que se manifiesta la violencia día a día en cada escuela. Ahora bien, más allá de tales inferencias, como punto de partida deberíamos contar con información oficial sobre las situaciones de violencia que ocurren en las escuelas. En ese sentido, la ley K propone que sea responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional realizar investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre el fenómeno. Este hecho podría parecer promisorio ya que nos permitiría dimensionar el problema en su justa medida. Sin embargo, desde hace ya casi una década existe un organismo que debería encargarse de esa tarea: el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, creado en el año 2004 por el Ministerio de Educación en convenio con la Universidad Nacional de San Martín. De hecho, Mara Brawer, impulsora del proyecto del FPV, fue su coordinadora. Sin embargo, hasta el momento, el único avance de investigación del observatorio ha sido la aplicación, cada dos años, de un cuestionario a una muestra de alumnos de escuelas públicas y privadas. Tenemos aquí una muestra de la voluntad de trabajo sobre el tema que tienen quienes impulsan la ley…
En la ley también se dice hay que fortalecer la convivencia escolar. ¿De qué manera se fortalecerá la convivencia escolar? El Ministerio de Educación Nacional -MEN-, a través del Consejo Federal, promoverá la elaboración de una normativa sobre convivencia en cada jurisdicción. Algo que ya está en la Ley de Educación Nacional de 2006 (art. 123, inc. i). Por otra parte, está claro que “promover” no implica garantizar absolutamente nada. Ahora bien, en el caso de que tal “promoción” funcione, ¿cuáles son los lineamientos que deben seguir las jurisdicciones para elaborar su normativa? Algunos de ellos son: orientar las acciones de las comunidades educativas hacia el respeto por la vida y los derechos de cada persona; resolver en forma no violenta los conflictos; aceptar y respetar las diferencias; promover relaciones pluralistas; reconocer la competencia de las instituciones para elaborar sus propios códigos de convivencia con la participación de todos sus actores. A su vez, el documento aclara que las sanciones deberán tener un carácter educativo, ser graduales y sostener una proporcionalidad con las faltas cometidas. Serán expresamente prohibidas aquellas que “atenten contra los derechos de los niños, niñas y jóvenes a la educación”. Como vemos, se trata de una serie de vaguedades que dejan librada a la actividad “privada” la definición de la norma: convivan como puedan y sancionen como quieran. Total, si se les va la mano, siempre podrán el estado y el gobierno de turno sancionar a los sancionadores… En ausencia de toda definición concreta, cuándo “se les va la mano a los sancionadores” es algo que también se deja librado a la iniciativa “privada”: mientras no se haga escándalo ni salga por los medios, todo estará bien.
El proyecto ni siquiera indica qué se entiende por violencia escolar, definición básica para actuar con algún criterio. Todo se resuelve con “diálogo”. Pero, de hecho, esos fueron los lineamientos que orientaron la creación de los Sistemas y Acuerdos de Convivencia en diversas jurisdicciones -Buenos Aires y Capital Federal, entre otras- a principios de la década pasada. ¿Cabe alguna duda de que no resolvieron nada? Hasta ahora, toda esa política “dialoguista”, sin ningún otro tipo de soporte, significó que las escuelas tengan que enfrentar y contener, en soledad, las múltiples formas de violencia que aparecen en su seno.
En ese marco de indefinición, ¿qué propone la ley para lograr el fortalecimiento de las instituciones ante situaciones de violencia? El proyecto sólo sostiene que el MEN brindará “herramientas” y “capacitación”. ¿Cuáles? ¿Para qué? No se sabe. También dice que contribuirá a mejorar la intervención de los “equipos especializados” y promoverá la articulación de las escuelas con los servicios sociales de protección de derechos de niños, niñas y jóvenes. Nada se dice sobre cuáles serán esas “herramientas” ni de qué manera y con qué recursos se lograrán tales metas.
Verso a verso
El problema de la violencia escolar es real. La dificultad para enfrentarlo se encuentra no en la naturaleza del problema, sino en la incapacidad de quienes dirigen las políticas educativas para plantarse frente a un tema espinoso. Casi todos los especialistas en educación, por la propia naturaleza de su tarea, pueden clasificarse en progresistas de izquierda o progresistas de derecha. Todos coinciden en un centro que concibe la educación como un instrumento de mejora social; todos conciben la escuela como un ámbito en el que el enfrentamiento no ingresa, queda en el portón de entrada; todos creen que todo el mundo debiera ser educado, porque la educación debiera ser un derecho “humano”. Todo ello conforma un panorama definido por el concepto de “inclusión”. En ese núcleo de creencias básicas, la violencia escolar aparece como un elemento disruptivo, que se niega a entrar en el esquema, algo que sencillamente no debiera existir y, de hacerlo, debiera domesticarse con algún método sencillo. Como el problema no puede resolverse dentro de un marco conceptual que lo niega, entonces, peor para la realidad: el problema no existe. Es un invento de los medios, de la derecha, de los golpistas, de los autoritarios. Pero el problema se encapricha en reivindicar su existencia.
Es por eso que, a regañadientes, la “comunidad escolar” empieza a tomar conciencia, aunque más no sea oblicuamente, es decir, sin enfrentar el problema, tratando de rodearlo, de esquivarlo. Así se entiende la creación de una serie de programas y organismos públicos cuya existencia no tendría sentido (Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de Mediación Escolar, Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, la reciente ley y la catarata de propuestas de ley que la acompañaron, etc.). Sin embargo, el panorama sigue siendo el mismo. No sólo porque la nueva ley es tan abstracta que no mejorará en nada la situación de las escuelas, sino porque reafirma las pautas que orientan la acción hoy día: mirar para otro lado, hacer algunos gestos cuando se arma algún escándalo, tomar medidas que no tienen consecuencias reales y, sobre todo, tirarle la pelota a la “comunidad educativa”.
Detrás de toda la política “dialoguista” y toda la vaguedad normativa se esconde el imperio de la “inclusión escolar”, muy de moda hoy en día. Estandarte del progresismo, se trata de una ideología que determina la imposibilidad de delinear políticas concretas, que enfrenta todo con un “arreglensé”. En el marco de una educación pública cada vez más deteriorada, el mandato “inclusivo” sólo puede significar que docentes y directivos retengan a los chicos como sea, sin ningún otro objetivo más que tenerlos adentro de la escuela. De ese modo, y ante la ausencia de otras herramientas, deben hacer lo que puedan ante los cada vez más frecuentes casos de violencia.
NOTAS
1 Infobae, 1/4/12.
2 Página/12, 1/06/12.
3 Clarín, 2/11/2012.
4 La Razón, 12/11/12.
5 Misiones Online, 28/5/2013.
6 Clarín, 6/6/13. Este fue el segundo paro provincial realizado en el país por la violencia escolar. El primero fue en 2011, en la provincia de Buenos Aires, luego de que un director de escuela fuera brutalmente golpeado por un alumno y su madre.
7 Clarín, 15/8/13.
