Gerardo Wilgenhoff
RyR-Interior
En diciembre, el hambre y las malas condiciones de vida arrastraron a los obreros más sumergidos al asalto a los supermercados. En Bariloche, el gobierno reaccionó hostigando a quienes intentaban resolver, por mano propia, problemas que el Estado no puede. A continuación, le contamos cómo se fue quebrando el aparato asistencial, cómo se persiguió a las organizaciones de desocupados y cómo las internas políticas del peronismo agregaron un condimento extra a la crisis.
Los saqueos ocurridos el pasado 20 de diciembre en Bariloche escandalizaron a más de un distraído. Varios acontecimientos, sin embargo, nos demuestran que no fueron para nada sorpresivos, sino que se venían anunciando desde hacía tiempo. El agravamiento de las condiciones obreras y el aumento de la población sobrante, después de una década kirchnerista, produjeron una cantidad de pobladores al borde de la indigencia, cuya furia sólo podía ser contendía por los miserables planes sociales. Esa causa primordial de los saqueos que, en realidad, expresan la ruptura de una parte de la sobrepoblación relativa de la alianza que mantenía con el gobierno. Sobre eso se monta, cuándo no, la interna política al interior del peronismo.
Una grieta en la alianza
Luego de los saqueos, desde todos los ámbitos de gobierno se asoció a los saqueadores con “la delincuencia”. Es evidente que la resolución de las necesidades más básicas por mano propia constituye, para la legislación burguesa, un delito de primer orden. Por lo tanto, todo luchador vulnera la legalidad vigente. No obstante, en boca de la burguesía, esta conducta es sinónimo de “criminal”. En búsqueda de culpables a quien judicializar, en Bariloche, se señaló a la cooperativa 1º de Mayo.
La organización a la cual se acusa surgió después de las jornadas del 17 de junio de 2010, cuando se hicieron públicas las duras condiciones de vida por la que atraviesan los habitantes del barrio El Alto. La falta de trabajo estable en la ciudad obligó al gobierno kirchnerista a otorgar subsidios para contener las demandas crecientes de la sobrepoblación relativa. La cooperativa fue parte de este esquema de asistencialismo impulsado por el plan Argentina Trabaja (un programa del Ministerio de Desarrollo Social, ejecutado por Alicia Kirchner, y que cuenta con financiación de la provincia. Llegó a contar con alrededor de 100 personas. Sus referentes son Miguel “Mohicano” Mansilla y José Paredes.
La cooperativa se integra formalmente al aparato asistencialista del kirchnerismo con la firma de un convenio con el gobierno municipal, a través del denominado “Plan Calor”, que debía efectuarse en dos tandas. El trabajo consistía básicamente en sacar la leña que se encontraba en el suelo de la Estancia San Ramón, es decir, aquella que se encuentra en mal estado y poco sirve para calentar un hogar, para repartirla en los barrios del Alto. El acuerdo contemplaba el pago de un subsidio a la Estancia por permitir el retiro de la leña. La segunda tanda del plan quedó suspendida por falta de fondos. Pese al reclamo de la cooperativa, nunca se cumplió lo firmado.
El segundo convenio firmado fue el Plan Veredas, que consistía en la construcción de veredas, como la de la calle Pasaje Gutiérrez y del hospital zonal. A la cooperativa sólo le correspondía la colocación de las lajas en el suelo, mientras que la cantera Ñire le proveía la mezcla, mediante un convenio con el municipio. Por esta tarea, la cantera se aseguraba 20 mil pesos. Los integrantes de la cooperativa percibían, por su parte, 1.200 pesos cada uno. La suma de casi 100 mil pesos otorgado por el intendente Goye a la cooperativa, el día después de los saqueos, correspondía a la colocación de estas lajas, trabajo adeudado por el municipio.
La suspensión de los planes sociales obligó a la cooperativa a iniciar negociaciones con el gerente del supermercado Chango Más, para la entrega de bolsas de alimentos. Situación que se repitió para otros supermercados como Carrefour, La Anónima y Todo. En vez de enfrentar al gobierno municipal, la agrupación se concentró en los empresarios privados. En la mañana del 20 de diciembre, integrantes de la cooperativa se dirigieron a Chango Más, donde se entrevistaron con el gerente, sobre el previo acuerdo de la entrega de alimentos. Mientras esperaban por su pedido, comenzaron los saqueos.
Al día siguiente, el gobernador responsabilizó tanto al intendente como a la Cooperativa 1º de Mayo por los hechos, a quién consideró como la única instigadora por lo sucedido ese día. La cooperativa, a través de José Paredes, salió a responder a las acusaciones: “el gobierno no quiere hacerse cargo de la crisis social de la ciudad, y por eso nos hace cargo a nosotros. Y la cooperativa 1 de Mayo tiene 90 integrantes, no las miles de personas que participaron de los saqueos”.
De los allanamientos que se produjeron a algunos integrantes de la cooperativa 1º de Mayo, sin orden y sin testigos, se secuestraron alimentos. Ante esta situación, la primera medida de la cooperativa fue acudir a la municipalidad y al Juzgado de Instrucción Nº 6 para entregar las boletas de las donaciones de supermercadistas, para probar qué fue lo que las fuerzas policiales sustrajeron y cómo esos bienes se habían obtenido sin alentar ni usar la violencia. Sin embargo, no les aceptaron esos comprobantes. Entonces, la movilización se dirigió hacia el Ministerio de Desarrollo Social donde se reclamó a los funcionarios la promesa que Goye les hizo el día después de los saqueos: la entrega de planes sociales (500 planes Néstor Kirchner a implementar en Río Negro), la finalización del proyecto de fábrica textil presentado por la cooperativa, la habilitación de una guardería y el proyecto prometido que estipulaba la construcción de 500 plataformas de viviendas, que finalmente se entregó a una empresa privada [1]. En respuesta a estos pedidos, el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, respondió que: “no vamos a negociar, no vamos a transar, no vamos a concederle nada a estos grupos delincuenciales”.
Antes este giro, la organización comenzó una batalla contra el gobierno. A fines de diciembre, la cooperativa decidió tomar el Centro Cívico. La medida de lucha exigía la presencia del gobernador Weretilneck y reclamaba por las promesas incumplidas por parte del gobierno provincial y municipal. El 4 de enero, mediante una asamblea en el lugar de acampe, se decidió viajar a Viedma para llevar allí los reclamos en caso de que el gobernador no se hiciera presenta. Durante estos días, los compañeros sufrieron todo tipo de provocaciones por parte de la policía de la comisaría del Centro Cívico.
El 13 de enero y tras 17 días de acampe, por orden del juez de Instrucción, Ricardo Calcagno, son detenidos cinco integrantes de la cooperativa: Miguel Mansilla, José Paredes, Gisel Poblete, Catalina Lineros y Haydee Grande. El juez dictó el procesamiento contra los cinco detenidos como presuntos autores de los delitos de robo doblemente calificado, el uso de armas impropias (en referencia a las piedras que supuestamente usaron para atacar el supermercado Chango Más), porque se realizaron en poblado y en banda, y por supuesto delito de extorsión. El desalojo no sólo fue arbitrario y violento, sino también compulsivo su traslado. Dos de los detenidos fueron hacia la cárcel de Viedma, mientras que las tres compañeras estuvieron detenidas en el ex hogar El Maruchito de Roca y luego fueron trasladadas a la cárcel de Bariloche, debido a la huelga de hambre que habían comenzado por la necesidad de reencontrarse con sus hijos. Actualmente, cumplen prisión domiciliaria. La situación de los compañeros en Viedma es sumamente vergonzosa. Desde la cárcel, el mohicano denunció que: “fuimos apresados en nuestras casas e inmediatamente trasladados al penal, en un viaje de 20 horas sin comida ni agua. Hoy estamos en buzones incomunicados y no hemos recibido alimentos ni la posibilidad de ir a la ducha o salir al patio” [2].
El 21 de enero, compañeros del Alto, integrantes de la cooperativa y familiares de los presos realizaron un corte sobre la ex ruta 40, camino a El Bolsón, en reclamo por la excarcelación de los presos políticos. El Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional arremetió con violencia feroz a los compañeros, incluyendo mujeres y niños. En total hubo seis detenidos, tres mujeres y tres hombres. A la mañana siguiente, integrantes de la Multisectorial contra la Represión, familiares de los detenidos, partidos políticos de izquierda e integrantes de la Delegación Zona Andina de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia se movilizaron al Juzgado Federal. La abogada Marina Schifrin, presentó un pedido de excarcelación, basado en la presunción de inocencia y en que el delito que se le podría imputar no está penado con cárcel efectiva [3].
El 25 de enero, una parte de los integrantes de la cooperativa 1º de Mayo levantaron el acampe del Centro Cívico, debido a varios motivos. Por un lado, el desgaste y el temor al encarcelamiento por parte de algunos integrantes de la cooperativa (sobre todo de las compañeras que tienen hijos) y, por el otro, un acuerdo que establecieron con la Asociación Civil Construyendo Proyectos Barriales y el Municipio. A través del secretario de Desarrollo Humano, Andrés Luetto, se les prometió puestos laborales y la instalación de una fábrica textil, aunque no está contemplada la manera en que se implementaría ni sus características. El acta dividió a los integrantes entre aquellos firmaron y quienes se propusieron llegar hasta el fin con la liberación de los compañeros y se niegan a aceptar la suma de 12 mil pesos, que estipula el crédito propuesto por la municipalidad.
Finalmente, el 30 de enero, a eso de las 14 horas, el juez Leónidas Moldes decidió procesar y liberar a cinco de los seis detenidos por el corte de ruta, después de la movilización hasta el juzgado penal, que contó con la presencia de integrantes de la cooperativa, los partidos de izquierda (se hizo presente el diputado del FIT y militante del PTS, Raúl Godoy) y la abogada de los presos, Marina Schifrin. El sexto detenido quedó procesado por “antecedentes”. A su vez, los cinco compañeros detenidos por los saqueos continúan en la misma situación.
Al día siguiente se realizó una conferencia de prensa que contó con la presencia del presidente de la Gremial de Abogados de la Argentina, Eduardo Soares, la secretaria, Verónica Heredia, la directora de la Comisión de Género, Gabriela Conter integrantes todos ellos de la Comisión Directiva de la Asociación), Marina Schifrin y Raúl Godoy. Hicieron referencia a los “presos políticos, luchadores y pobres” que “son perseguidos y reprimidos por causas injustas” y que vinieron a solidarizarse y “repudiar la criminalización de la protesta” en Bariloche. También hablaron sobre las “injustas detenciones de los saqueos” y que la Justicia “siempre recae sobre los pobres”. Expresaron en ese sentido que “la igualdad ante la Ley es una ficción”. Alertaron a “la población y autoridades de Bariloche y la provincia, sobre la escalada de criminalización en los sectores desposeídos, excluidos del sistema, perseguidos con el Código Penal en la mano, en lugar de garantizar los derechos fundamentales”. Marina Schifrin, sostuvo que hasta el momento no tuvo acceso al expediente de la causa por los seis detenidos en el corte de ruta.
Como se ve, los únicos detenidos por los saqueos son obreros que, ante el agravamiento de las condiciones de vida, salieron a resolver sus problemas vitales. En su momento, se organizaron para integrarse al aparato estatal kirchnerista. Sin embargo, la crisis fiscal por la que atraviesa el municipio, no ha podido contener las demandas crecientes de la sobrepoblación relativa, que tiene que arreglárselas con organizaciones precarias. Asistimos, por tanto, a los inicios de la caída del aparato de asistencia que sostuvo la alianza entre esta fracción de la clase obrera y el kirchnerismo. Las propias debilidades de la cooperativa 1° de Mayo (el horizonte asistencialistas, su incorporación inicial al Estado y su falta de delimitación política clara) pusieron un límite al enfrentamiento con el Estado. Seguramente, de esa ruptura (en torno a la aceptación de nuevos convenios) pueda llevar a quienes se mantuvieron en la lucha a una perspectiva política clasista.
Peronistas alterados
Sobre todo este conflicto, se montó la interna del PJ. Antes de entrar en ella, recordemos que el Frente para la Victoria está fracturado en la provincia de Río Negro desde la época en que la fórmula Soria-Weretilneck estuvo cerca de competir en la interna con Pichetto por la candidatura a la gobernación. El poder que Soria cosechó en la provincia obligó al senador a retirarse de la disputa. Luego de la muerte del gobernador, asumió Weretilneck, perteneciente al Frente Grande, prometiendo que gobernaría en nombre del peronismo. Por tanto, si en un comienzo las disputas fueron entre fracciones peronistas, en la actualidad lo son entre el peronismo y el Frente Grande, aliados en el FpV. ¿Qué se juegan ambos partidos? La base de poder más importante de la provincia de cara a las próximas elecciones: la ciudad de Bariloche, la más poblada y la de mayor peso económico de Río Negro.
Omar Goye fue elegido candidato a intendente luego de ganarle la interna peronista al candidato de Carlos Soria y Miguel Pichetto, Julio Arrieta, perteneciente a la estructura tradicional del Partido Justicialista. La candidatura de Goye, era respaldada por dos sindicalistas: Ovidio Zuñiga, y Walter Cortés, enemistados con Soria. Zuñiga está procesado junto a Cortés y Goye por “estafa agravada” en la causa ARBOS, cuando el primero fue presidente, el segundo vicepresidente y el actual intendente, contador. Fue electo diputado nacional por el PJ en 1999 y es el actual secretario gremial de Uthgra de Bariloche. Responde a Luis Barrionuevo y al Peronismo Federal (estuvo, a su vez, coqueteando con Hugo Moyano). Walter Cortés fue legislador provincial por el PJ entre 1999 y 2003 y entre 2007 y 2011, es aliado de Goye en la lista que dirige la CEB y es Secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Bariloche desde hace más de una década.
Los conflictos entre Goye y el gobernador comenzaron apenas asumió, con denuncias por corrupción. Por su parte, el intendente intentó utilizar los menguantes fondos públicos para armar su propia estructura política y asistencial. En este sentido recurrió a un giro en descubierto extraordinario del Banco Patagonia, sin autorización del Consejo Deliberante, donde recibió 800 mil pesos más de lo autorizado por el Consejo Municipal. Esta medida le valió un reto público del gobernador Weretilneck. El concejal Carlos Váleri, del Frente Grande, se convirtió en su principal oponente.
A fines de junio, trabajadores de Promoción Social del municipio denunciaron que el municipio adeudaba 730 mil pesos en programas sociales, deuda que correspondía, entre otros motivos, a la asistencia de 150 pesos mensuales para jubilados y discapacitados, la comida para los Centros de Atención y Articulación Territorial (CAAT) y al programa de seguridad alimentaria. Ningún funcionario del FpV ni del Frente Grande se acercó a dialogar con quienes reclamaban.
Las quejas de las organizaciones asistenciales llegaban al gobierno nacional, porque los bolsones que enviaban, según denunciaban, “no tienen harina, contienen un solo paquete de fideos, y trae duraznos en lata, paté y una yerba que es intomable”, y al gobierno provincial, por la eliminación del programa Comer en Familia. Mientras la crisis económica se profundizaba, Goye decidió alquilar un nuevo edificio por 30 mil pesos mensuales, para trasladar diversas dependencias municipales, sin que mediara llamado a compulsa de precios ni licitación.
A mediados de septiembre, tres trabajadores de planta de la Dirección de Contaduría General del municipio sufrieron presiones por parte del Ejecutivo, para que avalen el pago de planes sociales sin respaldo administrativo ni documentación, y con modificaciones de último momento al listado de beneficiarios. Los funcionarios de Goye intentaban modificar la procedencia de los recursos para el pago de los planes sociales municipales. Las planillas de beneficiarios no se correspondían con los obreros que trabajaron.
La falta de pago por parte del gobierno de Omar Goye de los compromisos a beneficiarios de planes sociales, provocó el corte de la calle Mitre con la intención de no retirarse hasta que se pagase lo adeudado. La respuesta del secretario municipal, Oscar Borchini, fue “no hay plata”.
En medio de la fractura política del peronismo provincial, Omar Goye no asistió al acto organizado por los sectores del Partido Justicialista en respaldo a la Nación y a la gestión Weretilneck. Con esta medida, hacia visible su distanciamiento del gobernador y su respaldo al senador Pichetto.
Hacia mediados de diciembre, el municipio mantenía una deuda de 93 mil pesos en planes sociales. Ante esta situación, referentes de las despensas comunitarias anunciaron que “no vamos a poder contener a la gente del Alto, la están pasando muy mal”. El municipio les adeudaba ocho meses de pagos [4].
La profundización de la crisis obligó al gobierno a la entrega de tickets, en la Sala de Prensa del Centro Cívico, para el retiro de mercadería del supermercado Todo, por un valor de 200 pesos cada uno. Nunca se informó el listado de los beneficiarios ni el mecanismo de selección de los mismos. Los únicos beneficiarios fueron los integrantes de la cooperativa 17 de Junio, cuyo referente es Sandro Bonefoi [5].
En esta situación se llega al 20 de diciembre, día en que se producen los saqueos. Goye, carente de apoyo político, fue señalado por Weretilneck como uno de los responsables. Las acusaciones también se dirigieron a la cooperativa 1º de Mayo, principal instigadora de lo sucedido ese día, según el gobernador.
El 4 de enero se produjo una reunión entre Weretilneck, Pichetto y Goye, donde los líderes provinciales le pidieron al intendente que abandonase el cargo. La negativa de Goye a renunciar obligó al Frente Grande a impulsar su salida, como ya lo había anunciado Cristina. En este sentido, Carlos Váleri, impulsó la apertura del proceso de revocatoria de mandato, que concluiría con un referéndum “para que el pueblo se exprese” sobre la continuidad de Omar Goye. La destitución del intendente recibió el último empujón por parte de los concejales oficialistas cuando Martini negoció el voto positivo de su bloque a favor de la revocatoria, a cambio de su candidatura a la intendencia por el PJ.
Los ediles terminaron aprobando por mayoría la iniciativa, que contempla la suspensión de Goye y la inmediata asunción de manera interina del Presidente del Concejo Municipal, María Eugenia Martini. El proyecto elaborado por el Frente Grande describe un cúmulo de situaciones definidas como “irregularidades en el desempeño de sus funciones”, “ineptitud”, y “negligencia”.
Luego de la suspensión del intendente, Weretilneck le pidió “un gesto de grandeza de Goye para con Bariloche, renunciando a su cargo para evitar un proceso largo y traumático, y un gasto de dinero importante para la ciudad”. Las cámaras empresariales de la ciudad (turismo y comercio) también reclamaron lo mismo. Sólo el radicalismo calificó a la maniobra como «destituyente”.
El hombre fuerte de Pichetto allí, como dijimos, es Julio Arrieta, pero su imagen viene en caída, ya que no sólo perdió la interna con Goye, sino que viene de caer derrotado en el Colegio de Arquitectos. Ante esta situación, el kirchnerismo no tiene un candidato propio. Desde Nación, por su parte, se pidió una “encuesta para determinar al mejor posicionado, unidad tras ese candidato, y victoria del oficialismo”.
Aunque hasta el momento no hay nada definido, Martini se encamina a ser la opción que unifique las posiciones encontradas. Una vez al frente del Ejecutivo, aceptó la renuncia de todos los funcionarios de Goye y comenzó a construir su base de poder con el sector del “albertismo” (sectores del PJ cercanos a Weretilneck). Su gabinete esta compuesto por los funcionarios de Goye pertenecientes a este grupo, a quienes tuvo que volver a nombrar. Las reuniones llevadas a cabo con Weretilneck, Pichetto, Alicia Kirchner, Abal Medina y Carlos Tomada son una muestra del respaldo político y económico de Provincia y Nación.
La crisis fiscal por la que atraviesa el municipio no sólo es insuficiente para contener las demandas obreras, sino que tampoco pudo sostener el intento del intendente Goye de armar su propia estructura política. Estamos frente a la disgregación del aparato asistencial del kirchnerismo. La izquierda, por su parte, ha brillado por su ausencia. Sólo se hizo presente para denunciar a los presos políticos. Nunca se dedicó a organizar a la clase obrera del Alto durante todos estos años. En esta coyuntura de crisis, no debe perder la oportunidad de meterse en el seno de la sobrepoblación relativa y disputar su dirección a las organizaciones asistencialistas. De otro modo, los compañeros de El Alto quedarán a merced de los vaivenes de la política burguesa.
NOTAS
1 http://goo.gl/qCEQB.
2 http://goo.gl/FrKNx.
3 ANB 22/01/13.
4 http://goo.gl/dU7Xq.
5 http://goo.gl/L711X.
