La Argentina vive una crisis terminal, que es histórica. Pero, más en el corto plazo, la crisis económica actual se remonta a 2012-2013. Por aquellos años se acabó la fiestita de los “yuyos”. La soja, por caso, cayó un 42% desde agosto de 2012 a diciembre de 2017; el maíz un 55% y el trigo 49%. Eso afectó el saldo comercial, es decir a la diferencia entre lo que se gasta y lo que se compra. Mientras en 2011 se exportaron productos por casi 83 mil millones de dólares, arrojando un superávit de 9 mil millones, en 2015 el monto de exportaciones fue de menos de 57 mil millones, un 32% menos. Como las importaciones fueron mayores, la balanza comercial dejó un déficit de 3.500 millones de dólares, el primero desde 1999.
Las cuentas públicas acusaron recibo. La balanza de pagos, que tenía una situación medio holgada en el período 2006-09 con un saldo promedio favorable de 6.427 millones de dólares al año, para 2010 entra en números rojos: 1.545 millones en 2010, y 17.570 millones en 2015. En 2018, casi 27.000 millones negativos.
El gobierno de los Fernández arrancó los primeros meses de 2020 con un brutal ajuste a los jubilados, un choreo de casi 6 mil millones de pesos de aquel entonces. A su vez, inicia tratativas para ir hacia una actualización de tarifas, pero la pandemia lo dejó en veremos. El gobierno salió a salvar a los empresarios, mientras los obreros se contagiaban y morían. Así nació el Fondo de Garantía de 30 mil millones de pesos para pagar salarios, mantener el congelamiento de tarifas y transporte, y evitar una mayor conmoción social en 2020 (vía el miserable subsidio IFE) incrementaron el déficit al 6,3% del PBI. Aunque para fines de 2020, Guzmán retomó la labor donde la había dejado a comienzo de ese año: eliminación del IFE, promesa de reducir el déficit fiscal por debajo del 4% en 2021, más presión impositiva y sobre jubilaciones, etc. En ese entonces, se calculaba un ahorro de 4.200 millones de dólares para finales de 2021.
El intento de control de la emisión monetaria –la maquinita de imprimir billetes- ya lo había iniciado Guzmán previo a la pandemia: la base monetaria se amplió solo un 5% en los primeros tres meses de 2020. Con la llegada del COVID y la batería de subsidios, se disparó nuevamente. Pero en 2021 sólo aumentó 12,7%, la tasa más reducida desde 2016. En cuanto a los subsidios, a pesar de las inyecciones de dinero, las transferencias a la energía aumentaron solo 0,8% del PBI y en transporte permanecieron prácticamente en el mismo nivel de 2020. En 2021, el congelamiento obligó a expandir los subsidios a la energía en poco más de medio punto del PBI. Por ese motivo, ya está en la agenda un reajuste de tarifas (ya estaba en agenda antes del acuerdo con el FMI…).
Otra de las herramientas de ajuste es la inflación. Al gobierno le sirve para reducir gastos de administración, presupuestados a comienzos de cada ejercicio a una tasa de inflación siempre menor a la que realmente tendrá ese año. Por eso se mienten a si mismos año a año a la hora de armar los presupuestos. También hace lo propio con salarios estatales y jubilaciones, que avanzan muy por detrás de los precios. Como muestra, tenemos el caso de los científicos, que perdieron más de 70% del poder adquisitivo desde 2009, o el salario bruto estatal promedio, que perdió un 15% de su poder adquisitivo entre agosto de 2019 y mismo mes de 2021.
En resumidas cuentas, la Argentina atraviesa una crisis enorme. El acuerdo con el FMI no plantea ninguna ruptura con lo que ya venimos viviendo hace años. Sin ir más lejos, para 2022 el FMI exige una reducción del déficit previsto de 0,8% del PBI, cuando Guzmán ya lo había reducido de 6,3 a 3,5 en 2021. Más lejos en el tiempo, en 2003, Néstor Kirchner firmó un Stand By que preveía pasar de 2% de déficit a 3% de superávit en un año, y lo vendió como un gran acto de soberanía.
La perspectiva es hacia la continuidad del ajuste, tal como experimentamos desde hace años. Al revés de lo que supone el nacionalismo, no es el FMI el que le marca la agenda al gobierno, sino que el Fondo termina comprando el plan económico de los Fernández-Guzmán. O sea, tirar hasta llegar a las elecciones de 2023. El FMI no pide un ajuste mayor al que venimos sufriendo. El único punto ríspido parece ser la cuestión de las tarifas, aunque como explicamos ya se estaba avanzando en ello. El resto de la “agenda” no es algo que no se haya realizado o intentado aún. Con o sin FMI, cuando gobiernan los patrones, la variable de ajuste somos los laburantes.
