Por Miguel Ballay y Julia Deyme
Comenzó un nuevo año y se inicia la discusión salarial en el país. Entre Ríos, lejos de quedarse atrás en las negociaciones llama a los sindicatos docentes para reunirse el 27 de enero. Parecía pronto, pero en realidad el primer llamado para la negociación correspondía a la promesa de la paritaria 2021, de revisar la inflación del año para acordar un aumento. El primer resultado: 8,9% a cobrar con los haberes de febrero en base al salario de febrero de 2021. Muy oportuno porque, como veremos, el gobierno lo utilizará como chantaje.
Paritarias salariales… solo eso
Casi un mes después, llegó una nueva citación del gobierno, ahora sí, con una propuesta para este 2022. Pero antes de adentrarnos en dicha propuesta, debemos recordar lo que fue votado en el último congreso del 2021, por parte de AGMER, el 22 de diciembre: “Anunciar el NO INICIO del ciclo lectivo 2022 si el gobierno no convoca a paritaria salariales y realiza una oferta que recomponga el salario.” Teniendo esto presente veamos cuál fue la propuesta.
Lo que Bordet presentó en la primera audiencia fue un magro aumento del 45,45% en cómodas cuotas: un 21,21% en marzo y tres cuotas iguales de 8,08% en junio, agosto y septiembre, con la promesa, de reunirse con los sindicatos nuevamente en septiembre. Si analizamos la propuesta vemos que es, a todas luces insuficiente, porque los aumentos se calculan sobre siempre el mismo salario de referencia, el de enero de 2022, mientras tanto la inflación mensual es acumulativa, es decir que se calcula siempre sobre el mes anterior, es decir, la de febrero se calcula sobre el valor de la canasta básica del mes de enero; la de marzo sobre el valor de la canasta básica de febrero; la de abril sobre la de marzo y así en forma sucesiva. Esta cuestión no es menor, ya que va en franco detrimento del poder adquisitivo porque mientras la inflación se acumula, cuando percibamos el último 8,08% será en base al básico de principios de año. Así las cosas, en las asambleas escolares no había mucho que discutir: la propuesta no recomponía nuestro salario. El no inicio era inminente.
Aun así, la flamante conducción de Marcha Blanca (Integración y Rojo y Negro), en varios departamentos salieron a defender la propuesta. Algunos departamentos fueron más evidentes, como Colón (donde las mociones para la asamblea, propuestas por la celeste, eran dos: “aceptar” u “Otras mociones”). En otros departamentos el discurso era que había que rechazar la propuesta, no por considerarla insuficiente, sino por el simple hecho de que los tramos eran muy lejanos.
El día 25 sesionó el Congreso en la ciudad de Colón, donde, a primera hora, se supo que los congresales rechazaban la propuesta, pero no estaban decididas las acciones a llevarse adelante (entiéndase, ejecutar los días de paro votados en cada departamento). En el transcurso de la jornada, oportunamente, llegó una cédula de citación para continuar la paritaria el día sábado. ¿Casualidad?
Así las cosas, la burocracia de Marcha Blanca decidió cerrar el Congreso decretando dos días de paro en suspenso y exigir al gobierno que el aumento -es decir, las cuotas- se adelante. Así lo hizo Bordet, quien ofreció adelantar la cuota de junio a mayo quedando los restantes en agosto y septiembre, pasando la renegociación para agosto. Una oferta prácticamente idéntica.
Las y los docentes “de a pie”, muchos delegados, en asambleas, decidimos por mayoría rechazar el miserable aumento, pero aun así los congresales decidieron darle a los paritarios, es decir a la conducción de Marcha Blanca, el beneficio de volver a escuchar la misma propuesta con ligeros cambios.
Negocio redondo para los oficialistas que, como sostuvimos desde que se conformó esta alianza, están más preocupados por sus vínculos políticos con la patronal que en defender a las y los trabajadores de la educación. Lo único que buscan ellos es garantizar un año sin sobresaltos para el gobernador. Entretanto, nuestros bolsillos pierden día a día contra la inflación, con una canasta básica docente que escala a $102.000 mientras que el cargo testigo asciende a $54.440.
La paritaria todavía no está cerrada, pero sabemos que fue la burocracia sindical quien le garantizó al gobernador el inicio de clases sin sobresaltos después de 12 años, desestimando todo lo que se resolvió en el último congreso del 2021 y el mandato de la mayoría de los departamentos con argucias formales. Bordet tuvo su foto inaugurando el inicio del ciclo escolar el 2 de marzo y fue gracias a Marcha Blanca.
Un tema ausente: las condiciones laborales
La pandemia ha marcado profundamente a la docencia. La sobrecarga laboral fue una constante durante todo el 2020 y el 2021: jornadas interminables de trabajo virtual con escasos recursos para estudiantes y docentes, la vuelta a presencialidad con burbujas, contagios y vacunación inexistente, presencialidad plena con cursos que sobrepasaban la capacidad de las aulas. Estas son algunas de complicaciones que enfrentamos solos, porque el Estado estuvo y está ausente, como así también el sindicato.
En cada una de las asambleas, la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro puso en discusión las demandas de la docencia, porque el salario es solo una parte de lo que nos afecta. Las condiciones laborales que debemos enfrentar este año no serán mejores que los años anteriores, en cierta forma; serán las mismas que el año anterior.
Los cursos sobrepoblados son una constante, esto no es novedoso, pero producto del recorte de contenidos y como resultado de la promoción acompañada de años anteriores, se dificultará aún más la dinámica en el aula. Por un lado, tenemos grupos de estudiantes que siguieron con su escolaridad de forma continua y, junto a ellos, estudiantes que adeudan materias del 2020, 2021 o inclusive de los dos años. Recuperar los contenidos dentro del aula sin experimentar una sobrecarga laboral es imposible. A la frustración se sumarán exigencias de “personalización” de la enseñanza imposibles de cumplir en cursos sobrepoblados.
La solución del Estado es brindar programas, vaciados de contenidos, para quienes se desconectaron y abandonaron la escuela. También la entrega de computadoras a los establecimientos, un lento proceso que llegó cuando hacia final del año pasado, la provincia ya estaba en presencialidad completa. ¿Qué solución podemos encontrar ante la catastrófica situación que dejará la pandemia en cientos de miles de nuestros estudiantes? Sencillamente el ingreso al sistema de nuevos docentes para el desdoblamiento de todos los cursos, la introducción de parejas pedagógicas y más profesionales idóneos para enfrentar los problemas que acontecen día a día en nuestras aulas. Solo así podremos enfrentar el genocidio educativo sin ser explotados por salarios miserables. Solo así podremos diseñar un plan para cada estudiante para recuperar las secuelas que dejará la pandemia sobre una realidad educativa que estaba muy lejos de ser una panacea.
Y, sin embargo, la conducción del gremio sigue mirando a otro lado, siendo cómplices del gobierno al entregarnos a un nuevo comienzo del ciclo lectivo, con una normalidad inexistente, nos dejan librados a nuestra suerte. Sin representación quedan los problemas estructurales no salariales que nos aquejan hace décadas y la pandemia del COVID-19 agudizó.
Si son parte del gobierno que no se note
La semana previa al Congreso del 3 de marzo, se registran varios comunicados en las páginas de las seccionales de la provincia, donde la conducción de Marcha Blanca intentaba despegarse de la bochornosa negociación paritaria.
Argumentos tales como “las bases han rechazado la oferta del gobierno”, “no hemos aceptado la propuesta”, “El gobernador Bordet busca convencer a la ciudadanía de un acuerdo salarial inexistente”, entre otros. ¿Cuál es el motivo de estas declaraciones? Sencillamente excusarse por dejar en suspenso una medida de fuerza votada en las escuelas, garantizando objetivamente el normal inicio del ciclo lectivo. Lo hicieron con el pretexto de una propuesta “nueva” a considerar que de nueva no tenía nada.
Si bien es cierto que no se aceptó aún, como el mandato del Congreso consistía en exigir un adelanto en los tramos y efectivamente Bordet lo ofreció, se inició otro proceso. Nuevamente se llevó a debatir en asambleas esta propuesta, calcada de la anterior. Como era de esperarse, las y los docentes en las escuelas aceptaron el adelanto de los tramos, simplemente porque lo que se ofrece no alcanza para recuperar la pérdida histórica del salario, pero no así el conjunto de la oferta.
Los docentes hablaron y el Congreso no pudo hacer oídos sordos, por lo que se llamó a paro para los días 4, 8 (adhesión al paro de Mujeres), 9,16 y 17 de marzo. Como plan de lucha algunas acciones en la calle en algunos departamentos. Lo cierto es que después de que se decretara la medida de fuerza el gobierno salió con los tapones de punta, ofendido por la no aceptación aduciendo que “para ser liquidada debía ser aceptada. Lamentamos que el gremio prive a los trabajadores de la educación de este aumento”. En ese proceso, acusaron al sindicato de hacer pesar una interna hacia adentro del gremio (vaya uno a saber cuál es la interna, cuando Integración y Rojo y Negro parecen estar cada vez más unidos), privando a activos y jubilados percibir un aumento que le gane a la inflación. No conformes con generar la disputa hacia el interior de las bases anunciaron, también, el descuento por días de paro, como sucede siempre para desactivar la lucha. Hay que decirlo, quienes son sostén de familia con un salario docente de indigencia no pueden sostener los paros si hay descuentos (que como siempre, son una lotería y en la mayoría de los casos más de lo que se debería). Claro, la vocación de lucha del sindicato se muestra en lo que hace: no proporciona un fondo de huelga, solo llama a sostener los paros. Parece decirles a sus afiliados y no afiliados “si te descuentan arreglate, vos quisiste rechazar la propuesta”.
Al día de la publicación de esta nota, el gobierno ha retirado la propuesta y no volvió a convocar a AGMER para ofrecer algo distinto. Entretanto se espera el plenario de Secretarios Generales que evaluará la situación nacional y provincial y discutirán nuevos criterios para elaborar una pauta salarial.
Si seguimos en este camino, el que llevamos hace muchos años, seguiremos perdiendo contra la inflación y con nuestro salario en caída libre. Cambiar el rumbo de las negociaciones y plantear los problemas estructurales de la docencia depende de nosotros; las asambleas por escuelas son el único medio que tenemos para proponer un verdadero horizonte de lucha: un salario inicial igual a dos canastas básicas totales reales porque, como explicamos en otra nota en este mismo número, es la única forma de reconocer el componente intelectual de nuestro trabajo y liberar tiempo para la formación y planificación. Para personalizar la enseñanza y recuperar lo perdido necesitamos más docentes y más recursos. Solo, con esos objetivos por delante, lograremos poner fin a la degradación de nuestra vida y de nuestra educación.
