El sábado 13 de noviembre pasado, a pocas horas de las elecciones legislativas, la cadena Garbarino despachó 1.800 telegramas de despido, dirigido a parte del personal de las 105 sucursales que fueron cerrando sus puertas en el transcurso de este año y que desde entonces están peleando por recuperar sus fuentes laborales. Además, las cesantías afectaron también a trabajadores de las firmas Garbarino Viajes, Compumundo, Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina.
Mientras que toda la atención de los medios de comunicación, estaba puesta en los comicios, que para la clase obrera no define otra cosa que la manera en que la burguesía va a seguir implementando el ajuste, los empleados que vienen manteniendo conversaciones con distintos organismos y funcionarios nacionales, recibieron la terrible noticia.
Los telegramas enviados explican que la empresa sufre de “circunstancias completamente externas imprevisibles” y hablan de la situación financiera, la caída de las ventas por las restricciones en pandemia, la falta de inversores, etc. Por esta razón pretenden evadir responsabilidades económicas y legales y pagar solo el 50% de las indemnizaciones y aduciendo la inconstitucionalidad del DNU 329/2020 y sus prorrogas. Así se resuelven las crisis en el capitalismo: Mientras los dueños solo van a ver menguadas sus cuentas bancarias, los trabajadores van a quedar en la calle sin nada.
Si bien el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria de 15 días, tiempo en el cual la empresa no podría hacer efectivos los despidos, para los compañeros de Garbarino, esta medida no tiene ningún efecto inmediato, ya que estos no están prestando tareas, porque sus locales han sido cerrados y vaciados por la compañía. Por otra parte, los montos correspondientes a los haberes que perciben los empleados vienen siendo pagados desde hace seis meses por el Estado, mediante el programa Repro. Por el contrario, la conciliación dispone que la Federación de Empleados de Comercio es la que debe abstenerse de realizar medidas de fuerza, una burla ya que desde el inicio del conflicto nunca la burocracia se ha puesto del lado de los trabajadores.
Pero lejos de acatar la resolución de la cartera laboral, en la mañana del lunes una segunda tanda de telegramas fue despachados afectando así a la totalidad del personal en relación de dependencia con el grupo, unos 3.400 trabajadores.
Está claro que el sindicato (cavalieristas y opositores), está más preocupado por dirimir sus internas y de expresar las necesidades de los patrones garantizando la paz social, que de representar los intereses de los trabajadores. Los salarios no se recuperan, avanza la flexibilización laboral, la desocupación se sigue manteniendo en niveles alarmantes y la burocracia cierra filas para garantizarle al gobierno la tranquilidad necesaria en todos los lugares de trabajo para que el ajuste no se detenga.
No podemos permitir que Carlos Rosales (dueño de Garbarino) y sus cómplices en el gobierno se salgan con la suya. Hasta ahora, los trabajadores de Garbarino han dado muestras de estar dispuestos a defender su trabajo. Con movilizaciones, escraches, yendo a los medios o, cómo en el día de ayer, a las propias puertas del sindicato, lograron instalar el conflicto en la opinión pública. Pero con eso solo, aislados y en soledad no alcanza. Es necesario que avancen en la lucha, abandonando las expectativas puestas en el Estado o la burocracia. Para ello deben ser respaldados solidariamente por el activismo, por las organizaciones políticas y sociales combativas y por la clase obrera en general. Si dejamos pasar este ataque, será una victoria significativa para la burguesía y su plan de ajuste. Los trabajadores no podemos permitirlo.
No a los despidos en Garbarino, Compumundo y demás empresas del grupo liderado por Carlos Rosales.
Basta de que sean los trabajadores los paguen las crisis de los capitalistas.
Corriente Clasista Goyo Flores
