Por estos días, se cumplen 45 años de las jornadas represivas que iniciaron lo que hoy conocemos como “La noche del Apagón” en la provincia de Jujuy. Una semana en la que las fuerzas represivas del Estado cortaron el suministro eléctrico a través de la usina de Libertador General San Martín para detener y asesinar a activistas políticos, sindicales y estudiantiles.
Era julio de 1976, ya habían pasado 3 meses del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, los secuestros y desapariciones de trabajadores, estudiantes y militantes de izquierda también ocurrieron en la provincia de Jujuy. Más allá del contexto represivo por parte de las fuerzas militares y del orden, hay que hacer referencia que en este caso específico los autores intelectuales porque revelan al verdadero beneficiario y responsable del Golpe: la burguesía.
En efecto, fueron los patrones los proveedores de la logística y de elementos que facilitaron estos crímenes contra la clase obrera. Curiosamente, aquellos quienes siguen impunes, la justicia burguesa no llega a tocarlos. En este caso particular se trata del empresario azucarero y ex director de la empresa Ledesma Carlos Pedro Blaquier y el gerente administrativo de la época, Alberto Lemos. Por aquellos años fue común que patrones y burócratas sindicales armaran listas de obreros activistas, para que las fuerzas represivas cumplieran con su tarea de aniquilamiento.
Esta operación de exterminio por parte de los militares y el empresario Blaquier, sucedió en las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, parte del accionar represivo fue la interrupción del suministro de energía eléctrica. Fue entonces cuando Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, lanzaron un operativo conjunto con la Gendarmería y la Policía provincial, dirigido contra trabajadores y estudiantes de la zona, irrumpiendo en sus viviendas. Una vez secuestrados fueron conducidos a centros clandestinos de detención, dejando el saldo de 416 detenidos y 33 desaparecidos hasta el día de hoy.
Fueron procesados durante la “década ganada” y luego sobreseídos por ese mismo gobierno que hacia afuera agitaba la bandera de los DDHH (mientras desaparecía por segunda vez Jorga Julio López y eran asesinados más de 40 militantes), a pesar de las innumerables pruebas y testimonios de que fueron ellos los que dieron órdenes y facilitaron elementos para que actúen las fuerzas represivas.
También hay que decir que había otros antecedentes en esta zona caliente, porque los trabajadores habían empezado a organizarse y a levantar la voz por sus derechos. Es así como, en 1974 en Libertador General San Martín, durante el gobierno Nacional de Isabel Martínez de Perón y con Carlos Snopek como gobernador de la provincia, las fuerzas de seguridad dieron inicio a la represión, persecución y detención de activistas y militantes. El sindicato del ingenio Ledesma y la intendencia fueron intervenidos. Estaba en marcha el plan sistemático de aniquilamiento, incubado en la democracia peronista, que tuvo continuidad con la última dictadura, a partir del marzo de 1976. El Golpe del ’76, vino a masificar una forma de represión que ya había sido ensayada antes en menor escala. La derrota fue, en buena medida, el resultado de una serie de debilidades de la propia izquierda. Por eso es importante tener un balance correcto de los ’70. No “hacer memoria”, ni limitarnos a recordar las violaciones a los “derechos humanos” (esas que excluyen las que provoca todos los días el capitalismo), sino recuperar la experiencia revolucionaria. Recuperar el horizonte socialista que tenían muchos de los compañeros desaparecidos y recordar que no fueron víctimas inocentes, querían destruir un sistema y los defensores de este actuaron en su contra. Sobre todo, debemos extraer las lecciones para la lucha del presente. Para que la próxima oportunidad nos encuentre del lado de los vencedores.
