El 4 de abril del 2007 fue asesinado Carlos Fuentealba, docente de la provincia de Neuquén. Este hecho provocó una reacción de la población de todo el país, marcó uno de los hitos fundamentales de la historia reciente (tal como el asesinato de Kosteki y Santillán, y el de Mariano Ferreyra) y, en el mediano plazo, habría de terminar con la carrera política de Jorge Sobisch.
Los docentes estaban en lucha por aumentos salariales y no llegaban a ningún acuerdo con el gobierno de Jorge Sobisch. Por eso iniciaron un plan de lucha, que implicaba cortes diarios de tres horas en las rutas más importantes de Neuquén.
El 4 de abril, unos 600 docentes llegaron a la localidad de Arroyito, para cortar la ruta 22 y obstruir el paso hacia los centros turísticos, en el marco de los feriados por Semana Santa. Sin embargo, fueron reprimidos por la policía local, para evitar el corte. Para ello, utilizaron gases y balas de goma, con lo que lograron dispersar la manifestación.
En ese contexto, el policía José Darío Poblete disparó su pistola lanzagases sobre el Fiat 147 donde se encontraba Carlos Fuentealba. El disparo se produjo desde una corta distancia, por lo que el impacto le produjo una fractura y hundimiento de cráneo, que derivaron en su muerte. Poblete huyó de la escena con la complicidad de sus compañeros, y logró esconderse por varias horas con el amparo de la institución policial.
Finalmente, el policía fue condenado a perpetua, pero Sobisch, responsable político del hecho, jamás fue imputado, a pesar de que luego del asesinato, dijo antes las cámaras que “la responsabilidad política es mía, la asumo y tomaré las medidas necesarias para que esta responsabilidad política se convierta en una respuesta seria y responsable a la sociedad neuquina”. En la causa estaban además involucrados el subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, y el jefe de la Policía, Carlos Zalazar, el subjefe de la Policía, Moisés Soto, el director de Seguridad, Adolfo Soto, el jefe del operativo, Mario Rinzafri, y el jefe de los grupos especiales, Jorge Garrido, junto a otros nueve efectivos policiales.
Todos los acusados fueron sobreseídos el 23 de febrero de 2016. En su fundamentación para pedir el cese de la imputación, el fiscal Andrés Azar, sostuvo, entre otras cosas, que “las directivas eran dadas por el gobernador Jorge Sobisch”. Este argumento, sirvió para liberar a los policías, pero no para imputar a Sobisch. El Gobierno Nacional ni en su momento (Néstor) ni después (Cristina), pidió juicio político alguno, ni la intervención provincial del Ejecutivo o del Poder Judicial. Más aún, Jorge Sobisch, quien admitió su responsabilidad política, llegó a ser incluso candidato presidencial en las elecciones de 2007, sin que ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional interpusiera ninguna impugnación.
La represión del 5 de abril de 2007 y el asesinato de Fuentealba fueron la respuesta del Estado a un proceso de radicalización en la provincia. Una radicalización que parecía reconstruir los pasos del movimiento piquetero a fines de los ’90 pero que, a diferencia de aquel, encontró un límite en la lucha de clases a nivel nacional.
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