El gobierno está por aprobar en el Congreso una modificación al impuesto a las ganancias, medida con la que busca dar la sensación de emprender una política contraria al ajuste. Sin embargo, los cambios que se proponen no solucionan, ni siquiera superficialmente el problema: que desde hace una década este impuesto se convirtió en un mecanismo de ajuste sobre los trabajadores.
Salarios de pobreza, impuesto de burgueses
La modificación del impuesto a las ganancias tiene como eje principal un mecanismo de deducción especial que haría que el mínimo no imponible para la cuarta categoría alcance los $150 mil pesos brutos, lo que equivale a $124.500 de bolsillo. Con ello, de los 2.3 millones que hoy en día están alcanzados con el gravamen, se pasaría a 1.033.000. El proyecto se promociona con la idea de que se volvería a un porcentaje “histórico” de trabajadores alcanzados por el impuesto, que ronda el 10%. Es una reducción respecto al 20% que hoy está afectado por el impuesto. Esto no hace más que retrotraer el porcentaje de trabajadores gravados a 2015. De todas formas, estas cifras son en realidad ficticias porque solo se mantendrían si los salarios quedaran congelados. Pero como este cambio es previo a las paritarias, los trabajadores que serán alcanzados por el impuesto van a ser más ni bien se empiecen a firmar paritarias.
La actualización del impuesto seguirá regida anualmente por la variación del índice de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) del año anterior. Es decir, por el promedio de aumentos salariales obtenidos en las últimas paritarias. Hace varios años que las paritarias se firman en porcentaje menor al de la inflación. Por eso, a pesar de que los salarios reales disminuyen, la cantidad de trabajadores que tributan aumenta. Esta situación va a sostenerse, porque que el mecanismo de actualización es el mismo que se impuso en 2016 y que llevó a incrementar la cantidad de contribuyentes en la cuarta categoría.
Hoy en día los trabajadores casados con dos hijos menores pagan ganancias a partir de los $98.963 netos. Según los cálculos de ATE Indec, que toma los datos oficiales y pondera de forma realista los gatos básicos de una familia (como el alquiler), la canasta básica familiar se ubica en $85.590. Es decir, que hoy en día se comenzaba a pagar ganancias con un salario 15% por encima de lo necesario para sostener un hogar. Esta situación se modificaría con la reforma actual, aunque solo momentáneamente dado el avance de la inflación. El mínimo no imponible aumentó un 25%, pero la inflación prevista por el Banco central es del 49% y el gobierno pretende imponer paritarias por el 35%. Lo que va a suceder, entonces, es que nuevamente van a volver a pagar ganancias más trabajadores, que a su vez van a ver su salario real reducirse. Además, vamos a tener un mínimo no imponible por debajo de la canasta familiar. Otro efecto va a ser que la actual modificación del impuesto actuará como mecanismo de coerción a los trabajadores en las negociaciones paritarias. A ello contribuye también el hecho de que no se han actualizado las escalas.
Las deducciones que no deducen
Esta forma de actualización del impuesto no solo hace que se incremente la cantidad de contribuyentes entre los asalariados, sino que combinada con los salarios reales en caída genera que la presión tributaria sobre ellos sea cada vez más pesada, porque el salario cada vez alcanza para menos. Además, el mecanismo de actualización de las deducciones permitidas impide que la carga tributaria se alivie al ritmo de la inflación.
El problema de las deducciones, al igual que el mínimo no imponible, se fue agravando desde 2013. Desde ese año hasta 2015 se no se actualizaron, lo que generó una mayor presión tributaria. En 2016 pasaron a actualizarse también por el RIPTE. Desde 2017 se eliminó la posibilidad de computar como familiares a cargo a los padres, abuelos o bisabuelos, nietos, y hermanos, entre otros. También se redujo de 24 a 18 años la edad hasta la cual podían deducirse los hijos. Además, desde 2018 solo uno de los progenitores puede computar a los hijos a cargo, o bien cada uno puede deducir el 50%. Es decir, vemos cómo además de una actualización insuficiente se fueron limitando las deducciones asociadas a las cargas familiares, que son en general las más costosas.
La modificación actual incluye un reclamo sindical histórico que es la eximición del aguinaldo, aunque solo para los salarios por debajo del mínimo no imponible. También se agrega la posibilidad de deducir al conyugue. Como novedad, se introduce como deducción los gastos de guardería de los hijos hasta tres años de edad, con un tope anual de 67 mil pesos. Se trata de un tope por demás insuficiente, dado que, por ejemplo, en CABA, un jardín maternal privado, en jornada mínima de 3 horas, no cuesta menos de 10 mil pesos, lo que da un anual de $120 mil. Dada la gravedad de la escasez de vacantes en jardines maternales públicos en todo el país, las familias trabajadoras se ven obligadas en su mayoría a pagar una institución privada por para poder seguir trabajando, por una suma que, como mínimo, duplica el monto deducible.
Otro problema tiene que ver con la forma en que se paga este impuesto. A los trabajadores se lo deducen de sus salarios puntal y compulsivamente. En cambio, a las empresas se les otorga moratorias y facilidades de pago. Algo similar a lo que sucede con la liquidación del IVA.
Un ajuste sin disimulo
Todo esto nos muestra cómo en realidad el impuesto a las ganancias es utilizado por el gobierno de la misma forma que sus antecesores: como mecanismo de exacción a los trabajadores. El salario no es ganancia, pero aquí no se trata solamente de un problema conceptual. Se trata de que esto es parte de la política de ajuste que venimos sufriendo los trabajadores, gobierno tras gobierno, y que ha llevado nuestros salarios a niveles de pobreza. La mitad de los trabajadores hoy ganan por debajo de la línea de pobreza. La naturalización de estos niveles salariales hace que un salario que apenas supera la canasta familiar sea considerado un privilegio. Tenemos (y vamos a seguir teniendo) salarios que apenas superan el umbral de la pobreza pagando un impuesto destinado a las ganancias porque el ajuste a los trabajadores no se detiene.
Por supuesto, la burocracia sindical mira para otro lado mientras todo esto pasa. Este aumento del mínimo no imponible simplemente retrotrae la cantidad de trabajadores que pagan ganancia a niveles de 2015, cuando el pago de ganancias por parte de los asalariados ya era fuente de conflictividad gremial. Recordemos que durante el gobierno de Cristina el gremialismo que en ese momento era opositor, encabezado por Moyano, realizó varios paros que tenían como reclamo este impuesto. No pasó lo mismo durante el macrismo cuando creció la cantidad de trabajadores alcanzados ni ahora, lo que muestra que lo mueve más el oportunismo político que la defensa de los trabajadores. La CGT se limitó a pedir alguna modificación en las deducciones, pero nada más. Su compromiso no es con los trabajadores sino con el ajuste del gobierno. Es llamativo, también, como gobierno y oposición acordaron los cambios sin mayores conflictos.
Solo con una organización independiente de los trabajadores vamos a poder luchar contra el ajuste que nos imponen todos los gobiernos para que dejen de descargar la crisis sobre nosotros y la paguen a los responsables: los capitalistas.
Corriente clasista Goyo Flores – Corriente sindical de Razón y Revolución
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