Por María Fernanda Alvarez Prado
En un año difícil frente a la situación de Pandemia que tuvimos que atravesar, la provincia de Jujuy fue una de las primeras (seguida por Misiones, Chaco y La Rioja) en decretar la suspensión de clases e iniciar la cuarentena, cuando el Ejecutivo provincial decretó la emergencia sanitaria y epidemiológica a partir del 16 de marzo.[i] Esta situación de cuarentena en Fase 1, con el encierro y las restricciones en la circulación, mostraron la profundización de las situaciones de violencia patriarcal y de abusos que existen cotidianamente y sufren las mujeres y la niñez. La agudización de la violencia era el resultado esperable por el hecho de haber encerrado a las mujeres junto a sus verdugos casi sin ningún tipo de asistencia las 24 horas del día. Esa situación era evitable excluyendo a los violentos de sus hogares y confinándolos en hoteles. Pero no. El resultado: la provincia no fue la excepción al aumento de la violencia patriarcal. Los escasos datos estadísticos muestran que el norte argentino lidera la lista con los mayores índices de femicidios en el presente año. Solo en el primer semestre, entre 1 de enero y el 30 de junio, se registró un femicidio cada 29 horas, contabilizándose un total de 143 casos. De ésos, la provincia registra, por lo menos, 10 femicidios, de los cuales 5 ocurrieron en menos de 40 días y hay dos más que no fueron caratulados como tal.[ii]
Ésta grave situación gestó que el movimiento de mujeres saliera a las calles expresando su repudio. En este marco, el gobierno provincial anunció modificaciones legislativas, algunas relacionadas con la elaboración del Proyecto de Ley de Emergencia Provincial en materia de violencia de género y otras medidas preanunciando la futura sanción de una Ley de Educación Sexual Integral provincial. Sí, la provincia aún aguarda por su propia ley de educación sexual integral. En esta nota, nos ocupamos de este tema, pero nos parece importante antes señalar algunos puntos.
Para la primera discusión, la emergencia por violencia hacia las mujeres, se convocaron a distintas organizaciones y familiares de víctimas para que realizaran aportes a esta futura nueva normativa.[iii] La convocatoria fue masiva y en el transcurso de cinco días, participaron aproximadamente 80 organizaciones e instituciones, entre las que se encontraban nuestras compañeras de Trece Rosas -frente feminista de Razón y Revolución. Nuestras compañeras llevaron allí nuestra propuesta solicitando se declare inmediatamente la emergencia pública por violencia contra las mujeres y se exigió que esa declaración sea acompañada de mayor presupuesto del Estado para que los Proyectos de Ley que se encuentran en vigencia se cumplan y sean eficientes y efectivos. Solicitamos la creación inmediata de refugios para mujeres en cada localidad de la provincia, como también el aporte por parte del instituto de vivienda y urbanismo de Jujuy para disponer de un grupo de viviendas destinado a mujeres con hijos a cargo, líneas de atención con equipos interdisciplinarios. También la promoción de un sistema de alerta y búsqueda temprana de mujeres desaparecidas, la creación de un fuero especial para la resolución rápida de los casos y un organismo que estudie los femicidios. Asimismo, exigimos que las mujeres desocupadas (y en especial aquellas que tengan hijos a cargo) perciban un subsidio equivalente a dos canastas básicas ya que a medida que se extiende la crisis muchas caen en la prostitución, es decir, una de las formas más extendidas de violencia contra la sexualidad de las mujeres. Y, claro está ley nacional de aborto voluntario, libre y gratuito. En materia de educación sexual integral, nuestras compañeras propusieron que la Educación Sexual Integral aborde el tema de la violencia contra las mujeres y que se eduque contra el sexismo desde la infancia. Para que la violencia reproductiva y sexual contra las mujeres finalice, exigimos una educación sexual científica, laica y feminista y para una anticoncepción eficaz y consciente, que el Estado facilite los anticonceptivos requeridos y que los responsables de la salud no obstaculicen, además, su acceso. En este mismo sentido, instamos a los/las diputados/as y senadores/as a un compromiso fehaciente: que el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto sea aprobado. Es decir, queremos que se eduque contra el sexismo desde la infancia. Nos parece importante indicar estas posiciones porque precisamente constituyen puntos medulares si queremos construir una educación sexual integral que vehiculice la única forma para garantizar la igualdad: poner sobre el tapete la opresión y subordinación de la mitad de la humanidad por razón de su sexo, es decir, de las mujeres con el objetivo de abolir los géneros y no de reforzarlos. Como vamos a mostrar en el próximo acápite, la provincia está aún muy lejos de esta discusión.
ESI pero oficial
A catorce años de la sanción de la Ley Nº 26.150 de creación del programa Nacional de Educación Sexual Integral la provincia no cuenta con su propia ley de educación sexual integral. Solo hace un par de años, y al calor de la Resolución CFE Nº 340, de 2018, las escuelas incluyeron en sus planificaciones anuales, la ESI como eje transversal para todos los ciclos y niveles. Fue el mismo año que se instaló en primera plana de las noticias el alto índice de embarazos adolescentes en la provincia y de discusión parlamentarla de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el congreso nacional. En lo que refiere a la provincia, recordemos el caso de la escuela secundaria del Barrio Alto Comedero, el establecimiento más grande de la capital jujeña, cuando se difundió que 30 chicas se encontraban embarazadas, todas de entre 12 y 19 años, sobre un total de 200 estudiantes. Una realidad que se multiplica a lo largo y ancho de la provincia. En ese momento la responsable de implementar la ESI en las escuelas provinciales, Patricia Morales, reconoció que no existía el programa en la provincia. Así, los departamentos Dr. Manuel Belgrano y San Pedro de Jujuy eran los lugares con el mayor índice de embarazos no intencional en adolescentes. Con la polémica instalada en los medios, el gobierno provincial decidió intensificar los trabajos con los docentes que iban a recibir capacitación iniciadas en 2017.[iv] En la provincia, algunas capacitaciones se realizaron entre 2003 y 2015 pero recién en junio de 2019 se realizó una convocatoria para cubrir perfiles de referentes técnicos (pedagógico para monitoreo) y capacitadores. Ese personal fueron los encargados de llevar adelante el diálogo con los docentes referentes escolares de ESI designados por el directivo de cada establecimiento de nivel primario y secundario, quienes debían reunirse en su turno, una vez cada dos meses para completar las capacitaciones mensuales. Ese docente capacitado luego realizaría la posterior “capacitación” en el establecimiento hacia los demás compañeros y diagramaría las actividades para la Jornada Nacional Educar en igualdad que fue la meta a cumplir: una jornada anual. También se brindaron diversos materiales (cuadernillos y láminas). Se realizó un férreo control sobre el cumplimiento de la primera jornada y se encomendó que las planificaciones se ajustaran a lo solicitado por el programa, entiéndase proponer actividades que se ciñan o no se salgan de lo propuesto en los cuadernillos oficiales. Como vemos, la provincia continuaba suponiendo que la educación sexual integral puede limitarse a una “controlada” jornada. De hecho, si bien el gobierno defiende su labor de capacitaciones iniciada en 2013, al día de le fecha reconoce el haber capacitado 8.000 docentes cuando la provincia, solo en la modalidad común, tiene casi el doble de docentes: 15.898 cargos para el 2019. Y además las capacitaciones tuvieron distinto grado de intensidad. Además, señalamos que el hecho de obligar a las docentes a trabajar con los materiales oficiales implica que ciertos temas no entran en debate: prostitución o alquiler de vientres por dar dos ejemplos. Dos problemas que afectan centralmente a las mujeres pobres y, por ende, también a nuestras alumnas.
ESI a debate
Como decíamos antes, la movilización de miles de mujeres jujeñas durante esta pandemia puso sobre el tapete la necesidad de contar con una Ley de Educación Sexual Integral provincial. La provincia, tomó nota, pero aún estamos muy lejos. El debate por la ley provincial se inició recién en 2016. En enero de este año, el diputado Rubén Rivarola (del Frente de Todos) había solicitado en un proyecto la adhesión a la Ley Nacional Nº 26.150, mismo trámite que repetía lo actuado en 2018 y 2019. El proyecto Rivarola se limita a enumerar lo actuado por el programa nacional y pide, sencillamente, la adhesión a la ley y que se trabaje con los materiales ya producidos por el programa. Por su parte, en noviembre de este año, María Teresa Ferrín presentó su propio proyecto por el bloque radical y, según sus propios dichos, lo hizo como “un aporte más a la ley de emergencia en violencia de género”. Veamos entonces qué dice el proyecto.
En primer lugar, entiende que la Ley 26.150 “es el resultado y a su vez el complemento de un marco legislativo internacional y nacional que Argentina posee y promueve, en el campo de los Derechos Humanos”. Lo cual implica reinterpretar la Ley en clave diversa. Efectivamente, la presión del generismo queer puja porque la ley de educación sexual se integra al “plexo normativo” de la ley de identidad de género. Dicen que el libreto de las diversidades habría favorecido un mayor clima para la reflexión institucional y que la no discriminación recuperaría la agenda de los colectivos LGBTIQ+. Así, en lugar de colocar como eje de análisis la construcción jerárquica entre los sexos, la subordinación de las mujeres con motivo de su sexo operada por el patriarcado, la preocupación se ubica en el plano de los derechos humanos. Y esa lente es funcional a la política de la diversidad en tanto se habla ya de derechos inherentes a las personas, a los individuos. Efectivamente, el texto explicita tres grandes enfoques para la ESI: la promoción de la salud; la consideración de las niñas y niños como sujetos de derecho y en este punto reivindica que la “propuesta integral promueve el respeto por las diversas formas de vivir el propio cuerpo y de construir relaciones afectivas enmarcadas en el respeto por la diversidad”. Algo similar aparece en el texto de ley que también se está discutiendo en Santa Fe donde bregan por una ESI no “biologicista”. Efectivamente, la negación del sexo y la impronta del generismo queer se observa cuando sostienen que el sexo es una construcción social que «se asigna al nacer» y existen entonces diversas formas de vivirlo. Difícilmente con ese punto de partida nuestras alumnas puedan entender por qué son violentadas, violadas, embarazadas y asesinadas en una sociedad patriarcal. Por otro lado, tampoco trabajaremos con la conciencia de los varones para desmontar años de construcción patriarcal.
Otro de los puntos que recupera el proyecto Ferrín como eje de la ESI es la complejidad del hecho educativo, es decir, el reconocimiento de la particularidad de la escuela como lugar donde debe desplegarse esa labor. En relación a este punto, se recupera la necesidad de la capacitación docente. Así, Ferrín concluye que “la vida sucede en un cuerpo y que como seres humanos podemos también entender y analizar lo que sucede con nuestros cuerpos, como parte del desarrollo integral de la ciudadanía”. Hablamos de cuerpos ciudadanos, ni de mujeres ni de varones.
Finalmente, el proyecto luego de su extensa justificación tiene una fórmula sencilla. Por un lado, adherir al programa nacional, es decir, a la Ley 26.150 adoptando todos los recursos didácticos generados (tal como propone el proyecto del Frente de Todos). Además, pide que el dictado de la ESI sea obligatorio (y no solo un derecho) en todas las escuelas, niveles, modalidades y tipos de gestión y que, además, cada escuela incluye la ESI en su proyecto institucional. Asimismo, propone la creación de un Programa Provincial de Capacitación Docente obligatorio. En relación al programa de capacitación docente, postula que esté a cargo de la producción y distribución de material que deberá “ser accesible y adaptado para los pueblos originarios y personas con discapacidad”. Luego un férreo control. Finalmente, nada se dice sobre la, llamémosle, “objeción de conciencia institucional” en tanto la ley nacional llama a respetar los idearios de la comunidad que fueron un gran bloqueador para el trabajo de la ESI.
Combatir el sexismo desde la infancia
Efectivamente, la educación sexual integral es una poderosa herramienta para combatir el sexismo desde la infancia. Y la provincia debe sancionar su propia ley para impulsarla. Pero para hacerlo, el punto de partida es importante: el sexo existe y sobre la base de él el patriarcado impone la jerarquización genérica y la subordinación de la mitad de la humanidad. Flaco favor se nos hace, a las mujeres, cuando negamos ese punto de partida. Si queremos combatir la violencia contra las mujeres hay que discutir el machismo y la misoginia. Desnaturalizar roles, preparar las cabezas para una educación libertaria implica bregar por abolir el género y no por reforzarlo y/o multiplicarlo. Las docentes junto a nuestras alumnas debemos organizarnos para mostrar los límites de la discusión actual e impulsarla.
[i] https://www.jujuyalmomento.com/educacion/inicio-la-cuarentena-jujuy-alumnos-y-docentes-n104263
[ii] https://www.todojujuy.com/pais/jujuy-es-una-las-provincias-mayor-tasa-femicidios-2020-n136194
[iii] https://www.telam.com.ar/notas/202010/525930-con-el-impulso-de-las-mujeres-jujuy-vive-un-momento-historico-para-prevenir-mas-femicidios.html
[iv] https://www.pagina12.com.ar/152258-sin-educacion-sexual
