Hace unos días tuvo media sanción el proyecto de ley que, además de establecer un presupuesto de miseria para las universidades, habilita al ministro de Educación a distribuirlo para favorecer a los rectores adictos al gobierno.
El día martes 4 de agosto se votó en la Cámara de Diputados y obtuvo la media sanción el proyecto de ley según el cual supuestamente se amplía el presupuesto de este año.
Sin embargo, hay una serie de cuestiones que los estudiantes y docentes universitarios no podemos pasar por alto. Uno de los puntos que contempla dicho proyecto es, justamente, el referido a los recursos destinados al sistema universitario. Lo primero que debemos marcar es que el aumento del presupuesto es por la suma de $48.064 millones (1) sobre un presupuesto inicial de $195.565 millones. (2) Quiere decir que a pesar de que la inflación acumulada en el último año es del 42% y la proyectada para este superaría los 40 puntos, el aumento nominal del presupuesto será del 24%. Es decir, en vez de aumentar, en términos reales disminuye. Además se supone que estas migajas estarán destinadas únicamente al pago de salarios (cuya pérdida fue mayor a ese 24%), ignorando por completo las necesidades de mantenimiento de los establecimientos y todos los programas de becas, ya de por sí paupérrimos. En pocas palabras, es un ajuste que ataca al conjunto de la comunidad universitaria sin excepciones: docentes, trabajadores no docentes y estudiantes.
A esto hay que sumarle otro aspecto igualmente grave. En dicho proyecto se plantea que el aumento del presupuesto se hace de forma global, es decir, sin especificar cuanto iría a cada universidad. Es importante aclarar que cuando se votan los presupuestos, en la ley se detalla en una planilla la lista de universidades con los montos que le corresponderían a cada una para el año en cuestión. Si bien existen partidas que no están asignadas a universidades y que aparecen bajo la forma programas e incentivos estos tienen un peso marginal (menos del 1% en el presupuesto 2020 original). El asunto con este proyecto es que al no establecer cuanto va a cada una de las casas de estudios, abre la puerta al reparto discrecional de los recursos y a favorecer a las instituciones donde haya rectores adictos al gobierno. Habrá más de $48.000 millones que serán repartidos con criterios que la ley no aclara. En otras palabras, el ministro de Educación tendrá plenas facultades para repartirlos como se le plazca.
Por su parte, el FIT (Del Caño y Del Plá), si bien votó en contra del proyecto, se limitó a señalar que la propuesta es insuficiente y que esto tiene que ver con el pago de la deuda, el imperialismo, el FMI y la burguesía argentina “antinacional” y “fugadora”. En lugar de ver qué propone concretamente el proyecto y dar una respuesta a un problema concreto, Romina del Plá se puso a recitar el evangelio trostkista sobre la nacionalización de la banca y el comercio. Pero ni ella ni del Caño dijeron una palabra sobre cómo la ley habilita el uso discrecional de recursos. (3) Al igual que en la ley de teletrabajo la labor parlamentaria del FIT se muestra sumamente deficiente. Dejó pasar sin denunciar la maniobra kirchnerista.
No es una cuestión menor: por su diferente matrícula distintas universidades enfrentan la pandemia en diferentes circunstancias. Es conocida en particular la grave situación del CBC en la UBA. La enseñanza a distancia demanda más recursos y su asignación eficiente. Si dejamos pasar esto y la plata en vez de ir al CBC de la UBA y otras universidades que más lo precisen van a las que manejan los intententes K, la deserción estudiantil se va a profundizar y se van a empeorar las condiciones laborales docentes. El PO y el PTS abstraídos en sus discursos contra el FMI dejan que el kirchnerismo avance en la distribución punteril de los recursos universitarios y después pretenden resolver los problemas por la vía de recortar derechos a los estudiantes. El PO en vez de pedir que se restrinjan o se niegue directamente los finales a los estudiantes como viene haciendo, a través de la AGD, debiera hacer mejor su labor legislativa y denunciar esta medida que despoja a las Facultades con más estudiantes de los recursos necesarios.
Denunciamos estas maniobras propuestas por el kirchnerismo y apoyadas por todo el arco patronal. Rechazamos no solo las migajas que ofrece el gobierno, sino el uso punteril de los recursos que habilita la ley. Lo que los estudiantes y toda la comunidad universitaria necesitamos es un aumento presupuestario que no solo cubra la pérdida generada por la inflación (eso es solo volver a la miseria anterior) sino un verdadero aumento que recomponga los salarios docentes, que permita establecer sistemas de becas integrales y garantizar el equipamiento completo de dispositivos electrónicos para todos los estudiantes y docentes. No podemos permitir que la pandemia se convierta en una excusa para degradar aún nuestra educación.
Razón y Revolución Universidad
