Un nuevo acuerdo con acreedores de una deuda que no se puede pagar. Esta situación no es novedosa en la historia de la balanza de pagos del Estado argentino. Y cada una de estas crisis y nuevos acuerdos no apuntan a acordar para sanear las cuentas. Se busca renegociar para volver a endeudarse y tapar los agujeros de un país quebrado.
Damián Bil – OME CEICS
El pasado 4 de agosto, Alberto Fernández anunció que Argentina alcanzó un acuerdo con los principales tenedores de bonos de deuda bajo legislación extranjera (valuada en aproximadamente 68 mil millones de dólares) para reperfilar vencimientos de pagos que debieron ejecutarse dos meses atrás. Este hecho permitiría salir, por ahora, del default “selectivo” en el cual se encontraba la Argentina desde mayo, aunque algunos señalaran que la situación se remontaba al año pasado cuando la administración Cambiemos modificó unilateralmente la fecha de pagos de Letes en dólares a corto plazo y de otros títulos como el Lecap, el LeCer y el Lelink. Sea como fuere, todo el arco de la política y los analistas burgueses saludaron el principio de acuerdo, básicamente porque permitiría volver a los mercados de crédito internacional a seguir pidiendo (no solo el Estado central y las provincias, sino también el sector privado), plantear un mejor panorama para negociar los vencimientos próximos con el FMI (que suman casi 40 mil millones de dólares en desembolsos entre 2021 y 2023) y, lo más relevante, continuar con la cirugía mayor que impone la acumulación de capital en Argentina.[i] Es decir, avanzar con el ajuste de las cuentas públicas, lo que implicará una mayor degradación de las condiciones de vida de la población.
En este mismo sentido, no es la primera vez que la Argentina afronta una situación de este tipo. El default actual sería, según cómo se tomen algunos episodios puntuales de crisis de deuda, el sexto o el décimo que afronta el país. El primero ocurrió en 1827, tres años después del empréstito de la Baring Brothers gestionado por Rivadavia, utilizado en mayor parte para la guerra contra el Brasil. La segunda cesación de pagos se produjo con la crisis de 1890, lo que provocó la quiebra del Banco Constructor de La Plata y la imposibilidad de afrontar vencimientos de un crédito que se había tomado bajo el gobierno de Roca para realizar obras de infraestructura. En 1951, el gobierno de Perón debió suspender pagos por la escasez de divisas vinculada a la crisis de la agricultura pampeana agravada por una fuerte sequía. En 1956, el gobierno de facto evitó la cesación de pagos con la asistencia financiera de un grupo de acreedores, que se constituirían desde ese momento como “Club de París”. En 1982, en el proceso que se conoció como crisis de deuda de América Latina disparada por la situación en México, el país volvió a declarar el default. En 2001, Adolfo Rodríguez Saa sancionó el que sería el default más grande de la historia, por un monto que rozó los 100 mil millones de dólares (superado recién en 2010 por Grecia). Más reciente, recordamos el affaire con los fondos buitres o holdouts en 2014, cuando no se pagaron vencimientos de deuda en legislación extranjera por el fallo del juez Thomas Griesa; evento que se cerró en 2016 cuando Macri acordó una renegociación con estos mismos fondos. En agosto pasado, el gobierno reperfiló de forma unilateral el pago de distintas series de letras (títulos) del Estado, convirtiéndose en otro evento de default. Finalmente, la situación actual es considerada por analistas como un nuevo incidente, ya que se vincula a la imposibilidad de pago de vencimientos que debían ejecutarse en abril. En este punto, la Argentina forma parte de un selecto club de defolteadores seriales, aunque no lidera el ránking: España ha contado con catorce de estos episodios; Venezuela y Ecuador once; Brasil diez y Francia, Paraguay, Costa Rica, México, Perú y Chile nueve.[ii]
El acuerdo de marras
Como observamos, esta situación no es novedosa en la historia de la balanza de pagos del Estado argentino. Como explicaremos luego, en los últimos tiempos estas circunstancias no son momento de acordar para sanear las cuentas, sino que se busca renegociar para volver a endeudarse. Valga como ejemplo el proceso abierto en 2005. En ese entonces, el gobierno Kirchner saldó pagos con el FMI y se redujo el volumen nominal de deuda pública total a 120.000 millones de dólares. No obstante, y a contramano de todo el discurso sobre el “desendeudamiento” en la década K, Cristina se va del gobierno con una deuda pública de 254.000 millones. Si bien en 2005 se reduce el ratio de stock de deuda sobre PBI, este comienza a crecer desde la crisis de 2009, pasando de un 39% en 2011, al 53% en 2015 y a un 90% en 2018-19. El valor absoluto se ubica en torno a los 323.381 millones de dólares: de ellos, 41% en manos de agencias públicas, 36,5% en el sector privado y 22,4% en poder de organismos multi o bilaterales.[iii] Más allá de la brutal expansión del endeudamiento bajo el gobierno de Cambiemos, esta tendencia ascendente es la tónica general de la deuda del estado argentino desde hace cuarenta años.
En cuanto a la presente situación, se remonta a fines de abril, cuando venció el pago de 500 millones de dólares a tenedores de bonos bajo legislación extranjera. Luego de pasado un mes sin abonar, se cayó en default. El ministro Guzmán entró en negociaciones con los tres principales grupos que nuclean a los acreedores: Grupo Ad-Hoc, donde se encuentran BlackRock y Ashmore; Grupo Exchange (donde el más destacado es el fondo Monarch) y el Comité de Acreedores de la Argentina. De fondo, lo que se buscaba era refinanciar 68 mil millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera, en el contexto de vencimientos de pagos para los próximos dos años que superaban los 100 mil millones de dólares (según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas), algo que como indicó el propio FMI era insostenible para la capacidad de pago de la economía argentina. En este sentido, el gobierno fue a negociar con una posición que se planteaba intransigente en el discurso, pero de la que rápidamente fue retrocediendo. De reconocer en un comienzo 40 dólares al valor actual por cada 100 nominales de los bonos, terminó cerrando en 55, apenas por debajo de lo que pretendían los acreedores. Comenzó exigiendo un recorte del 62% en los intereses, 5,4% en el capital y la ampliación del período de gracia en tres años, para empezar a pagar en 2024; y debió contentarse con una reducción de intereses por la mejora en las tasas, pero sin quita sustantiva de capital. Se logró reducir los pagos que debían desembolsarse entre 2020 y 2024, con un ahorro de intereses que se calcula en 35.000 millones de dólares; pero ello para amontonarlos en el lapso que va de 2028 a 2035.[iv] O sea, se pateó la pelota hacia adelante, como se hace cada vez que se renegocia la deuda. Asimismo, el gobierno cedió en ciertas cláusulas legales, como el aceptar la prohibición de reasignar partidas de bonos para lograr una adhesión más alta ante futuras propuestas del deudor y activar canjes secuenciales automáticos (estrategia “Pac Man”). Otro elemento en la renegociación de los bonos fue la reducción de la tasa de interés, que pasa de un 7% a 3,07%, más cercanas a las que tienen otros países de la región. Cabe señalar que esto se produce en un contexto de expansión de la liquidez mundial, con una caída del valor del dólar por la emisión en los EE.UU.; y tasas en general a la baja: el promedio para los países emergentes pasó del 8 al 4,75%. En la región, Brasil recientemente emitió bonos a 3,87 y 2,87%.[v] Es decir, se presenta una situación favorable para acceder a crédito internacional, lo que gobierno y empresarios precisan como agua en el desierto.
Lo que destacan los analistas es que este acuerdo permitirá además negociar con mayor tranquilidad una ampliación de los plazos de pago con el FMI, y con los bonistas bajo jurisdicción local. Para estos, que suman una acreencia de 42.000 millones de dólares, ya hay un proyecto de ley en el Parlamento, que el ministro Guzmán pretende atar a un nuevo proyecto de reforma tributaria y a la ley de Presupuesto 2021 (por eso se dio marcha atrás con el anuncio de la rebaja de IVA a la leche). Cabe señalar que la propuesta del gobierno plantea dolarizar tenencias en moneda local hasta el equivalente a 1.500 millones de dólares por acreedor.[vi] O sea, un aumento en el peso real de la deuda. Desde ya, estos acuerdos deberán ser respaldados por la apariencia de solvencia de la Argentina. En otras palabras: más ajuste para las masas trabajadoras, que son las que terminan pagando esta espiral.
Los problemas de fondo
Los festejos se deben entonces a una posible reapertura del mercado internacional de crédito para la Argentina, al evadir la posibilidad de litigios en el exterior (como ocurrió en la coyuntura de 2014) y extender el plazo de repago de los nuevos títulos. Como se ha destacado, esto da aire al gobierno para dar lugar a la “recuperación” mediante el reacomodo de la situación interna. O sea, un eufemismo para referirse a la necesidad de un mayor ajuste. Es lo que la situación económica exige, y lo que los Fernández dijeron en campaña que iban a hacer (cuando señalaban las reestructuraciones a la ucraniana o a la uruguaya), y que comenzó con el desfalco a los jubilados y el congelamiento general de salarios. Alberto y Cristina tienen la excusa perfecta con la pandemia, pero lo cierto es que la recesión se arrastra desde hace varios años. Uno de los problemas es la caída de las reservas, que en abril de 2019 estaban en 77.500 millones de dólares y hoy se redujeron casi la mitad, a 43.400 millones. Desde marzo se perdieron en términos netos 500 millones de dólares y su precio en plaza continuó en aumento, aun con un saldo comercial favorable durante el primer semestre del año de 8.100 millones de dólares, producto de la fuerte caída de importaciones,[vii] del cepo y de una menor demanda de divisas por la caída del turismo emisor. A su vez, se expandió de manera drástica la base monetaria: a comienzos de este agosto, era 73% mayor a la de agosto de 2019. Solo desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha, se agregaron a la base 490 mil millones de pesos, a razón de 5.200 millones por día. El stock de Leliqs y de otras letras del BCRA volvió a aumentar, vinculado a la mayor presión sobre el dólar y el consecuente reforzamiento de los instrumentos de control cambiario. Por otro lado, el déficit fiscal alcanzó en el primer semestre un 3,1% del PBI (mientras que el resultado financiero también fue negativo a un nivel del 4,2% del PBI). La actividad industrial y económica en general para mayo-junio, si bien mejoró en relación a abril por las medidas de flexibilización de la cuarentena, aún está 7 puntos por debajo del mismo mes de 2019 (INDEC, Índice de Producción Industrial Manufacturero).
Estos pocos datos dan cuenta de que la Argentina está quebrada, situación en la que se encuentra desde hace varias décadas. Aquí es donde se entiende el rol de la deuda en la economía argentina, no en términos coyunturales sino a nivel de su estructura.
Una burguesía planera y saqueadora
El nacionalismo, y casi toda la izquierda que adscribe consciente o inconscientemente a estas posiciones, señalan a la deuda como el mecanismo por el cual la Argentina es saqueada de sus riquezas y se bloquea su desarrollo. Por este razonamiento, se echa la culpa de las debacles económicas a malvados agentes externos, y se hace alianza tácita o explícita con los capitalistas locales, consagrados como víctimas. Este planteo desconoce que la deuda, el capital a interés o crédito, es un mecanismo común en la acumulación capitalista. A una empresa competitiva, por ejemplo, le es útil como herramienta para expandir con velocidad la escala de acumulación (para comprar más insumos, para contratar más obreros, para construir plantas), absorber ganancia (plusvalor) mediante la venta de sus productos, devolver el crédito y reproducirse de manera ampliada. A un país con capacidad económica en ascenso, la deuda le sirve como flujo para afrontar gastos de infraestructura necesarios para el incremento de la acumulación de capital interna. Esa es la historia de los préstamos que tomó la Argentina hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX. Ahora bien: una empresa o un país en severas dificultades también puede tomar deuda, pero su función por lo general no es la de relanzar el ciclo de negocios sino la de retrasar su agonía, usando fondos prestados para afrontar gastos corrientes que no se cubren con su operatoria “normal”. Eso gesta en cierto plazo una carga financiera que obliga a restructuras constantes (“racionalización”) o a fundirse (default, convocatoria de acreedores, etc.). Pero esto último no es producto de la malicia de los prestamistas, sino que es consecuencia de que el deudor de nuestro ejemplo es un inútil inviable.
En este sentido cabe señalar, desde la década del ’70, se recibe más de lo que se paga. Cuando se realiza un acuerdo como el que analizamos, es para restablecer el ciclo de endeudamiento y no para abandonar el mecanismo. En realidad, la deuda (la interna pero sobre todo la externa) funciona como uno de los mecanismos de compensación del atraso productivo argentino, que le permite a su economía esconder debajo de la alfombra los déficits producto de su escasa competitividad internacional. Por un tiempo, hasta que la deuda se hace insostenible o hasta que las tendencias profundas estallan. Como señalamos en otras oportunidades, el capitalismo argentino es chico y tardío. Chico en términos de tamaño de acumulación: un mercado pequeño, escalas reducidas, mayores costos, menor productividad del trabajo. Tardío porque ingresa al mercado mundial cuando la mayor parte de las ramas están ocupadas por competidores con escalas gigantescas. En un primer momento, la Argentina contó con un elemento de compensación del atraso en su productividad del trabajo que fue la renta diferencial agraria. Mientras la estructura no agraria a sostener era pequeña, la economía argentina creció a gran velocidad. Pero una vez que el sector no agrario se incrementó, sin generar recursos para sostenerse por sí mismo, se intensificó la disputa por la distribución de esos ingresos, presionando cada vez más sobre las distintas formas de subsidios y transferencias. Esto ocurre hacia las décadas de 1940-1950, cuando este mecanismo se agota y surgen con fuerza otros elementos, como la devaluación monetaria y la inflación para abaratar el trabajo local, con el consiguiente empobrecimiento de la población. A su vez tomó impulso la deuda, como promesa de producción futura de plusvalía. Con este instrumento, los distintos gobiernos financiaron la acumulación de capital pateando hacia adelante las contradicciones de la economía. Bajo el kirchnerismo, el ciclo de alza fenomenal de los precios de los commodities reactivó el mecanismo que había primado durante las primeras décadas del siglo XX (la renta agraria). Con el agotamiento del ciclo alcista de precios, ya para 2012-13, reaparece la preocupación del gobierno por el financiamiento externo, bloqueado en parte por el affaire con los holdouts. En ese sentido, el gobierno de Cambiemos expresa un movimiento reiterado en la Argentina, que es el pasaje de un período basado en los precios agropecuarios como impulsor de la economía a otro donde el instrumento fundamental pasa a ser el endeudamiento externo.
Evidentemente, ninguno de estos mecanismos evitó que el país sufriera severas y recurrentes crisis. Es decir, la deuda forma parte del funcionamiento normal de la economía argentina. Así y todo, como el mismo capitalismo argentino, es inútil. Solo sirve para esconder una realidad que se evidencia cada 7 – 10 años, que es la realidad de un país quebrado. Por eso, lo que está hoy sobre la mesa es el quiebre de la Argentina, en términos históricos. La deuda es el síntoma (y no la causa como señalan los nacionalistas y la izquierda, que aquí son lo mismo) del parasitismo de la burguesía argentina, la cual carece en absoluto de una estructura productiva más allá del negocio agrario (o agroindustrial) que pueda sostener algún tipo de inversión productiva. De esta forma, la deuda se escurre en sostener toda una estructura de empresas deficitarias e ineficientes, que usan los subsidios del Estado como excusa para sostener su kiosco de acumulación, mediante la venta exclusiva en el mercado interno de productos berretas y caros. Por añadidura, con una elevada carga de insumos importados. Y esto se hace extensivo a las empresas extranjeras que operan en el país. Por caso, mientras que una planta de Toyota en Japón tiene una productividad de 100 vehículos por obrero promedio al año, en Argentina la misma firma (de las más reputadas de la automotriz local) apenas alcanza a 22 unidades. Esa misma planta en Japón produce al año más que todas las terminales localizadas en la Argentina. A nivel del producto interno bruto por ocupado (una medida aproximada de la productividad), la Argentina representa solo un 40% en relación a los EE.UU., un 49% de Alemania o un 65% de Corea del Sur.
Para salir de esta espiral decadente de endeudamiento – crisis – ajuste y degradación de las condiciones de vida, es necesario sacarse de encima al sujeto que maneja las riendas del país y que recurre a estas herramientas para esconder su agotamiento histórico. La burguesía nos ha traído hasta aquí y ahora se está devorando lo que queda de la Argentina, condenando a la población a la miseria. Es tiempo de dejar de echarle la culpa al extranjero y atender los problemas que tenemos enfrente: es necesario remover esta traba social, y que la clase obrera, mediante la toma y reconstrucción del Estado, concentre los medios productivos y los disponga en función de una planificación racional de la producción, abandonando la estructura que conduce a la descomposición de la Argentina.
[i]Minutouno, 4/8/2020, https://tinyurl.com/y5wz4xba; y La Nación, 4/8/2020, https://tinyurl.com/yxrmb3qn.
[ii]Ámbito, 4/8/2020, https://tinyurl.com/yyu7n9dt.
[iii]Secretaría de Finanzas: Presentación gráfica de la Deuda Pública al I Trimestre de 2020, https://tinyurl.com/y49yeh8r.
[iv]Cronista, 8/8/2020, https://tinyurl.com/yyrf7xuw.
[v]Cronista, 3/8/2020, https://tinyurl.com/yxzokqz6
[vi]La Nación, 4/8/2020, https://tinyurl.com/y68pncrb
[vii]INDEC: Intercambio comercial argentino, 4 (11), junio de 2020.
