En estos días, a partir de una denuncia realizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, se dio a conocer el espionaje llevado a cabo por el macrismo, sobre figuras académicas, del periodismo, dirigentes de izquierda y del sindicalismo combativo.
En concreto, se trata de la elaboración de fichas con datos personales, vínculos personales y orientaciones políticas de unos 400 periodistas que cubrieron la Cumbre del G20 y la reunión de la Organización Mundial del Comercio en 2018. A ello se suman 60 militantes y activistas, que participaron de una reunión organizada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Hotel Bauen, para coordinar acciones ante la llegada de aquellos organismos. E incluso miembros del sindicalismo combativo, como el realizado sobre Laura Espeche, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE). Esta denuncia va en la misma línea de una anterior, también realizada por Caamaño, hace quince días. En ella se aportaron datos sobre espionaje realizado sobre dirigentes del kirchnerismo y del propio macrismo.
El kirchnerismo posa de víctima e intenta borrar con el codo lo que hizo como gobierno. Recordemos que en 2006 se puso a punto el Proyecto X, una unidad especial de Gendarmería Nacional dedicada a infiltrar las movilizaciones y asambleas, para identificar activistas. Según Nilda Garré, que en aquel entonces era Ministra de Seguridad, el sistema fue utilizado en 285 causas judiciales desde el año 2006 hasta principios de 2012. Además, Cristina preparó toda una estructura de inteligencia paralela, a cuya cabeza estuvo Milani, un probado represor, torturador y desaparecedor de militantes en los ’70, que Cristina nombró luego como Jefe del Ejército. Era un excelente cuadro para la tarea, dado que se había desempeñado desde 1975 en inteligencia. Cuando Cristina lo colocó a la cabeza de las Fuerzas Armadas, Milani se encargó de promover a posiciones de dirección a otros militares del Área de Inteligencia, algo poco usual en la tradición del Ejército argentino. La guerra entre servicios que salió a la luz entre 2014 y 2015 que llevó a la disolución de la SIDE y la creación de la AFI, no hizo más que cambiar los nombres de un aparato estatal que tiene entre sus objetivos el espionaje de las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera. Lo usó Cristina, lo usó Macri y lo usa Alberto.
Es imperioso condenar el hecho desde una perspectiva de clase. No podemos defender a ningún personal político burgués del espionaje de otro personero de la misma clase. Lo que repudiamos es el espionaje contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas. El espionaje y la represión contra la clase obrera, son políticas de Estado.
