POR AHORA SIN ALTERNATIVAS

Por Eduardo Lucita

                Casi exactamente un año después de que la sociedad argen­tina fuera conmovida por la insurrección popular de Santiago del Estero, el país volvió a ser sacudido, esta vez por la crisis financiera que, con epicentro en México, se derramar por toda América Latina, y que dejó al desnudo las inconsis­tencias y la vulnerabilidad del llamado «Plan de Convertibili­dad». De esta manera se agregaron componentes al escenario político haciéndolo más complejo e impredecible.

El «efecto tequila»

            La crisis financiera desatada en México a partir del 20 de diciembre cayó sobre el conjunto de los países de América Latina, no obstante ha golpeado con distinta intensidad según el modelo, que en el marco de la matriz neoliberal cada país haya seguido. Así es posible verificar un impacto diferente en países como Chile cuyo modelo se basa en la acumulación de capitales por la vía del ahorro interno y el fuerte impulso a las exportaciones, y en países como Argentina, México y Vene­zuela cuyos modelos se sostienen sobre la base de un fuerte consumo interno, una balanza comercial deficitaria y el ingre­so masivo de capital financiero internacional.

            El llamado «efecto tequila» en Argentina dejó al descu­bierto la debilidad del Plan de Convertibilidad llevado ade­lante por el ministro Cavallo y su equipo, y avalado por las distintas fracciones del capital. Por un lado volvió a poner en la mesa de discusiones la envergadura del déficit del sector externo, que en 1994 batió el record de déficit en la balanza comercial con más de 6.000 millones de dólares, el mayor de la serie histórica, y por otro corrió el velo sobre el sistema bancario nacional poniendo en evidencia la existen­cia de una treintena de institu­ciones bancarias en rojo, y obligó al Gobierno a recurrir a una red de seguridad, por la cual en situaciones de emergencia los bancos se sostienen unos a otros. Pero esta solución tiene un costo fiscal adicional, ya que es el Estado el que debe aportar los fondos para las operaciones de salvataje, en un momento donde el déficit fiscal aparece desbordado, y resulta uno de los principales problemas a afrontar.

            Es aquí donde el nihilismo de mercado, propio de todos estos modelos choca con la cruda realidad. La posibilidad del Estado de no interferir en el libre juego de las leyes del mercado y dejar que quiebren los bancos en dificultades es una verdadera imposibilidad política. En 1982 una crisis de este tipo se resolvió haciéndosela pagar al conjunto de la socie­dad[1] por vía de una estatización de la deuda externa privada y una macrodeva­luación después, pero esto hoy sería una medida desesperada y suicida para el plan económico y para el gobier­no, lanzado de lleno a la campaña electoral por la reelección presidencial.

            El primer impacto de la crisis financiera ha sido un incremento de las tasas de interés y un reflujo de los capita­les del exterior. La tremenda vulnerabilidad del modelo frente a los movimientos de capitales lleva inevitablemente a hacer «más de lo mismo». Esto es frente a la imposibilidad de modi­ficar la paridad cambiaria, profundizar el ajuste, recuperar la «discipli­na» fiscal, desbordada por los imperativos políti­cos, acentuar el carácter regresivo de la política tributaria, profundizar el ajuste en los niveles locales (provinciales), disminuir el nivel de importaciones, privatizar lo que aún permanece en poder del Estado, y reducir costos, particular­mente de mano de obra, para favorecer la competitividad inter­nacional de la producción nacional.

            En los dos primeros meses del desenvolvimiento de la crisis la política exterior del tamdem Ménem-Cavallo, en cuanto foro internacional le ha sido posible participar, ha buscado demostrar las diferencias con México, el país hasta hace poco era conside­rado el líder de las reformas económicas en el subcontinente.

            Trataban así de alejar la posibilidad de una crisis de confianza que desembocara en una corrida cambiaria y en la iliquidez de todo el sistema, que culminara finalmente en una fuerte pérdida de reservas internacionales y la inevitable devaluación.

            Sin embargo, la persistencia de la crisis internacional, su falta de resolución aún a pesar del llamado «efecto Clin­ton», está dejando al descubierto que México ha sido el cata­lizador de la crisis pero no su causante, y que por el contra­rio ha sido la crisis internacional y el pronunciado reflujo de capitales, motorizado por el alza de las tasas de interés de largo y corto plazo en los E.E.U.U., la responsable del derrumbe mexicano, relativiza el efecto de las medidas.

            El gobierno argentino ya está previendo una contracción del consumo interno y falta de financiamiento externo, y tasas de crecimiento del PBI sensiblemente inferiores a las pronos­ticadas pocos días atrás. La situación no deja de ser parado­jal: cuando la economía durante más de tres años crecía a tasas importantes la única garantía de continuidad del buen rumbo elegido era el ajuste, ahora que las debilidad han quedado al descubierto la única solución para remontar el mal momento vuelve a ser… el ajuste.

            En rigor, se trata de que el Plan de Convertibilidad ya da serias señales de agotamiento y de haber entrado en una etapa de descomposición en un contexto mundial donde la burbu­ja financiera creada artificialmente dos décadas atrás da muestras de desin­flarse, y el nuevo escenario deja poco margen de maniobra al programa económico, precisamente en momentos en que mayores son los requerimientos políticos.

            Hay sí, una fuerte diferencia con México. El país azteca ingresa en esta fase de la crisis con los principales activos públicos bajo control estatal, es decir tiene una fuerte base de negociación y de concesiones para realizar. Argentina ya privatizó sus principales activos (las llamadas «joyas de la abuela») sólo le quedan activos menores (la llamada «bijoute­rie»), con una sola excepción, el Banco de la Nación (pero en este caso ya estaríamos hablando de vender a la abuela misma).

El escenario preelectoral

            El resultado de las elecciones para elegir representantes a la Asamblea Nacional Constituyente en abril 1994 abrió un nuevo escenario político en el país[2]. El bipartidismo Partido Justi­cia­lista (PJ)-Unión Cívica Radical (UCR) hegemónico en la última década pareció quebrarse, por centroizquierda, Frente Grande (FG) y por derecha, Mov. por la Dignidad Nacional (MODIN), habían aparecido alternativas que, al menos en el discurso, cuestionaban la representatividad política existente por esos días.

            Los cómputos electorales confirmaban estas caracteriza­cio­nes. Los votos obtenidos por los dos grandes partidos del sistema alcanzaban apenas al 42% del padrón electoral al mismo tiempo que se verificaba la continuidad de la tendencia decre­ciente a la participación electoral, a la que había que adi­cionarle los votos en blanco y nulos. Es cierto que en aquella elección no estaba en debate el plan económico ni tampoco cargos de gobierno pero no es menos cierto la existencia de un malestar generalizado, de la falta de perspectiva de futuro, y de que aquellos resultados expresaban en la superestructura política los fenómeno de lucha, confrontación y resistencia que abierta o subterráneamente se desarrollan en el país.

            Se habría así un nuevo curso político. No se trataba de un cambio en la relación de fuerzas sociales[3], el capital mantenía y mantiene aún su ofensiva sobre los trabajadores y las luchas sociales, en una tendencia por momentos ascendente, se mantenían y se mantienen aún, no obstante esfuerzos puntua­les, sin lograr extenderse y generalizarse. Pero sí evidencia­ban un cambio de actitud.

            Y ese cambio se confirmó en los hechos posteriores. Tanto en el crecimiento numérico y en influencia política del FG, como en el incremento de la conflictividad social, por las luchas de los trabajadores provinciales como por las de dis­tintos destaca­mentos del proletariado industrial, que daba indicios de querer ponerse en movimiento[4].

            Una triple combinación: profundización del ajuste en el nivel provincial; desagregación de la superestructura políti­ca, crecimiento de las luchas obreras, culminó en lo que se conoció como la Marcha Federal (3 al 6 de julio de 1994) en la que columnas obreras y populares convergieron desde distintos puntos geográficos, hacia el centro político del país, la Plaza de Mayor, escenario histórico de numerosas luchas y conflictos sociales.

            Desde las jornadas de 1989, cuando la Plaza del NO[5], resultó ésta la primera vez en que los trabajadores tomaban la iniciativa de acaudillar y aglutinar el descontento frente a las consecuen­cias del ajuste estructural y la ofensiva del gran capital y el Estado, tendiendo un puente hacia otros sectores sociales perjudicados por la política en curso. Expresión de este fue la heterogeneidad de los convocantes, y la homogeneidad de los asistentes en cuanto a aunar esfuerzos para poner fina al modelo económico y social en curso.

            La Marcha Federal fue también una instancia organizativa de nuevo tipo. Un formidable instrumento de coordinación y centrali­zación de las luchas, lo que tantas veces reclamara la izquierda, que se forjaba ahora en el movimiento social con­creto. Que además puso en evidencia la existencia a lo largo y a lo ancho del país de miles de activistas desperdigados que la convocatoria logró vertebrar en torno a un objetivo gene­ral. La continuidad lógica fue el llamado al paro nacional que fue anunciado en la misma concentración por los dirigentes obreros convocantes[6].

            El paro finalmente se concretó el 2 de agosto con un acatamiento parcial, mayor incidencia en el interior del país y en los gremios estatales y de servicios, y escasa repercu­sión en el Gran Buenos Aires, núcleo del proletariado fabril. Sin embargo, más allá de sus alcances este paro instaló una discusión al interior de las organizaciones, sobre todo de los grandes sindicatos que apoyan el modelo pero que cada día encuentran mayores contradicciones con sus bases. Era la primera vez en muchos años que un paro nacional resultaba convocado por estructuras sindicales al margen de las direc­ciones tradiciona­les. Si la Marcha Federal abría una perspec­tiva política diferente, el paro era una oportunidad para instalar una dinámica de confrontación con el modelo económico y social impuesto por las clases dominantes.

            Sin embargo, ni una ni otro tuvieron continuidad. Las fracciones medianas y pequeñas del capital agrario e indus­trial (FAA-PYMES), y las fracciones políticas progresistas de la burguesía (FG, franjas de la UCR) que integraron la Marcha no apoyaron el paro. Este no resultó otra cosa que un gesto testimonial, sus efectos se fueron diluyendo a la par que las luchas volvieron a perder centralidad. No se trata de que las confrontaciones sociales hayan desaparecido del escenario. Por el contrario periódicamente hay oleadas y picos de lucha, que ascienden velozmente y luego descienden tan rápido como subie­ron, pero el movimiento social no forja la herramienta organi­zativa adecuada, que en el marco de la actual relación de fuerzas, le de continuidad y trascendencia a las luchas.

            Esta desactivación momentánea del movimiento social favoreció que el centro de atención política, aunque no el interés de la sociedad, se desplazara hacia la Asamblea Cons­titu­yente. Que finalmente y como no podía ser de otra manera concluyó con la aprobación de casi la totalidad de los acuer­dos contenidos en el llamado «Pacto de los Jefes», el acuerdo de cúpulas, la designación de un ministro coordinador y la fórmula del «ballota­ge» para dirimir la alternancia en actos electorales. Pero también se sancionó la necesidad del poder real, del gran capital, de adecuar el cuerpo jurídico de la Nación a la nueva realidad del capitalismo local e internacio­nal.

            Las deliberaciones y votaciones en la Asamblea Constitu­yente y los acontecimientos posteriores mostraron el alto costo político a pagar por la UCR y el FG. En el primer caso se precipitó una crisis interna, que se agudizó en la selec­ción de los candidatos electorales y que aún no se ha resuel­to, culminan­do en un desdibujamiento total de la primera minoría parlamenta­ria que no alcanza a diferenciarse del oficialismo. En el segundo fue el inicio de un sorprendente (por lo temprano) giro a derecha, que quedó en evidencia cuando sus diputados convenciona­les no optaron por abandonar la Asamblea, presa de los manejos burocráticos acordados en el Pacto, la apertura del diálogo con los grandes capitales buscando acuerdos para un posible programa de gobierno, el arrepentimiento público de su principal dirigente por no haber votado en el Congreso Nacional la Ley de Convertibi­lidad y haber apoyado tardíamente el plan de estabilidad, y finalmente el acuerdo con un sector desprendido del oficialismo (PAIS) cuyas diferencias nunca son lo suficientemente claras. Esto fue acompañado por maniobras burocráticas internas que culmi­naron en la expulsión de los sectores más contestatarios del Frente, el alicaido PC, sectores del peronismo de izquierda, y finalmente el cierre de toda posibilidad de participación interna al cineasta Solanas, fundador del Frente, que expresa política las ideas del nacionalismo peronista histórico.

            Este giro a derecha, en el discurso y en las prácticas, ha provocado una fuerte desmoralización entre la militancia, particularmente en el distrito federal, y el retiro de numero­sos contingentes que han visto en esta fuerza política emer­gente el mismo estilo, las mismas prácticas de los partidos tradicionales, quedando sin perspectiva política inmediata.

            Esta situación alcanza también a la fracción de la dere­cha autoritaria, el MODIN, que ha pagado con numerosas esci­siones su política de acercamiento al oficialismo, particular­mente en la Prov. de Bs. As.

            La contrapartida de esta desagregación de la oposición burguesa y pequeño burguesa democrático-parlamentaria es la renovada vigencia electoral del peronismo en el Gobierno, aun en el marco de profundas disputas, que a pesar del malhumor general, de los altos niveles de desocupación; de la falta de perspectivas veía reforzadas sus posibilidades electorales. Se crea así un vacío político que, frente a la pérdida de entidad del sistema de partidos, lesiona el libre juego de la democra­cia parlamenta­ria al mismo tiempo que refuerza las tendencias al hegemonismo autoritario del menemismo.

Crisis de la dominación democrática y recreación del consenso

            Sin embargo, no se trata sólo de indiferenciación políti­ca, de la ausencia de propuestas que confronten con el Plan de Converti­bilidad den curso o de la falta de alternativas. Hay un proceso mucho más profundo que recorre a todas las institu­ciones del sistema a través de los cuales se ejerce la domina­ción democráti­ca y que se expresa en la crisis de representa­tividad y en la ausencia de credibilidad en la dirigencia, sea esta partidaria, sindical, clerical o militar.

            En el plano político esto se ha manifestado claramente en los índices crecientes de abstención y votos blancos y nulos -y su contrapartida el decrecimiento de los índices de partici­pación electoral-, así como en las dificultades para canalizar hacia el sistema de partidos las tensiones sociales. En el plano social se evidencia en los grandes conflictos obreros y populares que se desarrollan por lo general al margen de las estructuras sindicales tradicionales (huelgas ferroviarias, docentes, metalúrgicas, etc.) o en contra de las instituciones del sistema (Santiagazo).

            No obstante esto no puede ocultar que en el plano estric­ta­mente electoral la política económica en curso ha tenido hasta ahora una adhesión que ha ido mucho más allá de lo previsible. Ha superado holgadamente a los anteriores planes de estabiliza­ción y ha determinado el comportamiento social y político de las clases. Tanto de las dominantes como de las subalternas. Recreando una y otra vez las formas del consenso social, aunque éste resultara débil y oscilante.

            En este marco la abrupta irrupción del «efecto tequila» operó como un rayo paralizante. Las distintas expresiones políticas de la burguesía y pequeña burguesía democrático-parlamentaria cerraron filas en torno al gobierno en defensa del sistema y el orden establecido. En tanto que las represen­taciones sociales del capital renovaron su apoyo al Plan de Convertibili­dad y sólo exigieron su profundización (disciplina fiscal, flexibilización laboral, reducción del costo laboral, etc.).

            Las clases subalternas no encontraron mejor opción para defender sus penosas condiciones de existencia que recrear su adhesión a la estatalidad. Pero hay diferencias. Para los excluidos de la producción y del consumo, los pobres de toda pobreza, que mantienen sus precarias condiciones de existencia en base al asistencialismo, a la distribución de dádivas oficiales, al clientelismo político, la economía real no los afecta demasiado, su circuito económico «pasa por otro lado», y peso sobre ellos además de la ideología de la resignación que tan bien maneja la cultura mass-mediática del populismo conservador posmoderno.

            Para los trabajadores asalariados, para los cuentapropis­tas, para las capas medias y altas que disponen de distintos niveles de ingresos, la política de incentivar el consumo y facilitar el acceso al crédito como sostén del mismo ha sido determinante para su comportamiento político.

            Es que la aceleración de los ritmos de la internacionali­za­ción del capital y la globalización de los años ’90, no sólo ha difundido a escala mundial nuevos procesos productivos, innova­ciones tecnológicas y nuevas formas de organización del trabajo, sino que también difundieron modelos ideológicos, patrones culturales y de actuación: la exaltación del mercado, el individualismo y el consumismo, que en conjunto han induci­do cambios subjetivos al interior de los sujetos sociales colecti­vos.

            No se trata ya del temor a la hiperinflación (el llamado chantaje inflacionario de la primera etapa de la administra­ción menemista), ni tampoco del temor al militarismo (el chantaje golpista de la administración alfonsinista). Lo que está en juego ahora es la interrupción de la cadena de pagos y la posibilidad de la morosidad colectiva. Todas las franjas de la sociedad con acceso al mercado (desde los de altos ingresos que se endeudaron para comprar un piso de lujo o un auto importado; hasta aquellos que compraron una camisa de trabajo o un electrodoméstico en 6 ó 12 cuotas mensuales), los peque­ños y medianos comerciantes y productos, los banqueros…, claman al unísono: no corten el crédito, no devalúen[7].

            Esto está en la base de la actitud y la indiferenciación de las principales fuerzas políticas del país en la coyuntura. El Gobierno y el PJ, la primera minoría electoral, se dieron como estrategia sembrar el temor por la pérdida de la estabi­lidad y el riesgo de devaluación cambiaria , colocándose  como los únicos que pueden controlar la situación. La segunda y la tercera minoría, UCR y FG, proclamaron a los cuatro vientos su adhesión a la política de la convertibilidad y sólo recurren a la necesidad de propuestas «imaginativas», sin que nunca quede en claro cuan imaginativas son para sacar al país de la crisis en la que se encuentra.

            Esto fue claramente reflejado por el Embajador de E.E.U­.U. al afirmar que en las próximas elecciones «… hay dife­rencias entre los candidatos… pero el 14 de mayor el argen­tino no va elegir entre planes distintos, va a elegir entre implementadores» (Clarín 12.2.95).

            Sólo desde los extremos del arco político nacional, la derecha autoritaria y la izquierda nacionalista y socialista, se ha impugnado el modelo, y cuestionado al régimen de los primeros y al sistema de los segundos.

            Sin embargo, estas fuerzas tampoco escapan a la crisis que atraviesa al conjunto de partidos, particularmente las que se reclaman del marxismo revolucionario, sometidas a un proce­so de cariocinesis política que pareciera no tener solución de continuidad.

            El consumo y su financiamiento, el crédito personal, medidas de valor en una sociedad que ha perdido buena parte de su escala de valores, han jugado en este período un papel determinante en la rearticulación del consenso social a la política en curso.

            Algunas investigaciones sociológicas en curso reflexionan sobre el uso de la amenaza para gobernar. Encuentran allí que es una suerte de llamado de la conciencia colectiva frente al temor por la pérdida del orden, lo que «… produce una fuerte concentración del poder alentada por esta delegación que hace la sociedad…» Quien está en el poder comienza a ser juzgado, ya no por su legitimidad de origen y tampoco por la legitimi­dad de los procedimientos que emplea, sino por la eficacia con que devuelve a la comunidad teme perder»[8].

            Sin embargo, los economistas del sistema que en un primer momento se llamaron a silencio, ya no discuten más cómo se sale de la crisis, sin que nadie se atreva a estimar a cuánto treparán los índices de desocupación. Y, a medida que se suceden medidas y «paquetes» de medidas cada vez más duras, que se pone en evidencia que el «efecto tequila» es sólo un recurso discursi­vo para ocultar la profundidad de la crisis capitalista en la Argentina y el agotamiento del Plan de Convertibilidad, la adhesión social y el consenso comienzan a flaquear. Expresión de ésto son las recientes elecciones internas abiertas para ordenar la fórmula presidencial del FREPASO (Frente País Solidario) alianza del FG y el PAIS que convocó a más de medio millón de personas[9] y que instala al Frente como segunda fuerza política en el país con posibilida­des de disputar una segunda vuelta electoral.

            Con el adicional de que estas internas dieron como triun­fa­dor al Senador Bordón, un socialcristiano de extracción peronista con buenas relaciones con el PJ, con sectores empre­sariales y con los EE.UU.; en detrimento del Diputado Alvarez, también de extracción peronista, fundador del Frente, seguro ganador hasta 24 hs. antes y con un perfil político mucho más progresista. El giro a derecha, iniciado por el perdedor es así completado por el triunfador. El centroizquierda se en­cuentra ahora en el centro, orillando a la derecha.

            Es casi segura una nueva política de alianzas del Frente, más abierta hacia derecha, a sectores del radicalismo y del peronismo y de partidos provinciales que comienzan a disgre­garse del bloque dominante. A menos de tres meses de las elecciones presidenciales un escenario de fracturas y recompo­siciones que puede alcanzar también al empresariado y a la vieja guardia sindical y la disputa entre diferentes fraccio­nes del capital ha hecho irrupción en el escenario político nacional, haciéndolo al momento de escribir estas notas, impredecible.

            Los trabajadores, las clases subalternas, los demócratas auténticamente progresistas, los socialistas, no tienen alter­na­tiva para las próximas elecciones. En la izquierda un con­junto de iniciativas están en danza, desde la Conferencia Nacional de la Izquierda, convocada por el Partido Obrero, y la lucha denodada del Movimiento Socialista de los Trabajado­res (MST) por armar un frente en torno a una candidatura obrera, primero y con sectores del nacionalismo peronista desprendidos del FG, después, hasta una gama de situaciones intermedias sin que ninguna logre cristalizar y menos aún alcanzar un mínimo de densidad social.

            Mientras tanto, al compás de la crisis, numerosos con­flictos sociales se desarrollan por el país, impulsados nueva­mente por la crisis de las economías regionales, por la rece­sión que se aproxima, y por el casi seguro crecimiento cero para 1995 y el convencimiento de que se ha acabado el ciclo expansivo de la economía argentina. Se ha comenzado a hablar de una nueva Marcha Federal. La recomposición del movimiento social que pareciera no encontrar cauce por vía de la partici­pación electoral, tal vez lo encuentre por vía de la confron­tación con el modelo.

Buenos Aires, febrero 28 de 1995.

Notas

    [1] Es bueno recordar que en esa época era el actual Minis­tro de Economía, Cavallo, quien estaba al frente del Banco Central y quien instrumentó la nacionalización de la deuda privada.

    [2] ver mi artículo «Un nuevo Escenario político» en INPRE­COR AL Nº 42, mayo 1994.

    [3] ver «Reflexiones sobre la Marcha Federal» Foro de Debate Socialista, Bs. As., junio 1994.

    [4] ver mi intervención en el Foro de Debate Socialista, «Marcha, paro y después». Folleto de discusión Fanjul/Mu­ller/Lu­cita/Roldán. Bs. As., julio 1994.

    [5] El 1º de mayo de 1989 la Alianza Izquierda Unida convo­có a una concentración multitudinaria conocida por este nombre por su oposición al gobierno que congregó a 100.000 personas.

    [6] La tradicional CGT argentina, totalmente incorporada al proyecto neoliberal del menemismo está sufriendo un proceso de fracturas. La primera de ellas fue el CTA (Congreso de Traba­jado­res Argentinos) de base predominantemente estatal que se constituye como central independiente y que marcha en junio próximo al hecho inédito de elecciones directas para elegir su dirección. El otro es el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos) fracción burocrática desplazada, con fuerte inci­den­cia en el sector servicios de transporte, que está estruc­turada como corriente interna de la CGT. Y finalmente una incipiente Corriente Clasista encabezada por trabajadores del noroeste del país.

    [7] Esto se refleja en las distintas encuentras de inten­ción de voto. ver «Los que compraron a crédito prefieren votar por Ménem», Clarín 12.2.95.

    [8] ver entrevista con el sociólogo Juan C. Torre «Los efectos políticos del pánico», Clarín 5.2.95.

    [9] Sin embargo, los rumores insisten en que buena parte de la elección primaria ha sido decidida desde «afuera». Uno y otro sector en disputa habrían recibido el aporte de votos provenien­tes de acuerdos fraccionales con sectores del radica­lismo y del peronismo. Esto explicaría la excelente elección de Bordón en el distrito federal, bastión de Alvarez, y la buena elec­ción de este último en la Prov. de Bs.As., bastión del pero­nismo histórico.