Por María Cecilia Luiso
En este número de nuestro Correo Docente insistimos con la idea de las ficciones, eso que no es lo que es. La provincia de Buenos Aires no es la excepción. Cuando no hay nada nuevo que proponer, cuando no hay intenciones serias de abordar los problemas de la educación, de los docentes y de la clase obrera, se reflotan noticias viejas como grandes novedades. Como quien cambia de lugar los mismos muebles año tras año, suponiendo que los hubiera renovado, pero ahí están igual de vetustos.
Hace un tiempo se divulgó la noticia, que poco tiene de nueva, que se sancionará con multas y arrestos a los adultos que agredan física o verbalmente a docentes. Esta ley, cuyo número es el 14.898, data del 2015 aunque se sancionó y puso en funciones en marzo de 2017, es decir, tres años atrás. En teoría, se buscaría detener los casos de agresiones y maltratos que salen a la luz todos los años y encuentran a los docentes como víctimas. Sin embargo, resulta interesante examinar la “amplitud” y las posibles consecuencias de esta medida. Veamos.
Por un lado, la Ley interviene cuando una persona “invocando un vínculo con un alumno, dentro del establecimiento educativo de gestión pública o privada al que éste concurre, o en las inmediaciones del mismo” realice acciones de hostigamiento, maltrato o perturbación emocional e intelectual, insulte o provoque escándalo, ejerza violencia física, se arrojen elementos de cualquier naturaleza a docentes o hacia la escuela con motivo de daño, se ingrese sin autorización. La Ley protege a docentes y no docentes. Ahora bien, dentro de las acciones que pueden devenir en arrestos o multas se encuentran las medidas que perturben “de cualquier manera el ejercicio de la función educativa”. Recordemos que el protocolo también actúa en las inmediaciones del establecimiento. Nótese, entonces, que puede ser utilizado para sancionar cualquier tipo de protesta y/o sentada que se realice en frente a una escuela aduciendo que se impide “en las inmediaciones” desarrollar la “función educativa” si quienes protestan impiden el ingreso a la escuela. Una ficción de protección que contiene un elemento potencialmente punitivo hacia las medidas de lucha protagonizadas por alumnos y/o padres que, sabemos, en las escuelas de la provincia que se caen a pedazos son moneda corriente.
Pero, además, cierto es que toda esta serie de protocolos parecen bastante inútiles. Pese a los distintos dispositivos, no se logra contener la degradación social que se extiende en nuestro país y se expresa en las escuelas. Precisamente el deterioro del tejido social capitalista y de las relaciones humanas que promueve esa sociedad se manifiesta en los lugares que, hasta hace unas décadas, parecían sacralizados: los docentes y los médicos son agredidos hoy en sus lugares de trabajo. No pretendemos justificar ni sostener que los docentes debemos aceptar estas situaciones como parte del funcionamiento de la sociedad, sino por el contrario denunciamos que son consecuencia de esta y, además, que esta es solo una de las formas en que los trabajadores de la educación somos agredidos permanentemente. Quienes transitamos las aulas estamos expuestos a situaciones violentas y degradantes que van desde condiciones edilicias paupérrimas, aulas superpobladas, alumnos con adicciones severas a los que nadie nos ayuda a contener y atender, con equipos de orientación distritales que deben recorrer decenas de escuelas atendiendo a las situaciones más diversas, con familias desmembradas viviendo en la más absoluta miseria. Así, se acumulan en la escuela protocolos de violencia ridículos, que, como instrucciones de juego de mesa, plantean una lista de prescripciones que ni el mayor especialista en delito podría sostener. Capacitaciones en primeros auxilios de maquillaje y botiquines armados gracias al voluntarismo docente que deberán asistir frente a cada trifulca escolar. Si a esto sumamos, las largas y agotadoras jornadas, la presión burocrática, el constante ataque y maltrato mediático y de las autoridades de todos los gobiernos de turno, la imposibilidad de lograr estabilidad laboral y concentración horaria, podemos afirmar que una ley firmada y difundida poco nos alivianará una tarea docente que se desarrolla en un ámbito laboral cada vez más hostil.
Esta “novedad” se suma a las medidas de cotillón que se anuncian cada año al inicio del ciclo lectivo. Por ejemplo, el plan “Escuelas a la obra” que contará con un presupuesto de unos 800 millones de pesos pertenecientes a fondos provinciales y del Fondo Educativo para atender la reparación de las escuelas de toda la provincia que han sido declaradas en “emergencia”. Sin embargo, el plan solo prevé atender apenas el 15% de las escuelas bonaerenses. Cierto es que el anuncio toca una fibra sumamente sensible en la provincia ya que durante el 2018 murieron en la escuela dos compañeros trabajadores, Sandra y Rubén. Sabemos que el crimen social de estos compañeros se produjo bajo la gobernación de Vidal, pero eso fue solo una cuestión fortuita ya que las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires se caen a pedazos hace décadas. Este anuncio suma otra “perlita” que es la denominada “reconversión de beneficiarios de planes sociales” en obreros que realizarán las mejoras en las escuelas. Las cooperativas de trabajo que los agrupan coordinan las obras y los trabajadores cobrarán un plus por estas tareas. Otro ejemplo de cómo se puede bajar un escalón más en la degradación de la clase obrera: se convoca a hombres y mujeres que apenas sobreviven con las migajas de la AUH y otros planes y se los pone a trabajar en las escuelas vendiéndonos que esto dignifica su condición y los convierte de desocupados en trabajadores y se los hará responsables de todo lo que ocurra en esas escuelas intervenidas. Ficciones que no resolverán ninguno de los problemas: ni el de las escuelas ni el del desempleo crónico que genera este sistema social.
Así el 2020 inicia entre propagandas de protocolos y planes de infraestructura que nos encuentran siempre en el mismo lugar: el de la degradación. Ya hemos visto el miserable acuerdo paritario que se acaba de celebrar en el medio del “pacto social” suscripto por Baradel. Por eso compañeros, un solo camino se nos presenta: el de la organización y la lucha para construir una real transformación de la clase obrera para la clase obrera. Formación de calidad, laica y científica, condiciones dignas de trabajo para nosotros y para la formación de nuestros hijos. Queremos ir a clases en escuelas donde no morir no sea una cuestión de suerte sumidos en la violencia y los problemas edilicios. Ficciones nos ofrecen, luchemos para construir nuevas realidades.
