Nicolás Grimaldi
Grupo de Análisis Internacional
Algunos hechos…
Rodney Álvarez fue encarcelado desde hace 8 acusado de un crimen cometido por un militante del PSUV (Maican) protegido por un gobernador del PSUV (Rangel Gómez). Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera, fue condenado por un Tribunal Militar a 5 años y 9 meses de cárcel por defender el convenio colectivo de trabajo. Alcedo Mora, Eliécer Vergel y Esnéider Vergel, fueron desaparecidos en 2015 luego de que el primero denunciara el tráfico de gasolina vía Táchira. José Lezama Villegas y Ommer Orlando Villanueva, trabajadores mineros, fueron secuestrados por militares en Bolívar, del primero no se supo más nada, mientras que el segundo apareció muerto en una morgue. También en Bolívar, pero en Tumeremo, familiares denuncian la desaparición de 400 mineros este año, en una zona de por sí complicada por la presencia de militares y de bandas criminales que operan en la minería ilegal. Los familiares sindicaron al comandante del Ejército, Ernesto Solís, como el responsable de sacar a varios de los mineros de sus casas, mientras que otros testigos lo han visto subiéndolos a los autos. Vale recordar que en 2016 fueron asesinados 28 mineros, algo que el gobernador de Bolívar, el inefable Rangel Gómez, calificó como un “show mediático”…
¿Qué con Chávez esto no pasaba? Rubén González había sido apresado, en primer término, en 2009, luego de una huelga minera. Ese mismo año, fueron asesinados por la policía, los obreros Pedro Suárez y José Marcano, trabajadores de Mitsubishi y la autopoartista Marcanao, cuando las fuerzas represivas buscaron desalojar la toma de la fábrica. También fue asesinado Argenis Vázquez, Secretario de Organización del Sindicatos de Trabajadores de Toyota, en este caso bajo el fuego de sicarios. El autor material, fue Jesús Acuña Salazar, hermano del alcalde de Sucre, Rafael Acuña. En 2008, fueron asesinados Richard Gallardo, Coordinador Nacional de la UNT, Luís Hernández, dirigentes sindicales de Pepsi, y Carlos Requena, delegado de Produvisa, y los tres militantes de la Unidad Socialista de Izquierda (hoy PSL). Los tres fueron asesinados cuando apoyaban la lucha de trabajadores de la empresa Alpina, fueron emboscados y acribillados luego de resistir un desalojo policial. ¿Más atrás aún? Ramón Rodríguez Chacín, es un importante dirigente chavista, militar y filósofo, y ocupó el cargo de Ministro de Justicia y gobernador del Estado de Guaricó. En 1988 se desempeñaba como capitán de navío en el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), responsable, junto Humberto Antonio Camejo Arias (General de División del Ejército), Henry López Sisco (Jefe Nacional de Operaciones de la Disip), y Enrique Vivas Quintero (Coronel del Ejército), de organizar la llamada “Masacre de El Amparo” en el Estado de Apure. Aduciendo enfrentamiento con la guerrilla colombiana, el CEJAP asesinó a 14 pescadores que se encontraban en el lugar. Roger Cordero Lara es diputado por el PSUV desde el 2011, cuando ingresó como representante del Estado de Guaricó. Cordero Lara participó comandando uno de los aviones de la llamada Masacre de Cataura. En la madrugada del 4 de octubre de 1982, se produjo el bombardeo al campamento del Frente Guerrillero Américo Silva en la población de Cantaura, Estado de Anzoátegui. Durante la acción combinada de policías y militares, murieron 24 militantes, la mitad al menos fusilados luego del ataque. Cordero Lara, también se desempeñó como Comandante General de la Aviación durante la gestión de Hugo Chávez. Elías Jaua, ex funcionario bajo los gobiernos de Maduro y Chávez, en 2010 defendió a Cordero Lara sosteniendo que “A un piloto lo mandan a un objetivo determinado. Los responsables de ordenar la masacre, están precisamente del lado de la mesa de la ultraderecha”.
Una organización…
Los obreros venezolanos vienen sufriendo una represión sistemática por parte del chavismo. El fin siempre fue la regimentación de la clase obrera, reprimiendo principalmente todas las corrientes de izquierda que surgieran. Esto comenzó con Chávez pero se acentúo con Maduro, llegando a niveles delirantes como encarcelar a enfermeras que peleaban por mejoras en sus salarios, acusándolas de robar jeringas para entregar a sus pacientes. Por ese motivo, Razón y Revolución, Transición Socialista, y compañeros de Chile, México, España, y Venezuela, hemos lanzado el Comité de Solidaridad con los Obreros Perseguidos en Venezuela. Desde su formación, hemos denunciado cotidianamente los hechos represivos llevados del chavismo y difundido las luchas que se están llevando adelante en estos momentos, como los obreros de SIDOR, que resisten los despidos, o los maestros nacionales, donde hemos acompañado con compañeros que participan dentro del Comité de Defensa del Contrato Colectivo y Razón Educativa de Lara, protesta que sufrió la represión de los colectivos chavistas que dispararon al aire para disipar la movilización frente a la atenta mirada policial. Hemos protagonizado un escrache y acto en las puertas de la UTN de Avellaneda, cuando el embajador venezolano estaba yendo a dar una charla impunemente, sin haber dado una respuesta a nuestra petición de esclarecimiento de la situación de los desaparecidos venezolanos, presentada cuando realizamos el acto en la Embajada venezolana. También, hemos entrevistado a Rodney Álvarez, quien nos habló desde la cárcel y nos mostró las atrocidades que comete el chavismo. Obviamente, hemos invitado a otras organizaciones a participar, especialmente a Izquierda Socialista, quien decidió priorizar el electoralismo de las PASO y el acuerdo de no denunciar al chavismo que existe en la dirección del FIT. Solo se movilizó, con una convocatoria reducida y organizada a las corridas, frente a la amenaza de despido de José Bodas.
Mientras esto sucede, Maduro alcanzó un acuerdo con una fracción de la oposición conformada por Vanguardia Progresista, el Movimiento por el Socialismo y Cambiemos Movimiento Ciudadano. Esta fracción es minoritaria, si tomamos en cuenta su peso parlamentario con solo cuatro escaños, pero mayor si tomamos en cuenta que Henry Falcón, referente de los firmantes, obtuvo 2 millones de votos en las últimas elecciones. El “Acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional” contempla el rechazo a las sanciones internacionales de EE.UU., la reincorporación de 50 parlamentarios del PSUV a la AN, normalización y conformación del Consejo Nacional Electoral, promover un programa de intercambio de petróleo por alimentos, medicamentos e insumos, y la liberación de líderes opositores de los cuales Edgar Zambrano, vicepresidente de la AN ha sido el primero. El acuerdo propone seguir trabajando sobre puntos claves como el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, resolución del conflicto entre poderes y la situación de desacato de la AN, ampliar la representación de las minorías, algo que beneficiaría al PSUV ya que acrecentaría su participación en la AN, y acuerdos de coordinación entre el sector público y el sector privado. En ese sentido, el chavismo parecería intentar avanzar en fracturar a la oposición, ya que anunció este acuerdo cuatro días después de que Guaidó anunció el fin del diálogo auspiciado por Noruega. Pero, principalmente, se trata de recuperar el control de la AN, abriendo la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones.
Obviamente, entre los presos a liberar no aparece Rodney Álvarez, así como tampoco se habla del esclarecimiento de la desaparición de Alcedo Mora, o de la situación de los mineros de Tumeremo. Guaidó, desconoció el acuerdo de Maduro aunque festejó la liberación de Zambrano considerando que era un triunfo de la ciudadanía y el informe Bachelet. Todos ellos tienen un acuerdo común. No defender a los presos obreros, e incluso ambos defienden la represión, ya que Guaidó propuso una amnistía a los militares que asesinan obreros. Es decir, el chavismo ha construido una máquina de matar obreros que Guaidó sueña con heredar, aunque cada vez está más lejos del gobierno. No podemos permitir que se sigan asesinando obreros en Venezuela. Pusimos en pie una herramienta para defenderlos. Invitamos a todos a reforzarla.
