Por Verónica Baudino – La crisis ya es un hecho. Está en boca de todos, no sólo de los llamados “catastrofistas”. Es que aunque la intelectualidad burguesa, y también de izquierda, intentó tapar el sol con una mano, la realidad les explotó en la cara. Y ya no hay forma de negarla. Las bolsas de Estados Unidos y Europa caen día a día y esto se traduce en un deslizamiento cada vez más pronunciado hacia un escenario tenebroso. Los intentos desesperados de los Estados nacionales de rescatar a las empresas y bancos quebrados no es suficiente. Por la magnitud del fenómeno, sí, pero también porque esa receta, echar más papeles a un mercado ya repleto de ellos desde hace veinte años, no sirve. La crisis y la recesión ya está en marcha con lo que ello implica: caída de la inversión, del consumo y despidos de trabajadores. Todavía se dibuja en el horizonte algo peor: la gran depresión.
En Argentina, asombrosamente, se sigue debatiendo si existe la posibilidad de un desacople. Sus principales defensores son el gobierno y sus aliados, que aseguran que el crecimiento de los últimos de años, del cuál habrían sido “artífices”, sentó las bases de una economía pujante que no tiene nada que temer. El cambio en el modelo de acumulación de “financiero”, a su juicio característico de los 90´s, por uno basado en la industria, sería la clave de esta renovada fortaleza. Así, repiten ridículamente, una y otra vez, que ésta es una oportunidad histórica que no podemos dejar escapar. Sin embargo, a juzgar por las medidas que están llevando adelante, las cosas no parecen tan auspiciosas.
La estatización de las AFJP es una muestra de que no hubo tal cambio en la economía Argentina. La caída de los precios internacionales y la restricción de financiamiento internacional ponen al gobierno en una situación de debilidad fiscal. Como sostiene la oposición: tiene un problema de caja. Problema que ellos también tendrían si estuvieran al mando del Estado (¿o suponen que convencerán a los trabajadores, Lilita y los suyos, que ellos utilizarían los fondos en su beneficio?). La estatización no implica sólo un ingreso para el Estado, sino un beneficio para las AFJP. Éstas tienen colocados los depósitos de sus afiliados en acciones y títulos de la deuda que vienen perdiendo valor desde el inicio de la crisis. Así, en contraposición con aquellos economistas, que nunca faltan, temerosos de que esta medida sea la puerta de inicio de la violación de la propiedad privada, es la confirmación del rescate de entidades quebradas. De ninguna manera es una política popular.
Asimismo, la devaluación cada vez más acelerada que estamos presenciando es una prueba más, si falta alguna, del acople. La necesidad de devaluar ante la caída del real implica que la industria argentina no puede afrontar la competencia de mercancías importadas. En un contexto en que los capitales no encuentran dónde colocar su producción, se vaticina una oleada de importaciones de productos elaborados con una productividad de trabajo muy superior, que redunda en precios demasiado bajos como para que la industria nacional salga indemne. Ya no podía con los competidores antes de la crisis, con más razón ahora.
Pero devaluar no será gratis para el gobierno. A esto se debe la puja con las entidades industriales por los tiempos de la devaluación. Una devaluación abrupta implicará necesariamente una escalada inflacionaria y la contrapartida de la gente en las calles. Sobre todo porque si ya había que devaluar antes de la devaluación del real, ahora, con la revaluación del dólar, la magnitud de la desvalorización necesaria del peso resulta inimaginable. Para volver a una situación similar al 2003, hay que pensar en un dólar por encima de los cuatro pesos.
Para evitar lo inevitable, Cristina se propuso forjar un Pacto social, junto a la CGT de Moyano, la UIA y las entidades bancarias, para congelar los salarios como una forma de evitar despidos y suspensiones. Poco tiempo duró: cada vez son más las empresas que suspenden turnos y despiden trabajadores.
El gobierno intenta salvar a la burguesía de la crisis, por lo menos a la fracción más concentrada. Para ello no sólo ataca a la clase obrera, sino que se ve obligada a enfrentarse con otras fracciones burguesas, como ya sucedió con el campo. Comienza a resquebrajarse, entonces, la amplia alianza burguesa que sustentó el experimento K, a fuerza de devaluación violenta, soja y petróleo. A la salida del 2001 vía la depreciación del salario, ésta vez se le opone la desocupación masiva, situación de la cuál ya tenemos las primeras expresiones. Una solución para la cual ninguna propuesta burguesa significa más que sangre, sudor y lágrimas para nada. Se abre, entonces e inevitablemente, la lucha por el poder. La clase que venza impondrá sus soluciones. La que pierda, las pagará.
