Federico Genera
Laboratorio de Análisis Político
Ricardo Lorenzetti encara lo que podría ser su último año como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ante el inevitable vencimiento de su mandato, quedará evaluar si podrá continuar en su cargo o seguirá los pasos de Gils Carbó. Su puesto no goza de buena salud, ya que es asediado desde distintos frentes por el gobierno nacional. El ministro de Justicia, Germán Garavano impulsa el proyecto Justicia 2020 que intenta modernizar la burocracia judicial. Por su parte, Lilita Carrió, quien por momentos parece mantener una pelea personal, arremete contra el presidente de la Corte cada vez que se le presenta la oportunidad. Por último, aparece Daniel Angelici, con quien disputa por el control de la Justicia Federal, bastión de Lorenzetti.
Marcando la cancha
Durante la era Macri, la relación entre la Corte Suprema y la Casa Rosada no tuvo el mejor comienzo. Lorenzetti, consciente de que el macrismo pretendía avanzar con una reforma judicial, asumió la defensa de su feudo. Por esa razón, antes de siquiera haber asumido formalmente la presidencia, Macri recibió el primer carpetazo desde tribunales. La Corte Suprema fallaba contra Nación. Las provincias de San Luis, Santa Fe, y posteriormente Córdoba, obtenían una sentencia favorable en la causa por los fondos de coparticipación retenidos durante años, que ascendían a 45 mil millones de pesos. El máximo tribunal le marcaba la cancha al futuro presidente. Pero la respuesta no se hizo esperar. Macri decidió nombrar por decreto a dos miembros de la Corte, metiéndose en terreno de Lorenzetti sin pedir permiso. Aunque finalmente los nombramientos tuvieron que pasar por el Senado, gracias a Pichetto fueron designados los candidatos de Mauricio: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
La disputa con la alianza gobernante continuó en 2017. En abril de ese año, Carrió presentó un pedido de juicio político contra Lorenzetti. Mientras el PRO lanzaba una campaña para “limpiar” de la justicia a los kirchneristas, con Gils Carbó a la cabeza, la diputada de Cambiemos pretendía ir más allá, apuntando al presidente de la Corte. De hecho, su pedido de juicio a Lorenzetti no cayó bien en el PRO, que no quería una guerra abierta en tribunales en medio de un año electoral. Sin embargo, Lorenzetti acusó el golpe y respondió. Apenas un mes después, en mayo de 2017, la escalada bélica continuó con la sentencia del 2×1, un fallo que contó con los votos favorables de Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco. Así, los “supremos” de Macri le entregaron al kirchnerismo un hecho político a medida del “relato”. Aunque Lorenzetti votó en contra, no se puede dudar que metió la cola: él es quien decide los casos que tratará la Corte. Por eso Carrió denunció: “El Presidente de la Corte es quien fija la agenda de los puntos que van a ser tratados. ¿Para qué lo hizo, si sabía que iban a aplicar la ley?”1. La jugada obligó al PRO a correr detrás de la liebre y sancionar una ley contra el fallo. Más allá de su contenido, el fallo cumplió su cometido: Lorenzetti había puesto un límite a las pretensiones del oficialismo. Luego de un almuerzo de la mesa chica en Olivos, se decidió que Carrió no tuviera voz hasta después de las elecciones. El oficialismo no quería más sorpresas en Tribunales. Así, Lorenzetti ganó la primera batalla contra la chaqueña.
La alianza
Al macrismo no le convenía una pelea con Lorenzetti. Para avanzar contra la “herencia K” necesitaba la complicidad de los tribunales. Tres eran los objetivos más inmediatos: colocar detrás de las rejas a algunos kirchneristas vinculados a casos de corrupción, la destitución del juez Freiler y la renuncia de Gils Carbó como presidenta de los fiscales. El macrismo necesitaba mostrarle a sus votantes que la corrupción K iba a ser juzgada, y para eso necesitaba de Lorenzetti, que aunque no aparecía como ejecutor, dejó a los jueces actuar aun cuando no estaban muy claros los procedimientos. El primer avance se produjo en el caso Milagros Sala, cuya prisión domiciliaria finalmente fue confirmada por la Corte Suprema en diciembre de 2017, haciendo oídos sordos a los pedidos de excarcelación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.2 Luego vino la destitución de De Vido y su posterior encarcelamiento ante su capacidad de adulterar pruebas. Más tarde el juez Lijo arremetió contra Boudou y lo llevó a la cárcel sin sentencia previa. La misma suerte corrieron Carlos Zannini y Luis D’Elia en la causa del memorándum con Irán. A diferencia de De Vido que sigue preso, todo el resto fue liberado después de las elecciones.
La ofensiva anticorrupción en plena campaña electoral también fue acompaña de oportunas escuchas judiciales filtradas a la prensa. Aquí también se pone de manifiesto la alianza entre Macri y Lorenzetti. Aunque Carrió se empeñe en denunciar a Lorenzetti por el control de este aparato de inteligencia (y operaciones de prensa), fue Macri quien le quitó la oficina de las escuchas a la procuración y se la entregó a la Corte Suprema. El DNU que oficializó el traspaso, además, entregaba a la Corte un presupuesto gigantesco para sostener la tarea. Es el precio que Macri tuvo que pagar para aceitar una relación muy conveniente y oportuna.
En el caso de Freiler se avanzó en un juicio por mal desempeño y por su crecimiento patrimonial. Para ello era necesario que el Consejo de la Magistratura suspenda al juez en sus funciones, y no daban los votos. Pero Lorenzetti, otra vez, metió la cola. Durante el mes de mayo de 2017, uno de los representantes del senado, el kirchnerista Ruperto Godoy, fue separado de su cargo por no tener título de abogado. Una vez consumado este proceso, Lorenzetti dilató el juramento del peronista Juan Mario Pais. Argumentó que tenía pactada una reunión en Salta con Urtubey, y no podía posponerla. Así se logró sesionar sin un miembro peronista, y el oficialismo logró la suspensión de Freiler en la Magistratura3. Para noviembre de ese año Freiler había sido destituido, y el gobierno se anotaba una victoria con una manito de Lorenzetti.
En el caso de la procuradora Gils Carbó, el macrismo pudo avanzar sin la oposición de Lorenzetti. Es evidente que tener como jefa de los fiscales a un cuadro kirchnerista era un problema para Macri, ya que podía impulsar investigaciones contra el personal político del gobierno tanto como obstaculizar las causas de corrupción K. Si bien su sentencia estaba firmada desde un primer momento, la embestida final del oficialismo tuvo dos grandes detonantes. El primero fue la derrota de Cristina, y del peronismo en general. Quienes la respaldaban ya no contaban con el apoyo de la sociedad, su socios se debilitaban. El segundo elemento fue el caso Maldonado, que explotó durante el proceso electoral y fue utilizado por kirchnerismo para vincular a Macri con la dictadura. Gils Carbo respaldó a la fiscal a cargo Silvina Ávila, y aparece vinculada al “testigo E”, quien declaró ante la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) haber visto a Santiago arriba de una camioneta de gendarmería luego de ser golpeado por integrantes de esa fuerza. La Procuvin fue finalmente desvinculada de la causa, y se sospecha que la demora en el hallazgo del cuerpo fue producto del desvío en la investigación a raíz de ese testimonio.4 Con la aparición del cuerpo, la actuación de los fiscales quedó desacreditada y las sospechas recayeron sobre Gils Carbó, que terminó renunciando.
Así, la ofensiva judicial del macrismo sobre el kirchnerismo, que buscaba desplazar a los relictos K del poder judicial tanto como conseguir oportunos golpes de efecto en las causas por corrupción, pudo avanzar gracias a una alianza tácita del gobierno con Lorenzetti. Las bases de esta alianza, que se tejió tras un inicio conflictivo, fueron la lucha contra un enemigo común (el kirchnerismo), y una clara demarcación de espacios. La condición del presidente de la Corte para dejar hacer a los operadores judiciales de Mauricio fue que no avancen contra sus posiciones. De esta manera, Lorenzetti espera llegar intacto a su reelección como juez supremo en 2019.
La reforma en suspenso
El trasfondo de la disputa entre Macri y Lorenzetti es el alcance que tendrá la reforma sobre la Justicia. La cruzada macrista para modernizar los tribunales implica, entre otras cosas, la pérdida de algunos viejos privilegios y de buena parte del poder de los jueces.
Por eso la relación arrancó con fricciones, hasta que el macrismo se dio cuenta de que necesitaba una mano aliada en la Corte Suprema, y puso un freno a la reforma. Esto se evidencia, en primer lugar, en la cantidad de jueces federales nombrados desde que Macri asumió. En la actualidad hay 985 cargos de jueces federales y nacionales. De ese total, 258 están vacantes y son ocupados por subrogantes. Desde que asumió Macri, en diciembre de 2015, el Gobierno nacional nombró 118 jueces federales, y consiguió la renuncia de 93. Lo que mantiene el número de vacantes casi igual. Pudiendo avanzar sobre un bastión de Lorenzetti, Macri eligió no hacerlo. El promedio de 45,3 nombramientos por año de Macri es casi idéntico al que registró la ex presidenta Fernández de Kirchner en sus dos mandatos.5 Aunque de la mano de Angelici el gobierno avanzó sobre la Justicia Federal, no lo hizo más que cualquiera de los gobiernos anteriores. El operador judicial de Macri avanza aquí con pies de plomo, desplazando en particular a elementos ligados al kirchnerismo, pero sin meterse con los hombres de Lorenzetti.
Sobre los tiempos en la justicia, Lorenzetti se mostró en sintonía con el pedido de la Casa Rosada. El proceso de digitalización de expedientes tuvo el visto bueno, y comenzó a operar a modo de prueba en la provincia de Buenos Aires sin que Lorenzetti esgrimiera reclamos. En el caso del impuesto a las ganancias, parecen haber llegado a una solución de consenso. El gobierno consiguió que quienes ingresen a la justicia a partir del año 2017 paguen ganancias, pero exceptuando a todos aquellos que entraron a la justicia con anterioridad. Donde existen fricciones es en relación a los tiempos de la feria. El gobierno quiere acotarlos, pero Lorenzetti se pone firme al respecto. Aquí Lorenzetti actúa en sintonía con Piumato, quien recibe un espaldarazo del supremo ante cada nueva elección sindical. Por ahora el acortamiento de la feria quedó en suspenso, pero Lorenzetti no consiguió la venia del gobierno para que la justicia escape al ajuste fiscal y conseguir aumentos por encima de la media. Así, la reforma avanza sobre los aspectos que no molestan a Lorenzetti, mientras que la promesa de cambios sustantivos se dilatan en el tiempo.
¿La calma que precede al huracán?
Hace menos de un mes, Lorenzetti y Macri se juntaron a solas en la Casa Rosada. El tema excluyente parece haber sido la continuidad de Lorenzetti en la presidencia de la Corte post 2019. La reunión generó las más diversas versiones sobre su reelección. Si bien Macri guarda algunas broncas por la liberación de los kirchneristas, lo cierto es que Lorenzetti tampoco es un obstáculo para el gobierno. Mientras las reformas no modifiquen el statu quo, conviene hacerse amigo del juez. No se vislumbra una guerra abierta en el corto plazo, aunque la necesidad de avanzar con un ajuste en la caja de la justicia puede llegar a modificar la situación.
Notas
2CSJ 120/2017/CS1, https://goo.gl/xPm5Eq.
3Perfil, 18/08/17, https://goo.gl/QQBzmz.
4Perfil, 02/11/17, https://goo.gl/2z3a7p.
5Datos extraídos del Consejo de la Magistratura, https://goo.gl/8hzYvw.
