Los problemas del empleo en la Argentina actual – Nicolás Villanova

Los problemas del empleo en la Argentina actual.  El proyecto de ley antidespidos, Primer Empleo y la precariedad laboral de la clase obrera

Las leyes antidespidos de los últimos 15 años y los programas de empleo para desocupados y jóvenes no son más que parches de un problema estructural de la economía: la escasa productividad del trabajo y los límites del capitalismo argentino.

Nicolás Villanova

OES-CEICS

En ocho meses de gobierno, el macrismo lleva acumulados más de 120 mil despidos en el sector privado de la economía y otros 30 mil en el Estado. Para diciembre de este año, ya se espera otra tanda de despidos en la administración estatal. Sólo el freno a la obra pública tuvo como efecto la expulsión de más de 50 mil obreros de la construcción. Aunque el macrismo pretenda negarlo, la crisis del empleo está allí presente. Sin embargo, esta crisis no comenzó el 10 de diciembre. Si nos ajustamos a los despidos, durante los años 2009 y 2014 también los hubo en el sector privado, 125 mil y 78 mil, respectivamente. En ese contexto, el estancamiento de la tasa de empleo fue parcialmente resuelto con absorción de trabajadores con contratos precarios en el Estado. En buena medida, son estos últimos los que ahora sufren la consecuencia del despido en el sector estatal a través de la rescisión de sus contratos. Pero el trabajo “en negro” se mantiene a los niveles de hace 6 ó 7 años, cuya cifra ronda las 5 millones de personas, y es un problema que lleva varias décadas. Por ello, las leyes antidespidos de los últimos 15 años y los programas de empleo (para desocupados y jóvenes) no son más que parches de un problema estructural de la economía: la escasa productividad del trabajo y los límites del capitalismo argentino.

Génesis

La crisis en el empleo actual se debe a las limitaciones del capitalismo argentino. Su normal funcionamiento provoca esta situación. No es simplemente una cuestión de gestión política, como suponen los intelectuales “K” frente a los despidos de este año. De hecho, tanto Néstor como Cristina reprodujeron la flexibilización laboral de los años ’90 y son responsables políticos de los despidos durante los años 2009 y 2014 y la precarización laboral. Como también lo fueron Menem, De La Rúa, Videla, Perón y otros tantos. La crisis del mercado de trabajo es un problema estructural, que tiende a empeorar con el paso de los años. Todo el asunto remite a la escasa productividad del trabajo en Argentina frente a los capitales con los cuales compite en el mercado mundial. Esto no quiere decir que la industria local se encuentre deformada o carezca de desarrollo. Todo lo contrario. El avance del capitalismo ha llegado a un punto en el que la sociedad se encamina a la barbarie si no se modifican aquellas relaciones que estructuran la vida social actual.

Históricamente, el sector más dinámico del capitalismo argentino es el agro. Es la rama que puede competir a nivel internacional por su elevada productividad. Pero su desarrollo impide la creación de empleo: toda mecanización de las labores agrarias expulsa y no absorbe población. Por ejemplo, la tecnificación de la cosecha del algodón en Chaco durante la década de 1980 barrió con buena parte de esa población obrera que pasó a conformar las filas del desempleo abierto. O bien, baste pensar en la elevada productividad en la producción de soja, rama en la cual con un sólo tractor se siembran miles de hectáreas y no requiere de mucha mano de obra.

En cambio, la “industria” (la producción no agraria) sí recluta obreros, aunque en términos relativos tiende a perder peso en relación con otras ramas. Pero su incapacidad de competir con sus pares mundiales le crea un límite: no sólo es una rama que pierde peso relativo en el mercado mundial sino que su única posibilidad remite al desarrollo en el mercado interno. Aunque aquí también compite con otros capitales externos, con las importaciones, razón por la cual el Estado se ve obligado a subsidiarla sistemáticamente, ya sea de manera directa (con inyecciones monetarias y programas industriales de financiamiento) o bien, de manera indirecta, bajo la forma de devaluaciones, como ocurrió en los ’70, en los ’80 y en el 2002. Un claro ejemplo en este sentido son los incentivos a las ensambladoras ubicadas en Tierra del Fuego.

Hasta las décadas de 1940 y 1950 la industria subsistía en base a las transferencias estatales provenientes de la renta agraria. El crecimiento en extensión de la industria local puso un límite a ese mecanismo de compensación, razón por la cual el Estado recurrió a otras formas para garantizar la subsistencia. Cuando la renta agraria cesó de ser una compensación suficiente, el financiamiento externo fue la manera de solventar a una industria incapaz de competir en el mercado mundial. Pero tampoco fue suficiente. Por ello desde los años ’70 hasta la crisis de 2001 la deuda y la baja salarial fueron los mecanismos con los cuales los empresarios pudieron sostener sus ganancias. Ello no los exime de las consecuencias de la competencia, simplemente las posterga en el tiempo, generando estallidos recurrentes. Al mismo tiempo y por lo mismo, la imposibilidad de evadir la acción de la ley del valor a escala mundial, se obliga a la innovación técnica en el mercado interno, elevando, aunque a un nivel menor al que predomina allí, la productividad, la composición técnica y la composición orgánica. El resultado es que el capitalismo en Argentina avanza expulsando población que no es reincorporada al proceso productivo por la vía de la expansión de la acumulación.

Luego del 2001, la crisis puso un límite a la posibilidad de obtener financiamiento externo. Pero el aumento del precio internacional de los commodities, la soja y la demanda de China de productos agrarios le dieron un poco de respiro a la economía Argentina, bien que con limitaciones. Estos procesos fueron acompañados de una abrupta disminución del poder de compra de la clase obrera sobre la base de la devaluación del peso. Mientras que la tonelada de soja tuvo un valor de 600 dólares todo parecía color de rosas. Cuando comenzó a disminuir su precio entre los años 2007 y 2008, otra vez, la economía comenzó a mostrar agudamente sus limitaciones: aumento de los despidos, miseria y más pobreza.

En resumen. El agro es el sector más dinámico de la economía argentina pero no crea empleo. La industria mercado internista crea trabajo pero con limitaciones, siendo más bien expulsiva de población. La propia competencia y el aumento de la productividad disminuye relativamente la fuerza de trabajo empleable. Toda esa masa de población va a parar a otras ramas poco mecanizadas en condiciones precarias y con bajos salarios que, sin embargo, no pueden competir con las mercancías producidas en aun peores condiciones en países donde la mano de obra es todavía más barata. En consecuencia, cada vez es menor la masa de obreros activos y productivos de la cual subsiste el conjunto de la población. Ello se refleja en aumento del gasto Estatal en la reproducción de la clase obrera (asistencialismo social) y en la mayor presión impositiva sobre los obreros en activo, es decir, en aumento de la tasa de explotación general. Dado que toda la vida de una persona se organiza en relación al trabajo, ya sea propio (obreros productivos) como ajeno (burguesía y obreros improductivos), los problemas del empleo actual son los problemas del desarrollo del capitalismo argentino.

Pal que se va

El agro es el sector más dinámico de la economía y su elevada productividad tiende a expulsar obreros, proceso que no es acompañado por el reclutamiento en otras ramas agrarias. La necesidad de trabajar y de obtener una fuente de ingreso lleva a enormes masas de la población rural a migrar a la zona urbana. Las migraciones del campo a la ciudad constituyen una manifestación de este fenómeno: mientras que a principios del siglo XX entre el 50 y 60% de la población residía en la zona rural, a principios del siglo XXI ese porcentaje disminuyó al 10%. O sea que, en el año 2010, de 40 millones de habitantes sólo 3,5 millones vivían en el campo.

Hasta las décadas de 1930 y 1940, las migraciones se efectuaban de las provincias al cordón industrial, el litoral, allí donde aún existía un horizonte laboral. Pero en tanto la industria local no absorbía ya a la creciente población obrera, las migraciones reorientaron su camino hacia las grandes capitales de cada provincia. De allí la expansión de la población en los aglomerados urbanos del Gran Chaco, Formosa, Posadas, el Gran La Banda y otros tantos, en la urgente búsqueda de trabajo. O bien, el crecimiento de localidades del segundo o tercer cordón del Gran Buenos Aires como La Matanza o Moreno.

La proliferación de villas y asentamientos fue la consecuencia de estas migraciones en la medida en que las ciudades receptoras de migrantes no estaban suficientemente “preparadas” para ubicarlos. Esa relocalización se produjo en zonas no urbanizadas (cuyo origen son las migraciones, pero también las dificultades de pagar los alquileres de viviendas), sin ningún tipo de servicio público elemental, cercano a los basurales o en zonas inundables. Sólo por dar algunos ejemplos de la miseria en la que vive una amplia porción de la población, en la última década el 9,3% residía en condiciones de hacinamiento crítico, el 12,7% consumía agua que no era de red, el 7,1% disponía de un baño ubicado por fuera de su vivienda, el 11,6% sólo tenía baño con sistema a balde o letrina. A su vez, hoy el 40% de la población utiliza gas a garrafa, mismo porcentaje para las personas que no disponen de un desagüe cloacal. Por su parte, un 9% reside a menos de tres cuadras de un basural y un 14% en zonas inundables. Si sumamos al conjunto de la población con por lo menos uno de estos problemas de hábitat o vivienda el resultado es contundente: en la última década el 60% de la población urbana argentina se hallaba con alguno de estos déficits. Esta población que vive en la miseria carece de un trabajo más o menos estable y un salario que le permita modificar sus condiciones de vida.

En la mira

La crisis del empleo se debe no solo a las particularidades del agro, sino también a las características de la industria. El incremento de la productividad del trabajo entre las décadas de 1960 y 1970 tuvo como efecto una caída relativa de la ocupación en la industria y una proliferación en la participación de trabajadores en otras ramas más precarias de la economía. A su vez, el crecimiento del empleo estatal se constituyó como una manera de absorber el desempleo y aquella población que no fuera reclutada por el sector privado. En efecto, entre 1950 y 1973, el empleo en la industria manufacturera constituyó en promedio un 17%, mientras que la suma de las actividades de construcción, comercio, hoteles y restaurantes y el sector estatal fue de un 24%. Por su parte, entre 1993 y 2009, la industria ocupó un 14% de los trabajadores, mientras que el resto de las ramas antes mencionadas representó un 45% del total de ocupados.

La escasa productividad del trabajo en Argentina y la imposibilidad de los capitales en extender su dominio por fuera del mercado interno, crea las condiciones para abaratar los costos laborales como una vía para poder subsistir más allá de las transferencias estatales. Por esa razón, la tendencia general a la caída salarial, desde la década de 1970 hasta nuestros días, ha sido acompañada por el crecimiento del empleo precario. Por ejemplo, el empleo “en negro”, ese que carece de vacaciones pagas, obra social, posibilidad de discutir paritarias y otros derechos elementales de cualquier trabajador en relación de dependencia, constituyó un 28% en la década de 1980, un 33% bajo el menemismo y un 39% bajo el kirchnerismo. Estas cifras se verían incrementadas si se tuviera en cuenta todo ese empleo que aparece bajo la forma de “cuentapropismo” y que no es más que trabajo asalariado encubierto, precario y mal pago. Nos referimos a los cartoneros, los vendedores ambulantes y otros tantos.

A su vez, la masa de desempleo abierto y encubierto también pone en evidencia las limitaciones del capitalismo argentino y su imposibilidad de absorber a una población cada vez mayor. Los jóvenes que no estudian ni trabajan con serios problemas de absorción laboral, los desocupados desalentados, los beneficiarios de planes de empleo, la fuerza de trabajo subutilizada, los jubilados “anticipados” o aquellos que se retiran “voluntariamente” antes de tiempo son todas manifestaciones del desempleo encubierto. Esta población superflua para el capital crece década a década: sin contabilizar a los jubilados, en los ’80 el desempleo más evidente constituyó un 17%, en los ’90, un 26%, durante la crisis de 2000 a 2002, un 36% y bajo el kirchnerismo, un 27%.

El creciente rol del Estado

Bajo el capitalismo existe una masa mayoritaria de la población que no trabaja, ya sea porque se trata de niños (aunque el trabajo infantil es perfectamente visible), ancianos, burgueses, o bien, porque el desarrollo de las fuerzas productivas impide una mayor absorción de empleo. El desarrollo normal de la economía provoca esto. Por eso, el Estado asume un rol cada vez mayor en la contención de una creciente sobrepoblación relativa. No solo a través del empleo en el sector público, sino también en la asistencia social al desempleo.

En Argentina, hasta finales de la década de 1940, la población ocupada sobre el total de la población constituía un 37%. Hasta mediados de la década de 1970 ese porcentaje de ocupados tiende a disminuir hasta llegar a un 30%. Por su parte, la evolución salarial muestra un incremento hasta esa etapa, al igual que el gasto del Estado destinado a la educación, cultura, trabajo y asistencia social. De este modo, la caída de la ocupación es acompañada por un aumento salarial y del gasto social.

El panorama cambia de rumbo después de los ’70. Con momentos de recomposición, el salario real no logra revertir las tendencias previas. Incluso en los años ’90, mientras que el poder adquisitivo se mantiene relativamente constante, el gasto social destinado a asistir a la población muestra un leve aumento hasta la crisis de 2001. La recomposición económica bajo el kirchnerismo muestra un incremento de la tasa de ocupación significativa, pero a la vez, un aumento inusitado del gasto social, procesos que no son acompañados por un aumento salarial sustantivo. La necesidad de la asistencia del Estado a través del gasto social pone en evidencia no solo el carácter precario del trabajo, sino también una forma de subsidiar al capital y de garantizar una parte de la reproducción de la fuerza de trabajo.

Este incremento en la asistencia social es otro aspecto de la crisis del empleo. En este sentido, el Estado se hace cargo de una parte de la reproducción de la población para evitar que las empresas asuman mayores costos. Por lo tanto, todas estas transferencias se constituyen como subsidios al capital para compensar su ineficiencia. Por ejemplo, el subsidio más importante de la última década es sin dudas la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuya cantidad de beneficiarios ronda los 4 millones. Se trata de un monto de dinero destinado a los desocupados pero también a obreros con empleos precarios. La AUH es el equivalente a las asignaciones familiares que percibe cualquier trabajador registrado en relación de dependencia, sólo que garantizada por el Estado.

El aumento de la asistencia del Estado lleva décadas, incluso para responder a una necesidad tan elemental y vital como la alimentación. La caja PAN, durante el alfonsinismo, fue el antecedente directo de los planes alimentarios de los años ’90 y el Plan de Seguridad Alimentaria post crisis de 2001. Mientras que en la década de 1980, las cajas PAN abastecían a un 18,5% de la población, el Plan Seguridad Alimentaria asistía a un 47% en 2010. Otros ejemplos en la continuidad y expansión de programas destinados a los desocupados son el Plan Trabajar de los años ’90, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, luego de la crisis de 200, y el Plan Argentina Trabaja, implementado en 2009.

A su vez, la población argentina tiende a envejecer, situación que redunda en la necesidad cada vez mayor del Estado en sostener a los jubilados. Mientras que en los años ’60 las personas se morían a los 60 ó 62 años, hoy el promedio es a los 75 años. En buena medida, todas las erogaciones de la caja de la ANSES destinadas al pago de jubilaciones brotan del Impuesto a las Ganancias, de las contribuciones patronales y del Impuesto al Valor Agregado, o sea, del tributo de un pequeño porcentaje de la población registrada y mejor paga de la economía. Por lo tanto, la crisis de empleo, el aumento del trabajo “en negro” y la baja salarial son aspectos que atentan contra el sostenimiento y bienestar de la población anciana. Dicho en otros términos, el aumento de una masa cada vez mayor de trabajadores improductivos pone al descubierto las limitaciones de las condiciones generales de reproducción de la población.

 ¿De qué lado estás?

La crisis del empleo actual es el resultado de los límites de la estructura económica Argentina. El agro no crea empleo y la industria tiende a expulsar mano de obrera o emplearla en condiciones precarias. El creciente desempleo es la consecuencia directa de este proceso. A su vez, agotada la renta agraria como forma de compensar el atraso relativo la industria local frente a sus competidores mundiales, la deuda externa y la baja salarial fueron los mecanismos que a partir de la década de 1950 y 1970 sostuvieron una economía ineficiente en términos de productividad del trabajo. Por ello el Estado, por intermedio de las transferencias o contrayendo deuda, se ve obligado a sostener esa estructura. El kirchnerismo, con una soja a 600 dólares y una apropiación fabulosa de ingresos provenientes de la renta agraria, fue una excepción de los últimos 60 años de historia, y aun así no logró revertir las tendencias generales del mercado de trabajo. En consecuencia, la necesidad creciente del Estado en sostener la estructura capitalista redunda en una situación de permanente déficit fiscal, es decir que la crisis económica se ha trasladado al Estado.

Hoy, el macrismo se encuentra en una situación de déficit fiscal por el cual la única forma de encausar la crisis es por la vía del financiamiento externo. Despide trabajadores del Estado para evitar un mayor gasto público, pero eso tiene un límite que es el de evitar un desempleo masivo y un estallido social. Con el mismo objetivo intentó, sin éxito, disminuir los subsidios a los servicios públicos. Con estas medidas, el gobierno pretende evitar una mayor presión impositiva. En paralelo, lanza el Plan Primer Empleo que no es más que un incentivo a las empresas para crear trabajo subsidiado. A su vez, extiende la AUH a los monotributistas y pretende devolver el IVA a las fracciones más vulnerables de la población. Evidentemente, desarmar todo aquello que obtuvo el Movimiento Piquetero luego de la insurrección del 2001 no es sencillo para ningún régimen político. Incluso, un aumento en la edad jubilatoria también se vería limitado en un contexto de crisis como el actual en el que las empresas tienden a anticipar los retiros de sus obreros para abaratar costos. Cualquier medida que tome el Estado en la Argentina de hoy parte de una estructura que se caracteriza por una gigantesca masa de la población improductiva y una escasa productividad del trabajo que impide un cambio sustantivo de cualquier política de empleo.

Entonces, si el trabajo en la sociedad capitalista es el que organiza el conjunto de la vida social, la evolución de la crisis del empleo muestra la tendencia a la descomposición de esas relaciones sociales. Hoy más que nunca la consigna Socialismo o Barbarie no es una utopía sino el resultado del normal funcionamiento del capitalismo. O cambiamos la estructura actual o nos encaminamos a Haití. O pensamos en la revolución o nos convertimos en Siria. O combatimos el capitalismo o tendremos que sortear las miserias que atraviesan los obreros bolivianos o los africanos. Ya nos gobernó el yrigoyenismo, el peronismo, el radicalismo, el kirchnerismo, las fuerzas armadas, el menemismo y ahora el macrismo. Es decir, siempre nos gobernó la burguesía. Es hora de pensar en el Socialismo.