Japón 2011: cuando el capitalismo se realimenta con la fuerza destructora de la naturaleza

Osvaldo Regina
Colaborador
Tras la crisis financiera de alcance mundial y origen yankee, el 11 de marzo pasado se disparó en Japón una crisis diferente. Desencadenada por un terremoto, ella reveló la fragilidad del sistema de mercado para hacer frente a las necesidades básicas en condiciones de emergencia a la par que ilustró acabadamente que la generación de energía nuclear constituye un riesgo permanente y de alcance geográfico incierto.

A las muertes y amenazas de radiación masiva se le sumaron muestras menores de la incapacidad del sistema por servir a la población. Por ejemplo, la escasez de transportes para la provisión de comida dejó sin alimento suficiente a las ciudades y llevó a la provisión gubernamental de al menos una sopa caliente por persona. La brutal falta de nafta llevó a la formación de kilómetros de espera para acceder a la ración de 20 litros que se entrega por vehículo. También estimuló el robo de nafta entre particulares, haciendo sifón entre el tanque del auto del vecino y el propio. Esta situación calamitosa se prolongó debido a la inoperancia administrativa y legislativa y también a la conducta especulativa de las refinerías de petróleo, que prefirieron conservar sus stocks sin vender.

Los efectos desastrosos del terremoto y el tsunami son consecuencias no clasistas de un Estado y un régimen económico organizados sobre la base del afán de lucro que la clase capitalista y los burócratas concretan a través de las relaciones de mercado. La ceguera ante el desastre previsible no responde solamente a la mediocridad burocrática sino que resulta orgánica y sistemática, porque nace de las necesidades prioritarias de la acumulación de capital por las empresas y de los afanes de poder y dinero de los políticos del establishment. Una economía de base anárquica y su digno Estado demostraron en la práctica ser causa eficiente de un holocausto.

Solidaridad burguesa

Algunos economistas de bancos de inversión opinaron, en medio de la desesperación y de las muertes, que este desastre natural y nuclear resultaría oportuno para que el Estado se decida a estimular la demanda agregada a través de mayores gastos y subsidios para acelerar la necesaria reconstrucción de las zonas devastadas. Esta “alegría” por la desgracia popular refleja el interés de capitalistas locales y exportadores extranjeros con clientes en Japón para que se superen de una vez las dos décadas de estancamiento que registra la economía japonesa. Ello se lograría mediante el gasto público, compensando así la tradicionalmente elevada propensión al ahorro por parte de la población. Está claro que la catadura moral de estos economistas está a tono con la de creación de ganancias a cualquier costo y que la valorización presente de las inversiones, que nace del trabajo no retribuido a los asalariados, sería muy inferior si se obligara a los capitalistas a respetar los intereses básicos de la comunidad y de las generaciones futuras.

En sintonía con aquellos economistas, los bancos centrales del G7 salieron -como actitud “solidaria” y a pedido del gobierno nipón- a vender Yenes a fin de revertir el encarecimiento que venía observando esa moneda en los mercados de divisas y así devolver competitividad a las exportaciones de Japón. Sostener con un Yen más barato las exportaciones japonesas contribuye a evitar una nueva recaída del PIB. Así, la cotización del dólar en yenes pasó entre el 16 y el 5 de abril desde una altura histórica de 78 a los 85 yenes por dólar, valor este último sobre el que estaba oscilando durante los meses previos. El yen venía en alza desde un cambio de 124 por cada dólar alcanzados en junio de 2007, un mes antes del estallido de la crisis financiera norteamericana.

La fortaleza de base de la economía de Japón no es ajena a que sus tasas de ahorro sean de las más altas del mundo, a que sus exportaciones preserven una fuerte demanda mundial (a pesar de la creciente cotización del Yen contra las demás monedas) y a la relativa indiferencia de los especuladores cambiarios frente a los eventuales riesgos de una pesada deuda estatal. Actualmente, el PIB por habitante de Japón se estima inferior al de EEUU, Canadá, Suiza, Suecia y Alemania pero cercano al de Taiwán, Francia, Reino Unido y la Comunidad Europea.

La preocupación de capitalistas y gobiernos “amigos” radica en que Japón arrastra unas tasas de crecimiento muy bajas desde los años ‘90: exporta “demasiado” pero importa poco y, si el mercado interno consumiera más, podrían crecer las ganancias de todos. Hasta los años ‘80, Japón mostraba todavía tasas elevadas de crecimiento del producto interno bruto por habitante (PBI/hab, ver gráfico “Japón crece poco…”) y muy bajos niveles de desempleo, con tasas en el orden de apenas el 3% (ver gráfico “… pero su desempleo”). Desde principios de los años ‘90, en cambio, se pinchó la burbuja del auge y las tasas de crecimiento se acercaron a cero. Esto se agravó hacia 1997 debido a la bancarrota por entonces de varias entidades financieras.

El triste secreto de un menor desempleo

Con la reciente crisis financiera, el desempleo subió, pero sigue estando en el orden de la mitad del de EE.UU. y de un cuarto del alcanzado en algunos países de Europa. Estos niveles relativamente muy bajos del desempleo nipón obedecen a una característica esencialmente negativa de su mercado de trabajo consistente en que está segmentado en dos, entre unos trabajadores permanentes y otros periféricos y peor pagos. Esto significa que una porción de la clase asalariada se compone de personas que se integran ocasionalmente al mismo y perciben bajos salarios. Este segmento, nutrido, por ejemplo, por la mano de obra de mujeres casadas, oscila entre trabajar y no trabajar de acuerdo con los niveles salariales, por lo que en las recesiones se desalienta, se queda en casa y no se considera un desocupado. Con salarios en baja, estas personas declaran a los encuestadores no estar buscando activamente ningún empleo y por eso figuran en las estadísticas como ajenas a la oferta laboral.

En Argentina, buena parte de la mano de obra desplazada desde principios de la década del ‘90 se embarcó en actividades comerciales y profesionales por cuenta propia y desapareció lisa y llanamente de las estadísticas de asalariados. Estos trabajadores apechugaron en muchísimos casos una disminución palpable de sus condiciones de vida previas debido a ingresos inestables y magros de una actividad independiente y también por la extensión forzosa de su jornada normal de trabajo.

Por su lado, el modelo de segmentación del mercado de trabajo específicamente asalariado en Argentina se caracteriza por la división entre trabajadores “en blanco” y trabajadores “en negro”, estos últimos peor pagos y carentes de seguro social y aporte jubilatorio.

En buena medida, la reducción de las tasas de desempleo desde 2002, cuando rozó el 22%, obedeció a la profundización de esta segmentación entre una clase obrera de primera y otra fragilizada, expulsada del mundo salarial o bien contratada por las empresas más pequeñas y, a su vez, muy frágiles. La sobrevida de muchas de las pequeñas y medianas empresas locales dependerá también, como la de sus empleados declarados y no declarados, de que continúen las elevadas tasas de crecimiento a fuerza no del capitalismo sino de los gastos y subsidios públicos y de una extraordinaria coyuntura internacional de precios favorables a las exportaciones argentinas.

Esta fuerza laboral precarizada de Argentina es la contracara de las menores tasas de desempleo, inferiores al 8%, cuyo éxito supone el drama de los “independientes” que prestan servicios útiles muy baratos por sus ingresos de subsistencia y de los asalariados sin protección social y superexplotados también por el gran capital bajo la forma de insumos baratos de las pymes, tan “flexibles” como informales.

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