De la Moncloa a Podemos – Por Nadia Bustos

españa41La incapacidad de formar gobierno es una muestra de la crisis política en la que se encuentra sumergida la burguesía española desde 2011, lo que no es más que la ruptura de los lazos que unían políticamente a la clase obrera con determinadas estructuras burguesas, construidas durante décadas.

Por Nadia Bustos (Grupo de Análisis Internacional)

Las elecciones de diciembre pasado en España mostraron la crisis política en la que se encuentra sumergida la burguesía española. De las 350 bancas en el parlamento, el Partido Popular (PP) ganó 123, el PSOE 90, Podemos 69 y Ciudadanos 40. Para formar gobierno, hace falta reunir 179. El PP recibió el apoyo de Ciudadanos desde el momento que se dieron a conocer los resultados. Sin embargo, para que esa coalición prosperara, era necesaria una abstención del PSOE. César Luena, referente del PSOE, afirmó que jamás apoyarían al PP o a Rajoy. Finalmente, el primer intento de coalición fracasó. En enero Podemos se reunió con el PSOE para negociar una alianza. La condición, era la aceptación del referéndum sobre la independencia de Cataluña. El PSOE rechazó la oferta y se acercó a Ciudadanos. En el mes de febrero, ambos partidos firmaron el acuerdo de un programa de gobierno. Hacia finales de marzo la coalición se presentó en el congreso, para someter a votación la aprobación de la nueva coalición. De los 179 votos necesarios para ganar, solo obtuvieron 130. Hubo 219 votos en contra, 123 provenientes del PP y 69 de Podemos. En este contexto, Podemos comienza un nuevo acercamiento hacia el PSOE y Ciudadanos, con el objetivo de reformar el acuerdo entre ambos partidos. Los dos principales puntos a discutir era la derogación de la reforma laboral y el referéndum catalán. PSOE y Ciudadanos afirmaron que no modificarán el acuerdo firmado. El 18 de abril Podemos llevó adelante un referéndum en sus bases, respecto a la aceptación del acuerdo con el PSOE-Ciudadanos. El rechazo fue rotundo: 88% se pronunció en contra. En cambio, cuando se consultó si aceptarían un gobierno PSOE-Izquierda Unida-Confluencias-Podemos, el 91,2% respondió favorablemente.

La preocupación por la gobernabilidad llegó hasta la casa real. El rey Felipe VI tomó el problema en sus manos y convocó a los partidos a una nueva reunión de diálogo para el 25 y 26 de abril. Según la Constitución española, en caso de no conseguir formar gobierno para el 2 de mayo, el rey deberá disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones. Sin embargo, esto tampoco resolvería el problema de gobernabilidad. Varias encuestadoras muestran que la intención de voto no se modificó desde las elecciones de diciembre.[1]

La incapacidad de formar gobierno es una muestra de la crisis política en la que se encuentra sumergida a la burguesía española desde 2011. Estamos ante la crisis del régimen de plena hegemonía instaurado en el Pacto de la Moncloa. A continuación analizaremos los principales aspectos de la historia del régimen democrático y su debacle a partir de la crisis del 2008.

La era de la hegemonía

El bipartidismo clásico que predominó en el sistema político español en los últimos veinte años, tuvo su origen en la firma del Pacto de la Moncloa. El período de transición política inaugurado con la muerte de Franco, enfrentó a la burguesía con el problema de la gobernabilidad. El sucesor de Franco fue el Rey Juan Carlos de Borbón, quien controlaba el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Juan Carlos I se propuso el abandono del régimen implantado bajo el signo fascista, con el objetivo de establecer un régimen democrático. Se trató de una etapa acompañada de un aumento de las huelgas obreras y de resistencia de los sectores más reaccionarios. Uno de los elementos claves de la transición fue la alianza establecida con el PCE. Aún en la clandestinidad, el partido tenía una importante influencia dentro del movimiento obrero y también en el resto de Europa. El nuevo presidente concedió la legalización del PC, a cambio del apoyo a la monarquía. La crisis económica obligó a un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para la implementación de un plan de reformas. El Pacto de la Moncloa fueron dos acuerdos, uno económico y otro político, firmado por Alianza Popular (AP), PSUC-PCE, PSOE, Unión del Centro Democrático (UCD) y la minoría vasco-catalana. El acuerdo económico implicaba reformas en presupuesto, seguridad social, política monetaria, fiscal, empleo, acción sindical y modernización agraria. El político instauraba el pleno funcionamiento un régimen democrático con sus correspondientes instituciones y libertades. Estos acuerdos permitieron sancionar al año siguiente la Constitución Nacional. Los pactos pudieron resolver la crisis económica, que amenazaba con desestabilizar el sistema político, a cuestas de un profundo ajuste. Aunque el PCE no lo firmó, fue su principal artífice. La promesa de que se encargaría de disolver a todos los elementos revolucionarios en su interior, fueron los que permitieron avanzar a la burguesía española.

En 1982, se inició un período de 14 años de gobierno del PSOE, mientras que AP intentó articular una alternativa de derecha. En 1986, España logró ingresar a la Comunidad Económica Europea y se convirtió en uno de los máximos receptores de los fondos europeos para el desarrollo de economías retrasadas. Se estima que el país recibió entre 1986 y 2010 casi 230 millones de euros, sin contar ayudas directas.[2]

El PSOE gobernó hasta 1996, apoyado por los nacionalistas catalanes (CiU) y vascos (PNV). Sin embargo, hacia 1992 se inició una etapa de desgaste, a partir del descubrimiento de casos de corrupción. Mientras tanto, la derecha logró unificarse en el Partido Popular (PP) y ganó las elecciones de 1996, con un estrecho margen. El PP contó con el apoyo de la CiU, PNV y la Coalición Canaria. Aznar gobernó con una coyuntura económica favorable y pudo ingresar a la zona euro hacia el año 2002. Sin embargo, la pérdida de apoyo de la población comenzó a verse hacia 2003, cuando España colaboró con la invasión estadounidense a Irak. El inicio de una ola de protestas abrió el camino para que el PSOE, con Zapatero a la cabeza, obtenga buenos resultados en las elecciones de 2004.

De la crisis económica a la crisis política

La crisis de 2008, producto de la caída de tasa de ganancia, afectó en mayor o menor medida, a todas las economías del mundo. La aparición de este factor disruptivo llevó al gobierno de Zapatero a descargar un ajuste feroz sobre la clase obrera. Entre ellas, recorte salarial a los empleados públicos, recortes en salud y reformas en el sistema previsional y laboral. El descontento de la población hizo eclosión hacia 2011, con el surgimiento del movimiento de indignados y el pedido de renuncia de Zapatero. La crisis política fue contenida con el adelanto de las elecciones y el advenimiento de un gobierno liderado por el Partido Popular (PP) encabezado por Rajoy. Sin embargo, el PP no ofreció un programa distinto al del PSOE, sino que avanzó en el ajuste iniciado por Zapatero.

Apenas asumió Rajoy realizó un aumento impositivo y una reforma laboral. La polémica reforma fue criticada por distintos sectores del movimiento obrero y fue motivo de importantes movilizaciones. La normativa establece una reducción de la indemnización por los despidos sin causa. Además, amplió los motivos de despido para empresas en crisis, figura que permite pagar un porcentaje menor de indemnización. La reforma laboral promueve además una reducción de impuestos a las pymes que contraten trabajadores menores a 30 años. Otro aspecto que favorece a las empresas en crisis es la posibilidad de incumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

Luego de esta medida, el gobierno del PP impulsó la polémica Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, que estipula multas desde los 600 a los 30 mil euros para delitos que abarcan la ocupación de inmuebles, entidades bancarias, faltas de respeto a la policía, negación a la identificación, las manifestaciones frente al Congreso, Senado, Parlamentos autonómicos o impedir un deshaucio. La ley mordaza criminaliza y sanciona cualquier intento de protesta, con el objetivo de disciplinar al movimiento obrero.

La sanción de la Ley Mordaza estuvo acompañada por una reforma del Código Penal. La medida impulsada por el PP y el PSOE, muestra otro aspecto de la crisis política. Allí se reformula el concepto de atentado y se lo define como “acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate”.[3]

El PP impulsó además una reforma educativa conocida como Ley Orgánica para Mejorar la Calidad Educativa (LOMSE). Entre las medidas más polémicas se encuentra la incorporación de la materia Religión a la currícula optativa de la escuela media y la descentralización de los contenidos y mínimo de horas requeridas por curso.

En 2015 el PP impulsó una nueva reforma educativa, esta vez dirigida hacia el ámbito universitario, conocida como “reforma 3+2”. La medida reduce las carreras de grado a 3 años y amplía a 2 años los posgrados y masters. Se trata de cursos que cuestan casi el doble que cualquier carrera de grado. Así el gobierno profundiza la degradación de las carreras de grado y encarece la titulación superior. En consonancia con la medida, se avanzó con el recorte de becas que pasó de 793.949 en 2011 a 757.027 en 2016. El recorte alcanzó al personal docente de las escuelas públicas: durante 2009-2010 había 51 mil profesores en centros públicos, esa cifra se redujo a los 47 mil en 2014. La disminución del personal docente tiene su causa en el cierre de cursos. El gobierno impulsó un aumento del 20% de alumnos por clase, lo que permitió cerrar varios cursos.[4]

La salida a la crisis económica se vio acompañada de medidas la degradación de las condiciones de vida de la clase obrera. En enero de 2008, el desempleo alcanzaba al 9% de la población. La cifra fue aumentando hasta alcanzar un pico del 26,3% en marzo de 2014. En enero de 2016, rondaba el 20%, una de las más altas de la UE, seguido solo por Grecia con el 24,4%.[5] La falta de perspectivas de vida se observa a partir del aumento de la tasa de suicidios. Dentro de las causas de muerte no natural, el número de suicidios dobla el total de muertos por accidentes de tránsito en 2008. Esta tendencia se mantiene hasta 2014, cuando las cifras duplicaron el número de muertos por accidentes y se convirtieron en la principal causa de muerte no natural.[6]

Distintas fracciones de la clase obrera realizaron huelgas y movilizaciones para luchar por sus condiciones de trabajo. Frente a la crisis política de la burguesía, la clase obrera no logró formular una alternativa política que responda a sus propios intereses de clase. El fracaso del movimiento de indignados muestra el límite de la ruptura con la estructura política. El autonomismo de los indignados dejó el camino libre al ajuste del PP. Hasta el momento, la clase obrera organizada a través de los sindicatos está llevando adelante una lucha fragmentada, que abarca sectores particulares o no logran superar la consigna sindical. A pesar de esta situación, en algunos sectores minoritarios existe una ruptura incipiente con las direcciones burocráticas de la UGT, la CCOO y la CGT.

La crisis política iniciada en 2011 derivó en el fin del bipartidismo español. En este contexto surgen Ciudadanos y Podemos. El primero es un partido que ya existía desde 2006 pero cobra relevancia política recién en 2012, vinculado al Ibex 35, es decir, a las empresas que cotizan en la bolsa española. El segundo surge en 2014, encabezado por Pablo Iglesias. Podemos encarna un programa reformista, que promueve el referéndum por la cuestión catalana, la derogación de la reforma laboral del PP y el refugio a los refugiados sirios. Ciudadanos tiene un programa liberal opuesto al separatismo catalán y favorable a apoyar tanto al PP como al PSOE.

Estas alternativas políticas en un contexto de crisis representan un intento de reconstrucción del programa de los partidos tradicionales por fuera de esas estructuras. La incapacidad de formar gobierno no solo muestra el fin del bipartidismo clásico. Es además la expresión de una tendencia hacia la fragmentación del sistema político español. No vamos hacia un sistema de partido único, sino a una profundización de la fragilidad. La raíz del problema reside en la debilidad de la burguesía española. La incapacidad de resolver el reclamo separatista de Cataluña es un ejemplo de ello.

La cuestión catalana

El problema de la independencia de Cataluña siempre estuvo presente dentro de la historia de España. Sin embargo, cobra relevancia en 2010, a partir de la crisis económica y política que atravesaba el país. Cataluña concentra la producción industrial más importante del país, representa el 19% del PBI y el 25% de las exportaciones. La mayoría de los bienes allí producidos son comercializados en el resto de España y en la UE. El último año los sectores productivos más favorecidos fueron la industria del caucho, química, plástica y metalúrgica. Se trata de una región que presenta, en promedio, un crecimiento mayor que el resto del país. Cataluña es además el principal destino de la inversión extranjera.

A pesar del crecimiento económico, Cataluña posee un déficit económico importante. El gobierno emitió entre 2010 y 2011 los “bonos patrióticos” para conseguir financiación. La llegada de las divisas no impidió la realización del ajuste. El gobierno impulsó recortes en gasto público, fundamentalmente sanidad y educación, como también la venta del patrimonio del gobierno.[7]

Dentro de la región, la burguesía se encuentra dividida respecto al pedido de independencia. Entre las cámaras impulsoras del reclamo se encuentran las trece cámaras de comercio catalanas: Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Palamós, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa y Valls. A ellas se les suma el Consejo de Cámaras de Catalunya. Esta fracción de la burguesía catalana firmó en 2014 un manifiesto conocido como el Manifiesto del Faro, que promueve la consulta popular sobre la separación del resto del país. El argumento principal es la diferencia entre el aporte de la región catalana al resto del país en términos de impuestos y lo que recibe del gobierno nacional. Estas fracciones de la burguesía son representadas por Convergencia Democrática de Catalunya y tienen mayoría dentro del parlamento catalán. Los independentistas afirman que si estos impuestos se quedaran en la región, Cataluña podría ser autosuficiente.[8]

En la oposición se encuentra la patronal Fomento del Trabajo, junto con Empresarios de Catalunya, quienes expresaron en reiteradas oportunidades su oposición al proceso secesionista. La principal preocupación reside en la salida de la zona del Euro y una posible devaluación cambiaria. Esta fracción de la burguesía propone resolver el conflicto a través de un pacto fiscal que aumente los recursos de la región.

Los empresarios integrantes de Foro Puente Aéreo, también expresaron su rechazo a la independencia de la región. El foro reúne a 40 de las empresas más concentradas de Barcelona y Madrid, entre las que se encuentra Telefónica, Repsol, Grupo Godó, Agbar, Endersa, Banco Sabadell y Caixabank. Todos ellos se encuentran a favor de un pacto que dé cuenta de las especificidades de Cataluña.[9] Es que la integración al Estado español le permite recibir migración de otras provincias y un mercado protegido a sus productos.

El problema del separatismo catalán muestra que España no tiene completamente resuelta su cuestión nacional. En este caso, quiénes conforman la burguesía nacional unificada. Pero eso no quiere decir que la clase obrera catalana sufra una opresión particular como para justificar una consigna independentista. El separatismo es contrario a los intereses de la clase obrera y a su unidad.

Perspectivas

El resurgimiento del separatismo catalán revela la falta de unidad política del conjunto de la burguesía de España y se constituye en un obstáculo para la resolución de la crisis política del país. Podemos, luego de todas las bravatas contra el ajuste, ha firmado su compromiso para mantener las medidas de Rajoy. Poco le va a quedar a esa coalición gobernante, si se acuerda sobre el punto catalán.

Lo que aparece como la crisis del Pacto de la Moncloa no es más que la ruptura de los lazos que unían políticamente a la clase obrera con determinadas estructuras burguesas, construidas durante décadas. Ese quiebre es el producto de las promesas incumplidas de la democracia burguesa, de la integración a la Comunidad Económica Europea y del capitalismo en general. Se prometió que si se abdicaba de la revolución, si se enterraban los sueños que se anudaron en la Guerra Civil, la vida de todos sería mejor, que habría lugar para todos. Eso es lo que se derrumbó. Estos son momentos para poner todas esas ilusiones contra la pared y revisar lo que se prometió en aquel entonces. Es tiempo de retomar aquellas palabras enterradas: Revolución y Socialismo. Pero también, de sacar un balance sobre por qué se perdió en aquel entonces, por qué hay palabras que son las del enemigo, como República. Hoy, los revolucionarios españoles deben poner las manos a la obra, unificar sus fuerzas y convocar a las fracciones ocupadas y desocupadas para discutir un programa y una estrategia de intervención.

Notas
[1] http://goo.gl/wVDZrn

[2] http://goo.gl/gqHcFT

[3] http://goo.gl/4SH8mb

[4] http://goo.gl/5uMOjN

[5] https://goo.gl/LKDdds

[6] http://goo.gl/e5NIFn

[7] http://goo.gl/zfTT3P

[8] http://goo.gl/BPQAqa

[9] http://goo.gl/XXyGBh

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