El gobierno emitió un DNU por el que se prohíben despidos y suspensiones “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial.” Es decir, se deja por fuera de la prohibición los despidos y suspensiones realizados hasta la fecha de publicación, así como todos aquellos que estén justificados en, por ejemplo, los procedimientos preventivos de crisis. Además, se deja por fuera de la prohibición las suspensiones que se hagan según el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir aquellas por las cuales se acuerda pagar una suma no remunerativa, incluso en aquellas circunstancias que “se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada”. Es decir, se puede suspender siempre que se pague una suma no remunerativa. Por supuesto, nada se dice acerca de la culminación de contratos a término, una modalidad que abraca alrededor del 10% de los trabajadores y que permite despedir de manera sencilla.
En especial, el tema de la presentación de los procedimientos preventivos de crisis (PPC) se encuentra en discusión porque las cámaras de la industria petrolera adelantaron que presentarán procedimientos preventivos de crisis para todo el sector. Si esto se acepta, los despidos y las suspensiones estarían por fuera del alcance de la prohibición. También la cámara patronal de transporte de corta y media distancia presentó al gobierno un documento reclamando que se declare la emergencia del sector y se le den subsidios especiales (más de los que ya reciben) con la amenaza de hacer un lock out. Entre su pliego de reivindicaciones se encuentra la habilitación de un trámite express para presentación de PPC.
Pero el asunto también hay que medirlo en relación a lo que viene: cuando el plazo de 60 días culmine, las empresas vendrán con mayores ajustes de todo tipo argumentando la crisis del coronavirus. Que posibles despidos por PPC no figuren en el decreto es todo un síntoma de lo que nos espera.
Como contracara de esta prohibición, Fernández tiene planeado un fondo de más de 380 mil millones de pesos para auxiliar al capital, en especial al más negrero, las PyMEs. El dinero para el “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” va a provenir de la ANSES, o sea, de la caja de las jubilaciones, esa que no alcanzaba para dar el aumento que correspondía en marzo a todos los jubilados.
Las medidas para sostener el respirador artificial para la burguesía planera serían variadas. Por un lado, en relación a la rebaja de cargas patronales y postergación del pago de las adeudadas, se posterga del vencimiento de las contribuciones patronales al Sistema de Jubilación-SIPA (no incluye obras sociales y PAMI) devengadas en los meses de marzo y abril de 2020 y se reduce hasta un 95% el pago de las contribuciones patronales durante el mes de abril que se destinan al sistema previsional. Otras medidas apuntan a pagar parte de los salarios. Se lo va a llamar “Asignación Compensatoria al Salario” y será para las empresas de hasta 100 trabajadores del sector privado, y para los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos de trabajo. Según el tamaño de la empresa, se le va a otorgar entre el 50% y el 100% del salario mínimo (o sea, entre $ 8.437,50 y 16.875 pesos). Además, para las empresas con más de 100 trabajadores se pagará Repro de entre 6 mil y 10 mil pesos. Resulta interesante que también se pondrá dinero para subsidios al desempleo mediante el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, con subsidios que van de desde $6.000 hasta $ 10.000. ¿Pero no se supone que se prohíben los despidos…? Otra medida será específica para las micro, pequeñas y medianas empresas inscriptas en el Registro de Empresas MiPyMES: Se les dará dinero para garantizar el pago de préstamos para capital de trabajo, incluyendo pagos de salarios, aportes y contribuciones patronales, y cobertura de cheques diferidos.
Es decir, va a seguir fluyendo dinero, y desfinanciando la ANSES, para mantener a flote la ganancia capitalista, mientras los trabajadores se van a tener que ajustar porque van a sufrir caída de sus salarios en la medida en que se puede suspender con sumas no remunerativas. Esto es algo que ya se implementó en varios sectores. Tampoco se hace nada con aquellos que ya fueron despedidos. Y mientras se busca garantizar la ganancia capitalista, los trabajadores informales y los precarizados con el monotributo tienen que aguantarse con un monto menor al salario mínimo. Mientras fluye la plata de las jubilaciones hacia la burguesía planera, los hospitales no tienen insumos para garantizar la seguridad de los trabajadores.
No importa lo que diga Fernández, sus acciones muestran que la vida de los obreros no le importa más que sostener la ganancia de los patrones.
Corriente clasista Goyo Flores
