Jaime Ortega
Colaborador-México
Las cifras más conservadoras de la cantidad de personas muertas por la “guerra” que sostiene el Estado mexicano contra el narcotráfico rondan entre 45 y 50 mil muertos en tan sólo 5 años. Militares, narcotraficantes, sicarios, recientemente también presidentes municipales y sobre todo civiles, han muerto en la implementación de mecanismos de la Doctrina de Seguridad Ciudadana, cuya base es la militarización del “combate al narcotráfico”. Formas de enfrentar a los cárteles de la droga que el actual gobierno mexicano, encabezado por Felipe Calderón, inició en 2007. Desde entonces la constante militarización de la vida social en México ha modificado la correlación de fuerzas entre los grupos y partidos políticos que existía hasta 2006. El Estado mexicano, en su conjunto, se ha visto rebasado por la llamada “guerra”, al tener que enfrentar a un enemigo difuso, con un fuerte implante social y sobre todo por la infiltración de los cárteles en las estructuras del Estado, que se ha visto reflejada en la desbandada de oficiales y soldados rasos que pasan del ejército a engrosar las filas de los grupos de sicarios.
Por su parte, los cárteles de la droga no sólo enfrentan al Estado mexicano y su estrategia de militarización, además han entablado una cruenta disputa entre ellos mismos, luchando por las rutas tanto de tránsito como de producción/consumo de la droga, teniendo que echar mano de otros mecanismos que permitan su afianzamiento operativo, llegando a lo más profundo de la sociedad ahí en donde existen las condiciones más optimas para ello.
Los cárteles de la droga son empresas capitalistas de lo más anómalas, no sólo contratan a la fuerza de trabajo excedentaria que ha decidido no migrar, disponiendo de ella en cualquiera de los momentos de su funcionamiento como capital, ya sea en la producción o en la circulación, sino que su estatuto extra legal ha obligado que parte de esa fuerza de trabajo, compuesta por hombres muy jóvenes, sea utilizada en forma de sicariato. Dichos jóvenes, vueltos sicarios enfrentan tanto a otros cárteles rivales como a las fuerzas del Estado. Además de ello y de forma alarmante, los cárteles han venido a ocupar espacios sociales de los cuales el Estado se retiró desde hace tiempo. No sólo aprovechando la fuerza de trabajo disponible, principalmente en el campo o en los barrios más pobres de las ciudades, sino además invirtiendo “socialmente” en obras de infraestructura que benefician a comunidades apartadas, ahí en donde el Estado no sólo no llega, sino que tampoco le interesa hacerlo.
Con el tiempo, fue elaborándose una versión idílica de los cárteles: ellos construyen escuelas e iglesias, remodelan plazas y parques, permiten una distribución de la riqueza social, incluso de habla de una “cultura” que se expresaría en corridos populares, novelas, o construcción de figuras religiosas asociadas a ellos. Esta visión pseudo románticas omite la violencia contrarrevolucionaria que se establece en los espacios que domina: ahí es imposible levantar una política alternativa al capitalismo o pensar en re-ordenar el desastre en el que está sumido el campo mexicano, que empezó claramente con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994. En donde los cárteles gobiernan es difícil la militancia política revolucionaria y la acción independiente de las masas.
Sobre la creciente influencia política de los cárteles tenemos el caso más evidente ocurrido en las últimas elecciones previas a las presidenciales del 2012. Durante las elecciones locales de la provincia sureña de Michoacán comenzaron las más serias acusaciones y documentación de la influencia de los cárteles en la política. El victorioso candidato del PRI fue acusado por sus adversarios del PAN y el PRD de haber contado con el apoyo de estos grupos. La documentación más sobresaliente es la publicación de transcripciones de grabaciones en donde supuestos líderes de las mafias ordenaban a otros a coaccionar a los habitantes de Tuzantla (en Michoacán) a votar por el candidato del PRI. En las transcripciones de las grabaciones, se lee que el candidato del PRD, en la misma elección, era apoyado por un cártel rival. El grupo que apoyaba al candidato del PRI había recomendado amenazas a la población con que “se les quemará la casa con todo y familia.” Ya antes, esta provincia mexicana había sido escenario de otras señales de la influencia de los carteles sobre la política. No hace mucho Julio César Godoy Toscano diputado afiliado al PRD y medio hermano del gobernador de Michoacán, el también perredista Leonely Godoy, fue señalado como parte de un cártel. Michoacán es sólo un caso, quizá paradigmático, de lo que se perfila el próximo año.
¿Hay una cartelización de la política en México? Ante esta pregunta, tendríamos que dar dos respuestas. Primero: hay una presencia mayor en toda la política estatal y de los partidos políticos a partir de que Calderón asumió la presidencia y declaró la “guerra” a dichos cárteles, iniciando un proceso de militarización del conjunto de instituciones de seguridad. Éste es un hecho político decisivo para el estado actual de la correlación de fuerzas, pues permitió el desprestigio rápido y creciente del gobierno del PAN y apuntaló a una oposición más negociadora con los cárteles como lo es el PRI. No es casual que sea en éste periodo donde el PRI ganará más gobernaturas estatales. Segundo: en los últimos comicios empezó a señalarse de manera más clara la interferencia de los diversos cárteles a favor de candidatos, particularmente a gobiernos locales (alcaldías), puesto que la política en éste nivel es más oscura, tiene menos atención por parte de los medios de comunicación y los fraudes se practican regularmente desde hace más de 80 años. A esta nueva forma de influencia política, donde los cárteles financian pequeñas campañas o promueven de forma violenta a tal o cual candidato, es a lo que más se teme el próximo año. Es incierto aún saber si se aplicará éste mismo mecanismo a una elección tan vigilada y con tanta atención como la presidencial, pero lo cierto es que ya ha ocurrido. Los cárteles más poderosos han tenido, hasta ahora, una mayor inclinación en negociar y apoyar al PRI, sin embargo estas alianzas no pueden ser decretadas como duraderas. El Estado mexicano está desmoronándose por la falta de posibilidad de establecer su autoridad y las tensiones políticas que buscan un recambio alternativo a los gobierno del PAN de Calderón.
Con la creciente presencia de los cárteles en la política electoral el futuro en éste renglón es incierto, aunque lo que está claro es que el tipo de violencia que imprimen sobre el conjunto de la sociedad es abiertamente contrarrevolucionario: impiden la organización social e implantan una ideología conservadora que busca la obtención de dinero fácil y a toda costa, aún la vida. El Estado pierde territorios y autoridad frente a empresas capitalistas anómalas. Pero, como capitalistas, los sicarios también quieren decidir sobre las leyes y reglas, de ahí la búsqueda por la influencia política directa. Asistimos, entonces, a un proceso descomposición de las relaciones políticas y sociales, que en algunas regiones aparece en forma más avanzada que en otras. El Estado va perdiendo su capacidad de coacción, la que se reconstruye por medios paraestatales. Por un lado, se observa una descomposición de la política burguesa. Por el otro, los intentos de disolver los lazos sociales que unen a los trabajadores entre sí. La recomposición de estos lazos y la defensa física de las organizaciones obreras aparecen como la tarea más urgente de la revolución en México.
