¿Se sensibilizó con los spots de los famosos para renunciar al subsidio? ¿Cree que finalmente hemos salido de la crisis y que debemos renunciar en pos de una distribución justa? Lea esta nota y verá como la quita de subsidios no es una medida progresiva, sino el anticipo de un ajuste generalizado. OME-CEICS
A ciencia cierta, aun no se conoce con exactitud a cuántos usuarios afectará el recorte. El gobierno insiste con que serían “apenas” 250 mil, de los sectores de mayor ingreso. Por su parte, analistas señalan que la poda alcanzaría “a toda la clase media”, excepto a quienes puedan demostrar su “pobreza”, dadas las restricciones que impone el formulario para mantener el subsidio.4 Las propias empresas prestadoras calculan que son, a priori, 6,5 millones de hogares los que deberían recibir en 2012 las boletas sin subsidio. Organismos de defensa del consumidor alertan sobre los efectos que el incremento de tarifas puede tener sobre “sectores medios” de la población urbana, mientras otros calculan que el 60% de las familias (incluyendo claramente sectores obreros) serán alcanzadas por este ajuste.5 Una familia tipo con consumo medio-bajo de la ciudad de Buenos Aires, podría pasar de pagar en concepto de electricidad y agua corriente de $65 a $230. Un aumento de casi 4 veces el precio actual. En hogares más numerosos y consumos más elevados, el impacto sería todavía mayor.
Sea cual sea el alcance, es difícil defender la idea de que esto no se trata de un aumento de tarifas. Sumado a la más que probable suba del transporte de pasajeros,6 y ante un contexto donde el gobierno anticipó que intentará mantener la puja salarial bajo control,7 este esquema no podrá dejar de afectar el poder adquisitivo del salario obrero. Solo los aranceles de los servicios principales (luz, agua, gas) podrían aumentar en tres veces promedio sin el subsidio. Realizando aproximaciones propias y según los salarios oficiales medios, para un salario mínimo y para el personal del servicio doméstico, representaría casi un 14% de su ingreso; más de 9% para un trabajador rural, un gastronómico o un trabajador de la educación, y 10% para quien recibe una jubilación mínima. Considere el lector el efecto sobre los trabajadores en negro (con salarios mucho menores que los de convenio), y sobre la gran parte de los obreros que perciben ingresos por debajo del promedio. Cabe aclarar que estos cálculos no consideran la incidencia de aumentos en otros servicios, como la telefonía y el transporte.
Pero eso no sería todo. Otro de los posibles golpes podría venir de la aplicación del cargo completo en la provisión de gas a ciertos sectores de la producción. Por ejemplo, mediante la quita de subsidios en las tarifas de gas para las refinadoras de petróleo, procesadoras de gas, aceiteras y agroquímicos.8 Dado que el gas es un insumo fundamental para la industria, y al ser estos sectores eslabones iniciales de cadenas productivas, los aumentos podrían trasladarse a sus siguientes pasos, sobre todo en alimentos. La perspectiva de un recrudecimiento de la inflación se plantea nuevamente.
A pesar de que el gobierno se esfuerce en sostener que no se trata de un “ajuste”, la realidad es que la nueva estructura necesariamente afectará el bolsillo obrero. En parte golpeará a sectores burgueses, por el aumento de los costos en insumos básicos como la energía. Pero pronto estos aumentos se trasladarán a la masa de los consumidores. En este punto, la supuesta “redistribución” o el renunciamiento solidario es una farsa. Cabe recordar que, lejos de una dádiva, los subsidios no son otra cosa que riqueza creada por los trabajadores que el Estado retira de la apropiación directa por medio de la vía impositiva. La renuncia a esto es dar carta blanca para un avance del capital sobre las condiciones de vida de las masas. Esto nos vuelve a introducir en la cuestión de fondo: los problemas de caja de la actual administración.
Otra vez, la caja
Es difícil ocultar el motivo real de los recortes. Como advertimos en la edición anterior, el trasfondo de la quita de subsidios y suba de tarifas es la falta de recursos del gobierno ante el achicamiento del superávit fiscal y la ausencia de otras fuentes de compensación. Eso se refleja no solo en la reducción de subsidios a la energía y posiblemente al transporte, sino también en la descentralización de diferentes organismos. Uno de estos casos es el pasaje de la distribuidora EDELAP, prestataria del servicio eléctrico en el área de La Plata, que pasará de la administración central a la órbita del gobierno de la provincia.9 También podemos situar aquí al intento de transferir los subterráneos al gobierno metropolitano, lo que desencadenó un cruce con el gobierno de la ciudad por ver quién cargará con los costos de operación.10
El gobierno comienza el ajuste que se vislumbraba. Como venimos analizando, ante una crisis que afectará aun más la estructura de gastos del Estado y la reproducción de capital, sectores de la burguesía sufrirán también el impacto, lo que provocará conflictos internos en su seno. Por eso, buscarán minimizar sus pérdidas. Si bien el recorte no dejará de afectar al capital al encarecer los costos internos, sus representantes políticos entienden que la medida es la manera menos costosa con la que cuentan para capear la crisis. Por eso, el macrismo apoyó la medida, aprovechando para correr “por izquierda” al gobierno. Binner también saludó el anuncio, apurándose a ajustar las tarifas de luz en un 13,4% para diciembre y 9,8% para el bimestre siguiente. Pino Solanas comentó en su Twitter que “hay que profundizar la medida; aún se destinan millones a empresas privadas”, mientras que Adrián Pérez (Coalición Cívica) sostuvo que “el gobierno asumió […] que el esquema de subsidios que había creado era injusto”. Entidades empresarias como CAME y AEA también suscribieron la moción, y hasta el grupo Techint saludó la iniciativa.11 No se trata de un problema de “distribución” (“menos a la burguesía, más al proletariado”), sino de los límites del Estado para contener los efectos de la crisis y asegurar la reproducción del capital en el país.
Ante las presiones a la baja del superávit fiscal,12 al gobierno se le plantea un problema para mantener el esquema cimentado con la devaluación, que no pudo resolver con ninguna de las medidas tomadas. El sinceramiento de tarifas cubre en este punto dos frentes: permite liberar recursos para “redireccionarlos” (un eufemismo para el recorte dados los problemas de caja) y puede generar un aumento de la recaudación por el incremento de los montos de impuestos internos sobre la población.
A riesgo de ser reiterativos, tenemos que decir que nada ha cambiado en la era K. El gobierno, incapaz de continuar mitigando las contradicciones de la acumulación, da paso definitivo al ajuste. No hay aquí ninguna “traición”, puesto que nunca fue nada distinto. El “emprolijamiento del modelo” significará mayor inflación y peores condiciones para los trabajadores. No obstante, todo esto a la vez anticipa, a 10 años del Argentinazo, un escenario de crisis que llama a preparar una nueva intervención de conjunto de la clase obrera y la pequeña burguesía.
Notas
2 Bil, Damián: “La estatización de la crisis”, El Aromo, n° 63, Buenos Aires, noviembre-diciembre de 2011.
3 Cadena3, 17/11/2011; Clarín, 18/11/2011; Mtrio. de Planificación, 18/11/2011.
4 La Nación, 2/12/2011.
5 Clarín, 19/11/2011.
6 Debemos aquí tomar en cuenta una de las aristas del problema: los aumentos de los costos internos de la producción de gas y combustibles, y la necesidad creciente de importaciones por la caída de la producción. Ver Dachevsky, Fernando: “Adiós energía barata. La crisis del gas y el desmantelamiento de los subsidios”, El Aromo, n° 51, Buenos Aires, 2009.
7 AIM, 04/12/2011; Prensa Obrera, 17/11/2011.
8 En Boletín Oficial, Año CXIX, n° 32.278, 16/11/2011, p. 37.
9 Ídem, p. 1; La Nación, 16/11/2011.
10 La Nación, 24/11/2011; Clarín, 2/12/2011.
11 La Nación, 3/11 y 18/11/2011; Noticias Urbanas, 16/11/2011; La Prensa, 17/11/2011; El Liberal, 17/11/2011; Clarín, 20/11/2011;Fortunaweb, 28/11/2011.
12 Bil, Damián: op. cit.
