Con el affaire Vicentin, la patronal de SanCor estuvo en el ojo de los medios de comunicación estas últimas semanas. Se habla de un nuevo rescate a la empresa que viene de avanzar sobre miles de puestos de trabajo y atacar sistemáticamente a sus trabajadores. Rápidamente, voces de distintos sectores vinculados con SanCor salieron a aclarar que ellos vienen cumpliendo con todo lo que se habían propuesto y comprometido en 2017, cuando decidieron comenzar con la reestructuración de la compañía. No quedan dudas. El Estado hizo lo propio a través de Mario Cafiero, director de INAES y de diferentes funcionarios y legisladores de la provincia de Santa Fe, quienes se adelantaron a hablar de proyectos de rescate financiero. Finalmente, Héctor Ponce -el Secretario General de Atilra-, afirmó que el plan de salvataje -a través de un fideicomiso con participación del Estado- ya estaba en marcha. Ponce aprovechó para presentarse como el “gestor” de las negociaciones. Este fideicomiso financiero y administrativo, según Ponce, permitiría que Sancor siga manteniendo el status de cooperativa, aunque el manejo de los ingresos quedaría bajo el control de acreedores, entidades financieras, proveedores, etc.
¿A quién le debe SanCor?
Las deudas que posee hoy la compañía ascienden a casi 12 mil millones de pesos. La mitad corresponden a deudas con el estado (AFIP, Créditos Fondear y otras entidades públicas). El resto se reparte en deudas con proveedores (servicios e insumos y materias primas, necesarios para la producción) y finalmente con su personal (tanto los activos, los suspendidos indefinidamente, como los retiros voluntarios y desvinculaciones cuyos compromisos de pago, Sancor nunca cumplió). Por otra parte, el pasivo en dólares es también muy alto: la deuda a distintos fondos de inversión, nacionales y extranjerosronda los U$S 120 millones.
Sancor vive del mecanismo de endeudarse permanentemente, para que luego el Estado, condone dichos incumplimientos, se haga cargo del pasivo privado y le vuelva a prestar plata para financiar su reinserción en el mercado y relanzar sus negocios.
Ponce al servicio de la patronal
«Los fierros [las máquinas] los tenemos los trabajadores y vamos a defender la empresa… «. Con esta frase, Ponce admite su política: mendigar plata para SanCor. En lugar de organizar a los trabajadores, Atilra se ha vuelto un vocero de la empresa. Incluso ha permitido el chantaje de los retiros voluntarios, los cierres de plantas y sucursales y los despidos con indemnizaciones al 50% en 12 o 18 cuotas (que aún no pagaron). Por último, vinieron las suspensiones indefinidas para personal de planta, Centros de Distribución y Repositores externos. Más de 500 trabajadores suspendidos con un sueldo de 10.000 pesos mensuales, que en la mayoría de los casos, ni siquiera se cobra.
SanCor liquidó más de 3 mil puestos de trabajo en tan solo 3 años, mantuvo al resto de su personal con deudas de salarios, aguinaldos, aportes, suspensiones permanentes y se apresta a iniciar una nueva tanda de despidos encubiertos bajo la forma “acuerdos”. El papel de Atilra no podría ser más alevoso: su complicidad con la empresa fue necesaria para la reestructuración. Los trabajadores no le deben nada a SanCor, más bien todo lo contrario.
¿Y el rescate a los trabajadores?
El salvataje a SanCor es otro rescate del Estado –o sea, lo financian los trabajadores- a la patronal para que siga sus negocios. No es el primero y no significa que los trabajadores sean beneficiados: los rescates anteriores tuvieron como condición una reestructuración feroz. Siguieron los despidos y las suspensiones, descontaron el 15% durante un año y reformaron el Convenio Colectivo de Trabajo.
En realidad, el Estado debe intervenir para que Sancor reincorpore a todos los trabajadores suspendidos, abone lo adeudado y actualice los sueldos. Que de las deudas financieras se hagan cargo los empresarios. Ni los trabajadores ni el Estado tienen que pagar la crisis de la patronal. Por su parte, Atilra debe dejar de pedir plata para los patrones, y convocar a acciones para ganar las reincorporaciones. Por último, si los empresarios no pueden cumplir, entonces que Sancor sea estatizada bajo el control de los trabajadores y ponga su producción al servicio de las necesidades de la sociedad. Comedores, escuelas y millones de familias necesitan sus productos lácteos. Llamamos a los trabajadores de Sancor a tomar el problema en sus manos.
Corriente Clasista Goyo Flores
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