La Justicia cordobesa imputó a 13 dirigentes del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de la ciudad de Córdoba, que se manifestaron el viernes 8 contra el recorte salarial que impuso el intendente de la Ciudad de Córdoba, Martín Llaryora (PJ). La ordenanza que aprobó la legislatura establece la reducción de la jornada laboral a seis horas por día, como forma de ahorro presupuestario en salarios.
Al igual que un conjunto de intendentes y gobernadores de todos los partidos políticos patronales, Llaryora busca ajustar las cuentas municipales atacando a los trabajadores. Frente a ello, el SUOEM se movilizó al Concejo Deliberante para rechazar el proyecto. Los recortes salariales llegan hasta el 15% del salario. Pero este porcentaje se suma al recorte que los municipales ya habían sufrido al comienzo de la cuarentena cuando la Municipalidad modificó el ítem “Prolongación de jornada” a todos los empleados de servicios no esenciales, que representa hasta el 35% del salario. En total, los trabajadores están perdiendo hasta un 50% del salario mientras la inflación no cesa.
La movilización en reclamo de los salarios viola la cuarentena, no por negligencia, sino por necesidad. Es la propia patronal la que obliga a los trabajadores a incumplir el aislamiento, porque pretende condenarla a pasar hambre. La Justicia muestra, una vez más, su carácter de clase: condena a quienes salen a luchar por su salario.
Repudiamos las imputaciones y reclamamos el inmediato desprocesamiento de los trabajadores.
Ningún trabajador procesado por luchar.
Sin salario, no hay cuarentena.
Corriente Clasista Goyo Flores Córdoba
