Por Romina De Luca.
Casi no hay día de la semana en que no aparezca algún artículo que reflexione sobre la “crisis educativa actual”. Y parece ser que la conclusión es que las siete plagas de Egipto se desataron sobre la educación argentina durante los ’90 y que su instrumento fue la Reforma menemista. Sin embargo, los orígenes del problema se encuentran más atrás, siendo su antecedente inmediato el gobierno alfonsinista, verdadero mentor ideológico de lo que hoy prefiere adjudicársele sólo al “neoliberalismo” del presidente prófugo. Por el contrario, el Congreso Pedagógico, convocado por el gobierno radical en 1984, resultó la gran usina de ideas de la Reforma.
El análisis del Informe final de la Comisión de asesoramiento y de las Actas finales de la Asamblea pedagógica nos muestra que fue la “honorable” Comisión de Asesoramiento (cuyos miembros fueron designados por el mismísimo presidente de la Nación, Raúl Alfonsin) quien propuso profundizar la descentralización del sistema educativo, la esencia de la destrucción provocada por la Ley Federal de Educación (en adelante LES). Es la Comisión Nº 4 (“Gobierno y administración de la educación”) la que propone y justifica esa “reforma”. La descentralización, según sus ideólogos, significa democratización de la estructura educativa, participación de la comunidad y concreción de una “libertad responsable”. Es, según la misma Comisión, condición para la afirmación de la libertad, el orden y la democracia, porque el “siniestro” centralismo atenta contra la comuna, célula donde se forma la atmósfera cívica propicia para la vida nacional. Los principios que propone dicha Comisión son: regionalización (porque la educación debe promover el desarrollo de la región), desconcentración (de competencias y funciones) y nuclearización (para evitar la multiplicación de gastos y esfuerzos). Por último, se propone la autogestión y la participación comunitaria.
La LES, en sus artículos 51º, 53º, 56º y 59º, promulga estos principios: el gobierno educativo debe regirse por criterios de descentralización (art. 53º), democratización, federalización (art. 51º) y participación, siendo obligación del poder ejecutivo de cada jurisdicción educativa planificar, organizar y administrar (artículo 59º). También se establece que los contenidos deben ser flexibles para que respondan a los requerimientos y necesidades locales (artículo 53º), es decir, regionalizar, garantizando la participación de la comunidad (artículo 56º).
Como parece obvio que la municipalización puede crear problemas de financiamiento, la Honorable Comisión señala que los municipios pueden movilizar el aporte “generoso” de los vecinos, llegando a esferas a las que la fiscalidad central no alcanza. Esta “participación” económica, según sus defensores, sería de tipo espontánea, debido a la identificación de la comunidad con el “proyecto” pedagógico local (aunque, faltando tal motivación, podría “estimularse” con un impuesto especial…). Creación de asociaciones cooperadoras, cooperativas, asociaciones de padres que contribuyan en bienes, trabajo o dinero, financiamiento mixto, escuelas productivas, utilización productiva de los patrimonios, impuestos a productos de consumo masivo, etc., etc., son algunas de las formas que estos asesores imaginaron para financiar la educación, en una línea de privatización encubierta de la escuela argentina. La escuela “shopping” de Grosso, el intendente menemista de Buenos Aires, no hacía más expresar un alarde de originalidad propio de los ’90, pero cuyas raíces se encuentran, sin dudas, en el Congreso Pedagógico.
Por otra parte, la regionalización no trata sólo de la gestión y administración sino también de los contenidos, que deben adaptarse a las necesidades de la acumulación de capital. Por eso, la LES habilita la participación de la “comunidad”, es decir, de los empresarios, en las instituciones educativas. Pero esto ya estaba en el Congreso Pedagógico. Así, según el Congreso, los contenidos deben ser flexibles, respondiendo a las necesidades locales y regionales, de los distintos medios y lugares propiciando el desarrollo (económico) de la región. Los objetivos mínimos comunes deben contemplar en primer lugar, entonces, las “necesidades” de acumulación del capital local en tanto se establece que el sistema educativo en todos sus niveles debe contar con orientación laboral y técnico-profesional según los requerimientos citados, porque precisamente el principio que rige la Reforma es “para quien es relevante” el conocimiento impartido. Está claro: para las empresas.
La Comisión propuso también la extensión de la obligatoriedad a 9 o 10 años a partir de los 5 años (pre-primario) ya que los siete años vigentes resultan insuficientes para entender una realidad cada vez más “compleja”. Como se sabrá, a partir de la Ley Federal el pre-primario es obligatorio, junto con 9 años de educación básica (Titulo III de la Ley). Este aumento de la obligatoriedad responde “a evitar apresuradas decisiones laborales o vocacionales”. Sin embargo, como ya sabemos, el aumento de la obligatoriedad solo ha significado una primarización de la escuela media que ha quedado completamente desarticulada. Mientras tanto, la “primaria” hace rato ha resignado el objetivo deseado por los “consejeros”, porque los alumnos pasan sepan o no, transformándose en un simple estacionamiento de niños para garantizar su disciplinamiento, la otra cara del concepto de “permanencia” esgrimido por los asesores.[1]
Todos los elementos que culminan en la LES pueden leerle en las Actas Finales de la Asamblea Pedagógica Nacional, realizada en Embalse, Córdoba, en 1988. La asamblea reunió a legisladores de todo el país, representando lo debatido en sus provincias. Aquí también se sostuvo que el federalismo real se realizaría mejor vía descentralización, lográndose así que la educación solucione las necesidades locales, brindando orientación laboral según requerimientos regionales, al vincular educación y trabajo. Se consideró también deseable la obligatoriedad del nivel pre-primario y la extensión de la educación básica a no menos de 10 u 11 años y que la descentralización permitiría la racionalización de recursos físicos, humanos y financieros. Si a alguien le queda alguna duda del compromiso del radicalismo con estas conclusiones, podemos citar las palabras del ministro de educación de Alfonsín, Jorge Sábato, en la clausura del Congreso: “Siento que estamos en un punto liminar, que este encuentro ha sido el comienzo de una nueva página de la historia educativa argentina. (…) ustedes han dado, en representación de la voluntad de miles de argentinos, un esperanzado mensaje de fe. No me cabe duda que estas conclusiones constituirán una fuente fundamental de inspiración para los poderes públicos y para la ciudadanía en su conjunto.”
Si la LES está íntimamente unida al Congreso Pedagógico del radicalismo, éste mismo confiesa (en el Informe de la Comisión aquí citado, pp. 71) que continúa una política iniciada por las dictaduras del ’66 y el ’76. Se trata, entonces, no de la política “equivocada” de éste o aquel gobierno, sino de una política de clase, que tiene una larga historia que arranca, por lo menos, con Frondizi en 1961. Si una misma política es seguida por menemistas, socialdemócratas, desarrollistas y conservadores, civiles y militares, a lo largo de 40 años, esta “nueva escuela” es cualquier cosa menos nueva. Por el contrario, es un proyecto de largo plazo de la burguesía argentina, que realiza los ajustes necesarios, casi desesperados, para prolongar su dominación explotadora. En una próxima edición de El Aromo volveremos sobre esto último.
1Ver Kabat M., “Secundario Completo”, en Lafargue P., Sartelli E., et all: Contra la Cultura del Trabajo, Ediciones RyR, Bs. As., 2002
