El gobierno hizo dos anuncios que dejan en evidencia que su preocupación por cuidar los puestos de trabajo tiene más de ficción que de realidad: la renovación de la “prohibición” de despidos y nuevas condiciones para acceder al programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP).
El gobierno prorrogó por 60 días más la prohibición de despidos por fuerza mayor. Como ya quedó demostrado, esa prohibición no frenó las cesantías. Como explicamos en su momento, no solo se deja de lado las modalidades de despidos encubiertos más usuales, como la culminación de contratos o los retiros voluntarios, sino que el propio Estado avaló despidos cuando decretó su “prohibición”, toda una confesión que la norma es letra muerta. Ahora el asunto se repite. Techint que había despedido 1500 trabajadores de su constructora durante la vigencia del primer DNU, ahora despide contratados en Tenaris, una modalidad de despido que se repitió, por ejemplo, en Tres Arroyos. Del mismo modo ocurrió con las suspensiones. Aunque el Estado dice que están prohibidas, habilitó la aplicación de suspensiones por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Así -con connivencia de la burocracia sindical- se seguirán aplicando suspensiones con rebaja salarial.
Por otro lado, el gobierno impuso nuevos requisitos para que las empresas accedan al ATP para pagar los sueldos. Las empresas no podrán, por 12 meses las de menos de 800 empleados y 24 meses las de más, distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, recomprar sus acciones directa o indirectamente, adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior (o sea, adquirir dólar MEP o CCL), realizar erogaciones a sujetos o empresas en paraísos fiscales. O sea, están reconociendo que le dieron subsidios a empresas que no lo necesitaban para pagarle a sus trabajadores. El escándalo fue tal, cuando se conoció que se le dio a empresas como Techint, Ledesma, o Clarín, que el gobierno tuvo que salir a anunciar que quienes se hubieran arrepentido podían devolverlo. Recordemos que esas empresas, además, gozan de reducción de las cargas patronales y en muchos casos de los acuerdos de rebajas salariales. Todo esto colabora a desfinanciar la ANSES, de donde sale el dinero para el ATP, mientras a los jubilados les dan un aumento miserable.
El gobierno se puede llenar la boca hablando de su preocupación por los trabajadores, pero la realidad es que mientras continúa la pérdida de puestos de trabajo y se recortan salarios, la burguesía planera está siendo subsidiada de forma obscena. Si queremos que los jubilados tengan una jubilación acorde a sus necesidades y que los trabajadores dejemos de sufrir recortes salariales y despidos para que las patronales tengan sus ganancias a resguardo, tenemos que exigir que toda empresa que no pueda mantener los puestos de trabajo y los salarios, sea estatizada y puesta a producir bajo control obrero para satisfacer las necesidades sociales.
Corriente Clasista Goyo Flores
