Por el trabajo eterno. La estrategia de la burguesía para los docentes bonaerenses

Nicolás Villanova

OES – CEICS

Vidal quiere modificar el sistema jubilatorio docente en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esa reforma ya se ejecuta desde hace varias décadas. Mientras tanto, los sindicatos se oponen a estos cambios defendiendo la miseria y la eternización laboral. La única solución real es la lucha por un salario inicial equivalente a dos canastas básicas.

En la mayoría de los países del mundo el sistema previsional se encuentra en crisis o al menos presenta un conjunto de contradicciones cuyos gobiernos pretenden solucionar por la vía del ajuste. En efecto, la mayoría de los regímenes jubilatorios se impulsaron en un momento en el cual la esperanza de vida era inferior a la actual y donde la tasa de empleo era más elevada. Si bien la edad jubilatoria fue en aumento paulatinamente, lo cierto es que se prolongan cada vez más los años para mantener a los jubilados de edad avanzada. Esto, para el capitalismo, es un verdadero problema, pues debe recaudar impuestos para sostener la vida de obreros desocupados. Por ello, la crisis del capitalismo obliga a los Estados a implementar políticas de ajuste entre los jubilados, ya sea por la vía del pago de haberes de miseria, o bien a través de la extensión de la edad jubilatoria de obreros ya desgastados.

En Argentina, el panorama es mucho más complejo. Por un lado, el crecimiento vegetativo de la población pone en crisis la caja jubilatoria, razón por la cual el Gobierno intenta incrementar la edad de retiro. Por otro lado, el crecimiento del desempleo genera una situación según la cual la extensión de la edad jubilatoria impide el ingreso de población joven al mercado de trabajo. A su vez, la crisis del sistema previsional se agrava con la gigantesca masa de empleo “en negro” (o sea, asalariados cuyos patrones no aportan) y la disminución de los cotizantes en relación a la población jubilada. Al mismo tiempo, parte del crecimiento de la desocupación en las últimas décadas, se esconde detrás de jubilaciones en masa.

Con este panorama, el gobierno de Cambiemos lanza un conjunto de reformas previsionales para ajustar el déficit fiscal y crear mejores condiciones de endeudamiento e inversiones extranjeras. Por esa razón, para el empleo privado se pretende extender la edad jubilatoria hasta los 70 años. Cabe destacar que tal pretensión choca con otras iniciativas, públicas y privadas: en momentos de agudización de la crisis, las empresas tienden a anticipar las jubilaciones para evitar mayores costos salariales. Por su parte, para el sector público Cambiemos lanza los retiros anticipados y ya esboza poner un límite a los regímenes especiales, como el de los docentes.

Todo este clima general se profundiza en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora ya mostró los borradores de las reformas en varios sectores, como por ejemplo, en el gremio de los bancarios (la edad jubilatoria pasa de 60 a 65 años y el haber desciende de un 82 a un 70%) y se habla de incitar a los retiros voluntarios a los obreros de la administración pública.

Ahora bien, ¿qué pasa con los docentes bonaerenses? Con los trabajadores de la educación se presenta una situación muy contradictoria, según la cual la reforma del sistema previsional que propone Vidal no se configura como algo nuevo, sino todo lo contrario. Ya se viene ejecutando desde hace años, décadas. Y el sindicalismo docente es el primer defensor de esas reformas precarias. Veamos.

De original, poco y nada

El gobierno de Vidal esbozó en un borrador los puntos para encarar una reforma del sistema previsional de los docentes bonaerenses. Uno de los cambios con los cuales quiere avanzar es la “armonización” de la caja del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires con la caja de Nación. En este sentido, el IPS mantiene un régimen especial de retiro de los docentes. Pueden hacerlo a los 50 años con 25 de servicio y percibir el 75%, a los 53 años con 28 de servicio y recibir el 80%, o bien, a la edad de 55 años con 30 de aportes y obtener el 82% móvil. Por su parte, el cálculo de los haberes se computa a partir de los mejores sueldos de 3 años corridos o 5 discontinuos. En cambio, el régimen nacional supone el retiro para las mujeres a los 57 años y para los hombres, a los 60, cuyo haber se calcula en base al salario de los últimos 10 años de trabajo.

Lógicamente, los docentes se oponen a esta reforma porque implica, por un lado, extender la edad jubilatoria para una fracción de la clase obrera que llega a esos años completamente desgastada. Por otro lado, también se oponen porque el cambio en el cálculo del haber podría implicar una rebaja del salario diferido. Justamente, la reforma que encara Vidal pone sobre la mesa todos estos aspectos: el ajuste que se viene, la extensión de la edad jubilatoria y el escaso haber percibido por los jubilados docentes.

No obstante, la estrategia del gobierno se basa en plasmar en una normativa una situación que de hecho ya existe y que tiene el aval tanto de reglamentaciones previas como del mismísimo sindicalismo docente. En efecto, el decreto-ley 9650 sancionado en el año 1980 y vigente hasta nuestros días habilita a los docentes bonaerenses que aportan en el IPS a que, una vez jubilados, puedan seguir trabajando en el mismo rubro bajo relación de dependencia.

En este sentido, a mediados de 2017, quedó expuesta una de las tantas realidades que padecen los docentes jubilados, a saber, sus escasos ingresos en tanto pasivos. El gobierno de Vidal exigió a un grupo de docentes jubilados que seguían empleados bajo relación de dependencia, aunque en diversas labores y no necesariamente en el ejercicio docente, optar por el haber jubilatorio docente, o bien, por el ingreso en cuanto “activos” del trabajo en cuestión.

Esta situación pone de manifiesto el hecho de que los docentes se vean forzados a continuar trabajando una vez jubilados. Es decir que, el salario en tanto jubilado “activo” representa un complemento del haber “pasivo”.Este contexto le allana el terreno al gobierno bonaerense para avanzar con la elevación de la edad jubilatoria.

Cese, ajuste y más trabajo

En marzo de 2018, una iniciativa del gobierno bonaerense produjo el efecto contrario a la tendencia más general de elevar la edad jubilatoria. Intentó cesar de oficio a unos 3 mil docentes con 60 años de edad y 30 de servicio. Los sindicatos SUTEBA y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se opusieron rotundamente y presentaron una medida cautelar para frenar la acción del gobierno. ¿Por qué se opusieron? Porque, en los hechos, una vez cesanteados de oficio, los jubilados apenas perciben un anticipo mensual del 60% de su salario básico hasta tanto no se complete su trámite jubilatorio, el cual tarda de unos 3 a 4 años. Además, el cese de oficio quebranta la posibilidad de obtener un mayor haber jubilatorio de aquellos docentes que tuvieron un mejor cargo en el último año o una mayor cantidad de horas cátedra, sin poder ser computadas para la jubilación definitiva.

Esta acción del sindicalismo puede ser preventiva y sin dudas correcta para evitar un salario diferido paupérrimo, pero a la vez muestra el bajo salario que percibe un docente con 30 años de antigüedad y lo poco que hace el sindicato para revertir esta tendencia en el gremio. El hecho de que un docente se jubile con los sueldos de los 3 mejores años consecutivos, o bien, con los 5 mejores sueldos de toda la carrera docente es un beneficio que por el momento nadie pone en cuestión. Frente a otros regímenes jubilatorios que pagan haberes de miseria, esta opción resulta atractiva. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales se desarrolla este régimen debieran ser revertidas. En primer lugar, porque este cálculo en el haber se elabora sobre la base de un salario de miseria de los docentes a lo largo de toda su trayectoria, razón por la cual, a poco de jubilarse, se ven forzados a tomar horas cátedra y cargos a como sea. Se trata de una población que llega a sus últimos años de trabajo completamente extenuada y desgastada. En segundo, porque justamente en caso de no estar en condiciones de obtener este régimen, los docentes jubilados apenas perciben un porcentaje del sueldo debido a la gigantesca cantidad de rubros en negro y no remunerativos que conforman su haber y no son tenidos en cuenta en el cálculo del haber jubilatorio.

De este modo, la medida de Vidal se presenta como contradictoria a la tendencia más general de elevar la edad jubilatoria. La causa es sencilla: necesita reducir el empleo estatal. El accionar del sindicalismo frena la medida pero no resuelve el problema de fondo, a saber, la miseria del salario docente. ¿Y cómo lo resuelve en la coyuntura? Que los docentes sigan trabajando incluso después de la jubilación…

¿Dónde quedó aquella lejana Carpa Blanca?

La cifra sobre la cantidad de docentes jubilados que continúan trabajando es difícil de conocer. Lo que sí sabemos es la edad reglamentada de jubilación de los docentes tanto como la cantidad de obreros de la educación que trabajan en la provincia de Buenos Aires. La cantidad de docentes ocupados con más de 55 años de edad pasó de 31 mil a 54 mil entre los censos de 2004 y 2014, constituyendo entre un 12 y un 14% sobre el total de los docentes ocupados, respectivamente. Según datos elaborados en base a la Encuesta Permanente de Hogares, estamos hablando de un porcentaje que va desde un 10% a un 16% entre los años 2012 y 2017. Es decir, un porcentaje para nada despreciable y que incrementa con el tiempo.

¿Por qué los docentes bonaerenses ya jubilados o en edad de hacerlo siguen trabajando? Más de uno respondería que lo hacen “porque les gusta”. La realidad, sin embargo, evidencia la contracara de este argumento, a saber, que buena parte de los docentes llegan a sus últimos años de ejercicio con un grado de stress gigantesco, incluso precedidos por licencias psiquiátricas, con las cuerdas vocales a la miseria luego de varios años de estar frente a un curso. En realidad, los obreros de la educación en edad avanzada siguen trabajando porque el haber no les alcanza para llegar a fin de mes.

En primer lugar, porque los ingresos de los docentes jubilados son bajos. Actualmente, el promedio de haberes de los docentes en Buenos Aires ronda los 24 mil pesos, según datos del IPS. Sólo a los efectos de tener algún indicador al respecto, hoy el valor de la canasta de pobreza en todo el país supera los 18 mil pesos, mientras que la canasta de la ciudad porteña supera los 24 mil. Por lo tanto, el haber jubilatorio se encuentra entre los estándares de la pobreza.

En segundo término, los sueldos de los docentes durante su vida activa no son elevados. Incluso, el poder adquisitivo de los salarios de bolsillo de los docentes bonaerenses viene cayendo por lo menos desde el 2014. A su vez, esos salarios representan en los ingresos totales de sus hogares entre un 45 y un 55%, estimativamente.¹ En tercero, al ser una población relativamente joven al momento de jubilarse, muchos docentes aún deben garantizar la subsistencia de sus propios hijos. En efecto, más de la mitad de la población docente ocupada con 55 o más años de los aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires aún convive con sus hijos.² De este modo, los docentes en edad de jubilarse requieren seguir trabajando para sostener el hogar.

Por último, tanto el sindicalismo como Vidal avalan la extensión de la jubilación docente con el argumento de la falta de maestros y profesores. Ejemplo de esto es la existencia de horas y cargos vacantes, razón por la cual proliferan los listados de emergencia, donde cualquier estudiante puede dar clases. Otro dato: el gobierno bonaerense quiso cesantear a suplentes y provisionales que no tuvieran el título habilitante en febrero de 2018, lo cual supone poner en práctica un régimen ya instaurado por el Estatuto Docente. Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás y posponer la medida, porque una elevada cantidad de alumnos se quedaría sin docentes y consecuentemente, sin clases.

Un elemento que atenta contra la oferta de mano de obra docente es la crisis que atraviesa la formación docente. Por empezar, la tasa de egresados sobre el total de matriculados de los Institutos de Formación Docente de la provincia de Buenos Aires fue del orden del 7,1 y 7,8% en los años 2015 y 2016.³ Entre otras razones, la escasa cantidad de egresados se debe a las condiciones de vida bajo las cuales los futuros docentes desarrollan su formación. Si tomamos al conjunto de los estudiantes que cursan la modalidad Superior No Universitaria (que incluye formación docente y técnica), la mitad de la población trabaja. De ese total, casi el 60% de los estudiantes trabajan de 30 a más de 40 horas reloj por semana, y más del 40% lo hace “en negro”. De quienes se encuentran empleados, sólo el 16% se ocupa en la rama de la “enseñanza”.⁴ Evidentemente, formarse como docentes, para muchos, es toda una odisea.

Esta estructura caótica del sistema docente, que lleva al gobierno bonaerense a medidas contradictorias pero todas conducentes a aumentar la tasa de explotación, no encuentra entre los sindicatos una reacción a la altura de la situación. La FEB y SUTEBA terminan coincidiendo con Vidal en la eternización del trabajo en la docencia, consolidando la idea de que la jubilación desapareció, transformada en un subsidio, un complemento, al salario miserable de los trabajadores con más años en el sistema. Una especie de plus por antigüedad.

Los docentes que ahora se encuentran en edad de jubilarse, tanto como aquellos que ya están retirados cobrando miseria, son los mismos que se iniciaban en la docencia al momento de instalarse la Carpa Blanca a fines de los ’90. Son los mismos que protagonizaron la insurrección del 2001. Toda una lección sobre los resultados de dos décadas de gobierno y conducción peronista…

Todo el sistema en crisis 

En la provincia de Buenos Aires se viene una reforma jubilatoria que intenta, de algún modo, normalizar una situación que de hecho ya existe, a saber, la extensión de la edad jubilatoria y el ajuste en los haberes. Paradójicamente, este proceso se efectúa en una provincia donde faltan docentes. Y encima no existe una política para que los docentes cubran esos espacios, pues los salarios de miseria que se pagan no resultan atractivos. Esto explica, por un lado, que obreros ya jubilados sigan ejerciendo la docencia, luego de 25 ó 30 años de servicio. La expansión de los listados “de emergencia”, es decir, aquellas inscripciones en las cuales hasta un estudiante puede tomar horas como docente, expresan la ausencia de trabajadores de la educación.

Todos estos problemas tienen una sola y única solución: la recomposición histórica de los salarios docentes. A comienzos del siglo XX, un docente que se iniciaba cobraba un sueldo equivalente al doble del actual. En los años ’30, en plena crisis, el triple. La descomposición histórica del salario docente, que comienza en los años ’70, ha transformado una profesión prestigiosa, en un espacio vacío en el que nadie quiere estar. La provincia de Buenos Aires expresa esa tendencia con más fuerza todavía. Con salarios muy bajos históricamente hablando y con condiciones laborales pésimas, con un haber jubilatorio que se reduce todavía más por la forma en que se calcula, está claro por qué aun cuando una cantidad creciente de docentes no quiere jubilarse (o lo hace de una manera “trucha”) y con jornadas laborales que se extienden al infinito por acumulación de horas y turnos, falten trabajadores en el sector. Los sindicatos no actúan contra esta tendencia histórica. Se limitan a discutir los salarios de hoy en relación a los salarios de ayer, es decir, a correr una carrera perdida contra la inflación. O aceptan la extinción de facto del sistema jubilatorio.

Si queremos que la jubilación vuelva a ser el retiro esperado después de décadas de trabajo agotador, si queremos que todos los chicos tengan quien les enseñe, si queremos que cada compañero trabaje menos horas, si queremos que se formen mejor y brinden una mejor educación, es necesario que pongamos en el horizonte la recomposición histórica de los salarios docentes. La lucha por un salario inicial equivalente a dos canastas mínimas puede parecer una locura, pero en realidad, significaría recuperar condiciones que los docentes tenían hace cien años y que no eran, sin embargo, las mejores de su historia. Esa es la alternativa: o seguimos corriendo de atrás, o nos disponemos a una acción de alcance histórico, la única verdaderamente realista.

Notas

¹Elaboración propia en base a la EPH-INDEC. Tomamos los aglomerados urbanos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, a saber: el Gran La Plata, Bahía Blanca – Cerri, los partidos del Gran Buenos Aires y Mar del Plata – Batán.

²Ídem.

³Fuente: Relevamiento Anual 2015 y 2016 del Ministerio de Educación de la Nación.

⁴Elaboración propia en base a EPH-INDEC. Incluye al conjunto de los aglomerados urbanos del país.