Durante el período de las primeras dos presidencias peronistas, el control sobre la educación se acrecentó y se acallaron, en gran medida, las quejas. Esta situación llegó al extremo de que es el mismo gremio docente pedía que se separen de los cargos a los maestros opositores. Eso sí, la Agremiación del Docente Argentino (ADA, luego convertida en UDA) fue un sindicato formado por iniciativa oficialista, casi a pedido del Ministerio de Educación. Lo que se dice un sindicato amarillo, pro patronal por nacimiento. De hecho, la lista de representantes gremial en su creación (1950) no respondió a elecciones sino que fue digitada por inspectores y funcionarios.
En las Actas de la asamblea ordinaria de ADA, realizada el 12 de diciembre de 1951, diferentes delegados docentes manifiestan su descontento frente a la permanencia en el cargo de maestros y profesores de orientación política contraria al gobierno. Por ejemplo, el delegado de Entre Ríos, manifiesta que en su provincia “mientras muchos docentes con verdadero espíritu justicialista están demorados, han llegado confirmaciones, hasta 24 horas, a personas que no están agremiadas, y que pertenecen al viejo régimen”.32 Otro acota que en Entre Ríos hay una persona “de la contra” con 29 horas. Finalmente, un tal Fabiano afirma:
“debemos infundir fuego y debemos incendiar a esos viejos compañeros que todavía no quieren entrar, que no quieren entender después de seis años la doctrina justicialista del general Perón. (¡Muy bien! Aplausos) Es menester que dejemos las contemplaciones. Hemos esperado seis años, no se puede aguantar más. […] No debemos ser atropelladores, pero sí centinelas de la doctrina justicialista, inspirándonos en los sacrificios de la compañera Evita, que ha gastado su salud para defender al pueblo. Vuelvo a repetir que no debemos permitir que un docente como ese siga viviendo entre nosotros.”
Como puede verse, desde la perspectiva de los gremialistas, el pedido de medidas contra los docentes opositores va de la mano de su reclamo de nombramientos para sus propios afiliados. Esto ocurre especialmente en el interior del país, donde los cargos en los principales centros urbanos resultaban más codiciados y escasos. Si ADA nació al calor del justicialismo, inspirada por Perón y Evita, ella debería pedir nombramientos y esos pedidos deberían ser atendidos. Así pensaban los gremialistas peronistas.
La trascendencia política que tenía para el gobierno el problema la orientación ideológica del cuerpo docente se vi también en un memo confidencial del Director de Orden Público, de la Policía de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a este documento, Alejandro Leloir (presidente del Consejo Superior del Partido Justicialista), en una cena homenaje a su persona en la Cámara de Diputados de la provincia, habría pronunciado un discurso que quería dar a conocer fielmente “puesto que él deseaba que el pueblo se entere de sus propósitos de adecentar la administración pública y limpiar de ‘contreras’ al magisterio de esa provincia, puesto que constituía una vergüenza para el Peronismo ver tantas vende patrias desempeñándose como maestras.”
Todo esto no quedó en palabrerío, discursos y agitaciones de asambleas. Tuvo consecuencias concretas. Las cesantías docentes van a alcanzar una magnitud preocupante: llegarían a 1.500 hacia el momento de la caída del gobierno peronista. A esto es necesario sumar jubilaciones que eran cesantías encubiertas debido a que solo se jubilaba forzosamente a los opositores. También se aplicaron traslados como sanciones punitivas hacia docentes opositores o acusados de serlo. El peronismo buscó limpiar la docencia de elementos opositores y para eso no dudó en echar mano a cesantías, jubilaciones forzosas y sanciones de todo tipo. Una clara muestra de su naturaleza antiobrera.
