Nicolás V.
TES-CEICS
¿Usted cree que el accionar conjunto del Estado y la burocracia sindical en connivencia con la patronal en el asesinato de Mariano Ferreyra es un caso aislado? Lea esta nota y vea cómo esta triple alianza es la normalidad que subyace en los conflictos laborales. Además, entérese de cómo el kirchnerismo utiliza la justicia para perseguir a la izquierda.
La lucha del Garrahan ha quedado grabada en la historia obrera reciente. En el año 2005, los trabajadores del hospital se lanzaron a la huelga. El proceso había comenzado el año anterior, cuando asumió la nueva Junta Interna de la Lista Roja, que había derrotado a la burocracia de la Verde en las elecciones de delegados. Tras 14 años de congelamiento salarial, y para confrontar la devaluación, se realizaron asambleas masivas y paros progresivos que conquistaron un inmediato aumento. El kirchnerismo hizo todo lo posible por quebrar la huelga. Llegó a tildarlos de “terroristas” y a mandarles la gendarmería. No obstante, los trabajadores, liderados por dirigentes de izquierda y con la solidaridad de otros gremios y organizaciones, vencieron.
El kirchnerismo no iba a perdonar esa afrenta. En medio del conflicto, le inició un juicio a los principales dirigentes del movimiento: Gustavo Lerer (el más visible), Eduardo García, Adriana Agüero y Marcelo Mansilla. Los compañeros estuvieron procesados por más de ocho años. Se buscaba poner presos (o inhabilitar) a los dirigentes clasistas y recomponer la dirección oficialista perdida. No obstante, luego de años y sin pruebas de ningún tipo, el mes pasado (abril), la Justicia tuvo que dictar la falta de mérito y absolver a todos los imputados. El Aromo fue a entrevistarse con Lerer y García. Aquí reproducimos lo más importante de la charla.
¿Qué ocurrió en la huelga del 2005 y qué resultados arrojó?
Lerer: La huelga del 2005 fue una lucha por aumento salarial. Fuimos a reclamar un salario igual a la canasta familiar. En ese momento, eran $1.800, lo que hoy equivaldría a $8.000. Se hicieron asambleas masivas de los trabajadores, donde se votaron paros progresivos. Veníamos de 14 años de congelamiento salarial, el hospital cayéndose a pedazos, falta de personal, jornadas de enfermería de 14 a 17 horas para poder llegar a fin de mes y cubrir las necesidades de los pacientes. Nos atacaron con la justicia. Vinieron alrededor de siete jueces e intervinieron. Nos acusaron de abandono de persona. Las causas cayeron. Mandaron a la policía y a la gendarmería (que tenía camiones hidrantes) a rodear el hospital. La burocracia sindical de UPCN estaba en contra de los reclamos y la dirección de nuestro sindicato [Sanidad] también. Nos descontaron días de huelga y por eso hicimos un comité de apoyo y un fondo, y coordinamos con los estudiantes universitarios y la AGD-UBA y con la CONADU. Así, realizamos dos movilizaciones de más de 30 mil personas a Plaza de Mayo. Finalmente, la huelga terminó con un triunfo muy importante: no llegamos a los $1.800 pero sacamos más de un 50% de aumento salarial y conseguimos la instalación del resonador magnético. El resonador estaba tirado en la puerta del hospital hacía más de dos años. No lo instalaban para que pudieran seguir facturando los mercaderes de la salud, adonde se mandaban a hacer los estudios que no se podían hacer ahí. Además, ingresaron más enfermeras: había 700 y ahora hay alrededor de 1.200, aunque sigue habiendo faltante de personal de enfermería. También se pasaron a planta a varios contratados. El presupuesto del hospital se duplicó.
Para castigarnos, nos dejaron esta causa plantada que nos la inician prácticamente en la mitad de la huelga. Es una causa armada, donde dicen que habíamos amenazado a varios de los inspectores del Ministerio de Trabajo. En realidad, estos forman parte del aparato estatal y venían a derrotar la huelga por métodos ilegales, porque pretendían controlar guardias mínimas que no estaban reguladas. Se cumplían, pero no con el número que pretendían ellos. Para ellos, cumplir la guardia mínima era que trabaje la misma dotación que trabajaba todos los días. Por lo tanto, estaban prohibiendo el derecho de huelga.
¿Qué actitud tuvo el sindicato frente al conflicto?
García: Nuestro sindicato, en vez de jugar para el lado nuestro, en vez de extender la lucha, en vez de votar en distintas asambleas hacer un paro fuerte en todo el país para que ganáramos (no solamente nosotros sino el resto de los estatales), venía y nos decía que levantemos la huelga: “hagan un impasse”, nos decían. Usaban terminología en francés para que no sonara tan brutal decir “venimos a decirles que levanten el paro. Nosotros estamos carnereando el paro”.
Lerer: Tanto los delegados de UPCN, como de la Asociación de Profesionales, se negaron a llevar adelante las medidas de fuerza votadas democráticamente en las asambleas y abandonaron la intergremial y las asambleas.
¿Cuál es el estado de la causa que les abrieron al día de hoy?
Lerer: Absolvieron a los cuatro delegados. Lo que pasó en estos días, después de ocho años donde nos dictaron falta de mérito, es que nos sobreseyeron. Terminamos yendo a juicio oral por una decisión política del gobierno K. La causa estaba pactada para que dure un mes, porque teníamos alrededor de 196 testigos. Pero en vez del 25 de abril, se termina el 12, porque con los mismos testigos de la instrucción, o sea, los que nos habían procesado, quedó demostrado el armado y la injerencia del Poder Ejecutivo con fines delictivos en la persona de la viceministra de trabajo Noemí Rial. Ella ordenaba a los inspectores hacernos una denuncia penal cuando salían del hospital sin ninguna intención de hacerlo. Esto fue confesado por ellos. Dicen que esto es lo que pasa habitualmente en todas las inspecciones que hacen: los trabajadores protestan, cantan, los hostigan, porque ellos vienen a actuar para la patronal. O sea, un armado donde claramente queda al descubierto el accionar del gobierno K, haciendo lo que nosotros denominamos criminalización de la protesta. Era tan escandaloso que el propio fiscal pidió la absolución. Al no haber acusación, porque no había querella, no puede haber apelación y automáticamente el tribunal dictó la absolución. Igual van a inventar otra. Esta es una, pero hay 5.000 procesados por luchar.
¿Cómo fue que el mismo fiscal pidió la absolución?
García: La absolución es porque ellos comprobaron que no se cometió ningún delito. Pero a la vez el fiscal habló durante dos horas en el momento de pedir la absolución. Durante la primera hora, se dedicó a demostrar que no había comisión de delito en los hechos que se investigaban. Pero, durante la segunda hora, se dedicó a explicar todo el entramado político de cómo se armó la causa, cómo a Iris Moyano, que es inspectora del Ministerio de Trabajo, se le dio la orden, como ella misma lo expresó, de hacer la denuncia. Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2005 y la denuncia está radicada el día 2 de agosto. El fiscal demostró que a raíz de que en una asamblea del 1 de agosto rechazamos un aumento que nos había propuesto el gobierno, y que este tomó la decisión de enjuiciarnos, de meter más presión sobre los delegados, al punto que el mismo día 2 está iniciado el sumario administrativo dentro del hospital que hace referencia a la denuncia que hizo Iris Moyano en la sede policial. Pero Iris Moyano hizo la denuncia el día 2 de agosto a las 23 horas y no creo que a las 23:30 acá haya iniciado alguien el sumario. O sea que, de antemano, la dirección del hospital ya sabía de la denuncia policial, porque esto fue armado entre el gobierno nacional, en su momento el presidente Kirchner, Tomada, Noemí Rial, que es la que le da la orden al inspector del Ministerio de Trabajo de iniciar la denuncia, el Consejo de Administración con el Ministerio de Salud Pública de la Nación y la Dirección. Esto habla de vasos comunicantes entre los distintos organismos del Estado y cómo todo confluyó en un mismo día. Es tal la impunidad que ni siquiera respetaron las formas de esperar dos días, para decir que se había iniciado una demanda y después abrir el sumario. Directamente, bajaron la orden e hicieron todo junto.
¿Hay más causas abiertas contra otros trabajadores del hospital?
Lerer: Sí, hay una contra el compañero Ceruso por desafuero. Fue por una sanción del año pasado, por negarse a hacer una extracción de sangre arterial. Lo que sucede es que esta práctica no es incumbencia de enfermería, sino médica. Lo querían suspender. Pero como el compañero era candidato y era delegado, no pudieron. Y hemos tenido muchos que no llegan a juicio oral.
¿Qué otras formas encuentran además de la vía judicial para perseguirlos?
Lerer: Hacen sumarios por reclamar mejores insumos o mayor personal, por reclamar que no se internen pacientes en los pasillos ni en salas de procedimientos, que nos son aptas para internación. Además sancionan sin sumario, es decir sin derecho a defensa. Esto le pasó a dos compañeras de Neonatología: fueron acusadas por la jefa del servicio, Diana Fariña, de haberle faltado el respeto, siendo que había ocho testigos presenciales que decían lo contrario. Sin embargo, las suspendieron 15 días, sin sumario previo. En la huelga, utilizaban a los medios de comunicación para demonizarnos. Les pagaban a los pacientes para que dijeran que no los atendíamos.
