La punta del iceberg
Miradas al Sur
Año 6. Edición número 254. Domingo 31 de marzo de 2013
Verónica Baudino*
El 2 de abril se cumplen 37 años de la llegada de José Martínez de Hoz como ministro de Economía de la dictadura. Su plan económico, la excusa final del golpe.
La dictadura militar iniciada en marzo de 1976 apuntó a resolver una crisis política y de acumulación de capital que llevaba años inconclusa. Por un lado, la reducción abrupta de la renta de la tierra desde 1974, la sobrevaluación de la moneda, el ensanchamiento de la brecha de productividad con respecto a los países líderes y la caída del PBI eran señales de que la economía marchaba mal y era necesaria una recomposición de las bases de acumulación para la burguesía. Por otro lado, la clase dominante necesitaba frenar el avance de las tendencias revolucionarias en el seno de las masas, que impedían una salida “impopular” a la crisis dentro de los marcos democráticos.
En 1975, luego del fracaso del Plan Rodrigo, se lanzó una ofensiva que tenía por objetivo la consumación de una salida política que garantizara las condiciones para efectivizar la sangrienta represión y la realización del programa económico que sacara, finalmente, al país de la crisis de acumulación. La ofensiva desatada en julio y agosto buscó generar el máximo desgaste posible al gobierno de Isabel Perón, arrebatándole el poco respaldo que le quedaba, y nuclear tras el programa golpista al conjunto de las fracciones de la clase dominante. Para tal fin, la burguesía golpista se dio una organización centralizada que dirigió la acción y delineó el programa del golpe: Apege. Esta “megacorporación” reunió a la vanguardia golpista, la burguesía agraria, con las corporaciones que expresaban los intereses de la burguesía comercial, industrial y financiera. No puede soslayarse tampoco el rol de los grandes capitales miembros del Consejo Empresario Argentino (CEA) en la gestación del golpe de 1976, con Martínez de Hoz como uno de los principales dirigentes. A la opción dictatorial fueron sumándose representantes de diferentes sectores de la burguesía industrial y agraria nucleados hasta ese entonces en la CGE.
El programa político esgrimido por el movimiento golpista planteaba la necesidad de restablecer el orden, eliminando a la subversión. A su vez, buscaba suprimir aquellos “escollos” que obstaculizaban el proceso productivo e impedían el aumento de la productividad. Fueron permanentes las diatribas hacia los instrumentos legales y organizativos con que la clase obrera bloqueaba el aumento de la explotación, en particular, las comisiones internas y secciones sindicales dominadas por la izquierda, estigmatizadas como “guerrilla fabril”. En tercer lugar, se apuntaba a un recorte de los gastos estatales y a eliminar los aumentos de impuestos que servían para financiar el déficit público. Por último, con un objetivo similar al del punto anterior, se abogó por la liberación de los precios y del comercio exterior. En suma, todos aspectos que se concretarían desde marzo de 1976.
Los ejes de la salida a la crisis encabezada por Videla fueron el plan represivo y la eliminación de cuadros dirigentes de la fuerza revolucionaria, que buscaba desarticularla y desalentar toda posible reconstitución a futuro. Y, por otro lado, el programa económico implementado por Martínez de Hoz. Sus principales medidas consistieron en el congelamiento de salarios, eliminación del sistema de control de precios, sanción de un nuevo régimen que desreguló las inversiones extranjeras, unificación de la paridad cambiaria (comercial y financiera), reducción de las retenciones a las exportaciones, disminución de aranceles a la importación. Se dispuso una nueva ley de Promoción Industrial que beneficiaba tanto a nacionales como extranjeros, una Reforma Financiera que liberalizó el mercado de créditos y un ritmo de sobrevaluación creciente de la moneda mediante la famosa “Tablita”.
La gran mayoría de las representaciones de la burguesía nacional y extranjera que opera en Argentina saludaron la instauración de la dictadura y el plan económico implementado. El CEA, ideólogo del plan y, como observamos, gestor de la estrategia golpista, intervino en su puesta en marcha no sólo a través de Martínez de Hoz, sino también con el nombramiento de dirigentes de sus empresas miembros en diversos puestos políticos (ejecutivos del Grupo Zorroaquín al mando del Banco Central y del Banco de la Nación; directivos de Astra en la presidencia de Gas del Estado; miembros del Grupo Roberts –Alpargatas, Banco Francés– en la presidencia y vicepresidencia del Banco Nacional de Desarrollo; integrantes de Braun Menéndez Behety en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires). Formaban parte del CEA en esa época también Techint, Bunge y Born y Banco Shaw. (**)
La Fundación Mediterránea, creada en 1977 por iniciativa de Pagani (Arcor) y Astori (Astori Construcciones), cuya cara visible fue Cavallo, saludó el golpe y el sentido general de las medidas implementadas. Conformada en aquel entonces por Bagley, Agrometal, Bridas, Establecimiento Las Marías, Fate, Frigorífico Rioplatense, Gatic, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Industrias Metalúrgicas Zanello, Laboratorios Bagó, Ledesma, Alto Paraná, Café Águila, Ferrum, Manliba, Materfer, Grandes Motores Diesel y Sevel, entre sus miembros más salientes, este conjunto de capitales elaboró proyectos gubernamentales y situó a su principal intelectual en posiciones claves de la administración (Cavallo, como subsecretario del ministro del Interior y presidente de BCRA) conformándose como un agente más del régimen.
Por su parte, el gobierno militar recibió una cálida bienvenida por parte de las agrupaciones internas de la UIA. Aunque no faltaron diferencias, ya que mientras el MIA (Movimiento Industrial Argentino –dirigencia tradicional–) se mostró de acuerdo con los aspectos políticos y económicos de la dictadura, el MEDI (Movimiento de Empresarios del Interior) y el MUI (Movimiento de Unidad Industrial), no. En abril de 1977, el MEDI y el MUI hicieron pública una declaración en la que admitían la necesidad del golpe de Estado para llenar el vacío de poder, pero criticaban la política económica por incentivar la inflación, el alto gasto público y los controles de precios.
El sector agropecuario (SRA, FAA, CRA, Carbap) también se alineó con el golpe militar en términos políticos. En el aspecto económico, aunque en un principio apoyaron el plan de Martínez de Hoz, poco a poco se hicieron sentir voces de descontento. Las críticas se dirigían a los puntos negativos para el agro de la política económica: cargas impositivas, tipo de cambio y retenciones a las exportaciones. Más allá de la mitología, las cuatro entidades tuvieron la misma política hacia el Proceso Militar. Mientras los militares se dedicaban a “restaurar el orden” recurriendo a la masacre de una generación de revolucionarios, las cuatro aplaudieron, apoyaron y se mostraron “consustanciadas” con los objetivos de la dictadura militar. Cuando la política económica de Martínez de Hoz comenzó a perjudicar al campo (sobrevaluación del peso mediante), hicieron oír sus reclamos, sin por eso atacar a la dictadura como tal.***
Asistimos así a un acuerdo general con el golpe del conjunto de la burguesía nacional y extranjera que opera en Argentina, que apuntaba a restablecer su hegemonía. Más allá de las disputas internas por ver quiénes pagaban los costos de la crisis, todos aplaudieron la masacre y el orden que eliminó los “elementos subversivos” que trababan la acumulación de capital. En ese sentido, el golpe constituyó una política de clase. De hecho, el proceso de concentración y centralización de capital necesario para relanzar la acumulación de capital en medio de exacerbación de la competencia por mercados y transferencias de riquezas en decadencia benefició a los capitales más competitivos. Entre los perdedores encontramos a los más pequeños e ineficientes, que también apostaron por salir airosos de la crisis por la vía dictatorial.
* Dra. en Historia – Becaria Postdoctoral del IDIHCS- Conicet – Miembro del CEICS
politica@miradasalsur.com
** Fuchs, J. y Vélez, C.: Argentina de rodillas, Catálogos, Bs. As., 2002.
*** Eduardo Sartelli (Dir.), Fabián Harari, Marina Kabat, Juan Kornblihtt, Verónica Baudino, Fernando Dachevsky, Gonzalo Sanz Cerbino: Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía, marzo- julio de 2008, Ediciones ryr, junio de 2008, Buenos Aires.
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