Nada bueno que esperar. El gobierno que proyecta Boric y la Convención Constituyente en Chile

Martín Pezzarini

Grupo de Análisis Internacional

Asumió un nuevo presidente en Chile. La llegada de Gabriel Boric, quien se impuso sobre José Antonio Kast en segunda vuelta, despierta la esperanza de que, por fin, las grandes transformaciones que el país necesita se pondrán en marcha. A ello se suma la actividad de una Convención que ha comenzado a aprobar los primeros artículos del borrador de la nueva Constitución. El cambio de gobierno y el rediseño general del régimen anunciarían el comienzo de una nueva época, marcada por el fin del «neoliberalismo» y las consiguientes mejoras en las condiciones de vida. Pero esta ilusión tiene patas cortas. Como veremos, aún antes de asumir, el nuevo gobierno solo viene dando muestras de continuidad con el personal político precedente, al tiempo que la Convención aprueba fórmulas que ya son bien conocidas, y que no resuelven los problemas de fondo que vive la clase obrera chilena.

Los empresarios y el nuevo gabinete

El 21 de enero, a pocas semanas de asumir el gobierno, Boric dio a conocer cómo estará conformado el futuro gabinete. El anuncio generó un revuelo notable en la prensa, preocupada por remarcar los elementos supuestamente distintivos y novedosos de las designaciones, aunque no por ello menos intrascendentes. Entre otros puntos, se destacó el peso que pasarían a tener las mujeres en el conjunto de los ministerios: 14 de las 24 carteras ministeriales. Además, dada la edad promedio de las nuevas autoridades, se insistió sobre el carácter «juvenil» del gabinete y la originalidad que ello representa en comparación con los gobiernos precedentes. Y como si esto fuera poco, también se remarcó el hecho de que dos de los nuevos ministros son abiertamente homosexuales, Marco Antonio Ávila (Educación) y Alexandra Benado (Deportes). Como se ve, el solo hecho de ser mujer, joven u homosexual, parace ser una garantía contra políticas reaccionarias.

Con todo, mucho más importantes fueron otras designaciones que se realizaron en el mismo momento, pero que no tienen precisamente nada de «original». El caso más relevante es el de Mario Marcel, a quien Boric eligió como su futuro ministro de hacienda. El anuncio fue una clara señal hacia los mercados, que no tardaron en reaccionar y reconocer el gesto del nuevo presidente. No solo la Bolsa de Santiago y el peso chileno reaccionaron de manera positiva, la propia burguesía reconoció la “buena decisión” de Boric. Luego de que se anunciara la composición del nuevo gabinete, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, la mayor entidad patronal de Chile, expresó su conformidad con la designación de Marcel al frente de Hacienda y Nicolás Grau en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La designación de las nuevas autoridades sería la muestra de que el presidente electo ya comprendió la importancia de la «mesura», el equilibrio fiscal y la moderación. Después de todo, el nuevo ministro de hacienda tiene una reconocida trayectoria como funcionario del Banco Central de Chile, institución que llegó a presidir por la designación de Michelle Bachelet, primero, y de Sebastián Piñera, después. El nombramiento de Marcel demuestra las enormes limitaciones del nuevo progresismo, incluso en términos reformistas, puesto que su primera señal ha sido apelar a un viejo funcionario burgués para complacer a su clase.

Pero eso no es todo. A pocos días de su triunfo, Boric participó del Encuentro Nacional de Empresas (ENADE) junto a algunos de los empresarios más importantes del país. El futuro presidente aprovechó la oportunidad para intentar despejar cualquier tipo de duda en relación con su futura gestión, reiterando su compromiso con la gradualidad y la responsabilidad fiscal. Boric anunció una mayor moderación en su proyecto de reforma tributaria, que estará orientada a recaudar ingresos adicionales por el 5% del PBI en cuatro años, lo cual se destinaría a incrementar el gasto social. Ahí terminó toda la «gran reforma» que se propone el nuevo gobierno, una medida cuya implementación ni siquiera está garantizada, toda vez que necesita de su tramitación y aprobación en el Congreso.

En realidad, como lo hemos señalado en otra oportunidad, esta propuesta demuestra que el nuevo progresismo ha venido a contener el movimiento que estalló en octubre de 2019. Las transferencias directas y los planes sociales podrán ampliarse, pero siempre de forma moderada y bajo la tutela de la burguesía, que controlará celosamente cada maniobra de la nueva gestión. Hasta el propio presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutíl, reconoció la necesidad de atender ciertas demandas relativas a la salud, pensiones, educación y acceso a la vivienda, pero siempre que ello no afecte el interés de los empresarios.

Otro aspecto que se destaca en la composición del nuevo gabinete es el peso que asumió el viejo progresismo, especialmente el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista de Chile (PCCh). El lugar que le cabe a este último no llama la atención, puesto que forma parte de la alianza que se impuso en las últimas elecciones. Recordemos que, en julio de 2021, el PCCh perdió la interna contra Boric, el candidato del Frente Amplio. A pesar de esta derrota, sostuvo la alianza que terminaría triunfando en la segunda vuelta. Gracias a ese acuerdo, una vez más, el PCCh integrará la coalición oficialista, como ya lo ha hecho durante el segundo mandato de Bachelet (2014-2018). Con todo, ahora, su alianza con el Frente Amplio le permitió ocupar un lugar más importante en el Ejecutivo, quedándose con la Secretaría General de Gobierno (con rango ministerial), dos ministerios (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Trabajo y Previsión Social) y seis subsecretarías. Por otro lado, en compensación al apoyo que dieron a Boric en el último balotaje, el viejo Partido Socialista también recibió su parte. Además de los ministerios de Defensa Nacional y Vivienda y Urbanismo, el PS se quedó con dos subsecretarías, Interior y Educación Parvularia. Este es un lugar secundario si se considera el protagonismo que ha tenido el partido en las últimas décadas. No obstante, el hecho de que haya recibido los cargos mencionados demuestra la debilidad del nuevo progresismo y, al mismo tiempo, la continuidad que representa en relación con los gobiernos precedentes.

Como era de esperar, buena parte de los cargos restantes del gabinete quedaron a mano a los partidos que integran el Frente Amplio, como Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social, el agrupamiento de Boric. Estas organizaciones emergieron en los últimos años y sus dirigentes cuentan con escasa trayectoria pública, muchas veces asociadas al movimiento estudiantil. Ello les ha permitido presentarse como una suerte de «renovación» dentro de la «izquierda», no porque defendieran un programa diferente al viejo progresismo, sino porque han surgido hace apenas una década. Una relación no muy distinta vemos en Argentina entre el kirchnerismo y La Mella/Patria Grande. Es que la distancia entre el nuevo y el viejo progresismo es más cosmética que otra cosa. Sus pequeñas diferencias se han ido diluyendo en los últimos meses y probablemente terminen desapareciendo en los próximos años. Como ya lo hemos señalado con anterioridad, Boric firmó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución junto con todos los partidos tradicionales del régimen, buscando aplacar las protestas en noviembre de 2019. Además, acompañando al gobierno de Sebastián Piñera, votó la Ley Anticapuchas contra de quienes participaron de las movilizaciones y saqueos de ese año. Ahora, poco antes de asumir, recurre a los partidos tradicionales para formar gabinete, convoca a un viejo funcionario para complacer a la burguesía y se reúne con grandes empresarios prometiendo moderación y mesura. Todo esto sin apenas haber gobernado durante un día. Entonces, ¿qué puede esperar la clase obrera chilena de la nueva gestión? Nada muy distinto a lo que ya había visto.

Ante esta afirmación, se podría replicar que, en paralelo a la asunción del nuevo gobierno, la Asamblea Constituyente se encuentra en pleno funcionamiento, y el resultado de su trabajo sería la garantía de que las cosas realmente cambiarán en Chile. Después de todo, su composición está marcada por la presencia de representantes “indígenas”, candidatos “independientes” y progresistas de todo tipo. Allí, la vieja derecha no tiene el peso suficiente para impedir la aprobación de las medidas que supuestamente transformarán al país. Ahora bien, ¿qué ha estado haciendo la Asamblea desde su creación? ¿Qué artículos se están debatiendo y cuáles ya fueron aprobados por sus integrantes? Cuando observamos el funcionamiento de la Asamblea, advertimos que tampoco allí se está tramando algo que ponga seriamente en cuestión el orden burgués. Al contrario, el tono general de los debates, así como el contenido de los artículos aprobados, no escapan a la prédica que ha impuesto el progresismo. Como veremos, hasta ahora, la Asamblea solo se ha limitado a proponer cambios de forma, que en nada alteran el fondo de los problemas que vive la clase obrera chilena.

La Constituyente

Antes de todo, es importante entender en términos generales cómo funciona la Asamblea Constituyente. En los últimos días, se han comenzado a votar las propuestas que podrán integrar el borrador de la nueva Constitución. El pleno de la Convención, compuesta por 154 miembros, decide la aprobación o el rechazo de los artículos que previamente fueron tramitados y elevados por las diferentes comisiones temáticas que están en funcionamiento. En primera instancia, entonces, las siete comisiones que se han conformado debaten las propuestas que corresponden a sus respectivos temas: sistema político, sistema de justicia, principios constitucionales, forma de Estado, medio ambiente, entre otras. Cuando un conjunto de artículos es aprobado por mayoría simple en una comisión, la propuesta es elevada al Pleno de la Convención, que debe decidir si la incorpora en el borrador de la nueva Constitución. En esta segunda instancia, se necesitan dos tercios de los votos (103/154) para aprobar un artículo. De lo contrario, dependiendo del apoyo que obtenga, una propuesta puede ser directamente rechazada o devuelta a su comisión para que se ocupe de reformularla. Por último, al final del proceso, en un plebiscito de salida que está previsto para mediados de año, el conjunto de la población decidirá si aprueba o no la nueva Constitución.

Hasta ahora se han aprobado pocos artículos, y algunos otros están siendo reformulados en sus respectivas comisiones. Con todo, dado el enorme peso que tiene la supuesta «izquierda», los «independientes» y los representantes «indígenas», es posible advertir que el contenido de las normas que se discuten y aprueban tienen la orientación que impone progresismo.

En primer lugar, vale destacar uno de los puntos que más ha sido celebrado, toda vez que atiende a una de las supuestas demandas postergadas de los «pueblos originarios». El pleno de la Convención Constituyente aprobó el artículo que establece que «Chile es un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas». Este elemento plurinacional estaría dado por la presencia de pueblos y naciones que preexisten al Estado chileno, y cuya figura hasta ahora no ha sido lo suficientemente reconocida. Ahora bien, ¿Qué lugar ocupan estas comunidades y cuáles son las personas que supuestamente las conforman? Como ya lo hemos visto en otros países del continente, el peso que se les atribuye a las comunidades viene dado por la forma en como se lo mide. En Chile, es suficiente que las personas se autoperciban indígenas para que sean registradas como parte de los pueblos originarios. Poco importa que esta población resida en comunas mayormente urbanizadas. La posición que las personas ocupan en la estructura productiva es completamente omitida, en tanto que la conciencia individual pasa a ser el principal criterio que define la pertenencia a uno de los «pueblos originarios». En consecuencia, la política indigenista termina fragmentando a la clase obrera, en la medida que introduce una división ficticia entre el conjunto de los trabajadores. La única clase que puede representar una salida a los problemas de la población chilena es debilitada por una política completamente ajena a sus intereses. En este sentido, la proclamación de un Estado plurinacional sólo desvía y profundiza el atraso de la conciencia, lo cual termina por fortalecer el poder de la burguesía.

Pero eso no es todo. En los últimos días, el Pleno de la Convención aprobó establecer la norma de Pluralismo Jurídico, según el cual «el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia». Esto quiere decir que, en caso de que el proyecto de Constitución sea aprobado en el plebiscito de salida, existirán dos sistemas de justicia, uno de los cuales tendrá un carácter “indígena”. Todavía no se ha delimitado el ámbito de competencia que estará a cargo de esta nueva justicia, como los asuntos de materia civil o penal, y aún es necesario que las leyes determinen el contenido específico de la norma. Sin embargo, la aprobación de este primer artículo, así como los argumentos que se han esgrimido para defenderlo («los pueblos tienen normas propias de cómo regular la vida y de cómo regular su propia sociedad»), revelan el programa que defienden quienes lo impulsan. La ejecución de esta norma pondría en cuestión el principio de igualdad ante la ley, puesto que habría distintos sistemas de justicia para el conjunto de la población. En los hechos esto supondría un retorno a la Edad Media, donde encontramos que la validez de las reglas solo se aplica a ciertas personas. Es verdad que, en la sociedad capitalista, la igualdad ante la ley es una ficción, y que es necesario denunciar el contenido de clase que esconde la ideología, la justicia y el Estado. Pero no es lo mismo criticar a la sociedad burguesa por sus limitaciones que por sus avances. Y es esto último es lo que hoy está aprobando la Convención Constitucional, un cambio que no ataca las cuestiones de fondo y tampoco supone un paso adelante para la clase obrera chilena.

Por último, cabe destacar otros de los temas importantes que han sido abordados en el Pleno de la Convención, la centralización y descentralización del poder. En este sentido, una de las lecturas que ha impuesto el progresismo es que los problemas de la población chilena se derivan, entre otros factores, de la concentración del poder en determinadas regiones. De ahí que haya propuestas orientadas a reformar la estructura del Estado, buscando «acercar la toma de decisiones a los territorios», «dotar de autonomía a las regiones» y muchas otras tonterías por el estilo. Estas iniciativas están en sintonía con la impronta que desde el primer momento ha defendido el progresismo. Lo que necesita Chile, nos dicen, es más democracia. Con este espíritu han impulsado los artículos que apuntan a reconocer mayor poder en las regiones, comunas y entidades territoriales indígenas, dotándolas de «autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses». Asimismo, en el Artículo 16 se establece que «las funciones públicas deberán radicarse priorizando la entidad local sobre la regional y ésta última sobre el Estado».

Pues bien, todo este discurso que se ofrece en nombre de las particularidades locales, la horizontalidad y la democracia es ya bastante conocido, y esconde un contenido que puede ser realmente nefasto. Por un lado, vale advertir que se pasa por alto un hecho elemental, a saber, que el 40% de la población chilena se encuentra en la Región Metropolitana de Santiago. Esta entidad territorial, además, explica alrededor del 40% del PBI nacional. Ello indica que la centralización del poder tiene una base material bien definida, no es el simple capricho de una élite que está enquistada en Santiago. Por otro lado, y este es el punto más importante, como ya lo hemos visto en otras experiencias nacionales, detrás del discurso de la descentralización y la horizontalidad puede ocultarse un proceso de mayor degradación de las condiciones de vida, como lo demuestran las reformas educativas y la transferencia de servicios público desde Nación a las provincias en la Argentina. Apelando a ideas que parecen ser progresivas, se termina desfinanciado y deteriorando la prestación de servicios que son elementales. Y como si ello fuera poco, se gesta toda una capa de caudillos y punteros que reúnen poder gracias a sus posiciones en el Estado y la distribución discrecional de recursos públicos.

Ni Boric ni la Convención

El equipo de Boric viene dando muestras de que responderá a los intereses y demandas del empresariado, lo cual no debería sorprender a nadie, pues que el candidato nunca ocultó que defiende un programa abiertamente burgués y reformista. La composición de su gabinete fue bien recibida por los mercados y puso de manifiesto una continuidad con los gobiernos precedentes, toda vez que se reciclaron viejos funcionarios y dirigentes de los partidos tradicionales. Por su parte, en los pocos artículos que hasta ahora ha aprobado, la Convención demostró que no resolverá en nada los grandes problemas que viven los trabajadores chilenos. Al contrario, detrás de los ideales progresivos que se dice defender, parece esconderse un proceso de mayor fragmentación, debilidad y deterioro de las condiciones de vida. La clase obrera no puede esperar nada bueno del nuevo gobierno y la Convención.

Con todo, la crisis política sigue abierta en Chile, y ello representa una oportunidad. El movimiento que estalló en 2019 encontró una dirección reformista, que contuvo las luchas hacia la reforma constitucional y buscó canalizarlas dentro de las instituciones del aparato estatal. No obstante, aún es posible revertir este problema. Es necesario construir un partido revolucionario e imprimirles una dirección correcta a las luchas de los trabajadores. Resulta fundamental delimitarse de todas las variantes políticas de la burguesía, y en el escenario actual, ello significa combatir al progresismo que hoy opera desde el gobierno y la Convención. Hay que luchar contra ellos porque representan un programa burgués. Si no se emprende esta tarea, tardeo temprano, la crisis política se cerrará y clase obrera continuará marchando detrás de sus verdugos.