En estos días el conflicto por la ocupación de tierras en Villa Mascardi, a 35 km de Bariloche, volvió a adquirir relevancia nacional, con el involucramiento del Ministerio de Seguridad Nacional y el jefe de gabinete, que recibió en Casa Rosada a la gobernadora de Río Negro para analizar la situación. A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, instaba a avanzar con el desalojo no solo de esta ocupación sino de todas las tomas que están ocurriendo en el país.
Roberto Muñoz
TES-CEICS
Los hechos se precipitaron el último fin de semana de agosto, con la realización de un “Banderazo patriótico” en el Centro Cívico de Bariloche que incluyó una caravana por la ruta 40, camino al asentamiento mapuche. La policía intervino para impedir que la caravana llegara al destino que tenía propuesto. La convocatoria señalaba que: «Dado el abandono de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, la ciudadanía de Bariloche sale a respaldar a los vecinos y propietarios de Mascardi ante el atropello de un puñado de delincuentes que van por reservas naturales y por la propiedad privada». Denunciaban saqueos en casas, la ocupación de un camping e incendios de cabañas por parte de “encapuchados”. Hechos que vienen ocurriendo desde hace tiempo y se acrecentaron en los últimos meses. Con la convocatoria lanzada, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Frederic, presentaron una denuncia penal contra los manifestantes por la posible «instigación a cometer delitos», «apología del crimen» y «asociación ilícita» debido a que, según dijo la ministra, había señales de que podían acudir grupos armados al banderazo.
Por su parte, la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, protagonistas de la toma en Villa Mascardi, en respuesta al banderazo, emitió un comunicado en el que sostenían: “Hacemos un amplio llamado a toda nuestra Nación Mapuche a acompañar y defender de la manera que consideren pertinente el territorio, dejando en claro que no habrá ninguna ofensa sin respuestas. Resistiremos la embestida del fascismo y racismo con nuestras vidas si fuera necesario, comprendiendo que los derechos políticos y territoriales no se venden, se ejercen». Y agregaban «Instamos a seguir recuperando territorio sin negociar ni transar, comprendiendo que la única opción es la autodefensa y el control territorial».
Los antecedentes
El conflicto se remonta, recordemos, a noviembre de 2017, cuando alrededor de 30 personas que se habían instalado en tierras pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi, fueron desalojadas, por orden de la justicia federal, en un operativo que involucró a 300 efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Días después del desalojo, el 25 de noviembre, el grupo Albatros de Prefectura asesinó por la espalda a Rafael Nahuel e hirió a otras dos personas –una de ellas, soldado voluntaria en la Escuela Militar de Montaña de Bariloche-, que también habían participado de la ocupación y habían logrado escapar al momento del desalojo. Resultó ileso Fausto Jones Huala, hermano menor de Facundo, que por ese entonces estaba detenido en Esquel, luego de que el macrismo, valiéndose del instrumental legal heredado del kirchnerismo, lo catalogara como el líder de una organización terrorista.
Las familias que habían llevado adelante la toma provenían del barrio Virgen Misionera, en las afueras de Bariloche, hacia el oeste de la ciudad, que presenta las mismas características de la zona de “El Alto”: gran concentración de clase obrera ocupada estacionalmente o abiertamente desocupada, viviendo en pésimas condiciones. En la región patagónica, el problema de la vivienda muestra números por demás elocuentes: en Río Negro y Neuquén se estima que existen cerca de 90 mil personas viviendo en tomas. Solo en Bariloche existen 14, de distinta antigüedad, en las que viven alrededor de 8 mil personas. En otras localidades de la zona la situación es similar o aún peor: 5.000 en El Bolsón, 6.600 en Neuquén, 18 mil en Cipolleti, y 33 mil en Neuquén capital.
En el caso que nos ocupa, se agrega un elemento que, sin ser novedoso, porque está presente no solo en otras zonas de la Patagonia sino en gran parte del país desde hace algunas décadas, parece colocar el conflicto por encima o por fuera del problema de la vivienda que atraviesa a una enorme masa de la población obrera argentina: las familias, que todavía mantienen la ocupación en el lugar, se organizaron en comunidad como mapuches y llevaron adelante la toma como una “recuperación territorial”, reivindicando el derecho constitucional que establece la pre-existencia de los llamados pueblos originarios y que habilita a reclamar espacios territoriales que les pertenecerían de manera ancestral. El proceso es similar al que vimos cuando se desató la represión sobre Lof Cushamen, en Chubut. Compañeros que habían sido desplazados del medio rural a las ciudades –ya sea por haber sufrido desalojos de tierras fiscales o, más marcadamente, por la falta de oportunidades laborales- y, principalmente, jóvenes obreros que directamente nacieron en espacios urbanos y hoy, ante la desocupación abierta, ensayan esta salida de vuelta al campo.
Tengamos en cuenta que, según los datos del censo de 2010, la región de la Patagonia reúne un total de 2.100.188 personas, de las cuales 145 mil se autorreconocen como descendientes o pertenecientes a un “pueblo originario”. De esta manera, se trata de la región con mayor proporción de población “indígena” de la Argentina. De ese total, alrededor del 80% se reconoce como mapuche. A su vez, en todas las provincias patagónicas, también más del 80% de esta población vive en ciudades. Con estas características, allí han surgido diversas organizaciones estructuradas a partir de la reivindicación de la identidad indígena. Como explicamos en otro artículo, siguiendo la tendencia que se puede observar a nivel latinoamericano, las primeras de estas agrupaciones nacen hacia la década de 1980, la mayoría impulsadas por ONGs y sectores de la Iglesia Católica. En el caso de Río Negro, en esa época, surge el Consejo Asesor Indígena (CAI), que tuvo como antecedente, otra vez, un movimiento impulsado por la Iglesia y el Gobierno provincial para contrarrestar los efectos de una gran nevada que había afectado a gran parte de los “pequeños productores rurales” de la zona. También aquí surgen varios grupos urbanos, los Centros Mapuches, en las principales localidades de la provincia (Bariloche, El Bolsón, General Roca, etc.). Estos centros se diferencian del CAI porque colocan su demanda en el derecho a la diferencia cultural, más que en una articulación en tanto “campesinos”.
Ese activismo indigenista de los años ochenta en Río Negro logró la sanción de una Ley Integral Indígena, que entre otras cosas, estableció la conformación del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), dependencia estatal todavía vigente conformada por cuatro representantes de las comunidades indígenas y tres funcionarios del gobierno. Toda comunidad que se reivindique indígena y pretenda acceder a los derechos adquiridos tiene como primera condición que encontrarse registrada ante este organismo. Así, hoy la provincia cuenta con más de 120 comunidades reconocidas. Se trata de familias o grupos de familias organizados bajo esta forma. Hay grupos asentados en espacios urbanos y otros con residencia rural. Entre los primeros encontramos docentes, empleados públicos y obreros desocupados. En las comunidades rurales también pendulan entre el empleo transitorio y la desocupación. Algunos se dedican a la cría de ganado menor, otros utilizan sus predios con fines turísticos. Estos últimos suelen ser aquellos que han avanzado en la regularización de la titularización de sus tierras. En algunos casos, se asientan sobre tierras que habían sido cedidas por Roca a sus antepasados por su colaboración en la llamada Conquista del Desierto.
En términos generales, podemos decir que, como ya habíamos señalado para el caso de la provincia de Chaco, acá también la tan reivindicada “participación indígena” en la gestión estatal, resultó un eficaz mecanismo para procesar las demandas y cooptar dirigentes. El caso de la comunidad de Villa Mascardi no se ajusta a esta tendencia. De creación reciente, no está registrada en el Codeci ni pretende estarlo. Su origen está atado a la familia Nahuel Colhuan, que vivían, como dijimos, en un barrio obrero en la periferia de Bariloche. Hace unos años atrás erigieron en “machi” (una suerte de líder espiritual, sanadora) a la prima de Rafael, Betania Colhuan. En 2017, a sus 16 años, la chica habría tenido una suerte de epifanía que le marcó la importancia de asentarse en los predios que ocuparon en Villa Mascardi, que les correspondería de manera ancestral. Los que repudian la ocupación señalan que ese lugar no había sido mencionado por ninguna comunidad mapuche como lugar de antiguo asentamiento ni incorporado a la reivindicación de tierras a recuperar por ellos.
De la represión a la “mesa de diálogo”
Con la llegada del nuevo gobierno se abrió una mesa de diálogo con los ocupantes. Por parte del gobierno participan el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fucks, y personal del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Este último es el encargado de supervisar si aplica el derecho de los pueblos originarios a acceder a sus tierras ancestrales, según lo establecido por la Ley de Emergencia Territorial 26.160, sancionada en 2006. Se trata de una norma que ordena al Estado realizar un relevamiento territorial para determinar cuáles son las tierras que pertenecen a los llamados pueblos originarios y, mientras tanto, suspende “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas”. Hay que aclarar que la normativa no establecía nada respecto a la titularización de esas tierras, tan solo su delimitación catastral. A su vez, solo reconoce como comunidades pasibles de acceder a este relevamiento a aquellas que contaran con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI).
En el marco de la cuarentena, la mesa tuvo una única reunión presencial a fines de julio. Según Fucks, los ocupantes “presentaron sus requerimientos y los mismos serán evaluados. Algunos son posibles y otros no tanto». Pasados casi dos meses no hay avances al respecto. El kirchnerismo ensaya una vez más su política de la “inclusión” para dar solución al conflicto: focalizar y fragmentar a la clase obrera, intentando aplicar mecanismos sustentados en la política de la identidad: entregar tierras a una fracción reducida de la clase obrera que se reivindica indígena, sin ninguna perspectiva no ya de que sirvan para un proceso de acumulación, sino de que sirvan aunque sea de soporte para el sustento de la población beneficiada. Lo vimos claramente cuando analizamos la cesión de tierras bajo propiedad comunitaria en Chaco. En Mascardi, las familias que sostienen la toma ni siquiera han podido construir casas o desarrollar alguna mínima producción de autoconsumo en el lugar.
“El derecho a la autodeterminación”
La izquierda trotskista es solidaria en sus planteos con esta salida. Desde la Izquierda Diario sostienen “La única salida a lo que el Estado denomina conflicto con las comunidades indígenas es el reconocimiento y posibilidad de ejercicio real de los derechos territoriales, políticos y culturales de los mismos. Solo sacando las parasitarias manos de un puñado de empresarios del agronegocio, el fracking, la megaminería y el turismo de las tierras que necesitan estos pueblos para su libre desarrollo, podrá haber una respuesta a la situación que arrastra una y otra vez a comunidades de todo el país a exigir sus derechos.” Para el trotskismo el problema no es el capitalismo sino los «monopolios», y en particular aquellos de origen extranjero. Como niegan la plena inserción social de los integrantes de las llamadas comunidades indígenas en el sistema capitalista como una de las capas más pauperizadas del proletariado argentino, correspondería garantizar “como parte de las demandas más profundas, el derecho a la autodeterminación como nación, si así lo decidieran. Es el planteo del PTS en el Frente de Izquierda.” Que la consigna de la autodeterminación sólo implique hundirlos aún más en la miseria, como puede observar cualquiera que se detenga brevemente en las experiencias de “recuperación territorial” en curso, no pareciera tener importancia.
El problema no es la tierra. Por una Asamblea Nacional de trabajadores ocupados y desocupados
Las pésimas condiciones de acceso a la vivienda que atraviesa históricamente a gran parte de la clase obrera argentina, han sido puestas crudamente de relieve por la pandemia. Las tomas que están ocurriendo en diversas partes del país, en particular en el conurbano bonaerense, son expresión de ese proceso.
El caso de Villa Mascardi, por debajo de los elementos identitarios que lo distinguirían del resto, muestra a una franja de población que por la vía de las “reivindicaciones ancestrales”, intenta resolver de manera aislada problemas que son del conjunto de la clase obrera argentina: vivienda, trabajo, salud. Lo hemos explicado repetidas veces, las miserables condiciones de vida de esta población no están marcadas por su situación de excluidos en un espacio donde no estarían plenamente desarrolladas las relaciones capitalistas de producción. Por el contrario, son la manifestación del pleno desenvolvimiento de éstas, que integran a esta fracción de clase, en tanto población sobrante para el capital. La política del trotskismo sustentada en la política de la identidad solo refuerza esa fragmentación. La crisis requiere que nos organicemos a la altura del golpe que se está descargando sobre la clase obrera. En el caso de Río Negro, si bien los “banderazos patrióticos” fueron traccionados por elementos burgueses no puede pasarse por alto que atrajo a elementos obreros. La organización de una Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados que desarrolle un plan de lucha, con independencia de clase, para derrotar el ajuste de los Fernández es la tarea del momento. Como herramienta para aglutinar todas las luchas obreras y como horizonte político para el conjunto de la clase.
