A lo largo del último mes y medio al gobierno se le abrieron dos frentes de conflicto con las corporaciones patronales. Uno de gran repercusión: el “paro del campo” convocado a raíz del cierre de las exportaciones de carne. Y otro que, aunque no estuvo en primer plano, parece aún más importante: la renovación de las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde se impuso una conducción predominantemente opositora.
Gonzalo Sanz Cerbino, Hernán Calisaya y Victoria Rodríguez Nievas
Laboratorio de Análisis Político (LAP)
La situación contrasta con un 2020 en donde, tras algunos cuestionamientos iniciales, la burguesía dio su apoyo a la forma en que el gobierno enfrentó la pandemia. No podía ser de otra manera, ya que tras unas pocas semanas de “cuarentena estricta”, el gobierno fue permitiendo el funcionamiento de todas las actividades industriales, mientras que la producción exportadora nunca estuvo afectada siquiera. A su vez, el gobierno salió al rescate de los patrones con los ATP que cubrieron el grueso de los costos salariales (entre otros subsidios), y promoviendo un acuerdo con la CGT para bajar nominalmente los salarios.[1] Pero este año las cosas parecen estar cambiando. Luego de un feroz ajuste ortodoxo, el gobierno parece lanzado a no perder las elecciones con medidas cosméticas. La sucesión de golpes de efecto electoral, aunque pueden afectar intereses patronales, no resuelven los problemas de fondo ni sacan a los obreros de la miseria. Con todo, van minando la confianza de la burguesía en el gobierno. Un gobierno sin rumbo, asediado por las encuestas y por su propia interna en un año electoral, que no hace más que recurrir a manotazos de ahogado. Claramente, no parece el mejor timonel para la tormenta. Es así que más de un patrón parece dispuesto a abandonar el barco.
El paro ganadero
El 19 de mayo el gobierno anunció la suspensión de las exportaciones de carne por 30 días, buscando generar un golpe de efecto que le permita posicionarse de cara a las elecciones (y a su propia interna) con “acciones contundentes” para detener la escalada de precios. La medida no es más que eso, un acting electoral, pues no sirve para detener los precios de la carne (que terminaron aumentando), y además priva al gobierno de una cantidad significativa de dólares cuando más se necesitan.[2] Pero más allá de su inutilidad económica, en términos políticos, la medida puede generar un rédito: el gobierno muestra decisión para enfrentar a los “formadores de precios”, reavivando la épica del enfrentamiento con la “oligarquía”.
La reacción de la burguesía agropecuaria no se hizo esperar. Al conocerse la medida, la Mesa de Enlace decretó un paro ganadero por 9 días, del 20 al 28 de mayo. Luego, el paro se extendió por cinco días más, hasta el 2 de junio, sumando catorce días de protesta. Sin embargo, el reclamo no alcanzó ni la extensión ni la contundencia de otros momentos. Por empezar, porque muchos comercios se stockearon antes de que comience la medida, restando impacto al cese de comercialización decretado por los productores primarios. Más allá de ello, gran cantidad de ganaderos no adhirieron a la protesta decretada por la Mesa de Enlace, con lo que la oferta de ganado se mantuvo. La faena de mayo contra igual mes de 2020 fue 18,4% menor. Poco para un paro comercial que afectó a 12 días del mes. A esto hay que sumar que la faena ya venía cayendo en relación a 2020, por la caída del consumo de carne: comparado enero-mayo de 2020 con igual período de 2021, cayó 2,7%. Y la faena de abril de 2021 comparada con abril de 2020 cayó 5%. Si comparamos mayo de 2021 con el mes anterior, la faena solo cayó un 11,7%. Que la disposición de los ganaderos a sostener la medida de fuerza era escasa se visualizó con claridad el último día del paro, el 2 de junio, cuando se observó un aumento de la comercialización de hacienda comparada con los días previos. Los ganaderos habían decidido levantar el paro un día antes de lo dispuesto por la Mesa de Enlace. Incluso allí mismo hubo resistencia a radicalizar la medida. La propuesta de los representantes de CARBAP de suspender la comercialización de granos en “solidaridad” y establecer cortes de ruta para garantizar la medida fue rechazada por el resto de la Mesa de Enlace, que se negó a escalar el conflicto.[3] Suspender la comercialización de granos, una producción mucho más significativa en términos económicos y más extendida entre la burguesía agropecuaria, le hubiera dado otro cariz a la medida. Pero a la Mesa de Enlace no le dio el cuero.
Finalmente, el conflicto se resolvió mediante un doble retroceso: el gobierno, pasados los treinta días de suspensión de las exportaciones, dio marcha atrás con una resolución que no traía ningún rédito económico, aunque manteniendo ciertas restricciones. La burguesía agropecuaria, que no estaba en condiciones de sostener una medida de fuerza por más tiempo, aceptó lo que el gobierno ofrecía, no sin queja. La resolución del gobierno mantiene la prohibición de exportar doce cortes “populares” hasta el 31 de agosto (prorrogable al 31 de diciembre), y para el resto limitó el cupo de exportación al 50%. Quedaron exceptuadas la Cuota Hilton y la 481. Además, se prevé que las restricciones se vayan eliminando en la medida en que las condiciones del abastecimiento interno “vayan mejorando”, con lo que hay expectativas de que los cupos de exportación se vayan ampliando antes del plazo previsto. Por último, el gobierno anunció la elaboración de un Plan Ganadero en los próximos 30 días, para “estimular” la producción bovina mediante “incentivos”. O sea, desgravaciones impositivas y subsidios. El plan será diagramado en una Mesa de Coordinación del Sector Cárnico, a la que se sentarán los representantes de todos los eslabones de la cadena cárnica. La burguesía agropecuaria y los frigoríficos tendrán así voz y voto en la elaboración del plan.[4]
Aunque no sin quejas, los dirigentes de la burguesía aceptaron la propuesta del gobierno. Tras la reunión en la que se anunció el nuevo régimen para las exportaciones de carnes, tanto los representantes patronales como los del gobierno salieron conformes. El Ministro de Agricultura, Luis Basterra, señaló que los dirigentes de las corporaciones empresarias “tienen la voluntad de resolver el acceso de la carne a los argentinos”. A pesar de que el cupo de 50% para las exportaciones fue considerado “insuficiente”, “han mostrado voluntad de continuar en este espacio”. El vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), José Martins, “celebró” el encuentro y consideró que “fue una mesa muy importante para construir sobre el diálogo”. No es de extrañar la buena predisposición del CAA, ya que se ha erigido como el interlocutor más amigable para el gobierno en el sector agroindustrial. Incluso, se dice que el Plan Ganadero recogerá algunas de sus propuestas. También salieron conformes los grandes frigoríficos, que se van a quedar con el grueso de los cupos de exportación. Solo hubo quejas de los frigoríficos chicos, o de los “exportadores sin planta”, que se quedaron con poco y nada en la repartija. Por su parte, los representantes de la Mesa de Enlace, aunque reconocieron que no están conformes con el límite de 50% a las exportaciones, mostraron entusiasmo con la propuesta de un Plan Ganadero y la promesa de levantar las restricciones si las condiciones mejoran. Jorge Chemes, presidente de CRA, se lamentó porque “lo que se venía buscando es que se abra el 100% y no se logró”. Aún así, su balance es positivo, por la promesa de un plan de incentivos para recuperar la producción y el posible levantamiento de las restricciones: “seguiremos luchando en esta propuesta que nos están planteando a la que nos han invitado para logar que se estabilice el precio y poder reabrir el otro 50% […] No estamos lejos de lograr esa reapertura total. Hemos visto una voluntad desde el Gobierno que en la medida de que no se le dispare el precio, ellos están a favor de liberar la exportación”. Incluso agregó, sobre el presidente Fernández: “Lo vi convencido de que quiere restaurar las exportaciones en forma urgente”. Las críticas más fuertes provinieron, una vez más, de CARBAP, que consideró “nefasta” la medida. Aún así, su posición sigue siendo minoritaria en el sector: la Mesa de Enlace se limitó a pedir audiencias con los gobernadores, buscando presionar para el levantamiento de las restricciones. Aunque por ahora no hay nuevos paros en el horizonte, el pasado 9 de julio realizaron un acto en San Nicolás (Buenos Aires), impulsado originalmente por sectores autoconvocados (en una jornada de protestas opositoras en todo el país), al que se sumó, presionada por sus bases, la Mesa de Enlace. Según sus organizadores se hicieron presentes en el acto más de 65.000 personas, que asistieron en más 10.000 vehículos y 200 caballos. Pero en las imágenes se aprecia un número sensiblemente menor, lo que se verifica al hacer una simple cuenta: para que 65.000 personas se acerquen a un acto en un paraje despoblado a la vera de la ruta 9 en esa cantidad de vehículos, debían subir entre 6 y 7 personas en cada auto(o varias por caballo), algo improbable.[5] De cualquier manera, el número se encuentra muy lejos de las 200.000 personas que movilizó el “campo” a Palermo en el momento culminante del conflicto de 2008.
Las elecciones en la UIA
Aunque no deja de ser significativo el retorno de la burguesía agropecuaria a la acción directa, el conflicto del campo de 2008 ha dejado claro que, por sí sola, esta no puede generar las condiciones para un recambio político. Aquella vez, aún alcanzando una unidad y un grado de movilización pocas veces visto en nuestra historia reciente, al “campo” apenas si le alcanzó para poner un límite a la exacción de renta, derogando las retenciones móviles. Pero los impuestos a la exportación siguieron vigentes y su peso fue aumentando por la apreciación del tipo de cambio entre 2009 y 2015. Tampoco pudo erigir una fuerza social capaz de desplazar al kirchnerismo del gobierno, cosa que recién se consiguió cuando la gran burguesía industrial se sumó a la oposición en 2011. El ascenso de la oposición burguesa al kirchnerismo alcanzó su cenit en 2015, cuando quienes bregaban por desarmar el armado bonapartista conquistaron la dirección de la UIA, con Techint, FIAT y Arcor a la cabeza.[6] Este año, al parecer, la historia vuelve a repetirse.
El pasado 8 de junio asumieron las nuevas autoridades de la Unión Industrial Argentina. Como en las últimas dos elecciones, se acordó una lista de “unidad”, aunque la división se profundiza en sus filas. Para la presidencia había dos candidatos: Miguel Ángel Rodríguez, de la empresa Sinteplast, y Daniel Funes de Rioja, histórico presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). El primero representaba la línea dialoguista en relación al gobierno, continuadora de la gestión del ahora ex presidente, Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza). El segundo, representante de la agroindustria, siempre partidaria de una menor intervención estatal sobre la economía, ganó notoriedad en el último año por sus críticas a la política económica oficial. Finalmente, el candidato ungido fue Funes de Rioja, respaldado por los grandes industriales, que se quedaron con los primeros lugares en la lista. La Vicepresidencia 1ra. quedó en manos de Luis Betnaza, de Techint, la Vicepresidencia 2da. fue para Eduardo Nougués (Ledesma), la Vicepresidencia 3ra. para Adrián Kauffman Brea (Arcor), la Vicepresidencia 8va. para David Uriburu, también de Techint, y un poco más atrás quedó Cristiano Ratazzi (FIAT) como Vocal 6to. Estas empresas lideraron la oposición industrial al kirchnerismo entre 2011 y 2015, en tanto referentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y del Foro de Convergencia Empresarial (FCE). Hoy recuperaron la UIA, relegando a un segundo plano a los “dialoguistas”, que se quedaron a la cola de la lista, solo logrando cargos importantes para Guillermo Moretti, de la Unión Industrial de Santa Fe (Vicepresidente 4to.), Miguel Acevedo (Vicepresidente 5to.) y Miguel Ángel Rodríguez (Secretario).[7]
Tras la elección se desató un escándalo que dejó al descubierto el renovado perfil opositor de la conducción de la UIA. José Ignacio de Mendiguren, un histórico que presidió la UIA en 2001-2002 y 2011-2012, fue vetado de la conducción por su ligazón con el gobierno (actualmente es presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior –BICE-, y diputado –en uso de licencia- por el massismo). De Mendiguren acusó públicamente a Techint por su “proscripción”, señalando que esta empresa expresa a una “cúpula” que maneja la entidad a su gusto, y denunció el proceso electoral por falto de transparencia y equilibrio.[8] Pero el problema para el oficialismo no es este, sino la línea que se impuso con la renovación de autoridades en la UIA, de la que Funes de Rioja es su expresión más contundente. Durante 2020, Funes de Rioja fue el más duro entre los grandes industriales con las políticas del gobierno. Se expresó en varias oportunidades contra la prohibición de despidos y suspensiones, y la doble indemnización, que llamó el “triple cepo laboral”. También cuestionó el proyecto para regular el teletrabajo, al que calificó como un “tapón para la posibilidad de crear empleo”. Lideró a su vez la lucha contra la “cuarentena estricta”, señalando en marzo de 2020 que “no se pueden tener las actividades paralizadas a salario pleno”. Recién cuando merced a la presión industrial consiguieron el acuerdo con la CGT para bajar salarios, los ATP y la cuarentena comenzó a flexibilizarse, cesaron las críticas.[9] Pero este año Funes volvió a la carga en una cruzada contra los controles de precios, que afectan particularmente al sector industrial que lidera, las alimenticias. En abril de este año protagonizó un cruce con el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una reunión del funcionario con la UIA. En esa oportunidad, Kulfas reprochó a Funes de Rioja sus cuestionamientos a la aplicación de la Ley de Abastecimiento (que el empresario había tachado de anticonstitucional), y le enrostró las maniobras para romper los acuerdos de precios: “Ustedes lo único que saben hacer es aumentar precios y violar los acuerdos. Tienen productos en Precios Máximos y se ponen a fabricar productos similares con precios más caros. ¿Por qué no le vamos a aplicar la ley?”[10] Aunque tras la elección interna tanto desde la UIA como desde el Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron las intenciones de mantener el diálogo, en la primera reunión que el ministro tuvo con la nueva conducción de la entidad le reprochó a Funes sus críticas al rescate estatal de IMPSA y sus dichos sobre la supuesta reactivación económica (que para Funes solo alcanza a la construcción). Allí Kulfas le dijo al flamante presidente de la Unión Industrial: “Cuando veo algunas declaraciones me quedo un poco sorprendido. No quiero profundizar las diferencias, simplemente quiero decir algunas cosas porque si no, me sentiría muy incómodo”.[11]
Evidentemente, la nueva conducción de la UIA preocupa al gobierno. Más incluso que la oposición del agro. Cuando la gran burguesía industrial saca los pies del plato quedan pocos aliados de peso en la clase dominante para sostener a un gobierno que difícilmente encuentre ese respaldo en una clase obrera que cada día se sumerge más y más en la miseria. La ausencia de un programa económico capaz de restablecer la acumulación de capital, el fin de la asistencia a causa de la pandemia y el coqueteo con políticas de corte electoral, como los controles de precios o el cierre de las exportaciones, que solo posponen la inevitable debacle, están generando un quiebre entre la burguesía y el gobierno. Avanza de esta manera el conflicto interburgués. Una crisis por arriba que es una oportunidad: la de intervenir con una política propia.
[1]Sanz Cerbino, Gonzalo y Hernán Calisaya: “Los anti-cuarentena. Burguesía y pequeño burguesía frente al Covid-19”, en El Aromo, Nº 111, Mayo-Junio de 2020, https://bit.ly/3wjHc1G.
[2]Bil, Damián: “Escupir el asado. El precio de la carne, el caos en el Frente de Todos y la miseria de la clase obrera”, en El Aromo, Nº 117, Mayo-Junio 2021, disponible en https://bit.ly/3AgRToW.
[3]https://bit.ly/3juqoCK, https://bit.ly/360dKU3.
[4]https://bit.ly/3x7QOxY; https://bit.ly/36hf9pr.
[5]https://bit.ly/2SGVbkG, https://bit.ly/366MG5v, https://bit.ly/3jvajwC, https://bit.ly/366g6k2, https://bit.ly/2TNoiDy, https://bit.ly/3kgfzVh.
[6]Sanz Cerbino, Gonzalo y Nicolás Grimaldi: “Las bases sociales del macrismo: accionar y reclamos de la burguesía argentina, 2009-2015”, Estado & Comunes, Nº 10, 2020, https://bit.ly/3wihlaK.
[7]https://bit.ly/36b78SO; https://bit.ly/36b6Ueq; https://bit.ly/3dL5yLy.
