Martín Pezzarini
Grupo de Análisis Internacional
A fines de agosto, en medio del revuelo internacional que generaron los incendios en el Amazonas, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulgaba información sobre el estado de la mayor economía de América Latina. De acuerdo con la entidad, en relación con los tres primeros meses del año -marcados por un retroceso de la actividad del 0,2%-, en el segundo trimestre se registró un crecimiento del 0,4%. Ello habría sido el resultado del avance que tuvo lugar en la construcción, en el sector industrial y, en menor medida, en los servicios. Estos indicadores demuestran que la economía brasileña no ha logrado recuperarse de la profunda recesión que atravesó en 2015 y 2016, años en los que se registró una contracción del 7%. El ajuste que se viene imponiendo desde el gobierno de Dilma Rousseff aún no fue suficiente para salir de la crisis, y nada garantiza que la situación vaya a mejorar. El desequilibrio de las cuentas públicas, que se arrastra desde 2014, no se ha revertido. Pese al congelamiento de los gastos públicos que sancionó el gobierno de Michel Temer, en el primer semestre de 2019 se registró un déficit nominal de 186.400 millones de reales (casi 50.000 millones de dólares), que equivale a poco más del 5% del PBI. El ajuste fue feroz, pero hasta ahora no alcanzó.
Las medidas impulsadas por el nuevo gobierno buscan cerrar el agujero fiscal y promover la expansión de la economía sobre la base de un empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y una ampliación de los espacios de acumulación para el capital. Por un lado, la gestión de Jair Bolsonaro promovió una reforma del sistema de previsión social. Según el propio Paulo Guedes, actual ministro de economía de Brasil, con esta medida el Estado ahorraría el equivalente a 250.000 millones de dólares en la próxima década. El apoyo que el proyecto viene cosechando en ambas cámaras indica que finalmente será aprobado.
Por otro lado, el gobierno busca acelerar su programa de privatizaciones. Solo para el 2019, espera percibir un total de 20.000 millones de dólares a través de la venta de empresas estatales. Además, dado el tiempo que implican este tipo de operaciones, el Ministerio de Economía evalúa la posibilidad de impulsar una “vía rápida” o “fast track” que permita acelerar el proceso, vendiendo la mayor cantidad de compañías en menos tiempo. En consonancia con este programa, el gobierno también impulsa un ambicioso plan de concesiones, que incluye puertos, aeropuertos y ferrocarriles, así como la subasta de derechos para extraer petróleo y gas en un área que actualmente es explotada por Petrobras, la mayor empresa estatal brasileña. La propuesta resulta particularmente atractiva para el capital privado, puesto que se estima que el área cuenta con una provisión de aproximadamente 15.000 millones de barriles, una magnitud superior a las reservas probadas de Petrobras. En este sentido, el Congreso recientemente aprobó una enmienda de la Constitución que permitirá avanzar con las concesiones, lo cual posibilitará recaudar alrededor de 25.000 millones de dólares. Por último, otra de las medidas impulsadas por Bolsonaro fue la Ley 13.874, la cual reduce la burocracia de ciertas actividades, facilita las operaciones empresarias y flexibiliza las normas laborales. Luego de la reforma de trabajo que fue impuesta por el gobierno de Temer en el 2017, esta medida constituye un nuevo golpe sobre las condiciones de vida de la clase obrera brasileña.
Por el programa que viene sosteniendo, y por su relativo éxito en la imposición del ajuste, la burguesía brasileña mantiene su apoyo a la gestión de Bolsonaro. Los representantes de las cámaras empresariales más importantes han expresado públicamente su respaldo a las medidas impulsadas por el nuevo gobierno.i El presidente de la poderosa FIESP, Paulo Skaf, llamó a la burguesía a confiar en el rumbo que está asumiendo la economía. Y como si ello fuera poco, luego de que los incendios en el Amazonas pusieran en duda la concreción del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, Skaf se reunió con los representantes de algunas empresas europeas para enfriar la situación y despejar sus supuestas preocupaciones sobre el estado actual de la selva.
Con todo, la continuidad del apoyo que viene dando la burguesía dependerá de la capacidad de Bolsonaro para seguir imponiendo las medidas que le reclaman. En este sentido, no satisfecha con la muy probable aprobación de la reforma jubilatoria, la burguesía brasileña ya está exigiendo mayor celeridad en el programa de privatizaciones, así como una posterior reforma tributaria que simplifique la actual estructura impositiva. Como es lógico, la implementación de estas medidas exige la articulación y la permanente búsqueda de acuerdos entre el nuevo gobierno y el conjunto de los partidos políticos, incluso el de aquellas fuerzas que dicen ocupar el lugar de oposición. Estas negociaciones han demostrado que el discurso de Bolsonaro en contra de la corrupción solo fue una reacción oportunista para capitalizar electoralmente el descontento que se vive desde el año 2013. Los recientes intentos por frenar la operación Lava Jato, cuya continuidad podría amenazar el equilibrio político que necesita su programa económico, ponen sobre la mesa las similitudes entre la actual gestión y el resto del personal político burgués, dejando entrever la trama de acuerdos que une al nuevo gobierno, el Partido de los Trabajadores y los magistrados más poderosos del país.
Acuerdos y negociaciones
Uno de los principales interesados en congelar las investigaciones sobre corrupción es el senador Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del ex militar. A fines de 2018, el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) -un organismo público que monitorea movimientos financieros- identificó transacciones sospechosas en la cuenta de Fabricio Queiróz, ex asesor de Flavio cuando este se desempeñaba como diputado estadual de Río de Janeiro. Los depósitos que se registraron en la cuenta de Queiroz habrían provenido de otros asesores del entonces diputado, entre los cuales se encontraba el ex-policía militar Adriano Magalhães y su madre, Raimunda Veras Magalhães. Pues bien, la gravedad del problema no solo está dada por el movimiento ilegal de más de un millón de reales, cuyo principal beneficiario sería Flavio, sino también por el hecho de que Adriano Magalhães es uno de los hombres fuertes de la llamada “Oficina del Crimen”, la milicia paraestatal que habría sido responsable del asesinato de la concejala Marielle Franco en marzo del año pasado. La preocupación de Bolsonaro en obturar el avance de este caso se manifestó cuando desplazó al presidente del COAF, Roberto Leonel, quien había criticado públicamente la decisión de Antonio Dias Toffoli, el presidente del Supremo Tribunal Federal, que suspendió las investigaciones que involucraban al hijo del ex-militar. Como parte de este acuerdo para congelar las operaciones judiciales, y como devolución al favor recibido, el mismo Flavio viene bregando para impedir que el Senado apruebe la conformación de una comisión destinada a investigar a los magistrados de las cortes superiores de justicia.
Por su parte, la sanción de la Ley de Abuso de Autoridad constituyó otro de los intentos de congelar el avance de las investigaciones sobre corrupción. Luego de que fuera aprobada por el Congreso, Bolsonaro sancionó esta medida con el objetivo de disciplinar a los miembros más bajos de la justicia, el Ministerio Público Federal y la Policía Federal, aquellos que en el último tiempo han llevado a prisión a los principales exponentes de la burguesía vernácula y del personal político tradicional. Además, el 25 de septiembre, el Senado aprobó la designación de Augusto Aras como nuevo Procurador General de la República, ratificando el nombramiento previo hecho por el presidente. Vale destacar que el nuevo fiscal general cuenta con el apoyo del senador Jaques Wagner, dirigente histórico del PT, y uno de los responsables por el nombramiento. Aras ha criticado públicamente los supuestos “excesos” de la operación Lava Jato y ha manifestado su apoyo a la mencionada Ley de Abuso de Autoridad.
El último episodio que reveló la connivencia entre el nuevo gobierno, el PT y los altos magistrados fue la reciente determinación del Supremo Tribunal de Federal, que concedió un habeas corpus a un ex gerente de Petrobras cuyos abogados sostuvieron que su derecho a “legítima defensa” fue vulnerado por no haber sido escuchado después de sus delatores. Dado que mediante este caso se buscará establecer una regla general, la decisión podría sentar un precedente y abrir la posibilidad de que sean anuladas otras 32 sentencias que involucran a más de 140 condenados, dentro de los cuales se encuentra el líder el PT, Lula da Silva.
Todos estos acuerdos y maniobras judiciales han sembrado tensiones dentro del propio gobierno, especialmente entre un ala que busca detener las causas sobre corrupción y otra que pugna por ahondar este proceso. El primero de los bandos encuentra en Bolsonaro a su exponente más importante, mientras que la figura visible del segundo es el actual ministro de justicia, Sergio Moro, el principal responsable de la operación Lava Jato de los últimos años. El presidente viene intentando limitar el margen de maniobra de Moro, removiendo de sus puestos claves a las autoridades cercanas al ministro y obstruyendo la continuidad de las operaciones judiciales contra la corrupción. El problema para Bolsonaro es que, en el marco de una economía que no reacciona, su alejamiento de Moro lo desgasta electoralmente. El exjuez representa el rechazo a la podredumbre de los partidos tradicionales, y el presidente conoce bien el valor político que ello tiene. En consecuencia, el dilema que se le presenta es cómo conciliar ambos imperativos: la obligación de negociar con lo más descompuesto de la política brasileña y la necesidad de seguir presentándose como un actor político diferente al resto.
Amazonas en llamas
Este fue el escenario en el que se desató una incipiente crisis política a partir de los incendios en el Amazonas. Desde mediados de agosto, la prensa internacional hizo eco del acelerado ritmo con el que las llamas se devoraban la selva. En general, la transmisión del hecho fue acompañada de la denuncia al gobierno, responsabilizándolo por la política ambiental que viene impulsando desde el comienzo de su gestión. De acuerdo con los datos registrados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), la deforestación del Amazonas prácticamente se duplicó entre enero y agosto en comparación con el mismo período del año 2018, pasando de 3.336 km² a 6.406 km². Se sostiene que una de las principales causas de este crecimiento es el aumento en la cantidad de incendios provocados deliberadamente por productores rurales, quienes buscan limpiar el territorio para dedicarlo a la actividad agrícola o ganadera.
Sin duda alguna, Bolsonaro es el primer responsable por estos hechos, puesto que ha dado mayor prioridad al avance de la frontera agrícola que al lugar del Amazonas en el equilibrio ambiental de nuestro planeta. Ahora bien, la deforestación y los incendios están lejos de ser fenómenos exclusivos de su gobierno. Basta observar los mismos datos publicados por INPE. Según el instituto, en los últimos doce meses se han deforestado 6.840 km² en el Amazonas, mientras que durante el gobierno de Lula se sostuvo un promedio anual de 15.687 km². Además, entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 se registraron 122.624 focos de incendio en el Amazonas, en tanto que con Lula se mantuvo un promedio anual de 206.617, lo cual representa una diferencia del 68%. Estos datos demuestran que ni un gobierno ni el otro tienen interés en la protección del medio ambiente, solo gestionan las mejores condiciones para que la burguesía haga sus negocios. Más aún, en la administración del PT y en la de Bolsonaro tuvieron lugar dos episodios muy similares, la explosión de represas con residuos minerales que dejaron un tendal de muertos, dos auténticos crímenes sociales. Que el PT haya salido a denunciar la política ambiental de Bolsonaro solo desnuda su miserable oportunismo.
Cabe señalar que Brasil no ha sido el único país afectado por el fuego, pese que muchos “críticos” hayan preferido pasar por alto este hecho. En Paraguay y Bolivia también se han registrado importantes incendios forestales, especialmente en el país gobernado Evo Morales. Aun no se ha definido con exactitud cuál es la extensión del territorio afectado, pero se estima que ronda entre 30.000 y 40.000 km². Las llamas habrían tenido su origen en los tradicionales “chaqueos”, los incendios intencionales que se realizan con el objetivo de preparar el terreno para la siembra o la cría de ganado. Ahora bien, a diferencia de otros años, en esta ocasión los incendios habrían recibido un estímulo adicional, puesto que en agosto el gobierno emitió un decreto que promueve la ampliación de la frontera agrícola y permite la realización de “quema controlada”. Como resultado de ello, las llamas terminaron arrasando millones de hectáreas del bosque Chiquitano, el Pantanal y la Amazonia boliviana. Frente a esta situación, la respuesta del gobierno fue tardía e insuficiente, y solo las lluvias parecieron darle un respiro. Pese a ello, poco se ha dicho sobre la responsabilidad de Morales en los hechos. Si bien las consecuencias fueron tan desastrosas como en Brasil, en el caso de Bolivia no escucharon voces en contra del “neoliberalismo” o el “capitalismo salvaje”, y mucho menos se convocó marchas a las embajadas de ese país. Al parecer, la preocupación por el medio ambiente es selectiva y el único criterio con el que se interviene es el oportunismo.
Por otro lado, uno de los hechos que generó particular revuelo en la prensa fueron las críticas que recibió Bolsonaro por parte de otros mandatarios, especialmente de Emmanuel Macron, quien llegó a poner en cuestión la futura implementación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Antes que manifestar su inquietud en los problemas ambientales, la reacción del mandatario francés solo constituyó una defensa tardía de los intereses de la burguesía agraria, la cual podría verse profundamente afectada por la competencia de los productos argentinos y brasileños. Al mismo tiempo, la supuesta preocupación de Macron por el Amazonas fue un intento de mejorar su imagen y revertir el desgaste político que enfrenta, dado que la protección ambiental ha sido una de las banderas con las que ha buscado identificarse delante del electorado. Por su parte, Bolsonaro aprovechó su oportunidad frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas para responder a las críticas recibidas, destacando la importancia de que se respete la “soberanía de Brasil” para definir su propia política ambiental. Al igual que su par francés, el ex militar salió a defender los intereses de la burguesía local y, para ello, apeló oportunamente a la ideología nacionalista. No es casual que las tres cámaras patronales más poderosas de Brasil hayan manifestado su apoyo al posicionamiento del presidente.
¿Y la izquierda?
Frente a esta situación, la izquierda se movilizó y salió a denunciar la responsabilidad del gobierno por los incendios, criticando los lineamientos principales de su política ambiental. Según sostienen, Bolsonaro estaría reforzando el sometimiento de Brasil al imperialismo, puesto que promueve la depredación de los recursos naturales por parte de empresas multinacionales, permitiendo que deforesten la selva y avancen las plantaciones de soja. Así, en última instancia, el problema sería la cuestión nacional, es decir, la subordinación del país a los grandes capitales y las economías “desarrolladas”. Un disparate, ya que quienes promueven los incendios son los empresarios locales. Además, si la izquierda menciona al PT -algo que preferentemente evita-, solo lo hace lateralmente, refiriendo a la responsabilidad que tuvo mientras gobernaba, pero no a la que tiene hoy. Poco y nada se dice sobre los crímenes sociales y la deforestación en tiempo de Lula y Dilma, y mucho menos sobre actual oportunismo del PT, que salió a denunciar descaradamente la política de Bolsonaro como si ellos representaran una alternativa sustancialmente diferente.
Por último, cabe destacar la salida que encuentra la izquierda frente a este escenario. Según se sostiene, el capitalismo y el cuidado del medio ambiente son incompatibles, y, por lo tanto, es preciso organizar la producción sobre otras bases sociales. Ahora bien, esta afirmación extremadamente general va acompañada de un conjunto de fórmulas que dejan entrever la visión romántica de la izquierda, cuando no su falta de propuestas reales frente al problema. Por un lado, se denuncian las tecnologías y los métodos de producción empleados en el campo brasileño, como si los problemas ambientales fueran inherentes a ellos. Por el otro, se advierte sobre el nivel de concentración que existe en esta rama de producción, cuando el agro, por una cuestión técnica, es una de las ramas menos concentradas.
Como resultado de esta lectura, se llama a la movilización de “la juventud”, “los trabajadores”, “los campesinos” y “pueblos originarios” para exigir la prohibición de los desmontes y la expropiación de las empresas comercializadoras. Cómo podría desarrollarse la vida humana sin madera, minerales y carne es una pregunta que la izquierda prefiere esquivar, dejando para el futuro algún tipo de solución mágica. Y en cuento a la propiedad rural, advierte la necesidad de terminar con la “herencia colonial del latifundio” y propone ofrecer la tierra a los que trabajan en ellas (reforma agraria). Una vez más, esta salida es profundamente regresiva, no solo porque fragmenta a la clase obrera en distintos sujetos, sino también porque supone revertir la enorme productividad del trabajo que se ha alcanzado en el agro, desestimando la importancia de los avances tecnológicos y reduciendo las escalas de producción. En lugar de ocuparse de los propios problemas en la Argentina, se ocupan muy superficialmente del Amazonas. Su mirada regional pasa por alto la situación de los compañeros en Venezuela. Contra Bolsonaro, sí. Contra Maduro, no. El triste episodio de las llamas en el Amazonas demuestra que la burguesía es incapaz de proteger el medio ambiente. Pero, también, que la izquierda argentina sigue atada a Lula y Evo Morales y, por sobre todo, no tiene otra cosa mejor que hacer en su país.
Notas
iFederación de las Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), Confederación Nacional de la Industria (CNI) y Confederación de la Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA)-
