Por Gonzalo Sanz Cerbino – CEICS
Nos es ninguna novedad señalar que la lucha revolucionaria en América Latina durante la década del ’70 alcanzó uno de los picos más altos. En muchos países, la lucha de clases derivó en la apertura de procesos revolucionarios. Uno de estos países fue Chile, con una particularidad. La Fuerza Social que impulsaba la transformación revolucionaria se alzó con el gobierno en las elecciones presidenciales de 1970. Su expresión electoral, la Unidad Popular (UP) encabezada por el Partido Comunista y el Partido Socialista, logró colocar a su candidato, Salvador Allende, en la presidencia. La naturaleza reformista y etapista de la dirección de la UP marcó uno de los límites del proceso. Los sectores hegemónicos dentro de la Fuerza Social Revolucionaria intentaron avanzar en la transformación estructural de Chile respetando la legalidad burguesa (en eso consistía la “vía chilena al socialismo”). Sin embargo, la disputa por la dirección de la Fuerza Revolucionaria no estaba saldada y otro personal político luchaba en su interior por llevar el proceso más allá de los límites capitalistas. A su vez, la lucha de las masas tenía un potencial que rebasaba al gobierno de Allende. Pero la conquista del gobierno no resolvió el problema de la toma del poder. La clase dominante se sirvió de las plazas conquistadas (el Parlamento, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas), para ganar la partida. A la hora del combate decisivo, las vacilaciones del gobierno de Allende y la organización de la contrarrevolución, fueron fundamentales para explicar la derrota.
La ofensiva golpista
El primer año de gobierno de Salvador Allende resultó bastante tranquilo en comparación con los dos que le siguieron. Apoyado en los altos precios del cobre se logró un crecimiento importante de la economía, sostenido sobre la base de la utilización de la capacidad instalada, el alto nivel de reservas y la expansión del gasto público, que sirvió para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. A su vez, se avanzó en el proceso de nacionalización de grandes empresas en sectores estratégicos, comenzando por la banca, las mineras y las telecomunicaciones. Sin embargo, este proceso no se dio al ritmo previsto e implicó algunas componendas, como la compra de acciones e indemnizaciones, que implicaron desembolsos no previstos. A pesar de ello, los capitales afectados rechazaron los términos de las nacionalizaciones, arrastrando a Chile a un duro enfrentamiento en el plano internacional (1). A su vez, bajo el gobierno de Allende se profundizó el proceso de tomas y expropiación de tierras, que ya había comenzado algunos años antes.
Durante este primer año, Allende llegó a contar con la simpatía de la fracción más pequeña de la burguesía, que se expresaba a través de la Asociación de la Pequeña y Mediana Industria (AMPICH) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Las bases de este respaldo se encontraban en el propio programa de la UP, que sólo se planteaba avanzar sobre los “monopolios”. Sin embargo, los límites del proceso de nacionalizaciones nunca estuvieron claros, sobre todo porque fue acompañado de una movilización de bases y una profundización de la lucha de clases que afectaba a toda la burguesía por igual. Estos elementos fueron acercando las posiciones de la burguesía pequeña y mediana a las de la gran burguesía industrial y agraria, nucleadas en la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que tomaron las nacionalizaciones como una verdadera declaración de guerra.
Las bases del crecimiento económico comenzaron a mostrar síntomas de agotamiento ya en 1971. La posibilidad de crecimiento sobre la capacidad instalada fue alcanzando su límite. El aumento del consumo disparó las importaciones y los precios del cobre en los mercados internacionales, principal fuente de divisas, bajaron. A la vez, los préstamos e inversiones externas cesaron casi completamente. El ’71 cerró con reservas agotadas y un déficit de balanza de pagos superior a los 300 millones de dólares. Comenzaba a operar el estrangulamiento externo, que traería como consecuencias la inflación y el desabastecimiento. Estas dificultades económicas no sólo eran producto de los límites de la economía chilena, sino también el efecto buscado por el imperialismo para ahogar el proceso chileno. Un verdadero bloqueo no declarado cayó sobre Chile, impulsado fundamentalmente por los capitales norteamericanos afectados por las nacionalizaciones, que buscaron limitar los créditos, las exportaciones y el abastecimiento de insumos y materias primas.
Las debilidades económicas que enfrentaba Allende fueron aprovechadas por la burguesía local para lanzarse a una ofensiva contrarrevolucionaria, que se intensificó hacia fines de 1971. El primero de diciembre de este año se produjo la primera gran manifestación de la derecha, la “marcha de las cacerolas”, encabezada por los partidos de oposición (Partido Nacional -PN- y Democracia Cristiana -DC-) y por las corporaciones empresarias. La SOFOFA mantuvo una constante agitación, impulsando campañas de prensa a través de los medios bajo su control. También intentó organizar en torno suyo a pequeños y medianos empresarios a través de un Frente Nacional del Área Privada. Uno de sus hitos fue el encuentro realizado el 2 de diciembre de 1971, con la participación de decenas de empresarios. Los discursos de los presidentes de SOFOFA y CPC coincidieron en señalar que lo que estaba en juego ya no era el posicionamiento frente a las políticas económicas del gobierno, sino cómo defender los fundamentos del orden social mismo, “la propiedad privada en todas sus expresiones”, que se encontraba amenazada.
Desde fines de 1971 las movilizaciones contra Allende, encabezadas por los partidos de la oposición burguesa y los lock out parciales se sucedieron a un ritmo vertiginoso. La ofensiva fue agitada desde los órganos de prensa opositores y se bloqueó todo avance de la UP dentro de los marcos de la legalidad burguesa: el Parlamento votaba sistemáticamente en contra, la Contraloría General de la República, órgano de control administrativo, señalaba la ilegalidad de las decisiones presidenciales, y buena parte de los jueces encubría abiertamente la sedición. La ofensiva fue acompañada de una ola de atentados y disturbios callejeros, que eran ejecutados por comandos paramilitares abiertamente fascistas, como Patria y Libertad (PyL) y el Comando Rolando Matus, que contaban con el apoyo de oficiales golpistas de las FFAA y eran financiados por la gran burguesía(2). La ofensiva se desarrolló coordinadamente, lo que lleva a pensar en la existencia de una dirección unificada de la contrarrevolución. Algunos hechos así lo demuestran: el 4 de marzo de 1972, por ejemplo, se produjo una reunión de la que participaron los máximos dirigentes de la burguesía y de los colegios profesionales (SOFOFA, CPC y los colegios de abogados e ingenieros, entre otros), el Ministro de la Corte Suprema, junto a dirigentes de PN, DC y PyL. Algunas de las reflexiones que se sostuvieron en la reunión trascendieron a la prensa: “Nuestra democracia, nuestra libertad, los derechos humanos están seriamente amenazados […] Ante esta situación no cabe la cobardía ni el desaliento. Es la hora de la acción” (3)
La contraofensiva de las masas
Pero la ofensiva contrarrevolucionaria encontró una respuesta y un límite en la movilización de las masas: las manifestaciones de la derecha comenzaron a ser replicadas por marchas de apoyo al Gobierno. A la “Marcha por la democracia” convocada por la derecha el 12 de abril del ‘72, le siguió la “Marcha por la Patria”, que la superó ampliamente en número. A pesar de la disposición al combate de sus partidarios, la UP comenzó a ceder posiciones: el ministro de Economía Vuscovic, que encabezó la ofensiva nacionalizadora, fue reemplazado por Orlando Millas, que planteaba la necesidad de “consolidar lo actuado” y no seguir avanzando. La línea del PC, que apuntaba a conciliar con una fracción de la burguesía, negociar con la DC, mantenerse dentro de los marcos de la legalidad burguesa y evitar el conflicto con la fracción legalista de las FFAA, hegemonizaba el gobierno. Siguiendo esta línea, Allende intentó contener la movilización de las masas.
Mientras tanto, la contrarrevolución continuaba avanzando. En julio de 1972, la DC y el PN formalizaron su unión con la presentación de un frente común, la Confederación Democrática (CODE). La muerte de un comerciante de Punta Arenas, que falleció de un paro cardíaco tras los enfrentamientos con la policía en una manifestación, abrirá un nuevo ciclo de enfrentamientos. Inmediatamente, estallaron cacerolazos de repudio en la zona. Las corporaciones de comercio declararon un lock out nacional por 24 horas para el 21 de agosto. Las corporaciones de la gran burguesía salieron a respaldar la medida de fuerza.
Paralelamente, se creó la Confederación Nacional de Trasporte Terrestre (CNTT), que reunía a los dueños de camiones, taxis y autobuses. En la primera semana de septiembre los transportistas plantearon demandas unificadas por aumento de tarifas y mejoras en el abastecimiento de repuestos y vehículos, y amenazaron con concurrir a un lock out si el gobierno no las satisfacía. Conjuntamente, la derecha lanzó una campaña propagandística destinada a magnificar la escasez y la imagen de desorden público. Los grupos terroristas hacían lo propio en las calles y las manifestaciones opositoras se multiplicaron. Todo parecía parte de un plan destinado a derrocar al Gobierno, que Allende salió a denunciar el 14 de septiembre. El eje central de lo que el presidente denominó “Plan Septiembre” sería un lock out del transporte terrestre y marítimo, destinado a cortar los abastecimientos y paralizar la economía. El complot tenía ramificaciones dentro de las Fuerzas Armadas, donde algunos núcleos de oficiales preparaban un golpe de estado. La oportuna denuncia, la respuesta de las masas y la destitución de oficiales golpistas frustraron los planes de la contrarrevolución y la obligaron a posponerlos. Sin embargo, poco tardaron en reanudar la ofensiva. A comienzos de octubre se desplegó una campaña en favor del alza de precios de la única empresa productora de papel. Apoyaron la petición, presentada como una defensa de la libertad de expresión, SOFOFA, SNA, CPC y CNTT. Por otro lado, la minera norteamericana Kennecott presentó querellas en distintos países europeos demandando el embargo de los embarques de cobre chileno, en desacuerdo con los términos de su nacionalización. La medida afectó la colocación del principal producto de exportación, acentuando las dificultades económicas. El 6 de octubre el Senado, con mayoría opositora, acusó al gobierno de ilegítimo. Un día después, León Vilarín, dirigente de la corporación de dueños de camiones de carga, anunció un lock out nacional de transportistas que comenzaría el 11 de octubre. El 10 de octubre se realizó una inmensa concentración opositora en La Alameda. Al día siguiente los titulares de los diarios de derecha anunciaban la llegada de “La hora de la acción”, recogiendo declaraciones del titular del PN, quien señaló que “Chile inició la resistencia civil contra el comunismo”.
Rápidamente el lock out adquirió un alcance nacional: la decisión del gobierno de detener a sus líderes profundizó el conflicto. Los camioneros bloquearon las rutas, atacando a quienes no se plegaron a la medida, y se agudizó el desabastecimiento de productos esenciales. La SNA y la SOFOFA, al igual que la DC, salieron a respaldar el lock out. Dueños de autobuses, taxis, distribuidores de combustible, el comercio y la pequeña industria y los colegios profesionales de médicos y abogados, decidieron sumarse al paro. En la calle, las manifestaciones opositoras se producían diariamente, junto con los destrozos y los atentados. En el campo, recrudecieron los ataques contra las masas, impulsados por la gran burguesía y los terratenientes. Como determinaron las investigaciones del Senado norteamericano, la CIA financió el lock out aportando varios millones de dólares, que permitieron sostenerlo hasta el 6 de noviembre. El 20 de octubre las corporaciones que impulsaban el movimiento formaron el Comando Nacional de Defensa Gremial, que unificó sus reclamos en un documento denominado “Pliego de Chile”. El documento contenía, además de las demandas de los transportistas, la exigencia de suspender la clausura de radios opositoras, promulgar la reforma constitucional impulsada por la DC que regimentaba y limitaba las nacionalizaciones, y disolver todas las organizaciones populares encargadas de supervisar la distribución de bienes de consumo.
Sin embargo, hacia fines de octubre el lock out comenzó a mostrar sus límites. Las bases de la UP se movilizaron para desbaratar el paro patronal e impedir el golpe. Se logró mantener en funcionamiento el país: las masas organizaron la distribución y la producción, tomando medio centenar de empresas abandonadas por sus patrones. La experiencia política de las masas durante el lock out dio un salto cualitativo en términos organizacionales, en su nivel de lucha y en su conciencia del proceso: hicieron funcionar el país durante un mes sin sus patrones. Allí se gestaron nuevas formas de organización, aunque embrionarias y minoritarias: los Cordones Industriales, las Juntas de Aprovisionamiento Popular y los Consejos Campesinos. La determinación de los trabajadores a ocupar los establecimientos que se plegaran al lock out, impuso un límite a la profundización del paro: es por esta razón que la gran burguesía impulsó la medida de fuerza, pero no se sumó efectivamente. Por otro lado, el mantenimiento de la actividad y del abastecimiento a través de la organización de las masas, restó efectividad a la medida, que no logró desestabilizar al gobierno hasta el punto de conseguir un pronunciamiento de las FFAA. Por último, la reacción popular alertó a un sector de la burguesía, que temiendo un revés, comenzó a buscar una salida negociada.
La claudicación de Allende
El conflicto se cerró con el ingreso de los altos mandos militares al gabinete, entre ellos el General Prats, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Desde su cargo de Ministro del Interior, Prats intimó a los patrones a deponer su actitud sediciosa, consiguiendo que el 6 de noviembre finalizara el lock out. Sus cabecillas aceptaron las condiciones que el propio Allende había ofrecido semanas antes. A pesar de que se logró detener la ofensiva golpista, el ingreso de los militares al gabinete, negociado con la DC, implicó una transacción con la contrarrevolución en uno de sus momentos de mayor debilidad. Cuando la organización de las masas planteaba la posibilidad de una contraofensiva que permitiera aplastarla, Allende y el PC boicotearon el proceso y optaron, nuevamente, por la conciliación.
La ofensiva derechista se renovó a comienzos del ’73. Ya desde enero, la Contraloría, el Poder Judicial y el Parlamento iniciaron una serie de ataques al gobierno que, además de paralizar toda iniciativa, empezaron a acusarlo sistemáticamente de violaciones a la Constitución y de ilegitimidad. En abril, la oposición logró romper la unidad de la clase obrera, promoviendo la huelga de una fracción que respondía a la DC en la mina de cobre “El teniente”, que se extendió por 76 días. El conflicto fue acompañado por una ola de atentados y manifestaciones estudiantiles en contra del proyecto gubernamental de reforma educativa. En las manifestaciones se produjeron disturbios, ataques a edificios oficiales, diarios de izquierda, locales partidarios y domicilios particulares de los ministros. Entre el 22 y el 29 de mayo los transportistas volvieron al lock out. La Central Única de Trabajadores salió a enfrentar a la contrarrevolución, convocando a un paro nacional con movilización en defensa del gobierno. La CUT amenazó con resistir cualquier intento de golpe, y exigió del gobierno mano dura con sus promotores.
El 29 de junio se sublevó el Regimiento Blindado Nº 2 del Ejército, que atacó La Moneda con tanques. Contaba con el apoyo civil de PyL, cuyos dirigentes, luego del fracaso de la intentona, se refugiaron en las embajadas de Ecuador y Colombia. El golpe fue derrotado por la acción popular y la intervención decidida de la fracción leal del Ejército, encabezada por Prats. La CUT llamó a la ocupación de las fábricas y lugares de trabajo, las organizaciones estudiantiles en manos de la izquierda se movilizaron y los Cordones Industriales respondieron ocupando posiciones en sus zonas de influencia. Derrotado el nuevo intento golpista, la dirección de la UP volvió a convocar al dialogo con la DC, que puso como condición la devolución de las empresas tomadas, la disolución de los grupos armados y el ingreso de los jefes militares al gabinete, pero con facultades para desplazar a los mandos medios. En medio, los transportistas lanzaron un nuevo lock out, que comenzó el 25 de julio, y se incrementaron los atentados terroristas. Finalmente, el intento de diálogo se rompió y la oposición en pleno se lanzó a impulsar el golpe.
El lock out de transportistas, que se extendió hasta el golpe del 11 de septiembre, fue acompañado por bloqueos de rutas, enfrentamientos y una ola de atentados y sabotajes. Según información obtenida por el servicio de inteligencia del MIR, los atentados eran perpetrados por PyL. La tarea habría sido encomendada por nucleos de oficiales golpistas, buscando generar un clima de desorden que justificara su intervención. A su vez, los comandos paramilitares estaban en contacto permanente con los camioneros golpistas, para coordinar las acciones. Así lo reconoció su líder, Roberto Thieme, al ser detenido a fines de agosto. Las corporaciones del comercio, los colegios profesionales y los partidos políticos burgueses se sumaron al paro patronal.
El 8 de agosto, en un intento por poner fin al lock out, Allende volvió a ensayar la receta de formar un gabinete con los altos mandos militares. La diferencia, esta vez, fue que algunos de los generales estaban involucrados en los preparativos del golpe. Es el caso del General Ruiz Danyau, Comandante de la Fuerza Aérea, que a los pocos días de asumir renunció alegando diferencias con el Ejecutivo, e intentó sublevar a su tropa sin resultado. En el caso de la Armada, condicionó su ingreso al gabinete exigiendo que el presidente se pronunciara sobre un supuesto complot desbaratado por los marinos en sus propias filas, que involucraba a suboficiales y tropa organizados por el MIR y el PS. Allende aceptó la condición, saliendo a denunciar la actuación de los “ultraizquierdistas”. En realidad, el complot nunca existió: fue un movimiento represivo de la Armada en el interior de sus filas para deshacerse de un centenar de marinos antigolpistas, que fueron detenidos, incomunicados y torturados. Desde la fallida sublevación de junio, las FFAA comenzaron un proceso de depuración de sus filas, removiendo a los sectores legalistas. También comenzaron una ofensiva represiva contra las plazas conquistadas por la izquierda. Utilizando la Ley de Control de Armas, que otorgaba a los militares la potestad de intervenir en la seguridad interior para requisar armas en manos de población civil, intensificaron los allanamientos en fábricas, barrios y locales sindicales, aplicando torturas y detenciones ilegales. La acción de las FFAA buscaba aterrorizar y desmoralizar a la población, desbaratando su organización para minimizar cualquier resistencia al golpe.
Finalmente, una serie de intervenciones del Parlamento allanará el camino en las últimas semanas. El 14 de agosto, senadores de la DC acusaron al gobierno de “inconstitucional”. Un día después el PN lo acusó de “ilegítimo”. El 22 de agosto los diputados aprobaron un proyecto de acuerdo que planteaba que “el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta”. Y emplazaba a las FFAA a poner término a la situación. La declaración no tenía efectos jurídicos, pero si políticos: operaba sobre los militares para que se decidieran a dar el golpe. El último obstáculo, los generales legalistas, renunciaron en esa semana. El último, Carlos Prats, lo hizo el 24 de septiembre, dejando paso a Augusto Pinochet, su sucesor. Dentro de las FFAA, los golpistas habían ganado la pulseada y se aprestaban a desplazar a Allende. Así sucedió el 11 de septiembre de 1973. El golpe fue seguido por una represión gigantesca, destinada a restaurar el orden y aniquilar a quienes habían impulsado el proceso revolucionario.
Lecciones de septiembre
Son varias las lecciones que nos deja la derrota de la “vía chilena al socialismo”. No tenemos espacio aquí para extendernos demasiado, por lo que sólo haremos foco en una de ellas. Cualquier proceso revolucionario deberá enfrentar, tarde o temprano, la oposición violenta de todas las capas de la burguesía, grandes o pequeñas. Los partidos revolucionarios tienen la obligación de prepararse para provocar la crisis en las filas burguesas, dividir a los enemigos y enfrentar al núcleo duro de la contrarrevolución con una política de alianzas. Pero el núcleo duro de su fuerza debe ser siempre la vanguardia de la clase obrera. La política de Allende, apoyado fundamentalmente en el PC y el PS, buscó la conciliación con la contrarrevolución, abandonando a la vanguardia obrera. Tuvo oportunidad de liquidar a la reacción, profundizando el proceso revolucionario. Sus intentos de conciliación no sólo no evitaron el golpe, sino que cedieron a la contrarrevolución el terreno necesario para organizarlo.
NOTAS:
(1) Las referencias fácticas al proceso chileno fueron tomadas de: Valenzuela Feijóo, José: “El gobierno de Allende: aspectos económicos”, Aportes, vol. XI, nº 33, México, sep-dic de 2006; Castells, Manuel: La lucha de clases en Chile, Siglo XXI, Buenos Aires, 1975; Arrate, J. y Rojas, E.: Memoria de la izquierda chilena, Javier Vergara Editor, Santiago de Chile, 2003; Harnecker, Marta: “La lucha de un pueblo sin armas (los tres años de gobierno popular)”, www.rebelion.org; Bitar, S.: Chile 1970-1973. Asumir la historia para construir el futuro, Pehuén, Santiago de Chile, 1995; García, P.: Las Fuerzas Armadas y el golpe de estado en Chile, Siglo XXI, México, 1974. También hemos recurrido a la publicación Chile Hoy, editada por intelectuales del ala izquierda de la UP entre 1972 y 1973.
(2) A su vez, la dirección de PyL era integrada por dirigentes de las corporaciones burguesas, como el presidente de la SNA, Benjamín Matte.
(3) La reunión fue denunciada por el Presidente Allende y su existencia reconocida por los propios asistentes (Chile Hoy, 27/10/72 y 23/3/73).
