Las comunidades originarias y el problema de la tierra. Acerca de la Ley de Emergencia Territorial

En 2006, impulsada por la entonces senadora Alicia Kirchner, se sancionó la Ley de Emergencia Territorial 26.160, que ordenaba al Estado realizar un relevamiento territorial para determinar cuáles son las tierras que pertenecen a los llamados pueblos originarios y, mientras tanto, suspendía “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas”. Hay que aclarar que la normativa no establecía nada respecto a la titularización de esas tierras, tan solo su delimitación catastral. A su vez, solo reconocía como comunidades pasibles de acceder a este relevamiento a aquellas que contaran con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). La propuesta pretendía descomprimir el alza de las movilizaciones de las organizaciones indigenistas y campesinistas, en un contexto de avance de la judicialización y criminalización de sus dirigentes por parte de los gobiernos provinciales. Inicialmente, se fijó un plazo de tres años para realizar esa tarea, que quedó a cargo de un organismo sin capacidad operativa para llevarla adelante: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La ley fijaba un presupuesto de 30 millones de pesos para encarar el relevamiento que, a su vez, se realizaría de manera descentralizada, en donde el INAI firmaba convenios con distintas entidades en cada provincia. La normativa, que hasta ahora nunca cumplió con su cometido ya fue prorrogada dos vez, en 2009 y 2013, y de no mediar otra prórroga del Congreso Nacional, perderá vigencia el próximo 23 de noviembre.
A más de 10 años de su sanción original, queda claro que nunca existió ningún interés real en llevar a la práctica el pretendido relevamiento. Incluso informes oficiales y de ONGs vinculadas con sectores de la Iglesia –Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)-, muestran que no ha sido más que un saludo a la bandera. En 2012, la Auditoría General de la Nación señalaba que solo se había relevado a 62 comunidades indígenas, sobre un total de 1470 inscriptas para esa fecha. Esos pocos casos, además, se ubicaban fundamentalmente en provincias sin mayores conflictos por tierras. En cambio, en provincias como Chaco, Formosa o Neuquén que concentran a gran parte de esa población obrera clasificada como indígena, casi no hubo avances. Cuando ya habían pasado 6 años de la sanción de la ley, en Chaco, que registra 101 comunidades, solo se habían finalizado los censos catastrales de dos. Formosa, que oficialmente reconoce 182 comunidades, para entonces directamente no había hecho nada.
De todas formas, aun cuando no se realizaba casi nada de los trabajos estipulados, el presupuesto fue incrementado ante cada prórroga hasta alcanzar los 60 millones de pesos para esa época. El “reconocimiento” de los “pueblos originarios” fue una vía muy pertinente para financiar la caja política del kirchnerismo, al mismo tiempo que lograba cooptar a gran parte de la dirigencia indigenista. Basta de muestra que en las rendiciones del INAI figura una transferencia realizada a la Universidad Nacional de Lanús de 22 millones de pesos entre 2007 y 2012, es decir, del orden del 35% del presupuesto total, para tareas sin especificar.
Actualmente, a pocos meses de finalizar la última prórroga, los datos oficiales muestran que el RENACI contabiliza un total de 1532 comunidades registradas. De ese total, solo fueron relevados los territorios de 759 comunidades y dentro de éstas últimas, apenas 459 cuentan con el proceso de relevamiento finalizado. Ante este panorama, un gran espectro de organizaciones, que incluye a las propias entidades indigenistas, organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, ONGs, y el FIT exigen una nueva prórroga. La semana pasada el Senado rechazó por el voto mayoritario del PRO, el radicalismo y el Pj-FPV, el pedido de tratamiento sobre tablas que presentaron los senadores de Proyecto Sur y CC-ARI. De todas formas, aprobaron tratarla en la próxima sesión de la cámara alta, por propuesta de Picheto, del PJ, y Juan Carlos Marino, de Cambiemos.
Por su parte, los diputados del FIT han preparado proyectos para la modificación y prórroga de esta ley. Las modificaciones propuestas por el PTS-PO se limitan esencialmente a no restringir el beneficio de este relevamiento solo a las comunidades inscriptas en el RENACI, sino ampliarlas a aquellas que tengan el pedido de la personería en trámite “o aquellas comunidades preexistentes, o que fueran avaladas y reconocidas por el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina”. También promueven que se incorpore la participación de las organizaciones y comunidades indígenas afectadas en el mencionado trámite de relevamiento. En declaraciones a la prensa, Pablo López, diputado nacional del PO por Salta, vaticinó que si no prospera la prórroga “a fin de año e inicios del próximo, se viene una ola de desalojos para garantizar los negocios de los terratenientes para los que gobierna Urtubey”, como si eso no hubiera ocurrido de manera sistemática -y que no solo incluye desalojos sino también una larga lista de asesinatos- durante todos estos años en los que la ley estuvo vigente.
De todas formas, no es ese el problema central. Si bien la ley en cuestión sirvió fundamentalmente como caja para los partidos patronales, el FIT no logra proponer algo más por fuera de los límites de la socialdemocracia, es decir no presenta una propuesta superadora sino algo que va en el mismo sentido de lo que hizo el kirchnerismo. Repite incluso los argumentos superficiales de los sectores que hasta hace poco actuaban bajo el ala del kirchnerismo: “es mejor que esté la ley, a que no esté”. El tema es que la izquierda no conoce la realidad sobre la que interviene. Cree que el “problema indígena” es el problema de la tierra. De hecho, en su propuesta de modificación no dice nada de la necesidad de garantizar cuestiones vitales de esta fracción de la clase obrera. Los principales conflictos giran alrededor de la falta de trabajo, la suspensión de planes sociales, la falta de vivienda digna y agua potable. Muchas veces estos conflictos quedan solapados o considerados secundarios en relación a lo que se suele establecer como el conflicto central: el problema de la tierra. En efecto, el corrimiento de la frontera agropecuaria, en regiones extra pampeanas, sobre tierras que hasta hace poco eran consideradas marginales para el proceso de acumulación, agudizó los conflictos con sus antiguos pobladores. Para intentar frenar el avance del capital agrario, han surgido organizaciones que se reivindican campesinas y/o indígenas. Sin embargo, esa lucha por la tierra, que generalmente se presenta como una disputa entre modos de producir antagónicos –agronegocio/fracking vs campesinos e indígenas- es en realidad la lucha por retener su espacio de vivienda. En ese sentido, no hay diferencias sustanciales entre los desalojos en los ámbitos rurales de estas zonas y los que se dan, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires. El FIT considera en términos fetichistas la propiedad de la tierra, cree que su simple posesión revierte las condiciones de vida. Pasa por alto que la burguesía, cuando no se obstaculiza la acumulación de capital, no tiene inconvenientes en ceder tierras. Los casos de Chaco y Formosa son ejemplo de ello. Aunque el relevamiento catastral estuvo prácticamente paralizado, desde hace tiempo que en estas provincias se han entregado en propiedad comunal miles de hectáreas a asociaciones indígenas, sin que ello haya modificado un ápice sus condiciones de vida.
Las miserables condiciones de vida de esta población rural no están marcadas por su situación de excluidos en un espacio donde no estarían plenamente desarrolladas las relaciones capitalistas de producción. Por el contrario, son la manifestación del pleno desenvolvimiento de éstas, que integran a esta fracción de clase, en tanto población sobrante para el capital.
Hay que transformar esta ley de Emergencia territorial en una gran campaña por la emergencia social, alimenticia y sanitaria de estos obreros. Es necesario garantizarle a esta población una vivienda digna, infraestructura básica como acceso al agua potable, a la salud y a la educación. También habría que brindarles un trabajo que les garantice un ingreso para sostener su vida. En lo inmediato, se debería asignar un subsidio al desocupado igual a la canasta básica y comenzar un plan de obras públicas que genere empleo y mediante el cual se construyan viviendas, escuelas, hospitales y caminos.
Hay que insistir en la condición obrera de esta población. Así, la tarea política que se impone es superar la fragmentación en el interior de la misma clase obrera. Es decir, la necesidad de organizar a todos los obreros desocupados y subocupados de estas provincias, junto a los trabajadores ocupados, estatales o privados. En ese sentido, la organización conjunta de estos sectores debiera darse mediante una asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados.

Razón y Revolución