Lo explicamos en varias oportunidades en estas páginas, pero siempre vale la pena volver sobre el aspecto para resaltarlo nuevamente con nuevas pruebas, de esas que esta sociedad nos ofrece a diario: en el capitalismo la salud y la vida de los trabajadores es simplemente un costo. Eso significa que, cuando los números no cierran, es decir, cuando los patrones no obtienen tanta ganancia como esperan, hay que recortarlos. Y cuando lo que se recorta es la salud, lo que se gana es muerte.
Un ejemplo muy claro en esta materia es la salud de los docentes y trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra en manos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Los “servicios” que brinda esta obra social presentan todos los tipos de problemas que uno se puede imaginar. Es moneda corriente la mala cobertura, la negación de los tratamientos urgentes, el aumento de las cuotas y la falta de autorizaciones. Cada vez cubre menos medicaciones y, cada dos por tres, alguna clínica o médico deja de atender a los afiliados.
Y todo esto no es lo más grave. Al día de hoy se registran al menos 17 muertes producto de estos problemas que presenta IOMA. Uno de los más recientes, que alcanzó a tener cierto impacto por la lucha de familiares y organizaciones, es el de Gabriela Ciuffarella. Gabriela era una docente de Villa Fiorito, con más de 23 años de trabajo. En su momento, le diagnosticaron un tumor en la médula y los huesos. El tratamiento, sin embargo, se vio obstaculizado por quien debería financiarlo y facilitarlo, la obra social. Gabriela tramitó la autorización del tratamiento, pero no obtuvo respuesta. En realidad, luego de mucho insistir, la obtuvo: la documentación que presentó en la oficina zonal de IOMA no se remitió a las oficinas de La Plata, porque el gobierno no proporcionó el transporte. El resultado fue que Gabriela y sus familiares tuvieron que lidiar con una chorrera de trámites entre los que finalmente ella terminó muriendo.
¿Quién tiene la culpa? La dirección kirchnerista del sindicato docente, SUTEBA, dice que la culpa la tiene Vidal. Se olvidan, sin embargo, que la obra social es un desastre desde hace muchos años, con gobiernos de todo color. Concretamente, el directorio de IOMA está compuesto por cuatro miembros elegidos por el gobierno provincial y tres elegidos por los sindicatos de docentes, estatales provinciales y personal dependiente de fuerzas de seguridad. En limpio: el funcionamiento de IOMA es responsabilidad del gobierno y de los gremios. La responsable es Vidal, claro, pero también las conducciones de los sindicatos, que se indignan ahora, pero callaron años.
Lo cierto es que detrás de todo esto, hay verdaderos beneficiarios. No son los docentes y estatales que ponen en juego su salud, sino empresarios y gobernantes que se llenan los bolsillos con IOMA. Denuncias a la gestión del exgobernador kirchnerista Daniel Scioli incluyen el pago de sobreprecios, defraudación, ventas irregulares e incluso aparentes tratamientos a pacientes ya fallecidos. En total, la malversación de fondos sumaba 380 millones de pesos anuales. Con la llegada del macrismo, el negocio no se cortó. ¿Va quedando claro que son lo mismo y que se tienen que ir todos?
A todo esto, IOMA está lejos de estar quebrada. Al contrario, sólo en 2017 tuvo un balance positivo de 1.500 millones de pesos. Mientras, le niega el tratamiento a los afiliados y funciona como caja de financiamientos de la política y como negocio para diferentes burgueses. Para evitar eso y poner la obra social al servicio de los trabajadores, no queda otra que la controlemos los propios laburantes. Todo esto viene a mostrar, concretamente, el problema de fondo: en una sociedad basada en la ganancia, la salud de los trabajadores es un detalle que puede ser obviado. Lo único que importa es que los patrones se llenen los bolsillos. Mientras la salud siga al servicio de la burguesía, la ganancia de unos cuantos parásitos seguirá imponiéndose sobre la vida de la mayoría.
