El 13 de marzo se conocieron los primeros casos de COVID-19 en Venezuela. Se trataba de dos personas que habían retornado de viajes en el extranjero. El 17, el régimen de Nicolás Maduro decretó la cuarentena a nivel nacional, que vence el 12 de mayo, aunque desde el gobierno han avisado que se volvería a extender. A la fecha de escribir esta nota, el gobierno de Maduro reconoce 367 casos de contagios de COVID-19, 164 pacientes recuperados, y 10 muertes. De esta forma, Venezuela aparece entre los países del mundo que mejor han controlada la pandemia. Sin embargo, esta situación está lejos de ser real.
Nicolás Grimaldi
Grupo de Análisis Internacional
Números que mienten
Es difícil creer en estos números, si tenemos en cuenta la situación con la que el régimen recibió la aparición del COVID-19. Si comenzamos por los hospitales, la organización Médicos por la Salud, desde el 2014 realiza la Encuesta Nacional de Hospitales, que mide la capacidad de intervención y el estado de los centros de salud pública del país.Recientemente se han conocido los datos correspondientes al año 2019. Uno de los indicadores tiene que ver con el desabastecimiento de medicamentos en salas de emergencia y pabellones. Para el primer caso, el desabastecimiento fue del 49%, mientras que para las salas de pabellones, el desabastecimiento fue del 34%. Vale aclarar que la situación era peor, pero mejoró debido al ingreso de medicamentos distribuidos por la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, y la Cruz Roja. Esta situación recrudece en los hospitales de estados fronterizos, como Bolívar, Táchira o Zulia.
Los servicios de diagnósticos (laboratorio, rayos, ecografía, tomografías) presentaron una inoperatividad del 50%. En el caso particular de los laboratorios, algo fundamental para realizar los tests del COVID-19, el 45% se registró como inoperativo, el 28% registró operatividad intermitente, y solo el 27% se mostró operativo.
El tiempo de administración de antibióticos para el tratamiento de neumonía y meningitis en 2019 fue de 10 horas mientras que el tiempo máximo recomendado es de 4. En el caso de infartos, el tiempo de aplicación de medicamentos fue de 6 horas 42 minutos, mientras que el tiempo recomendado debía ser menos de 3 horas.
Los hospitales también han presentado dificultades en la provisión de servicios. A lo largo del 2019, el 80% de los hospitales presentó fallas en el servicio de agua potable. En algunos casos, se registraron fallas que hicieron que no tengan servicio de agua por toda una semana, mientras que en otros casos afectó dos o tres días. Respecto al servicio eléctrico, el 63% de los hospitales registró fallas. El promedio de horas de falta de electricidad del año pasado fue de 350 horas mensuales, teniendo un pico en marzo con el gran apagón llevando la cifra de 507 horas.
Respecto al personal de salud, la presencia de médicos en áreas de emergencia disminuyó en un 10% a lo largo del año, cifra que en el caso de las enfermeras fue del 25%. Esto se explica por la migración constante de trabajadores de la salud, que en la última década alcanzó a los 30.000 trabajadores del sector que han abandonado sus puestos de trabajos. Respecto a camas, en pabellones comunes la inoperatividad es del 51%, mientras que en emergencias la inoperatividad de camas es del 55%. Este índice a comienzos del 2019 era del 65%, y mejoró debido al pasaje de camas de pabellones a las salas de emergencia.
Respecto a rebrotes epidemiológicos, aunque que el gobierno ha dejado de publicar el boletín de epidemias desde el 2016, se registraron rebrotes importantes de difteria, sarampión, fiebres hemorrágicas, y tuberculosis. El régimen también es incapaz de garantizar la seguridad de los trabajadores de salud: 33 hospitales registraron 662 agresiones por parte de familiares al personal de salud, 13 hospitales registraron 164 eventos de agresión por parte del personal de seguridad, 30 hospitales registraron 490 robos, y 12 hospitales registraron 158 agresiones al personal de salud, pacientes, o familiares, por parte de grupos paramilitares. Finalmente, Venezuela cuenta con 102 respiradores[1], la mitad de ellos ubicados en Caracas.
A esta situación del sistema de salud, se suma otro elemento más que tiene que ver con las condiciones de vida de pauperización absoluta que sufre la clase obrera. El salario mensual se ubica en 5 dólares, para aquellos que tienen la suerte de tener empleo, ya que la desocupación es del 50%. Sin embargo, del 50% que sí está empleado, un 60% lo hace en la informalidad. Esto derivó en que la pobreza se ubique en 74% y la indigencia en 66%. Por eso, según el último informe de la ONU, Venezuela hoy es la cuarta peor crisis alimentaria del mundo con 9.3 millones, casi un tercio de la población, con inseguridad alimentaria. El 59,6% tiene seguridad alimentaria marginal y precaria, y solo un 7,7% de la población, cerca de 2 millones, se alimentan de manera adecuada y oportuna. Situación que se ve agravada por la escasez de gasolina, debido a la parálisis de PDVSA, dificultado el acceso a alimentos, medicamentos, y el trabajo de los obreros del sector informal.
Esto obviamente impide el desarrollo de cualquier cuarentena ya que la clase obrera tiene que salir a buscar alimentos, a intentar trabajar en el mercado informal, o hacer largas colas por horas para conseguir gasolina. A esta situación se suma el crecimiento del crimen, donde las bandas se disputan a tiro limpio el control del territorio, como ocurrió en Petare con balaceras durante cuatro noches seguidas. Allí, el viernes 8 de mayo, fuerzas de las FAES se adentraron en el barrio y ajusticiaron a Brian Cedeño, deportista que vivía en la zona 6 de barrio José Félix Rivas.
Lo que vemos, es que el gobierno está incapacitado para poder sobrellevar la situación del COVID-19. No posee un sistema de salud como para responder al crecimiento de la pandemia, tampoco tiene una capacidad de diagnóstico. Según la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (Ocha) realiza solo 90 tests por día. Por eso, los números oficiales del gobierno son pocos creíbles, más allá de contar con una “ventaja” de tener poca frecuencia de vuelos diarios, solo tenía 9 vuelos semanales a Europa contra 50 de Colombia, lo cual pudo haber retrasado la llegada de los llamados “casos importados”. En realidad, el régimen no está preparado para garantizar una calidad de vida mínima para la clase obrera con o sin pandemia.
Los muertos del chavismo
Desde la llegada de la pandemia, el gobierno ha cometido diferentes crímenes contra la clase obrera, incluyendo el asesinato. El 23 de abril, se produjeron saqueos en al menos tresestados del país: Bolívar, Monagas y Sucre. En la localidad de Upata, Bolívar, la policía del municipio de Piar, gobernada por la alcaldesa chavista Yulisbeth García, reprimió y asesinó a Charlis Antonio Nuñez Palma, de 29 años de edad. También fueron heridos KelvínMaurera, de 23 años, y Samuel Candurín, de 15, siendo detenidas también 33 personas. Los manifestantes escribieron en el asfalto “Murió por Hambre. Polipiar” responsabilizando al gobierno de la muerte de Nuñez. A lo largo del 2019 ya se habían registrado 373 saqueos. Solo en el mes de marzo de este año, se habían registrado 13 intentos de saqueos y 580 protestas, la mayoría de ellos reclamando por la falta de servicios básicos.[2]
La segunda muerte se produjo el lunes 4 de mayo, en el estado de Mérida, durante unamovilización contra los cortes eléctricos. La protesta se replicó por otros estados del país a través de cacerolazos. Obviamente, el gobierno alegó un “sabotaje”, aunque el problema de los cortes eléctricos es ya un hecho común en la vida venezolana.En la protesta que se realizó en la localidad de “El Campito”, supuestos “desconocidos” realizaron disparos contra la manifestación, dando muerte a Rafael Hernández, de 21 años y estudiante de la Universidad de Los Andes. Fue trasladado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, aunque llegó allí sin signos vitales.
El régimen también persiguió a los trabajadores que se expresaron en contra por las redes sociales. Desde el inicio de la pandemia, han sido detenidos y/o procesados Ruben Duarte (médico de Táchira que denunció la falta de insumos), Carlos Carmona, Julio Molina, Magalys Mendoza (Monagas, trabajadores de la salud que denunciaron la situación de los hospitales), Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba (trabajadores de PDVSA, acusados de difundir información de la situación de la industria petrolera), Darvinson Rojas (periodista, acusado por difundir información sobre el COVID-19), Javier Vivas Santana (Prof universitario, acusado por difundir información sobre el COVID-19 y la GNB), Josue Ortega, Elio Mendoza (trabajador SIDOR, detenidos por difundir información), Henderson Maldonado (detenido por difundir información de una protesta de pacientes de un hospital), Tenia Rodriguez (Ferrominera, arrestada por difundir un mensaje contra Cilia Flores, esposa de Maduro), Fernando Antonio Marcano Ferrer (por expresarse en contra de la política de Maduro frente al COVID-19).
La crisis política
A este panorama político, se agrega un elemento más. Desde el 20 de abril a la fecha, el régimen enfrentó dos pequeñas rebeliones militares. La primera de ellas, se produjo en la madrugada del lunes 20 de abril, cuando un grupo de capitanes intentó tomar por asalto el destacamento 441 de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en Puerto Morocha, en el estado de Miranda, para luego tomar el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde y liberar a los presos militares para marchar a Caracas. El régimen, a través de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desarticuló la intentona rápidamente. Quedaron detenidos cinco capitanes de la GNB, y también trasladaron de Ramo Verde a un capitán y dos coroneles.
El 3 de mayo, volvió a denunciarse un levantamiento, esta vez un desembarco marítimo en la localidad de Macuto en el estado de La Guaira. En esta ocasión, fueron las FAES quienes reprimieron ese levantamiento, dejando el saldo de 8 muertos y 16 detenidos. Entre los detenidos se encontraban Adolfo Baduel, hijo de Raúl Baduel el militar que lideró la restitución de Chávez en 2002 pero que luego se enfrentó y aún hoy está preso, y los estadounidenses Luke Alexander Denman y Airan Berry, dos ex boinas verdes. Como los organizadores militares de la incursión, participaron Javier Nieto Quintero, Capitán retirado del Ejército venezolano, y Jordan Goudreau. Este último es un canadiense ex boina verde, quien aseguró que su empresa de seguridad, Silvercorp USA, fue contratada por Guaidó para derrocar a Maduro, a cambio de 250 millones de dólares. Como parte de la estrategia, reclutó a miembros de la Guardia Nacional que desertaron y se encontraban en Colombia. El mercenario, dijo que Guaidó y la oposición incumplieron con la primera parte del pago, aunque igualmente él decidió avanzar con la operación denominada “Gedeón”. Guaidó obviamente rechazó las acusaciones. Hay que recordar que en marzo pasado, el ex general y funcionario chavista, Cliver Alcalá, que se entregó en EE.UU acusado de narcotráfico, señaló a Guaidó como el responsable de haber encargado un cargamento de armas para ingresar a Venezuela. Esto también fue negado por Guaidó.
Esta situación, bastó para que el partido Venceremos, de Argentina, llame a rechazar una “nueva” injerencia imperialista, mientras que la Liga de Trabajadores por el Socialismo sostuvo que “enfrentamos las políticas antiobreras y represivas del gobierno de Maduro y las FF.AA., somos al mismo tiempo férreamente defensores de la soberanía nacional contra las agresiones del imperialismo estadounidense, máximo representante de la reacción capitalista, la rapiña imperialista y los intentos de sometimiento de naciones y pueblos enteros”.
Como siempre, terminan convocando a repudiar al imperialismo sin hacer lo mismo con Nicolás Maduro. Olvidan que una parte de la burguesía nacional financió, aunque ahora lo nieguen, este desembarco.
Lo cierto es que el régimen ha utilizado esta situación para hacer propaganda política y blindarse. Denunció la existencia de un plan para invadir al país por parte del imperialismo y el lunes por la madrugada activó la segunda fase del operativo “Escudo Bolivariano 2020” donde se anuncian operaciones con más de 25 mil hombres en todo el país para la lucha “contra el terrorismo”. Con esa excusa, el gobierno militarizó la ciudad de La Carora, en Lara, cuando se estaban comenzando a desarrollar protestas contra los cortes en los servicios.
De pandemias y revoluciones
El COVID-19 nos da una nueva muestra de la descomposición política y social de Venezuela. El chavismo no consigue garantizar las mínimas condiciones de vida de los obreros. La oposición, que no pudo sacar al chavismo en las calles, recurre a mecanismos aventureros y lúmpenes como en Macuto. El Estado, el núcleo central de la dominación burguesa, es hoy un campo de batalla entre militares oficialistas y desertores, o entre los propios poderes públicos.
En el medio, la clase obrera se mueve, buscando resolver lo más esencial para vivir, como agua, luz, y alimentos. La dictadura descompuesta de Maduro responde asesinándolos. No pasará el tiempo para que veamos nuevamente movilizaciones masivas por las calles venezolanas. Para entonces, las consignas tienen que ser claras: ¡Fuera Maduro!, ¡Fuera la Asamblea Nacional!, ¡Por una Asamblea Nacional de Trabajadores!
[1] Observatorio Venezolano del Conflicto Social, Informe marzo
