Tamara SeifferOME-CEICS
¿Usted creía que la represión era cosa del pasado, que iba a disminuir con el aumento de los planes sociales? ¿Piensa que el uso de los ejércitos para la seguridad interna es cosa de Colombia o Brasil? Lea esta nota y entérese de cómo las FF.AA. se preparan para intervenir y regimentar a la fracción más empobrecida de la clase obrera.
El crecimiento de la población sobrante en Argentina es una marca de los últimos 30 años, que no se ha revertido con el crecimiento económico de esta década. Las políticas específicas que el Estado capitalista dedica a esta población crecieron tanto en términos de la cantidad de beneficiarios como del gasto público destinado a tal fin, tanto bajo el menemismo como en la era K. Sin embargo, esta política no ha podido sacar a esta gente de su condición de sobrante1. La tan publicitada asistencia social, además de poco efectiva, es sólo una cara de la acción gubernamental. La represión abierta y selectiva de la población sobrante organizada es una pata clave del bonapartismo kirchnerista. En este contexto, la nueva etapa de implementación del Plan Ahí evidencia la importancia de la represión preventiva, por parte de las fuerzas estatales, que se combina con la acción paraestatal de patotas y barrabravas, que hemos reseñado en números anteriores de El Aromo2.
El Plan Ahí
El Plan Nacional de Abordaje Integral (Ahí), dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, se lanzó en medio del llamado “conflicto del campo”, en abril de 20083. Como su nombre lo indica, se plantea como un plan integral de abordaje territorial de la pobreza que coordina acciones de distintos ministerios y de los gobiernos provinciales y municipales con la participación de “la comunidad”.
En su lanzamiento, se planeaba una primera etapa en la que se llegaría a 9 partidos del Conurbano Bonaerense y a las 223 localidades más pobres del país para llegar luego a mil localidades, alcanzando a un total de 6 millones de habitantes.
El tipo de actividades llevadas adelante son fundamentalmente de ayuda directa (alimentos, guardapolvos, equipamiento deportivo), de construcción e infraestructura (vivienda social, centros de integración comunitaria, destape de cloacas y desagües), capacitaciones (infancia, género, deporte), revisación médica y documentación4. Sin embargo, no aparece un presupuesto específico destinado a tal fin en ninguno de los ministerios convocados.
En junio de este año, y según las versiones oficiales, por un plazo de 90 días, el Plan comienza a implementarse en villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y asentamientos de la localidad de San Martín. Lo novedoso de la iniciativa es que fueron convocadas las Fuerzas Armadas y de Seguridad dependientes del Ministerio de Defensa, creado posteriormente a la creación del plan y cuya participación, por tanto, no estaba prevista en la formulación original. Mientras el Ejército desplegó sus fuerzas en los barrios de San Martín, la Armada lo hizo en la Villa 31 y la Fuerza Aérea en la Villa 1-11-14.
La militarización de zonas de asentamiento de población sobrante por las Fuerzas Armadas, por su parte, es una tendencia que puede observarse en toda América Latina. El caso de Brasil, con la conformación de las “Unidades de Policía Pacificadora” es paradigmático en este sentido. La extensión del uso de drogas baratas y de las redes de narcotráfico asentadas en estos territorios dan cuenta de la importancia del proceso de descomposición social que sufren sectores importantes de la clase obrera brasilera y de las dificultades del Estado de contener estas manifestaciones propias del sistema social en el que vivimos. Venezuela, por su parte, se ha venido destacando por la fuerte presencia de las FF.AA. para la realización de “tareas sociales”.
El uso del ejército para tareas internas en el continente ha sido legitimado en el año 2003 por la Declaración sobre Seguridad de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) con su ampliación del concepto de seguridad: “La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados”5.
En nuestro país, si bien la presencia de los aparatos represivos es una constante en la vida cotidiana de esta población, hasta hace poco nunca se había recurrido a las FF.AA. para este tipo de tareas6, hecho que distinguía a Argentina de sus pares latinoamericanos7. Las leyes argentinas de Defensa Nacional (n° 23554/88 y 727/06), de Seguridad Interior (n° 24059/92) y de Reestructuración de las FF.AA. (24948/98) las excluyen en forma explícita de tareas de seguridad interna y no deberían cumplir tareas de asistencia social salvo en caso de “catástrofes”. Los operativos Cinturón Sur (2.500 gendarmes y prefectos en el distrito porteño), Centinela (6 mil gendarmes en el conurbano bonaerense) y Escudo (6 mil efectivos de Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval y 800 nuevos efectivos de Fuerzas Especiales y Antidrogas de la Gendarmería y Prefectura en zonas del NOA y NEA) inauguran una nueva etapa en este sentido.
La nueva fase del Plan Ahí, por su parte, trae como novedad la combinación de tareas de asistencia social con la represión preventiva de la población sobrante a partir del control del territorio por parte de las fuerzas militares del Estado. Adelantándose a las críticas, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, planteó que el gobierno nunca ordenará a las fuerzas de seguridad reprimir la protesta social, ocultando la efectiva represión que, como ya hemos mencionado, han sufrido los trabajadores organizados durante el kirchnerismo.
Un sistema en descomposición y la relegitimación de las FF.AA.
La participación de las fuerzas coercitivas en acciones de asistencia social es la forma en que el Estado se adelanta a la crisis a través de la destrucción de focos de posible conflicto social. Asistencia y represión son dos formas articuladas de solución al problema de la población sobrante. Que la represión, por la misma naturaleza del bonapartismo, sea en muchos casos terciarizada, no cambia el contenido de lo que se está tratando.
Es que, como ya planteamos en otras oportunidades, en tanto ni la recuperación económica relativa de la última década, ni el aumento de la asistencia social, alcanza para convertir a estas fracciones de la clase obrera en un ejército en activo en condiciones normales, la población sobrante tendrá que salir nuevamente a pelear por su vida y su dependencia inmediata del Estado pone al sistema en su conjunto en el ojo de la tormenta.
El personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, otrora convertido en “el malo de la película”, es ahora “humanizado”. Abonan en este sentido, la realización de “tareas humanitarias”, y la inclusión de temas de Derechos Humanos en sus planes de estudios. Pero también se benefician de ser corridos del lugar de únicos depositarios del ejercicio de la violencia a través de la tercerización de la represión. En definitiva, el gobierno intenta lavarle la cara a las fuerzas de seguridad relegitimando su rol en la sociedad.
Es que los bonapartismos no son sino soluciones transitorias a procesos de avance de la lucha de la clase obrera. En tanto expresión de crisis políticas, tarde o temprano deben cerrarse, sea a través de la recomposición de la plena hegemonía burguesa, sea con el triunfo de las tendencias revolucionarias contenidas en ellas. En el caso del kirchnerismo, se trata de un período que intenta frenar las potencias revolucionarias contenidas en el Argentinazo, apoyado en la marcha de una economía sostenida por la soja y el aumento de la tasa de explotación.
Pero el “modelo” empieza a trastabillar al calor de la crisis, dando muestras claras de sus límites y de la necesidad de recomponer las relaciones de dominación: déficit fiscal, “sintonía fina”, ruptura con Moyano, aumento de tarifas…8 Adelantándose al conflicto, el gobierno empieza a desarrollar tareas de “prevención” recurriendo a las fuerzas del orden, poniendo sobre la mesa la importancia de la dependencia directa de grandes porciones de la clase obrera del Estado y, en el mismo acto, el potencial componente explosivo que encierra una forma de reproducción de acumulación de capital sostenida sobre la producción de una masa importante de población sobrante.
NOTAS
1 Véanse Seiffer, Tamara: “La máquina de subsidios”, en El Aromo, nº 60, Buenos Aires, 2010 y Cominiello, Sebastián: “Los planes del régimen. Presupuesto estatal y elecciones en el interior”, en El Aromo, nº 62, Buenos Aires, 2011.
2 Véanse Morúa, Cristian, Georgina Andrada y Santiago Ponce: “Guardianas del propio rancho. El uso de patotas contra la lucha de los terciarizados estatales”, en El Aromo, nº 60, Buenos Aires, 2011 y Genera, Federico y Santiago Ponce: “Palo blanco, palo negro. Un recuento de las acciones represivas en este año”, El Aromo, nº 67, Buenos Aires, 2012.
3 Decreto 621/2008. Disponible en http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/Decreto%20621-2008%20Lineamientos%20Plan%20Ah%C3%AD.pdf.
4 Listado según relevamiento de obras anunciadas en prensas de tirada nacional y en sitio web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
5 Declaración sobre Seguridad en las Américas, OEA, Ciudad de México, 27 y 28 de octubre de 2003. Disponible en www.oas.org/csh/ces/documentos/ce00339s02.doc. Resaltado nuestro.
6 A fines del año 2002, Chiche Duhalde plantea que el Ejército, la Gendarmería y Prefectura colaboren con el reparto de alimentos, pero no llegó a materializarse.
7 Similar a la de Argentina en este sentido sería la situación de Chile.
8 Veánse Bil, Damián: “La estatización de la crisis. Los límites del gasto público en Argentina para enfrentar el colapso de la economía”, en El Aromo, nº 63, Buenos Aires, 2011 y Bil, Damián: “¡No renuncie! El ajuste detrás de la quita de subsidios”, en El Aromo, nº 64, Buenos Aires, 2011.
