Marcelo Primucci y Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación sobre la Historia de la Burguesía
Desde las páginas de El Aromo venimos sosteniendo, hace tiempo, que el neoliberalismo no es el programa impulsado por las fracciones más poderosas de la burguesía argentina. La única fracción de la clase dominante que en la Argentina puede ser verdaderamente liberal es la burguesía agropecuaria, ya que es la única que alcanza la productividad necesaria para competir en el mercado mundial sin ayuda del Estado. Pero esta fracción es políticamente débil, no tiene la capacidad de imponer su programa, por lo que suele terminar como el pato de la boda, pagando con retenciones y transferencias las políticas proteccionistas que demanda el resto. La fracción hegemónica de la clase dominante desde los 60 es la gran burguesía industrial: las automotrices, la siderurgia, la petroquímica, la construcción y las cementeras, entre otras. Un puñado de no más de 30 empresas, entre las que se destacan Techint, Fiat, Loma Negra, Pérez Companc, Pescarmona, Soldati y, desde luego, Macri. El grado de concentración y el nivel de empleo presente en estas ramas les otorga una capacidad de influencia política de la que carece el agro. Por eso no es de extrañar que, en mayor o menor medida, todos los gobiernos del 76 para acá hayan avanzado en su programa. Un programa que no tiene nada de liberal, ya que la gran burguesía industrial necesita de la protección y tutela estatal tanto como los industriales más chicos. Pero, como en el contexto de la crisis de acumulación se hace necesario un ajuste, avanzan contra la protección y los subsidios que beneficiaban a las capas más débiles de la burguesía, abriendo un proceso de concentración y centralización del capital. Y claro, sobre el valor de la fuerza de trabajo, a fuerza de derrumbar el salario real y avanzar con la flexibilización. Su propuesta no es más que el mantenimiento de un proteccionismo selectivo, que resguarde sus posiciones en el mercado interno, mientras las variables macroeconómicas se estabilizan imponiendo un ajuste que paga fundamentalmente la clase obrera. Ese fue el programa de Martínez de Hoz y es hoy el programa de Macri.1 No muy diferente es el programa impulsado por Menem y Cavallo. De ello nos ocuparemos en este artículo.
Condiciones para un cambio
El final del gobierno de Alfonsín, signado por el descontrolado proceso hiperinflacionario y una aguda crisis económica, creaba las condiciones para que el nuevo gobierno ensayara medidas que en otra situación hubieran generado resistencias sociales y políticas. Un estado quebrado, empresas públicas deficitarias, ineficientes y desacreditadas socialmente, y una moneda en constante deterioro producto de la incontrolable hiperinflación, fueron el marco ideal para instalar el discurso privatista. Así fue como se rompió con una hegemonía estatista de 70 años y se encararon reformas que, a simple vista, priorizaban el libre juego del mercado y la iniciativa privada.
Las privatizaciones, leit motiv de quienes creen ver en la década del ‘90 la panacea del “neoliberalismo”, eran una exigencia de la propia gran burguesía industrial desarrollista, que otrora había sacado provecho de esas mismas empresas estatales, comprando insumos o pagando tarifas regaladas, o vendiéndoles su producción a precios muy por encima de los del mercado mundial. Esas empresas, ya fundidas, eran un gran lastre que soltar en medio de una crisis de gigantescas proporciones. La magnitud de la crisis obligaba a hacer mayores sacrificios que en 1976, y es así como avanza la ofensiva privatista, que viene de la mano de otras reformas que apuntaban, fundamentalmente, a reducir los costos de la mano de obra: la reforma laboral, previsional y fiscal.
Para llevar adelante estas tareas, Menem convoca a los industriales más afines a la prédica liberal: la agroindustria y las alimenticias, que al contar con una alta competitividad derivada del agro pampeano, no precisaban tanta protección como el resto de la industria. Por esa razón, el Ministerio de Economía es asumido primero por dos hombres de Bunge y Born (Miguel Roig y Néstor Rapanelli) y luego de un interregno de Erman González, por un hombre de Arcor, Domingo Cavallo. Recién con la llegada de este último, en 1991, el gobierno logra estabilizar la economía y comienza a avanzar seriamente con su programa de reformas. La ley de Reforma del Estado y la de Emergencia Económica, sancionadas a poco de asumir el gobierno, daban el marco jurídico para la apertura comercial y financiera, la privatización de empresas públicas y la desregulación de los mercados de bienes y servicios. La Reforma del Estado, como dijimos, se había constituido en una demanda central del conjunto de la burguesía. El déficit crónico de las empresas públicas y su rol como contención de mano de obra sobrante, las había vuelto no solo ineficientes, sino uno de los motivos más importantes del déficit fiscal. Su privatización era, ya al momento de asumir Carlos Menem la presidencia, una exigencia repetida del conjunto del capital. No es de sorprender entonces que un gobierno que enunciaba esto como uno de sus propósitos, concitara el apoyo tanto de las cámaras empresarias, como de los voceros de la burguesía en general. Lo mismo sucedió con la reforma laboral y previsional, que apuntaban a dar una nueva vuelta de tuerca a la explotación, abaratando aún más la mano de obra.
Sin embargo, la apertura de la economía no era un tema que concitara tamaño acuerdo. Mientras el agro, la agroindustria y sus economistas presionaban para eliminar aranceles y otros tipos de restricciones a la importación, los grandes industriales no podían aceptarlo, en tanto su supervivencia en el mercado interno dependía de esa protección. Podían aceptar una apertura selectiva, pero siempre resguardando sus privilegios. En principio el gobierno parecía decido a avanzar: sostenían que solo la “apertura al mundo” permitiría eliminar la distorsión de los precios internos. Pero como veremos, la fracción hegemónica de la clase dominante, la gran burguesía industrial liberal-desarrollista, logró resistir el embate liberal. Las enmiendas y excepciones que a fuerza de lobby lograron introducir en un programa económico originalmente aperturista, cambiaron su sentido. Así, la gran burguesía industrial lograba imponer, una vez más, un programa similar al implementado por Martínez de Hoz, pero a mayor escala: ajuste de los gastos del Estado (en todo rubro que no afectara sus privilegios), apertura selectiva y reducción de los costos laborales.
¿Menem proteccionista?
Hemos analizado en varias oportunidades las características que asume la relación entre el Estado y la gran burguesía industrial en la Argentina. Más allá de su tamaño, estos capitales no alcanzan la productividad necesaria para competir en el mercado mundial sin la tutela estatal. Por eso su acumulación se centra fundamentalmente en el mercado interno, donde sobreviven merced a distintos mecanismos que los protegen de la competencia externa. Subsidios, crédito a tasas promocionales, contratos con el Estado, rebajas impositivas (incluidas generalmente en los paquetes de “promoción industrial”) y, fundamentalmente, mecanismos arancelarios y para-arancelarios que impiden el ingreso de importaciones a precios que desplacen a estos capitales del mercado local. Toda una batería de medidas proteccionistas, que se financian con transferencias de renta o, eventualmente, con endeudamiento externo o emisión monetaria que a la larga terminan reactualizando una crisis que la Argentina arrastra desde hace 70 años. Lo sucedido durante el período menemista no fue una excepción a esta lógica, sino que la reprodujo con sus particularidades. La forma de sobrevivir de estos capitales ineficientes no puede ser sino a través de la protección y las transferencias estatales. A continuación, veremos cómo se reprodujo este esquema en el llamado período “neoliberal”.
Apenas asumido Cavallo encara la cuestión arancelaria definiendo un esquema de tres bandas, donde el arancel máximo estaba en el 22% para productos finales (indumentaria, acrílicos, caños sin costura, libros, máquinas, calzado, entre otros), 11% para productos intermedios (siderurgia, hilados de algodón y lana, insumos petroquímicos, harina, aceite, lácteos, entre otros), y 0% para bienes de capital no producidos en el país. Sin embargo, ya de entrada dos ramas son exceptuadas de este esquema: para la industria automotriz y la electrónica los aranceles serían del 35%. Aun así, al pasarse de una situación en la cual había un arancel único de 22%, la reforma implicaba una significativa apertura para una gama importante de sectores. Pero las cosas no quedarían así…
La apertura en marcha despertó quejas de sector industrial. Javier Tizado, del grupo Techint, denunció que se vendría una avalancha importadora. El empresario textil Murat Eurnekian también manifestó su descontento, señalando la ausencia de un plan coherente de crecimiento industrial.2 Las presiones, dirigidas en particular sobre la Secretaría de Comercio, surtieron efecto: los grandes industriales lograron corregir 256 posiciones, logrando el pasaje de ciertos bienes de una banda arancelaria a otra antes de que entrara en funcionamiento el nuevo ordenamiento. Muchos productos que estaban dentro de las bandas menos protegidas pasaron a la banda superior (del 11 al 22%), lo que en la práctica implicaba que ciertos capitales pudieran mantener la protección arancelaria que en lo discursivo se decía anular. Las negociaciones para lograr las “correcciones” no se canalizaron a través de las gremiales empresarias, como la UIA, sino mediante el poder de lobby de cada capital individual. Por eso hacia 1996 el presidente de la UIA, Blanco Villegas, señaló que la entidad “no estaba para hacer política sino para dar opiniones”.3 Esta estrategia era coherente con los planes de la burguesía industrial liberal desarrollista: no pretendían imponer un proteccionismo generalizado, sino tan solo resguardar las posiciones de los industriales de mayor tamaño, que eran los que contaban con mayor poder de negociación individual. El resultado es claro: mientras buena parte del universo pyme iba desapareciendo ante la “avalancha de importaciones”, los grandes mantenían sus privilegios. En un contexto de “desregulación” que eliminaba cualquier tipo de sanción hacia “conductas monopólicas” la ganancia era doble para los grandes, que podían avanzar sobre el terreno que dejaban los chicos y concentrar.4
Si durante el primer año, la intransigencia estatal amparada por el éxito del plan estabilizador dificultó los reclamos empresarios, centrados fundamentalmente en un tipo de cambio poco favorable a las exportaciones y en la falta de financiamiento, a fines de 1992 comienza a visualizarse un cambio en la receptividad y respuesta a las históricas demandas empresarias de protección y apoyo a la producción. En una reunión con empresarios convocada en el teatro Cervantes, Cavallo lanza la “segunda etapa” del plan de convertibilidad, orientada hacia el “crecimiento”. Allí se anunciaron una serie de medidas destinadas a fomentar las exportaciones y reducir los costos de las empresas, que incluían la reducción y eliminación de varios impuestos, y facilidades crediticias. Se anunció también la creación de un régimen definitivo de promoción industrial, completándose el paquete con un “Régimen de especialización industrial”.5
Producto de esto, se modificó el esquema de bandas arancelarias, pasando de las tres establecidas al comienzo del plan, a ocho. Se segmentó entre el 0 y el 20%, con bandas de 0, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, y 20%. Uno de los beneficios estatales de la mayor segmentación era que estimulaba la dispersión empresaria, facilitando la negociación sector por sector, producto de lo cual aquellos sectores o empresas con mayor capacidad de lobby ganarían posiciones en la búsqueda y obtención de protección. Se redujo el arancel máximo al 20%, pero se elevó la tasa de estadística del 3 al 10%. La tasa de estadística, un impuesto destinado a financiar las operaciones de la aduana, era una sobretasa que desde 1991 fue manejada discrecionalmente y que operaría como virtual barrera arancelaria. Esto, bien analizado, implicaba para los sectores ya beneficiados con una tasa del 20% (siderurgia, indumentaria, libros, máquinas, calzado) el ascenso a una protección efectiva del 30%. A ello hay que sumar el establecimiento de cupos a la importación, la aplicación de derechos específicos y resoluciones anti-dumping que, de conjunto, implicaban una reversión parcial de la apertura inicial a medida de ciertas ramas, obtenida merced a la presión ejercida sobre el gobierno.
La reaparición del déficit comercial operó como otro factor limitativo de la apertura económica, favoreciendo las demandas empresarias. Así durante 1993 se siguieron produciendo reversiones a la política económica, fijándose cupos y derechos específicos y atendiéndose desde la Secretaría de Comercio las denuncias antidumping que antes se rechazaban. Techint encabezaba desde el sector empresarial los reclamos antidumping que era uno de los planteos más fuertes de los industriales. Las respuestas estatales frente al supuesto dumping, aunque desiguales, atendieron especialmente a los sectores siderúrgico y petroquímico. Los cupos establecidos beneficiaron a los sectores papelero, textil, siderúrgico, petroquímico y de calzado deportivo. Hasta las grandes alimenticias consiguieron protección a medida: mediante lo que en su momento se llamó “Ley Arcor”, se estableció un arancel del 20% a la importación de chocolate. Vale recordar que, como en su momento denunció el economista liberal Miguel Broda, Cavallo provenía de la Fundación Mediterránea, financiada por Arcor.
No es de extrañar que la gran burguesía industrial diera su apoyo al Plan Cavallo: mientras se avanzaba con la flexibilización laboral y se liquidaban las empresas del Estado ya fundidas, la fracción hegemónica de la clase dominante conseguía, a fuerza de lobby, torcer el rumbo original de un programa que aparecía hostil. Así, el liberalismo operaba en los hechos como la gran burguesía industrial lo demandaba, protegiendo su ineficiencia con recursos estatales.
El giro proteccionista del gobierno quedó reflejado en las críticas de los voceros tradicionales del liberalismo, como Miguel Broda o Carlos Rodríguez del CEMA, think tank financiado con recursos del agro y de la agroindustria, quienes veían abandonar en los hechos lo que se proclamaba discursivamente. Daniel Artana, de FIEL, también criticaba las medidas proteccionistas, y caracterizaba como negativo que a cada reclamo el gobierno respondiera “cerrando la economía”. Como siempre sucede en la Argentina, a medida que la deuda y los recursos de las privatizaciones se fueran agotando, serían los sectores agrarios los que deberían pagar, mediante transferencias de renta, la ineficiencia industrial. Por eso, entre 1991 y 1994, las patronales agrarias realizaron tres paros agropecuarios y varias movilizaciones, anticipando la alianza de lo que poco más de una década después se conocería como Mesa de Enlace.6
Conclusión
Como hemos visto, el período menemista estuvo lejos de ser un paraíso liberal como pregonan los críticos “nacionales y populares”. Si se avanzó fuertemente con las privatizaciones, fue porque la magnitud de la crisis de fines de los ‘80 no dejaba más alternativas. Pero la gran burguesía industrial resistió el embate y le impuso al programa original sus contornos, llegando a una “apertura administrada” de la economía hecha a su medida. Si algo deja en claro la década del ‘90 es que no es la burguesía agropecuaria la fracción hegemónica de la clase dominante, sino los grandes industriales, que no son liberales, sino liberal-desarrollistas.
Como en 1976, el programa económico resultante de la pulseada entre liberales y desarrollistas favoreció a estos últimos. Se avanzó en un plan de reforma del Estado que achicaba fuertemente el déficit, con la flexibilización laboral que permitía elevar los umbrales de explotación y con una apertura selectiva de la economía, que condenó a su desaparición a las capas más débiles del entramado industrial. Los sobrevivientes ganaron terreno adquiriendo los activos privatizados, absorbiendo empresas quebradas, acaparando las porciones del mercado que dejaban quienes perdían en la competencia, incorporando tecnología gracias al dólar barato y aumentando la explotación sobre la clase obrera. En tiempos de ajuste, la gran burguesía industrial, una vez más, dejó la cuenta para que pagaran otros, los mismos de siempre. Y después, cuando la crisis reaparece, estos parásitos nos vienen a acusar de choriplaneros. Los subsidios a la desocupación son migajas en comparación a los recursos que dilapida esta burguesía ineficiente que vive de la protección estatal, y que nos lleva de crisis en crisis. Acá, los únicos choriplaneros son ellos. Va siendo hora de que dejen de darse la gran vida a costa nuestra.
Notas
1Ver, por ejemplo, Sanz Cerbino, Gonzalo: “Los monjes negros. La burguesía liberal-desarrollista, de Krieger Vasena a Macri”, El Aromo N° 100, 2018, disponible en https://goo.gl/5M4bQo; Sanz Cerbino, Gonzalo: “¿Un desarrollista detrás de los uniformes?”, El Aromo N° 95, 2017, disponible en https://goo.gl/4pPevn; Peloche, Nahuel: “Protegeme que me gusta”, El Aromo N° 92, 2016, disponible en: https://goo.gl/NhcSfR; Sanz Cerbino, Gonzalo: “La lógica del enemigo. Los programas de la burguesía argentina y sus límites, 1955-1976”, Razón y Revolución Nº 29, 2016, disponible en: https://goo.gl/PNnmhQ.
2Viguera, Aníbal: La trama política de la apertura económica en la Argentina (1987-1996), Tesis Doctoral, UNLP, 1998.
3Pucciarelli, Alfredo (Coord.): Los años de Menem, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011.
4Gaggero, Alejandro: “Las trasformaciones de la elite empresarial en un período de extranjerización económica: los propietarios de los grandes grupos empresariales argentinos durante los años noventa”, en Ana Castellani (Coord.): Radiografía de la élite económica argentina, UNSAM Edita, Buenos Aires, 2016.
5Viguera, op. cit.
6Sartelli, Eduardo (Dir.): Patrones en la ruta, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008.
