La estatización de la crisis. Los límites del gasto público en Argentina para enfrentar el colapso de la economía mundial

Aunque la crisis mundial azota a los denominados países “centrales”, aquí todavía se confía en que los efectos serán suaves. No obstante, las aparentes muestras de solidez ocultan otra realidad que se condensa en la situación de las arcas oficiales, con menos superávit. El gobierno argentino está cambiando su estrategia para enfrentar los problemas de caja. Antes apuntó a quedarse con una porción creciente de la renta agraria a través de las retenciones y recuperó los fondos jubilatorios a través de la nacionalización de las AFJP. Lo hizo a pesar de los conflictos con una parte de la patronal (aunque siempre con el beneplácito de la parte beneficiada por los alcances de estas medidas). Ahora el gobierno se presenta como un garante de la paz entre las fracciones burguesas. Desde las agrarias a las industriales y financieras aceptaron en forma gustosa que llevó a elogios en el último coloquio de IDEA y a las reuniones con las hasta ayer “destituyentes” Coninagro y Federación Agraria y que, en la práctica, llevó a un vaciamiento de los candidatos opositores que ni financiamiento recibieron.

El costo de esta nueva “paz social” es que se va achicando el margen del Estado para conseguir fuentes extraordinarias de ingresos e intervenir a través de subsidios u otro tipo de transferencias en el sostén del conjunto de una economía. Como se ve en la nota sobre el polo tecnológico de Tierra del Fuego (en esta misma edición), esta estrategia carece de bases propias de apoyo. Al igual que ocurre en Europa y los EE.UU. -donde se pasó de crisis sectoriales (las punto com o el sector hipotecario) a una crisis con el Estado en el epicentro-, las maniobras del gobierno llevan a que de la “crisis del campo” o a ciertos desajustes sectoriales nos espere un comienzo del segundo mandato de Cristina marcado por el ajuste estatal. Y, cuando el Estado entra en crisis, todo se puede poner en cuestión. Incluso, el 53% de los votos. Sobre todo, si muchos de estos (tanto burgueses como obreros) dependen en forma directa de las finanzas públicas.

Clin, caja

Una de las bases económicas de la década de “post-convertibilidad” es en un inusitado superávit fiscal que, junto a la devaluación, dio un poco de aire al capitalismo local. La recaudación se basó los altos precios internacionales agrarios, por los que se pudo gravar la exportación de mercancías de ese origen con las retenciones. Eso posibilitó el ingreso de divisas y la acumulación de reservas récords en las arcas del Banco Central. Otro elemento fue la presión tributaria interna, a partir de la recaudación en concepto de IVA y de Ganancias. El otro rubro de peso es la contribución al sistema de seguridad social, tanto de empleadores como de obreros. En 2010, IVA y Ganancias aportaron al fisco casi 200 mil millones de pesos, seguridad social 130 mil y los derechos de exportación casi 46 mil millones de pesos. Durante estos años, se sumaron “recursos extraordinarios” como la emisión de deuda interna, el paso del sistema de capitalización al de reparto con la nacionalización de las AFJP (2007) y, a pesar de la restricción de crédito externo, algunos aportes de organismos como el del FMI en 2009 (por 10 mil millones de pesos, un 1% del PBI de ese año).¹

Con esto, las administraciones de Kirchner montaron una estructura de transferencias que se reflejó por un lado en subsidios al capital (energía y transporte baratos, subsidios a sectores económicos y otros); y, por otro lado, en planes sociales para contener a una creciente sobrepoblación relativa. Entre los subsidios a sectores económicos, en valores de 2006, entre 2005 y 2010 la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (a cargo del abastecimiento de las centrales térmicas) recibió 24.760 millones de pesos, el 27,8% de las asignaciones totales. El sistema ferroviario y subterráneo un 12,52%. Las empresas privadas (del sector rural, forestal, industrial y agroalimentario) percibieron 10,87% del gasto. Un 9,36% fue para Estructura del Transporte y un 8% para ENARSA para la compra de gas de Bolivia. Otro destino fue Aerolíneas Argentinas, que entre 2008 y 2010 recibió 3.116 millones. En el aspecto social, sólo durante el año pasado, el Estado otorgó 16.177 millones de pesos (a precios de 2006), de los cuales 18,6% correspondió a la Asignación Universal por Hijo, un 11,2% al programa Ingreso Social con Trabajo, un 9,28% al PAMI, y un 7,81% al programa “Techo Digno”, entre los principales.²

Por último, el Estado no solo cubrió estas necesidades, sino también las arcas provinciales. Más allá de la coparticipación, durante enero-septiembre de 2011, la Administración central distribuyó 9.808 millones de pesos a las provincias, casi lo mismo que en 2010, mediante el Programa Federal de Desendeudamiento. Sin esa contribución, el déficit de las provincias se elevaría a los 4.300 millones de pesos.³

El lado oscuro de “la fuerza”

El Estado es el garante de la “bonanza” actual. Con esta política de subsidios, el oficialismo logró encolumnar a todas las fracciones burguesas. A su vez, mantuvo el apoyo de un sector importante de la clase obrera mediante la adscripción del sindicalismo peronista y la cooptación de organizaciones de derechos humanos y de desocupados. Hasta el momento, les dio a sus aliados sin quitarles en la misma medida, lo que permitió sostener su armado aunque absorbiendo sus tensiones. Pero esta estructura comienza a mostrar signos de agotamiento. Los primeros síntomas se encuentran en el límite de la presión tributaria, que para 2010 representó un 34,5% del PBI.⁴  Además, la perspectiva de recesión y la posible desaceleración de Brasil pueden jugar un papel negativo sobre la actividad interna, reduciendo la tributación impositiva.⁵  Otro problema es el límite en retenciones, ante la posibilidad de un descenso del precio de la tonelada de soja por debajo de los altísimos valores que alcanzó en agosto (de 536 a un promedio de 470 dólares).⁶

Por otro lado, desde 2006 el superávit fiscal inició una tendencia descendente. El saldo comercial lo siguió en los últimos dos años. Por eso, ya desde 2007 se observa una creciente utilización de los considerados “recursos extraordinarios” para cubrir los subsidios al capital. Es decir, la caja de los jubilados (ANSES) y del BCRA, con la utilización de reservas. Sobre todo, para mantener el tipo de cambio estable, el BCRA vende reservas de la divisa norteamericana de forma constante. A su vez, también se utilizan para el pago de deuda pública.⁷ Aunque siguen en un nivel elevado, desde febrero hasta comienzos de octubre, se acumula una salida de 4.400 millones de dólares en reservas (financiando también la salida de capitales),⁸ tendencia que puede profundizarse ante la situación internacional. Según varios analistas, las reservas “de libre disponibilidad” (el saldo entre base monetaria y reservas totales en el BCRA), que son las utilizadas para pagar la deuda pública, están a punto de agotarse.⁹  Ante la necesidad de caja, en las últimas semanas se tanteó el terreno con el anuncio de la estatización de las obras sociales, un aproximado de 30 mil millones de pesos anuales, provocando la alarma de la burocracia sindical.¹⁰  También se baraja un paquete de medidas que incluiría emisión de deuda pública, y una posible reforma de la carta orgánica del BCRA para disponer de mayores reservas con el fin de afrontar vencimientos de deuda por 13 mil millones de dólares.¹¹

Pero el punto más delicado del paquete es la eliminación progresiva de los subsidios a la energía y al transporte, lo que repercutiría en el aumento inmediato de las tarifas.¹²  Es decir, a falta de otros recursos y de la dificultad para el financiamiento externo, el gobierno se dispone al ajuste. En una situación donde se busca mantener aquietado el reclamo salarial, el sinceramiento de tarifas afectará en mayor medida a los trabajadores.

Hasta el momento el Estado, absorbiendo los efectos de la crisis, contuvo la situación y evitó lo que ocurrió en países que debieron efectuar el ajuste (Grecia, España, EE.UU.). Es decir, que las masas salieran a las calles. Ahora, ante la reducción de la “torta”, Cristina deberá iniciar un período de desarme de la estructura vigente, sin tanto mismo margen de maniobra. Por lo tanto, la perspectiva de nuevas convulsiones no parece una quimera.

Notas