En la madrugada del 4 de septiembre Alberto Fernández firmó un decreto que establece el cupo laboral trans. En este artículo te explicamos en qué consiste y si se trata de una estrategia sectaria o no.
Dolores Martínez González – Violeta Silva Trece Rosas
Historia de un reclamo
El cupo laboral travesti-trans fue una iniciativa de la activista Diana Sacayán, para brindar a las personas travestis-trans, la posibilidad de acceder a un trabajo formal. Está pensado como una estrategia que haga frente a la discriminación que sufren por parte de la sociedad y evite la prostitución como una de las pocas opciones que tienen para subsistir. Desde el 2010 se convirtió en una de las demandas más importantes del colectivo.
El 17 de septiembre del 2015 se aprobó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires la ley 14.783. La misma establece que un cupo del 1% de los puestos del Estado provincial queden reservados para las personas travestis y trans, que cumplan con los requisitos e idoneidad para desempeñar dicha tarea. Sin embargo, no fue reglamentada hasta diciembre del 2019. A nivel municipal, a lo largo de este tiempo, se fueron adhiriendo las localidades de: Avellaneda, Lanús, Morón, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero, San Miguel, Quilmes, San Martín, San Isidro, Azul, Chivilcoy, Campana, Ramallo, Florencio Varela, Pilar, Moreno, Mar del Plata, La Plata, Lomas de Zamora, Lincoln y Las Flores. En Hurlingham, La Matanza, Esteban Echeverría e Ituzaingó se habían presentado proyectos, pero no se habían aprobado.
A medida que los municipios se adherían, se iba avanzando en el resto del país con el objetivo de lograr su implementación a nivel nacional. En Chubut, Río Negro y Chaco se aprobaron leyes provinciales en 2018. Estas últimas ya contaban con precedentes de la implementación del cupo: en el caso de Río Negro, ya se había aplicado en Cinco Saltos, Bariloche, San Antonio Oeste, Cipolletti, Luis Beltrán, Río Colorado, Viedma, mientras que en el caso de Chaco, en Resistencia. En Santa Fe fue aprobada a nivel provincial en 2019, reglamentando en este caso que el porcentaje de personas trans que ocupen puestos estatales sea no menor al 5%. Sin embargo, en Santo Tomé, Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado, Rosario, San José del Rincón, Gálvez, San Justo, Venado Tuerto y Ciudad de Santa Fe ya funcionaba el cupo con anterioridad.
En algunas provincias que no contaban con leyes provinciales previas al decreto a nivel nacional, se habían aprobado para su implementación iniciativas municipales: San Pedro (Jujuy); Fray Mamerto Esquiú (Catamarca); Bell Ville y Corral de Bustos (Córdoba); Orán y Salta (Salta); Santa Rosa (La Pampa); Las Heras y Luján de Cuyo (Mendoza); Villa Mercedes (San Luis); Tafí del Valle y San Miguel de Tucumán (Tucumán); Río Grande (Tierra del Fuego), Victoria, Paraná, Rosario del Tala (Entre Ríos). De este modo, las únicas provincias que aún no contaban con cupo laboral trans eran Corrientes, Formosa, La Rioja, Misiones, San Juan, Santiago del Estero y Neuquén, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El cupo en el Congreso
En el 2016 la senadora por la provincia de Río Negro, Maria Magdalena Odarda, presento en el Congreso de la Nación un proyecto de ley por el “Cupo laboral para las personas trans”. El proyecto tiene por objetivo promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público y propone que una porción no inferior al 1% de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer las reservas de puestos de trabajo exclusivamente ocupados por ellas y que el Ministerio de Trabajo confeccionaría un registro de aspirantes a obtener un empleo. Este proyecto se volvió a presentar en el 2018 y actualmente había perdido estado parlamentario.
En la Cámara de Diputados, según figura en los registros de la página del Congreso, en el 2018, cuatro diputados pertenecientes a diferentes fuerzas políticas presentaron proyectos de ley. Por la UCR, la diputada Olga María Rista con el objetivo de “desarrollar políticas orientadas a lograr la efectiva inclusión de las personas trans al mercado formal del trabajo” presentó la “Inclusión laboral de las personas trans en el ámbito nacional”, que establece un cupo laboral mínimo de 0,5% de la totalidad de empleos del Estado Nacional y alcanza a las personas trans mayores de 18 años, hayan o no accedido al cambio registral establecido en la Ley 26.743, que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo que deben ocupar de acuerdo a sus antecedentes laborales y educativos. También establece incentivos para las empresas del sector privado. Mientras que por el FIT, Romina del Pla elaboró un proyecto de ley que “Garantizase la igualdad de oportunidades en el empleo para personas travestis, transexuales y transgénero”, en donde establece que el sector público debe reservar un cupo no inferior al 3% de la totalidad de su personal de la planta permanente, con un salario mínimo, vital y móvil igual al costo de una canasta básica a las personas trans que hayan o no accedido a los beneficios de la Ley 26.743 y que reúnan o no las condiciones de idoneidad. También garantiza el acceso integral a la cobertura de los tratamientos hormonales; intervenciones quirúrgicas estéticas y de adecuación genital en caso que la persona trans lo solicite.
Por último, el peronismo presentó dos proyectos: uno encabezado por los diputados del Movimiento Evita y otro por los del Frente para la Victoria. El primero crea un “Régimen integral para personas trans”, que aborda el acceso a la salud, educación, identidad y determina un cupo del 0,5% en todos los tipos de contrato del Estado Nacional. El segundo, establece un régimen de “Promoción del empleo formal para personas trans y travestis” con el objetivo de “garantizar el derecho al trabajo a la población de personas trans y travestis en todo el territorio de la República Argentina”. Las destinatarias de las acciones y beneficios son las personas trans y travestis mayores de 16 años de edad en los términos que establece la legislación vigente, hayan o no accedido a los beneficios de la Ley Nacional 26.743 con residencia permanente en la República Argentina y no se exigirá la rectificación registral de sexo y nombre, ni el sometimiento a ninguna clase de tratamiento y/o cirugía. Propone que el Ministerio de Desarrollo Social saque una línea de subsidios específicos para microemprendimientos, el Banco Nación otorgue créditos, un sistema de incentivos impositivos para las empresas privadas y un 1,5% de cupo en el Estado Nacional.
Si bien este año, con la pandemia por el coronavirus, el oficialismo decidió no abordar todos los temas sobre los que tenía que legislar por cuestiones que no son tan urgentes y otras a las que calificó de polémicas (legalización del aborto), destino un espacio para el debate por el cupo laboral travesti-trans. Del 23 de junio al 14 de julio, se desarrollaron tres reuniones de la Comisión Mujeres y Diversidad, que tuvieron el carácter de informativas, donde organizaciones de la sociedad civil, representantes del colectivo travesti-trans y especialistas trabajaron en torno a la temática «Acceso laboral de las personas trans/travestis». A su vez, este año, se presentaron siete proyectos por el Frente de Todos, uno firmado por diputados pertenecientes al bloque Unidad y Equidad Federal y al Frente de la Concordia Misionero, uno presentado por el diputado Nicolás Del Caño (FIT-PTS) y otro firmado por Gisella Marziotta del Frente de Todos y por Romina del Pla del FIT. En la página del Congreso, solo figura el texto completo de tres proyectos del Frente de Todos que reproducen los expedientes del 2018 que perdieron estado parlamentario y proponen un cupo entre 1% y 1,5%.
Decreto
En la madrugada del 4 de septiembre, sin anuncios previos, se publicó el decreto DCTO-2020-721-APN-PTE – Cupo laboral que establece que “en el Sector Público Nacional, en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al UNO POR CIENTO (1%) de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Dicho porcentaje deberá ser asignado a las mencionadas personas en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes.” Para esto se deberán reservar vacantes especialmente para personas trans pero sin que esto implique el despido de trabajadores.
Según el decreto, no es necesario haber hecho el cambio registral del sexo, nombre o imagen que permite la Ley de Identidad de Género ni haber finalizado los niveles educativos obligatorios, sino que se permite el ingreso con la condición de que estos se completen y, si es necesario, también se garantizará la capacitación requerida para el puesto. También, se garantizará capacitación para las autoridades y personal del Poder Ejecutivo Nacional para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo del Sector Público Nacional se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas. Esta tarea la va a desempeñar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que además tendrá a cargo la creación del Registro de Anotación Voluntaria de personas travestis, donde se anotarán las personas aspirantes a conseguir un empleo, sin ser una condición necesaria para acceder al puesto de trabajo.
¿Un triunfo de la clase obrera?
Si bien no se cuenta con información oficial concreta de la situación real de las personas travestis y trans (cantidad de población, condiciones de vida, acceso a la salud, etc.), no podemos negar que no se trata de un problema menor. El hecho de que afecte a menos gente no le quita su gravedad. Sin embargo, la desocupación y el acceso al mercado formal del trabajo es un problema que afecta a la clase obrera en su totalidad.
Nadie se opone a que gente que no tiene trabajo lo consiga, pero esta medida es una foto. Es necesario ver la película completa, donde una supuesta política de ampliación de derechos deja en evidencia la bancarrota de un Estado capitalista que no puede ni quiere solucionar el problema real: la desocupación. Por lo tanto, ante una problemática que lo excede, le resulta mucho más fácil destinar presupuesto para grupos reducidos mediante cupos y hacerlo pasar como una medida progresista, teniendo aún millones y millones de obreros desocupados. Nos vemos obligadas a denunciar la política burguesa con la cual se coopta a sectores de la clase obrera y la aísla del resto, especialmente en momentos donde la unidad de la clase obrera es fundamental para hacerle frente a la incapacidad que tiene la sociedad capitalista para resolver nuestros problemas. La estrategia revolucionaria es evidente: exigimos un seguro de desempleo universal igual a dos canastas básicas y nos organizamos para luchar por el socialismo.
También debemos señalar que este decreto no es una respuesta a las demandas feministas, sino al colectivo travesti-trans. En menos de un año Alberto nos dejó claro que las mujeres no somos parte de su agenda. A dos días de asumir, vendió humo con un proyecto para legalizar el aborto que le quitaba fuerza al proyecto que defendemos en las calles, luego determinó que no es momento de discutir nuestro derecho a decidir. Nos matan todos los días, con la cuarentena la situación empeoró, el gobierno no nos dio una solución concreta que nos proteja, todo siempre queda corto y llega tarde. Y como si fuera poco, intentó comenzar la regularización de la prostitución sumándola al registro de trabajadores de la economía popular. En la medida en que la opresión patriarcal encuentra en el capitalismo un suelo fértil, las mujeres, si queremos que el feminismo constituya una potencia emancipadora, no podemos depender de las promesas de ningún partido patronal.
