¿Qué opina de las ocupaciones de terrenos? ¿Sabe quiénes son los responsables? ¿Hay que meter presos a los usurpadores? Si usted creía que se trata de delincuentes y vagos, lea esta nota y saque sus propias conclusiones.
Por Nicolás Villanova, Nahuel Audisio y Nicolás V. (TES-CEICS)
Nuevamente, el barrio de Lugano fue protagonista de la ocupación de un predio por familias provenientes, en su mayoría, de la villa 20. Entre 200 y 500 personas, según la fuente, volvieron a cuestionar la situación de vivienda y la precariedad de sus condiciones de vida. En este sentido, las acciones protagonizadas por las fracciones más pauperizadas de los trabajadores como consecuencia del déficit habitacional ya son moneda corriente en todo el país.[1] A la insuficiente política de construcción de viviendas, asistencialismo en materia habitacional e incremento en los precios de los alquileres, la clase obrera le opone un intento de solución con sus propias manos. Aquí analizamos la composición social de los ocupantes, la evolución de los conflictos posteriores a la toma del Indoamericano en 2010 y las características de la actual toma de terrenos.
El perfil de los ocupantes
A partir de un relevamiento por entrevistas se pudo analizar la situación socioeconómica de los ocupantes de Lugano. Se observa que los vulgarmente denominados “usurpadores” constituyen una de las capas más explotadas de la clase obrera. En cuanto a las condiciones laborales, las respuestas fueron de lo más heterogéneas aunque en todos los casos se expresa una situación de precariedad absoluta. Una mujer mencionó que se dedica a cuidar ancianos, trabaja 8 horas de lunes a viernes y obtiene un ingreso de 3.400 pesos. Por su parte, otras dos personas se dedican a la limpieza de casas. Una de ellas trabaja 5 horas diarias de lunes a viernes. Antiguamente se empleaba en un geriátrico, pero quedó cesanteada luego de un accidente laboral. La otra entrevistada, en cambio, limpia dos veces por semana, 8 horas cada día y percibe 200 pesos por jornada laboral. Es decir, obtiene un ingreso mensual estimado de 1.600 pesos.
Otro grupo familiar, compuesto por una mamá con dos hijos menores, se sostiene con los ingresos de su jefa de hogar. Se trata de una señora que se emplea como estampadora en un taller de calzado. Trabaja 8 horas diarias de lunes a sábado y percibe un ingreso semanal de 450 pesos, es decir, 1.800 pesos por mes. Finalmente, otros dos entrevistados que se encuentran desocupados manifestaron que conviven con otros parientes y con sus hijos, quienes garantizan la economía del hogar. En un grupo familiar, uno de ellos obtiene su salario a través de changas, mientras que, en otro caso, el hijo se emplea en un taller chapista. Trabaja de lunes a sábados 12 horas diarias.
A su vez, se pudo constatar los elevados montos de dinero que los ocupantes destinan a los alquileres de vivienda en la villa. Quienes residen en piezas de 3 por 3 metros pagan entre 800 y 1.000 pesos por mes. Por su parte, uno de los entrevistados mencionó que junto a otras 10 personas (entre familiares y conocidos) alquilaban una casa de 2 habitaciones por la cual pagaban 2.000 pesos. Significativamente, otros dos grupos familiares señalaron que vivían en piezas que otros parientes les prestaban para poder pernoctar. Ni siquiera podían acceder al alquiler de una habitación chica. Otro de los datos a destacar es que ninguno de los entrevistados obtuvo durante los años previos algún subsidio del gobierno para solventar su alquiler. Solo una persona mencionó que percibía la Asignación Universal por uno de sus cuatro hijos.
Villeros en llamas
Del Indoamericano a esta parte, los conflictos se mantuvieron a la orden del día en la ciudad de Buenos Aires. La toma del predio en Lugano se enmarca en este proceso. Ocupaciones, exigencias de urbanización y construcción de hogares, desalojos, enfrentamientos. A partir de un relevamiento de los periódicos Clarín, La Nación y Página/12 sobre los reclamos más significativos, hemos constatado que los problemas habitacionales continúan y que las protestas tienden a radicalizarse. La acción directa se constituye como el método a seguir para obtener una solución habitacional.
Conjuntamente a los hechos ocurridos en diciembre de 2010, se efectuaron otras 10 ocupaciones de diferente magnitud y duración en la ciudad. Durante el año 2011 hubo 4 tomas en viviendas sociales. En paralelo, grupos de vecinos reclamaron por la realización de las obras en la villa Zabaleta. También registramos protestas por un plan de viviendas populares frente a las oficinas del Instituto de Vivienda. Un año después, en 2012, se produjeron 12 conflictos, que constan de tomas e intentos por resistir desalojos. Se destacan numerosas protestas en la villa 31, donde se extendieron los predios ocupados que provocaron enfrentamientos entre vecinos. En reiteradas manifestaciones se exige un aumento del subsidio habitacional que otorga el gobierno para costear los alquileres. En otras villas también hubo protestas. Un grupo de vecinos de la villa 26 exigió viviendas dignas, mientras que otros pobladores de la villa 21-24 demandaron servicios básicos y urbanización. Hacia fines de año, los pobladores de la villa 31 radicalizaron sus reclamos y marcharon en dos oportunidades para exigir mejoras en sus viviendas.
En el 2013, tanto la toma de predios o viviendas como los conflictos por desalojos se mantuvieron. En marzo, se produjeron tres ocupaciones: una de ellas en el hotel Boutique del barrio de Palermo, otra en hogares pertenecientes al proyecto Sueños Compartidos y una tercera en la villa 31. Esta última fue protagonizada por los ex habitantes de la villa Nylon, que habían sido desalojados en el año 2009. Por otra parte, grupos de pobladores de la villa 21-24 exigieron su relocalización al Instituto de Vivienda. Al finalizar el año, los manifestantes de dos villas (Retiro y Barracas) unificaron sus demandas y marcharon en dos oportunidades a la Jefatura porteña y a la Plaza de Mayo.
Por último, este año se inició con varios piquetes en simultáneo por todo el centro y las zonas aledañas a las villas. En primer lugar, un grupo de 68 familias desalojadas de un terreno del ferrocarril Belgrano Norte cortó la autopista Illia durante 8 días consecutivos exigiendo aumento de subsidios. Luego, a mediados de enero, los habitantes de la villa 31 cortaron las vías del tren en contra de una orden judicial que les impedía ingresar en la zona donde residían. El 20 de febrero se produjeron piquetes en 17 puntos de la ciudad para exigir la urbanización en diferentes villas. Cinco días después se tomó el predio de Lugano. Algunos de sus ocupantes mencionaron que llevaban meses hablando de dicha posibilidad, situación que expresa cierto grado de organización y planificación.
¡Basta de falsas promesas!
Al cierre de este artículo, la toma en Lugano aún se mantiene y ya lleva cinco días. La composición social de los ocupantes es la misma que la de quienes usurparon el Indoamericano hace tres años. Lo que ha cambiado es la cantidad de personas, hoy mucho menos que las más de 6 mil que tomaron el Parque. Esto se debe a que, en diciembre de 2010, la crisis política en el armado punteril macrista y el crecimiento de la izquierda en las villas de Soldati abrieron una brecha para una acción multitudinaria de los obreros villeros. En ese entonces, la primera intervención del accionar represivo (la Metropolitana, la Gendarmería y la Guardia de Infantería) se produjo recién a los cuatro días de iniciada la toma. Luego, las fuerzas se retiraron y dieron lugar al accionar de los barrabravas. Tal fue la magnitud de la crisis que funcionarios de la Secretaría de Seguridad Interior del gobierno nacional tuvieron que renunciar. En su lugar, Cristina creó el Ministerio de Seguridad comandado por Nilda Garré.[2]
En cambio, este año el aparato represivo intervino en la misma madrugada de la toma (la Metropolitana) y al día siguiente (la Gendarmería), lo cual evitó un desmadre mayor. Teniendo en cuenta la cantidad de piquetes y protestas de villeros a comienzos de este año, la situación fue controlada rápidamente. No obstante, en la toma de Lugano se sostiene un grado radicalización. Las promesas incumplidas por parte del macrismo y el kirchnerismo no sólo abonan en la reanudación del conflicto en la zona sur de la ciudad sino también en la intransigencia de los delegados. En diciembre de 2010, negociaciones y represión mediante, los ocupantes desalojaron el predio. Tanto Cristina como Macri prometieron la construcción de viviendas. Por cada peso invertido por el ejecutivo porteño, el gobierno nacional pondría otro peso. Sin embargo, nada de esto se concretó. A su vez, ambos gobiernos unificaron otro criterio: la amenaza de que ante cualquier ocupación se quitarían planes sociales.
Dados estos incumplimientos, y a pesar de las amenazas, los delegados de la toma actual se encuentran en asamblea permanente. El grupo más radicalizado, el que aún mantiene la ocupación, exige hechos concretos. Frente al ofrecimiento de palabra por parte del gobierno de que los ocupantes desalojen el predio a cambio de la promesa de urbanizar la villa, los dirigentes se opusieron. Ellos demandan aunque sea una hoja firmada por funcionarios, un juez y el procurador general que certifique y garantice dichas propuestas. A quienes ocuparon el predio ya les prometieron la urbanización de la villa a través de la ley 1.770 en el año 2005 y no cumplieron; ya los desalojaron una vez del Indoamericano y a cambio no recibieron nada. Una vez más, con organización y lucha, los villeros exigen una solución real para obtener una vivienda.
[1] Puede ver un examen exhaustivo sobre esto en, Ponce, Santiago y Sleiman, Valeria: “Soldados en busca de capitanes. La lucha por la vivienda bajo el kirchnerismo”, en El Aromo, n°64, enero/febrero 2012.
[2] Harari, Fabián: “El gendarme K. Tomas, planes, barras y las perspectivas de la lucha de clases”, en El Aromo, n°18, enero/febrero, 2011.
