Guardianes del propio rancho. El uso de patotas contra la lucha de los tercerizados estatales

Cristian Morúa, Georgina Andrada y Santiago Ponce
LAP-CEICS

El gobierno ha montado un gigantesco aparato cultural. En él, la denuncia contra empresarios o “la derecha”, cumple un papel central. Cuando pretende simular que se ocupa del trabajo precario o de la represión, manda a su aparato de propaganda a “escrachar” a alguna empresa privada o a un gobierno opositor. La palabra “tercerizado” es usada por el gobierno para referirse al ámbito privado. Lo mismo que el uso de la patota: los “patovicas” son de Clarín; los barras, de los clubes… En un libro sobre el caso de Mariano Ferreyra, Diego Rojas (Judas, en el PO), al ocuparse de la tercerización, la identifica como una “herencia de los ‘90” y la reduce al ámbito privado.(1)  El Estado, y en particular el kirchnerismo, quedan indemnes. A lo sumo, aparece como tolerando ciertos mecanismos, manteniendo los subsidios a quienes tercerizan. Sin embargo, el Estado es algo más que un “tolerante” de la tercerización privada. No sólo deja tercerizar: terceriza él mismo, en su propia administración. Es el gran responsable de la precariedad laboral de los trabajadores.(2)  Y, como patrón, también se enfrenta a sus trabajadores. Veremos a continuación que la información sobre la lucha de los estatales tercerizados es tan visible que, con un mínimo de esfuerzo, estos periodistas hubieran dado con datos muy llamativos. Si no lo hicieron, es porque no tenían intención de meterse con el gobierno.

La lucha de los tercerizados estatales

En el período 2006-2010, podemos contabilizar 392 acciones de los tercerizados estatales en reclamo por el pase a planta permanente (es curioso, Rojas no encontró ninguna). Si quitamos aquellos que se hicieron contra gobiernos no kirchneristas, nos quedan 277. Se trata de una cifra bastante alta como para que pase desapercibida, aún para el más perezoso de los periodistas. En cuadro 1, se detallan la cantidad de medidas por año y los sectores que las llevaron a cabo. Se observa que, a partir del 2006, se produce una leve caída de las acciones, llegando a un piso de 17 medidas. Sin embargo, en el 2010, se vuelve a activar fuertemente, llegando al pico más alto. Esta aceleración se genera por el incremento de protestas de los tercerizados del ámbito de la salud que inician una serie de tomas de hospitales y por los empleados técnicos y administrativos de los diferentes ministerios e instituciones del Estado (legislativo, judicial, ejecutivo, Rentas, AFIP, etc.). No es curioso, entonces, que haya sido el año del asesinato de Ferreyra: el problema excedía el ámbito puramente ferroviario.

En general, los tercerizados en lucha exigen la mejorar sus condiciones laborales. Estos reclamos representan el 87 % de los acciones. El sector que más ha protagonizado protestas (130) es el personal técnico y administrativo (por ejemplo el del INDEC). Le siguen los trabajadores de salud (94) y educación (29). Si bien los trabajadores de sanidad ostentan el segundo lugar en cantidad de acciones, han protagonizado jornadas verdaderamente importantes en términos cualitativos (huelgas, toma de hospitales, cuerpos interhospitalarios). Como veremos más adelante, es el sector más reprimido.

La represión de los tercerizados estatales

El Estado no sólo terceriza a los trabajadores, igual que los privados. También utiliza a las patotas contra sus luchas. Obviamente, esto no existe para el enorme aparato ideológico K, ni para Rojas. Dos acciones patoteras en 9 años, contra estatales en planta, es todo lo que encuentra Judas. Puesto así, no es difícil argumentar que, en el caso estatal, se trataría de un hecho esporádico y puntual que, además, no se relaciona con la tercerización.

En realidad, si en vez de eludir el problema lo hubieran encarado seriamente, se habrían encontrado con una que entre 2003 y 2011, las patotas actuaron contra trabajadores estatales en 54 oportunidades. Sin embargo, se nos puede objetar que hay lugares donde el kirchnerismo no es gobierno. En ese caso, nos tomamos el trabajo de contabilizar sólo las patotas que defendían a un empleador K. El resultado, luego de un primer relevamiento (que puede ampliarse) son 36 acciones (véase cuadro 2). Entre 0 (6, 7,8) o 2 (Rojas) y un mínimo de 36 hay una gran diferencia. No se trata de un número más o uno menos, sino de la naturaleza del fenómeno. En el primer caso, es nulo o a lo sumo esporádico. En el segundo, necesario, cotidiano, sistemático y constitutivo de la política K.

Los sectores más reprimidos con esta modalidad son Salud (14 veces) y Educación (nueve). Si nos concentramos en el sindicato que más veces organizó a la “mano de obra”, vemos la inconfundible mano K: es UPCN (personal civil de la Nación) el que ocupa el primer puesto, seguido por FATSA (Sanidad). Hay otro dato que involucra directamente al poder político y es que en 15 de esos casos se denunció la existencia de “zonas liberadas” por parte de la policía. También el lugar es característico: la mayor cantidad de acciones (quince) son en capital, antes de que estuviera en poder de Macri. Le sigue el conurbano bonaerense (cinco).

En el caso de la represión a tercerizados estatales, parece que no existe (incluso para Rojas). Sin embargo, dentro de estos 36 casos, encontramos 21 reprimendas contra a reclamos de estatales tercerizados. Algo más de la mitad. Otra vez, son muchas intervenciones como para que pasen desapercibidas. De hecho, si nos concentramos en los años 2006-2010, vemos que predomina la represión con fuerzas irregulares contra este sector, por sobre la que apunta a los trabajadores en planta. Veamos algunos casos significativos.

Las primeras patotas contra estatales aparecen ya en 2004, en el Sanatorio Rosa de Lima, contra la lista de izquierda Blanca-Bordó (Rojas sitúa la primera acción en 2005). En 2006, en cambio, vemos un despliegue mayor de la represión paraestatal contra los tercerizados estatales que habían emprendido una serie de huelgas en los hospitales de la capital y el conurbano, en 2006. En 2007, apareció la patota de Guillermo Moreno, formada en UPCN.

Hay un hecho de represión que se silencia cuando se habla de patotas. En 2005, una patota de la CTA disolvió una movilización del SEOM. La misma patota, en 2006, en una marcha en Ledesma (Jujuy), arremetió contra los militantes del PO y los expulsó de la marcha.(3)  Ningún intelectual K dijo nada. Rojas y sus “colaboradores” del PO tampoco tomaron nota. La causa es muy sencilla: quien dirigía la patota era Milagros Sala. Lo que se hace por “cuidar el trabajo”…

En 2008, encontramos un caso muy ejemplificador. Trabajadores de limpieza del IOMA-La Plata decidieron tomar medidas de fuerza luego de la no renovación de los contratos de 30 compañeros y del cambio de la empresa de servicios de limpieza, que los obligaba a inscribirse como monotributistas. Luego de una asamblea, exigieron una reunión con las autoridades. El día acordado para la misma, los trabajadores son atacados por patotas en compañía de la infantería. La reunión, obviamente, se suspendió.(4)  Vemos aquí una acción conjunta y coordinada entre las fuerzas estatales y las paraestatales contra los tercerizados del Estado.

A comienzos de este 2011 asistimos a una represión de los trabajadores estatales en Santa Cruz por parte de la UOCRA. Si bien este sindicato no está en el podio de acciones contra estatales, sí ocupa el primer lugar de acciones totales (estatales y privados). Por lo tanto, el gobierno K apeló a su mejor y más eficiente destacamento para intentar ahogar la lucha de una fracción del proletariado que ha mostrado una alta combatividad y simpatía hacia la izquierda.

En definitiva, la masa de datos nos permiten llegar a la siguiente conclusión: el Estado degrada las condiciones de sus trabajadores. Lógicamente, encuentra una resistencia. En tanto patrón, sale a reprimir. En tanto Estado, procura que la izquierda no crezca en las filas obreras. Ni en las de otros, ni en las de su personal. Como las fuerzas regulares (policía, gendarmería) están desprestigiadas, recurren a las irregulares (patotas). Éstas, por lo tanto, no son privativas de la burocracia de empresas privadas. La misma patota puede usarla la UGOFE o Aníbal Fernández. Ferreyra pudo haber sido un empleado del Estado. Si alguno de los periodistas K hubiera tenido un poco más de audacia, habría desentrañado la madeja. La cantidad de acciones es suficientemente considerable como para no pasar desapercibida. Aunque Rojas y 6, 7, 8 quieran mirar para otro lado…