Siendo una economía poco competitiva, desde que Grecia se abrió en 1981 a la Comunidad Económica Europea se comenzaron a acumular los déficits en el comercio exterior. Estos desbalances entre exportaciones e importaciones se agravaron veinte años más tarde con la adopción del Euro, primero para transacciones electrónicas y con billetes un año después, lo que fomentó un creciente endeudamiento público y privado del país con el extranjero, estimado actualmente en un 160% del PBI.
Pero el Euro trajo también una mayor entrada de capitales a Grecia, lo que impulsó el crecimiento del PBI, a la par que eliminó las presiones deflacionarias que, sin esos préstamos e inversiones externas, hubieran terminado abaratando a la producción local por acción de una menor demanda (ver gráfico). La continuidad de la inflación, aunque a tasas más bajas, se concentró en bienes de consumo masivo, reduciendo el poder de compra de los salarios eurizados. Además, la menor competitividad desalentó el empleo al reducir la actividad manufacturera y el turismo internacional, el que se redirigió parcialmente hacia la menos onerosa oferta turca de playas y paisajes.
En las elecciones de octubre de 2009, el gobierno de la derecha, expresada en el Partido Nueva Democracia, sufrió una contundente derrota a manos del socialdemócrata Pasok, de Papandreu, y buscó votos sin éxito desviando al campo parte del fondo de estabilización anticrisis y expandiendo la planta de personal del Estado. Estas políticas agravaron el desfasaje entre los ingresos y los gastos estatales, llevando el déficit público al 12,7% del PBI.
Un plan de ajuste “socialdemócrata” a costa de los trabajadores
Más acá de la dorada época keynesiana de crecimiento y redistribución en los años cincuenta y sesenta, el ingreso griego a la Comunidad Europea, si bien desarticuló las bases productivas del boom de posguerra, pareció ser igualmente muy favorable para la comunidad local. Durante muchos años, el aumento de los ingresos y del consumo parecieron refrendar la integración económica con Europa.
Desde las elecciones de octubre pasado, sin embargo, los discursos cambiaron bruscamente, del autobombo de la prosperidad a la supuesta emergencia de ajustar los cinturones para reducir el déficit de las cuentas estatales. Se construyó en la opinión pública un estado de pánico por la deuda externa acumulada y por el creciente déficit fiscal, todo ello en las condiciones alarmantes de la crisis financiera internacional. El objetivo de esta prédica fue preparar a la población trabajadora para que acepte en 2010 una disminución de sus ingresos nominales y reales bajo amenaza de atentar contra el “interés nacional”.
Los primeros pasos del plan “socialista” incluyeron el congelamiento y recortes a salarios del sector público, una menor protección social aumentando de 61 a 63 años la edad para jubilarse, una declaración de guerra a la evasión fiscal de los pequeños contribuyentes y un “impuestazo” a los combustibles, cigarrillos y bebidas alcohólicas. La responsabilidad del gobierno de Papandreu en estas decisiones es plena: Pasok cuenta con 160 de las 300 bancas de diputados nacionales.
Se trata de una decisión autoritaria abiertamente dirigida a expropiar a los asalariados y preservar a los capitalistas y al Estado burgués. Hubo autoritarismo porque una medida de tanta gravedad y proyección se gestó y resolvió sin mediar votación popular de ninguna índole. El carácter inconsulto, no sujeto a sufragio, de las principales medidas de política económica no es patrimonio exclusivo de la burocracia estatal griega ni de la europea. Tal como se vio en Argentina, tampoco en Europa están las autoridades del Banco Central ni sus programas de manejo de la moneda sujetas al escrutinio popular. Sin embargo, esta metodología revela la vacuidad del oropel democrático que inunda los rituales de la clase política europea, parlamentaria, pacificada con sus vecinos y aparentemente integrada regionalmente bajo regímenes burgueses.
A falta de un encuadre institucional democrático para el paquete de ajuste, la sociedad griega, que cuenta con una izquierda fuerte en el plano sindical, salió a rechazar la nueva política económica. Durante el paro del 24 de febrero, que afectó totalmente a escuelas, aeropuertos, transporte y administración pública y fue acompañado por el cierre de los comercios más grandes y por los periodistas agremiados, hubo manifestaciones en decenas de ciudades por el ajuste socialdemócrata contra los trabajadores (“la plutocracia debe pagar por la crisis”, decían muchos carteles: el ataque a los explotados afirma a Papandreu como administrador de un régimen donde los ricos imponen el gobierno). En otro momento, los taxistas también salieron a protestar contra la amenaza de efectivizar la presión fiscal que les anuncia el plan.
La integración burguesa como rejunte reaccionario
La integración económica y monetaria del capitalismo europeo carece de un verdadero Estado unificado políticamente. Esto significa que un país de la UE no puede esperar la misma clase de apoyo de la comunidad regional que sí recibiría una provincia pobre bajo jurisdicción de un Estado rico: los pobres seguirán viviendo como pobres. Otro impedimento consiste en que la política monetaria regional puede entrar en conflicto con las políticas fiscales surgidas de las necesidades de cada burguesía nacional. Ese conflicto da lugar a tensiones e incoherencias insostenibles, tanto en el mercado financiero como en el de bienes. Así, los Estados miembros se quedaron sin moneda mientras que la unión regional carece de una tesorería. Hasta ahora, las tasas de crecimiento europeas habían mantenido oculta esta cuestión, pero la reciente crisis financiera puso a la vista de todos estas contradicciones, causantes del estancamiento observado en el proceso de integración después de una década de puesta en marcha de la moneda común.
Por otra parte, la integración sin unificación política mantiene en lo esencial la fragmentación y la competencia entre los distintos países. En particular, la Unión Europea pretende sostener con vida a los antiguos Estados nacionales, incluidos los imperialistas. La integración burguesa prohija antiguas tendencias reaccionarias propias de sociedades basadas en Estados nacionales independientes.
Así, en Alemania, más del 82% de las respuestas a una encuesta del diario Bild dice que la UE no debería rescatar a Grecia mientras que, en otro operativo similar llevado a cabo en Holanda por el diario De Telegraaf, asciende a 92% la población que quiere ver a Grecia fuera del Euro y más del 90% cree que Holanda y Alemania deberían regresar a sus monedas nacionales. Tanto la canciller alemana, Angela Merkel, como el resto de las burocracias políticas de los miembros más fuertes de la Unión Europea tratan, mientras tanto, de evitar discretamente que se les hunda el Euro por falta de apoyo a Grecia. Sin embargo, se muestran públicamente renuentes a exponer el dinero de sus contribuyentes para ese fin.
La subsistencia de los regímenes burgueses no es solamente un problema económico y político sino también ideológico en el seno de la población. Por caso, el avance del desempleo no disparó sentimientos de solidaridad con los afectados sino más bien de egoísmo y de odio racial y de expulsión de los inmigrantes. De igual manera, la crisis griega está reafirmando la indiferencia y el egoísmo localistas en los países más fuertes en lugar de una sana convivencia que, acicateando la integración regional ante la desgracia ajena, ofrecería un apoyo rápido a los vecinos en problemas. Paradójicamente, esta conducta mezquina amenaza hoy con el hundimiento del mayor proyecto de reforma estatal burguesa desde la implementación de las políticas keynesianas en los años ’30.
Grecia y Argentina, parecidas pero diferentes
La población argentina más que triplica actualmente a la de Grecia. Ésta última, al igual que Argentina e Italia, corrompió su sistema estadístico para que los políticos burgueses puedan engañar mejor a “sus” respectivos pueblos acerca de los resultados de su gestión. La tasa de crecimiento oficial griega a precios constantes desde 2001, año de adopción del Euro, fue elevada, acumulando +3,5% anual, igual que en la Argentina devaluada. Pero la adopción del Euro permitió a Grecia bajar la inflación a niveles que, aunque duplican los de Alemania, están promediando el 3% anual y contrastan con el casi 15% que se había registrado entre 1980 y 2000. Por razones análogas a la experiencia argentina de convertibilidad en los 90’s, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos griega se triplicó como porcentaje del producto bruto interno, pasando al 9,2% del PBI desde que perdió su moneda nacional en 2001. Los subsidios a las empresas griegas, incluidos los que facilitaron el traslado de la industria textil a otros países balcánicos con menores salarios, potenciaron el déficit fiscal y el correspondiente endeudamiento del Estado, que representa una deuda superior al del PBI anual. Las tasas oficiales de desempleo entre ambos países se ubican entre el 7% y el 8%. Por lo demás, el desempleo juvenil se mantuvo alto en Grecia y se estima que la evasión abarca todavía a una tercera parte de la producción griega, un poco menos que en nuestro país. Cabe consignar que una diferencia importante con Argentina es que Grecia nos duplica en cuanto a PBI por habitante, en dólares corregidos por el FMI para hacer equivalente su poder de compra en ambos países.
