Los funcionarios macristas y los kirchneristas, las administraciones públicas y privadas, dicen que les sobra gente. Luego de catalogarlos de “ñoquis”, el ministro de Economía mostró sus ansias de competir con Cavallo y Aníbal y lanzó su propio exabrupto: “son grasa”. El presidente del CONICET, ex kirchnerista que responde al también ex kirchnerista Barañao, dijo que el organismo así “es inviable” y requiere un ajuste. El CCK echó a sus empleados. Decenas de programas sociales fueron cerrados. Alicia, los gobernadores y los intendentes K se suman y despiden también, no sin antes pasar por Casa Rosada a pedir gendarmes. Al momento de escribirse esto, y en el conjunto de dependencias del país, 21.572 trabajadores fueron expulsados de sus funciones, sin ninguna solución.
Pero la amenaza no se circunscribe al obrero estatal. En el sector privado, solo en diciembre se planteó el despido de 8.600 trabajadores. En enero, esta cifra está llegando a 10.000. La mayoría, empresas de tamaño menor, que vivían al amparo del kirchnerismo y cuyos dueños, luego de hacer gala de una ineficiencia mantenida con nuestra plata, simplemente se retiran con lo ganado. Se trata, en realidad, de una tendencia que arrastraba el gobierno anterior.
Tampoco se trata de tal o cual partido, tal o cual gobierno o lo público frente a lo privado. Estamos ante una declaración de conjunto, de toda una clase social: la burguesía. Y está diciendo que al país le sobra gente. No lo dice directamente, no. Dice que no quiere pagar tantos salarios, que simplemente tal o cual empresa/dependencia necesita menos personal, que pueden trabajar en otra cosa o en otro lugar. En algunos casos, llega a criminalizarlos: son “ñoquis”, o sea, delincuentes. Allí, dejar a un trabajador en la calle se presenta como un acto de justicia. Se azuza entonces a otros trabajadores, los que están en blanco y se quedan, y a la pequeña burguesía: “con la plata de tus impuestos”. Se les promete una menor inflación (menos emisión) a cambio de que depongan la solidaridad de clase. Moyano parece haber captado el mensaje, más allá del pataleo declamativo para que no se le note tanto.
En primer lugar, no se trata de una empresa o una dependencia, es una tendencia del conjunto. No es un despido en un lugar para encontrar trabajo en otro. No es pasar del empleo público al privado o viceversa. No solo no se toma gente, se la despide de todos lados. No es simplemente la “herencia K”, ni algo que empieza con el macrismo, como quieren presentar compañeros del PTS o del NMAS, junto con la CTA. El kirchnerismo llevó la desocupación promedio del 25% de los ’90 al 28%. No sólo no la disminuyó con toda la plata de la soja, sino que la agravó. Otra vez, no se trata de casos puntuales, sino de una reestructuración del conjunto. Es la economía argentina la que no soporta el empleo de toda su población.
En segundo, no es simplemente despedir. Cobrar un sueldo es lo que permite desde las cosas más elementales (como alquilar un techo, curarse y dar de comer a los hijos) hasta las más humanas (ir al cine con la familia o comprarse un libro). El salario es el permiso de vivir, digna o miserablemente según el caso. Pero vivir al fin. Bajo esta sociedad, ese permiso está atado a lo que quiera o puedan los empresarios, ya sea contratando gente o pidiendo/soportando (también según el caso) empleo estatal. Y eso que quieren/pueden los empresarios depende del volumen de su ganancia.
Durante el auge de la soja, la renta permitió multiplicar pequeños y medianos empresarios sin mayor perspectiva que lo que durase el veranito. Terminado el viento de cola, la economía se dispone a una estrategia más ambiciosa: ganancias de capitales eficientes. Para eso, habrá que eliminar a aquellas empresas que vivían de prestado e incrementar la ganancia de las grandes, por la vía del aumento de la productividad (o sea, más explotación). En ese contexto, la estabilización de las variables macroeconómicas requiere reducir el gasto estatal.
Dicho de otra forma, cuando exigen que las empresas privadas y estatales deben “adelgazar” y “hacerse más eficientes”, están diciendo que hay que sacrificar gente en el altar de las ganancias. Dicho en buen criollo, que al capitalismo argentino le sobra gente. Por lo tanto, el planteo de la izquierda no puede ser parcial o coyuntural. Debe salir a explicar cuál es la causa de estos problemas y abordar una solución de conjunto. Es la oportunidad de realizar un planteo político y no meramente sindical.
¿El soviet cristinista?
No falta quienes ponen al kirchnerismo como baluarte de la defensa de los trabajadores. En caso del PRO, para denigrar su herencia de un gasto social incontrolable. Las direcciones sindicales K, para reivindicar la gestión kirchnerista. Buena parte de la izquierda, como el PTS, el NMAS y la TPR, porque han descubierto que Cristina, a la que consideran ahora una “compañera” de lucha, es la nueva jefa de la revolución. En todos los casos, se considera a estos trabajadores como beneficiarios del Estado. Ya sea para repudiarla o para defenderla, todos creen que hubo una “fiesta”.
Es cierto que bajo el kirchnerismo se produjo una expansión del empleo público. En términos estrictos, bajo el gobierno anterior pasó del 14,5% al 16% de la mano de obra activa. Eso muestra, más bien, la poca dinámica de la economía en general, que en toda esta era de “industrialización” no pudo absorber empleo y se tuvo que recurrir al Estado como aguantadero.
Ahora bien, el Estado tuvo a la mitad de sus empleados bajo formas precarizadas, que hoy habilitan los despidos sin mayores obstáculos legales. Gracias a Cristina, Macri puede decir que simplemente no renovó los contratos. Algo similar pueden hacer los privados. En el medio, los beneficiados no fueron precisamente los trabajadores.
Que al condenado a muerte cualquier forma de supervivencia le parezca una gracia divina no significa que se lo ha favorecido. No hay que confundir ayuda con extorsión. Los empleadores, incluyendo al estado K, hicieron un pingüe negocio en tres sentidos:
- Los trabajadores creaban valor, o sea, ganancias para los empresarios. Nada era gratis.
- Las modalidades de precarización eximían a los privados y al Estado de pagar cargas sociales diversas. Por ejemplo, solo en 2014, los privados recibieron del Estado, por el trabajo en negro, alrededor de 10.000 millones de dólares. En el Estado, el ahorro, en un cálculo sumamente conservador y muy restringido, fue de alrededor de 3.000 millones de dólares, ese mismo año. Para tener una idea del monto, dos años de “ahorro” equivalen a casi la totalidad de las reservas del BCRA. Un verdadero robo a los trabajadores que tuvieron que resignar jubilación, cargas y estabilidad.
- Algunos empleos estatales (y también algunos privados) se usaron para cooptación política. ¿Eso es puro gasto? No. La cooptación cumplió el papel político de dar estabilidad al sistema, una forma de cuidar la propiedad. Un papel similar al que puede cumplir un policía, la Justicia o incluso la Educación.
Todo esto pasó con la anuencia de las direcciones sindicales. Particularmente, de la CTA, que no dijo nada mientras aumentaban el número de precarizados en todas las dependencias. Lejos de eso, se dedicó a arrodillarse ante el gobierno de turno, repetir el relato a pie juntillas y perseguir a los verdaderos luchadores. Esta gente también tiene que rendir cuentas ante los trabajadores.
En general, no sólo aumentó la desocupación con respecto a los ’90, sino también la precarización. La confesión de que la economía solo estaba dispuesta a tomar gente si esta aceptaba bajar su nivel de vida. Néstor y Cristina aumentaron el monto de los trabajadores precarizados del 33%, en los ’90, al 39%. Eso no es todo, el salario promedio cayó al 88% de lo que se cobraba bajo el menemismo. Otra vez, para sostener las ganancias empresariales, hay que vivir peor.
Por lo tanto, cuando el macrismo habla de grasa o “ñoquis”, esconde la fabulosa transferencia de recursos al Estado y a los empresarios. Cuando el kirchnerismo hace gala de su “estatismo” esconde su gestión negrera. Cuando la izquierda no puede delimitarse de este último, termina aceptando su dirección.
Hay otro aspecto del problema en el que la izquierda en su conjunto cayó víctima del chantaje K y de su propio oportunismo liberal: los intelectuales del régimen. PO y PTS apoyaron a gente como Víctor Hugo Morales. Una cosa es defender a los obreros, no importa su ideología y otra, muy distinta, defender operadores políticos de la burguesía. Defendemos obreros, no enemigos de clase.
En primer lugar, no todo asalariado es un obrero. En términos estrictos, gente como Víctor Hugo Morales no lo es. No están privados de medios de vida y de producción. Víctor Hugo, por caso, es dueño de una verdadera fortuna. Cuando Alfredo Casero le dijo que no se iba a ir a vivir a la Villa 31, sino a Paris, explicó el problema mucho mejor que las direcciones del PTS y PO. Un dirigente del PO y de AGD llegó a decir que se hubiera solidarizado incluso con Lanata, un patrón hecho y derecho.
En segundo, se trata de operadores que usan el trabajo de los obreros (la plusvalía) para atacarlos mediante mentiras (“en la Villa 31 se vive bien”, “la inflación no existe”). ¿Se olvidan de lo que dijo cada uno de ellos en la muerte de Mariano Ferreyra? ¿Y cuándo acusaron a la izquierda de ser funcional a Macri? Cobraron verdaderas fortunas por eso. Fortunas que el trabajador que recibió todas esas mentiras nunca va a ver en su vida. ¿Desde cuándo se apoya a quién se combate?
No es gente que trabaja por necesidad, sino que acumula ejerciendo funciones directivas para su clase. El PO y el PTS olvidaron el carácter de clase de los intelectuales y su función de dirección. Para ellos, el trabajo intelectual es igual a cualquier otro y los enemigos también tienen derecho a tener su espacio, a que los obreros, además de someterse a sus mentiras, sostengan sus opulentas vidas, sus grandes propiedades, sus lujos y sus viajes. La misma perspectiva que los llevó a la alianza con el macrismo (en la SEA), con gente de Plataforma 2012 (Alabarces), ahora los lleva al campo peronista de la mano de un personaje impresentable.
Más de la “resistencia” kirchnerista
El FIT propuso una ley para parar los despidos, en el que contempla su suspensión, el 82% móvil y el reparto de horas sin afectar el salario. Pero no plantea algo elemental: que todos los precarizados pasen a planta permanente con todos los derechos. Y no dice nada de los que entraron por cooptación y que realmente están sin cumplir tareas, o que, en breve, empezarán a cumplirlas para el macrismo. Por esa vía, avalan la política kirchnerista y justifican la cooptación macrista.
Aunque no lo parezca, hay una política más allá de la reivindicación del kirchnerismo y de la mera acción sindical de parar con los despidos. Se trata de explicar la naturaleza del problema y ofrecer una solución realmente viable. No es cierto que haya gente que sobre. Sobra para el capital, no para la población. Hay muchas tareas que faltan: asistentes en hospitales, porteros en colegios, trabajadores para obras públicas, para viviendas, asistentes sociales, enfermeros, acompañantes terapéuticos y sigue la lista…Claro, no son importantes para el empresariado, ni para sus políticos. Por eso se oponen. Son ellos quienes realmente sobran. Sus ganancias son las que andan sobrando. Eso hay que explicar.
La izquierda tiene que luchar por otro programa de reivindicaciones que no termine reconstituyendo al kirchnerismo:
En primer lugar, todo el mundo que fue despedido debe volver, sin condiciones. Segundo, todo el mundo en planta permanente, con todas las cargas sociales al día. Basta de trabajo precarizado o en negro. Tercero, un salario igual a la canasta familiar. Basta de planes de $2.600. Cuarto, no nos interesa la suerte de ningún puntero kirchnerista ni de ningún miembro de ese aparato político ni de ningún otro, por el contrario, los trabajadores tienen que denunciarlos, como los compañeros del INDEC denunciaban a las patotas de Moreno. Quinto, empresa en problemas, se estatiza bajo control de los trabajadores. Sexto, una gran asamblea obrera nacional para definir las necesidades de la población en función de asignar el trabajo.
Las centrales sindicales deben llamar a una huelga general, no paros parciales y locales. Para forzar a las centrales a la acción, los trabajadores estatales deben organizar un gran congreso nacional de delegados ya, para fijar un programa que vaya más allá de la resistencia.
Porque no sobra ningún obrero. Sobran los que nos gobiernan.
Razón y Revolución
